20 agosto 2010
Quizá nunca había estado tan amenazado el ejercicio periodístico. Estamos ante nuevos tiempos de censura. De cuando los gobiernos ejercían el control político pasamos a los de la imposición informativa de la delincuencia organizada. No se han ido los tiempos en que caciques, presidentes municipales y más de algún gobernador imponen agenda e incluso las ocho columnas, pero el narco lleva ya un tiempo siendo la gran variable.
El secuestro de trabajadores de medios nacionales colocó el tema en el centro como hace tiempo no sucedía. Pero es evidente que la mirada del problema debe ser de fuera hacia dentro. Lo que ha pasado por años en muchos medios es ya una tendencia. Los delincuentes hablan al celular de reporteros e incluso de directores de diarios, para decir qué quieren y cómo lo quieren.
Si el gobierno está viendo esto como parte de los daños colaterales de la singular “guerra”, equivoca su diagnóstico. Buenos diagnósticos traen buenas soluciones. Es evidente que no todos los periodistas “levantados” o asesinados se pueden distinguir por su pulcritud. Pero muchos han sido amenazados, secuestrados y asesinados por su honestidad y sus investigaciones.
En este momento varios diarios están bajo amenaza. Han optado por el silencio porque si hacen pública su situación el resultado puede ser la muerte. Pedir ayuda a la policía se percibe como otro riesgo. Nos decían hace días: “pedirles ayuda es ir directamente con los que nos amenazan”. Varios directores de periódicos renuncian o aligeran sus diarios en un acto de sobrevivencia.
El narco está metido en gran parte del país y cada vez está más cerca de todos. El secuestro de los “4 de Durango” nos mostró sólo una de las caras de lo que se vive en Durango, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, y Tabasco por lo menos. Nadie pide un régimen de excepción para periodistas. Se deben crear condiciones para que los ciudadanos desarrollen sus trabajos sin importar cuáles. Relatores de la OEA y la ONU presentan el martes un informe sobre la situación de los periodistas en el país. (Casa Lamm 4:00 pm.) Será importante que ONU y OEA no dejen pasar un año para enviar sus recomendaciones. Para el gobierno, esto puede sólo ser otro “daño colateral”, pero entre civiles, periodistas, huérfanos, viudas y demás afectados por la “guerra”, el vaso se está llenando de los “daños colaterales”.
¡OUUCHCHCH! “No sabía que estaba embarazada. Mi regla siempre ha sido irregular. Me sentía mal y fui al baño. De repente empecé a sangrar. Mis padres me ayudaron y me llevaron a la clínica. No sé quién le habló al MP y me preguntó lo que me había pasado. A la semana me pidió que regresara y que no tardaría más de una hora. Fui y llevó ya siete años en la cárcel”, María Araceli Camargo, presa en el penal de “Puentecilla” Guanajuato, y condenada a 25 años de prisión por homicidio en grado de parentesco.
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