MÉXICO, D.F., 19 de noviembre (apro).- El gobernador electo Gabino Cué enfrentará en Oaxaca una situación nada fácil, pues si bien es cierto que el voto ciudadano le otorgó una legitimidad incuestionable (60% de participación ciudadana y nueve puntos de diferencia), el llamado “equipo de transición” ha tenido que recurrir al aval ciudadano, más allá de las urnas, para consolidar el arranque del nuevo gobierno.
La situación se mira compleja. Y no sólo debido a los pleitos por la maternidad de la transición --facturas que cobran grupos disímbolos entre sí, pero idénticos en cuanto a cultura política--, sino porque el PRI, nos guste o no, tiene razón al asegurar que Oaxaca es de razón y corazón priísta.
El significado de ser priista no proviene solamente del aumento en el porcentaje de votos respecto de la anterior elección de gobernador, pues si no se hubiera dado la alianza en Oaxaca, el PRI habría ganado la gubernatura, la mayoría en el Congreso y 104 de los 152 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. El significado, pues, proviene de 81 años de hacer política “a la oaxaqueña” y del difícil legado de Ulises Ruiz Ortiz y sus antecesores.
Esto explica la reciente decisión en la 61 Legislatura de dejarle al PRI, ahora primera minoría, el primer año de la Comisión de Gobierno; a cambio se negocia un paquete de reformas constitucionales, electorales, municipales y de transparencia y participación ciudadana, que pretenden modificar el diseño institucional de la entidad, fomentar la democratización y la participación ciudadana y, por lo tanto, disminuir la concentración de poder del gobernador.
En Oaxaca, más que en otras entidades del país, el diseño jurídico y las prácticas políticas favorecen el ejercicio de poder autoritario. Los políticos de carrera lo dicen: “En Oaxaca hay un solo cacique y se renueva cada seis años”.
Para algunos, esta es la única forma de tener los hilos del poder en la mano y de enfrentar las frecuentes crisis de gobernabilidad o las presiones de grupos de poder que, hasta antes de la alternancia en la presidencia de la República y, por tanto, del control que ejercía el presidente príista sobre los gobernadores, hicieron caer a por lo menos seis de ellos (Edmundo Sánchez Cano, Manuel Mayoral Heredia, Víctor Bravo Ahuja, Manuel Zárate Aquino, Eliseo Jiménez Ruiz y Pedro Vázquez Colmenares).
Bajo el argumento de la gobernabilidad, en Oaxaca se ha mantenido hasta ahora a un Congreso y un Poder Judicial subordinados al Poder Ejecutivo, y hasta antes de la última reforma constitucional el Congreso tenía facultades para intervenir en cuestiones electorales (colegio electoral).
Además, se tiene una Procuraduría de Justicia y una Comisión de Derechos Humanos que funcionan al servicio del gobernador del estado, y unos órganos electorales tibios y sumisos.
Lo mismo sucede con la autonomía municipal. Mecanismos aplicados en Oaxaca, mismos que fueron explotados por José Murat y Ulises Ruiz –como la “desaparición de poderes” o el uso de los delegados de gobierno–, han servido para someter voluntades de cabildos enteros, no sin sangre de por medio.
En el caso de la “desaparición de poderes”, en el sexenio de José Murat al menos 56 municipios fueron gobernados por autoridades administrativas no electas por voto popular, sino por administradores o concejos de administración designados por el Congreso. Durante el sexenio de Ulises Ruiz, 25 municipios tuvieron la misma suerte, y ante los conflictos de poder, 15 de ellos presentaron casos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A la fecha, el Congreso está facultado para desaparecer poderes o revocar mandatos por supuesta ingobernabilidad.
En cuanto a los delegados de gobierno, figura creada ante el fracaso por reducir el número de municipios en Oaxaca, la idea en un principio, dada la complejidad territorial (570 municipios, sólo cuatro de más de 70 mil habitantes), fue crear una estructura de gestión de servicios para las zonas más alejadas, con una o dos delegaciones en cada distrito electoral local.
En los hechos, los delegados no sólo se volvieron representantes de gobierno con facultades extra-constitucionales (mediación de conflictos electorales y agrarios, condicionamiento y gestión de recursos, intervención en la vida municipal, fuente de corrupción con las obras públicas), sino también operadores político-electorales, cuya buena o mala gestión es premiada con una diputación.
Otra característica de la real politik oaxaqueña es la forma de articularse con organizaciones y grupos de poder. Y es que además de la Sección 22 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y sus 70 mil afiliados, el débil sistema de partidos que hay en la entidad ha hecho que una serie de organizaciones y de líderes sociales condicionen su apoyo y adquieran privilegios a través de las movilizaciones y los plantones.
El gobierno de Ulises Ruiz trató de enfrentar el costo administrativo a través de la cárcel y la represión, lo cual terminó con un incremento en el costo de las transacciones, y no en balde la Sección 22 ya anunció que recibirá a Gabino Cué con una movilización.
Así, pues, las reformas podrán eliminar mecanismos institucionales autoritarios, pero se requiere más que una ley para cambiar los valores y comportamientos, de ahí la necesidad, bien identificada por el gobierno de transición, de mantener el bono democrático a través de la ciudadanía.
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