De VOMITO!
Felipe Calderón, José María Aznar, junto a Yoani Sánchez...Dios los hace y ellos se juntan!
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jueves, julio 11, 2013
miércoles, julio 10, 2013
Empieza la rendición de cuentas
El exfuncionario fue citado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde el próximo 6 de agosto deberá rendir declaración como testigo dentro de la causa penal 53/2012 abierta por los delitos contra la salud, acopio de armas y robo, pero que forma parte de una investigación más amplia relacionada con la desaparición de personas a manos de militares durante 2008.
El citatorio está fechado el 17 de junio para que Galván declare desde la Ciudad de México por videoconferencia y enlazado con el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, donde se ubica la prisión militar en la cual están varios de los procesados en las causas penales que se siguen por homicidio, tortura y desaparición de cadáveres.
Se trata de la primera acción de la justicia civil en la que es citado el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a causa de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón. El citatorio coincide con la liberación, decretada el viernes 5 por otro juzgado federal, de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército a quienes no se les pudo comprobar la acusación fincada por el anterior gobierno de que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva.
El testimonio de Galván fue requerido por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, interno en la prisión militar de Mazatlán desde agosto de 2009, acusado inicialmente por robo, posesión de arma y posesión de droga, pero después de casi cuatro años de prisión, apenas el 13 de junio pasado, fue encausado penalmente en una alegada desaparición forzada.
Juárez Ramírez, un oficial con 29 años de servicio en el Ejército al momento de su detención, pidió la declaración de Galván y de otros jefes y exjefes del Ejército para desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar la actuación por consigna de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), asegura su abogado Víctor Alonso Tadeo Solano.
En la prueba testimonial requerida, Galván deberá responder sobre el Operativo Chihuahua y lo que le fue informado por los comandantes de la zona en respuesta a sus instrucciones de actuar con mano dura durante los operativos ordenados por Calderón.
En septiembre u octubre de 2008, refiere la defensa del teniente coronel, Galván se reunió con los generales a cargo del operativo iniciado por el Ejército en Chihuahua medio año antes. Galván llegó a la base aérea militar de Chihuahua, donde se encontró con los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, aunque abarca también a Chihuahua. Juárez Ramírez era comandante de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), ubicada a siete kilómetros del cuartel general de la guarnición militar de Ojinaga.
La instrucción de Galván fue innovar los métodos de trabajo y de operación para combatir a los narcotraficantes. El cumplimiento quedó a la interpretación de los jefes militares, comandantes de regiones, zonas, guarniciones y unidades no sólo en Chihuahua, sino en todo el país. Lo que siguió fue la fuerza desmedida y, en el caso del Operativo Chihuahua, prohijó al llamado “pelotón de la muerte” (Proceso 1889).
“Ese tipo de medidas son correctas para los superiores cuando se tienen resultados adecuados, pero cuando hay un error, los encargados de cumplir las órdenes quedan en una situación muy endeble, los dejan solos. Eso es lo que ha pasado con quienes ejecutaron esas órdenes, que van desde clases, oficiales y hasta comandantes de unidades operativas.
“Cuando algún jefe preguntaba qué iba a pasar si ocurriera algún error y quién respaldaría a los implicados, la respuesta era simple: ‘Platique con su comandante’”, refiere el litigante, quien sirvió al Ejército entre 2000 y 2009.
Los citatorios
Egresado de la Universidad del Valle de México y con estudios de posgrado en la Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tadeo Solano pretende también la presentación ante la justicia civil del general de división Marco Antonio González Barreda, quien al momento de los hechos era comandante de la XI Región Militar.
El divisionario concluyó el sexenio de Calderón como inspector y contralor general del Ejército. Hoy es director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, designado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena.
El abogado busca además la declaración judicial del entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Demetrio Gaytán Ochoa, quien después de los sucesos en Chihuahua fue designado subsecretario de la Sedena. El año pasado encabezó una de las más fuertes disputas en la secretaría para suceder a Galván. Ahora es el director del Banco del Ejército (Banjército), también por decisión del general secretario.
El litigante también citó al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien en 2008 era comandante de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del Operativo Chihuahua. De acuerdo con la defensa, ambos estuvieron en la reunión con Galván, lo mismo que los comandantes de las zonas militares Sexta, con sede en Saltillo, Coahuila, y 42, con base en Parral, Chihuahua.
El actual comandante de la Quinta Zona Militar es el general Leopoldo Noé Gaytán Ochoa –hermano del director del Banjército– quien se niega a una inspección judicial de esas instalaciones solicitada por el abogado y autorizada por los juzgados Segundo y Décimo de Distrito Civil en Chihuahua. Según el comandante, el ingreso sólo puede ser autorizado por el titular de la Sedena.
Tadeo Solano, quien litiga el caso entre la Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua, asegura que la defensa ha recibido amenazas de muerte por parte de “personal de la Quinta Zona Militar”. Ello lo motivó a enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que responsabiliza al general secretario y a la PGJM de cualquier acto en su contra.
En el documento se queja también de la procuraduría militar porque, expone, se ha negado a presentar durante el juicio a los elementos de la Policía Judicial Militar (PJM) que participaron en la captura de los militares y están acusados de tortura para involucrar a jefes que participaban en el Operativo Chihuahua. La PGJM asegura que no los puede presentar por seguridad personal.
En entrevista, el abogado asegura que sin ser parte en los juicios, el agente del Ministerio Público de la Quinta Zona Militar y personal del Juzgado de la III Región Militar, en Mazatlán, solicitan informes a los juzgados Segundo y Décimo de Distrito con sede en Chihuahua.
Ambos juzgados radicaron las causas penales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterios respecto al fuero militar y estableció que el caso Ojinaga debía pasar a la jurisdicción civil. Y aun cuando desde septiembre y octubre de 2012 fijó los criterios para limitar el fuero militar, fue en enero pasado cuando se resolvió en definitiva el conflicto competencial a favor de los juzgados civiles, por lo que durante más de tres años la instrucción estuvo a cargo de la justicia castrense.
El encuentro de 2008
Entre los asistentes a la reunión con Galván en la base aérea de Chihuahua estuvo el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga, donde, según las acusaciones en la causa penal 49/2012 que se instruye en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua, ocurrieron las muertes de por lo menos un civil y adonde fueron llevados tres presuntos delincuentes antes de ser torturados, asesinados y calcinados en poblados aledaños a Ojinaga, entre junio y agosto de 2008. Los desaparecidos son José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos.
Moreno Aviña es ahora uno de los 31 militares procesados en las diferentes causas penales que, de acuerdo con los acusados, fueron enderezadas por consigna por la justicia militar. Apenas el 27 de junio pasado durante una audiencia para recabar su testimonio, alegó que su primera declaración ministerial hecha el 19 de agosto de 2009 ante la PGJM en la Ciudad de México, donde se encontraba en la Dirección General de Personal, desapareció de su expediente. Esa irregularidad no fue tomada en cuenta por el juez militar Gonzalo Corona González, quien inicialmente conoció la causa antes de que declinara a favor de la justicia civil.
Moreno Aviña asegura además que fue declarado antes de que existiera una petición oficial del Ministerio Público militar adscrito a la comandancia de Ojinaga. La justicia militar falseó documentos, asegura, para ocultar esa arbitrariedad, también cuestiona los peritajes de la PGJM sobre los supuestos restos óseos de los desaparecidos y que la procuraduría militar no ha querido aportar como prueba.
El mismo día de la detención del general Moreno Aviña, el 19 de agosto de 2009, ocurrió la del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y la de otros oficiales y soldados. El operativo estuvo a cargo del entonces coronel y ahora general brigadier David Eduardo Velarde Sigüenza, director de la PJM.
También participó el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, como investigador de la PJM. Todos los detenidos, excepto uno, alegan haber sido torturados para incriminarse.
En el caso del teniente coronel Juárez Ramírez, quien tiene diferentes cursos de instrucción en México, Chile y Estados Unidos, efectivos de la PJM llegaron al cuartel donde se alojaba en la CINE.
Según el parte oficial, en un cajón del buró de Juárez Ramírez le encontraron dosis de cocaína y mariguana que, alega el acusado, eran utilizadas para el adiestramiento del personal bajo su cargo por órdenes del general Moreno Aviña. Los policías militares lo acusaron de flagrancia en el delito de posesión de enervantes con fines de comercio.
Lo interrogaron hasta las 11 de la noche del siguiente día. Por la mañana lo llevaron en un avión del Ejército a la prisión militar de la III Región, en Mazatlán, donde está preso desde entonces.
Los militares detenidos fueron entregados al mayor Rivera Medeles, quien asentó en el acta ministerial haber interrogado al teniente coronel sobre una caja de madera escondida fuera de la CINE y cerca de la mina La Perla, rumbo a la ciudad de Camargo. Según el mayor, la caja contenía armas de fuego, dinero nacional y extranjero, cartuchos de diferentes calibres y joyas de oro, y dio con ella por las declaraciones del sargento conductor hojalatero Andrés Becerra Vargas, uno de los señalados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”.
El ministerial dijo que el teniente coronel respondió que las armas eran de las que se aseguraban a los civiles y no se ponían a disposición de las autoridades porque las utilizaba para sembrarlas a otros civiles que se detenían y a los que no se les encontraba nada. En la versión asentada por el Ministerio Público militar Juárez Ramírez señaló que el general Moreno Aviña le daba dinero, también asegurado a civiles, para gastos de operaciones militares y que el comandante de la Guarnición era quien en complicidad con dos civiles ordenaba la ejecución de otros civiles.
En sus primeras declaraciones ministeriales el sargento Becerra Vargas y el mayor Alejandro Rodas Cobón, señalado como uno de los jefes del “pelotón de la muerte”, acusaron a Juárez Ramírez de quedarse con droga y dinero y de estar relacionado con el asesinato de varias personas, entre ellas un policía municipal y una empleada de la PGR.
No fueron los únicos que declararon contra el comandante de la Guarnición y el de la CINE. También lo hicieron los demás integrantes del “pelotón de la muerte” y otros efectivos de la Guarnición. Pero en sus declaraciones ante el juez casi todos, a excepción de Becerra Vargas, alegaron que fueron presionados y torturados por la Policía Militar para declarar contra el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez.
El juez castrense de las causas penales abiertas contra los elementos de la Tercera CINE, el general Corona, desechó las acusaciones de tortura y dio como válidas sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público militar.
Uno de los principales inculpados, Rodas Cobón, asegura que fue torturado por la justicia militar para inculparse del homicidio de Rojas Lemus y Samaniego Rey, y responsabilizar al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez. El 16 de abril pasado, en un testimonio que dio a petición de Moreno Aviña, Rodas Cobón identificó a quienes, alega, lo torturaron.
Después de su traslado a la Ciudad de México desde Ensenada, Baja California, el 26 de agosto de 2009 fue llevado a Ojinaga, donde fue entregado al mayor Rivera Medeles en una cabaña dentro de las instalaciones militares: “Me ordenó… que me sentara. Al sentarme, el capitán Héctor Raúl Salgado Urióstegui me propinó bofetadas, y al quererme levantar fui sujetado por ambos brazos por el mayor Rivera Medeles y el capitán Román Rodríguez…
“Dime ya de muertos y ejecutados ordenados por el general Moreno Aviña, no te hagas pendejo… Nosotros como agentes de la Policía Federal Militar estamos protegidos y recibimos órdenes directas del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y mientras él esté en el poder no nos van a hacer nada, así se quejen ante quien se quejen…
“Me dijeron que me dejarían descansar 20 minutos para que descansara e inculpara al general Moreno Aviña y al teniente coronel Juárez Ramírez”, tal y como aparece en su primera declaración ministerial firmada 18 días después de su detención en Baja California, periodo en el que, según su dicho, no lo dejaron bañarse ni cambiarse de ropa.
Aunque ahora nadie se quiere responsabilizar de la existencia del “pelotón de la muerte”, el Ejército sigue en el centro de la polémica por la “guerra” de Calderón. Apenas la madrugada del viernes 5 el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, decretó por falta de pruebas el sobreseimiento de la causa penal e inmediata liberación de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como del teniente coronel Silvio Hernández y del mayor Iván Reyna, quienes estaban en prisión desde el año pasado acusados por el gobierno de Calderón de fomento al narcotráfico.
En abril pasado la justicia federal liberó al general de división en retiro y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR se desistiera de las acusaciones fincadas en su contra por el gobierno de Calderón de proteger desde los más altos niveles del Ejército al Cártel de los Beltrán Leyva.
Calderón quiso implicar a AMLO con el narco
En el ocaso del sexenio pasado al menos uno de los mandos militares falsamente señalados de tener vínculos con el crimen organizado –y que ya está libre– fue presionado para inculpar a Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte. Un Ministerio Público federal lo “invitó” a que dijera que ambos estaban implicados con los cárteles de la droga. Querían manchar a la oposición a como diera lugar. El militar se negó, pese a que lo amenazaron con que perdería a su familia.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.
Tortuoso proceso
Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.
Trato degradante
Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.
Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo “apoyarían” en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con “la pérdida” de su familia.
Hernández Soto se negó, y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.
Acabar con López Obrador
Todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva”, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público (MP) federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento sólo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a “perder” familia, trabajo y libertad.
Le volvieron a ofrecer “ayuda”: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto sólo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”.
Tortuoso proceso
Una implacable lluvia y un enjambre de paraguas afuera del penal de máxima seguridad fueron el escenario del fin de una pesadilla que duró 13 meses y medio. A la 1:40 de la madrugada del viernes 5 salieron libres cuatro militares implicados en el caso. Sus nombres protagonizaron el mayor escándalo de supuesta penetración del narcotráfico en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tomás Ángeles Dauahare ya había sido liberado en abril pasado y el mayor Reyna aún espera terminar un proceso por un delito menor en Querétaro, a donde será trasladado en los próximos días.
Vestidos con pants azul marino deslavado y visiblemente afectados, Escorcia, Dawe, Pérez y Hernández Soto pasaron la aduana de tres rejas con filosas serpentinas, y dieron los pasos que dividen la vida de un preso y un hombre libre.
El lunes 1 se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3 la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. Es decir, la PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
Desde el inicio del caso Proceso pudo documentar las diferentes presiones que la PGR ejerció para crear un caso falso. Primero fueron las amenazas al mayor Reyna, quien se encontraba recluido en un penal de Querétaro, para que declarara contra Dauahare, Escorcia y cinco militares más, entre ellos Moisés García Ochoa, quien era un fuerte aspirante a encabezar la Sedena (Proceso 1860).
Luego se ofrecieron canonjías y se amenazó al narcotraficante Édgar Valdés Villarreal La Barbie para que hiciera imputaciones contra los seis militares detenidos. Valdez Villarreal se negó porque dijo que ni siquiera los conocía (Proceso 1881).
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal, el 26 de septiembre de 2012, al juez Raúl Valerio Ramírez, que llevaba la causa penal.
Luego de presentar un pliego de consignación con 195 “elementos de prueba” basados en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, la PGR obtuvo del juez Valerio Ramírez los autos de formal prisión y los militares fueron encarcelados.
Al final ni uno de esos elementos probó la supuesta complicidad de los militares con el cártel de los Beltrán Leyva. Durante los ocho meses que duró el proceso, la PGR –encabezada por Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán– no desahogó ni siquiera 20% de los 195 elementos de prueba y siempre puso obstáculos para que jamás se realizara el careo que los militares acusados exigían mantener con Jennifer y Mateo (Sergio Villarreal Barragán), los dos principales testigos de cargo.
Trato degradante
Cuando el exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare cruzó la puerta de ingreso a El Altiplano –que entonces estaba controlado por la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna– tenía 69 años cumplidos. El general de división Escorcia Vargas, 65; el general de brigada Dawe, 60; el general de brigada Pérez, cerca de 60; el teniente coronel Hernández, 54; y Reyna, 41 años.
En el ingreso al penal los militares fueron rapados, se les desnudó, los esposaron y pusieron de rodillas. Les azuzaron a los perros de guardia y los golpearon con puños y patadas a todos por igual, incluyendo a los de mayor edad. Había de dos a tres atacantes por militar, de acuerdo con los testimonios recibidos.
Los hechos fueron admitidos y corroborados por fuentes vinculadas a tres de los seis militares encarcelados, aunque se afirma que el trato fue el mismo para todos.
Durante varios días los encerraron en celdas de castigo herméticas, sin que mediara ninguna sanción. Incomunicados. Les arrojaban la comida en platos sin cubiertos para que comieran con las manos. En la celda de castigo no había sanitario. Entre la misma inmundicia dormían, comían y trascurrían las horas de su encierro.
“Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, contó uno de los militares a sus familiares. La versión fue corroborada por otros dos.
Además del maltrato físico estaba el maltrato verbal. Los humillaban e insultaban. “Aquí no son generales ni nada, aquí son aguilitas caídas”, se burlaban. “Aquí no valen nada”, les decían.
Familiares que iban a las audiencias de los militares fueron notando el cambio. Rostros desgajados, con repentina pérdida de peso. Los querían acabar, derrumbar. Gracias a que se mantuvieron unidos lograron conservar su humanidad y su decoro.
La consigna duró hasta octubre de 2012, cuando cambió la dirección del penal y fue nombrada Marissa Quintanilla. A partir de la entrada del nuevo gobierno, en diciembre pasado, el cambio de trato fue más notorio.
El jueves 4, horas antes de la liberación de los cuatro militares, una funcionaria de la SEIDO fue a El Altiplano. Les dijo que ya se iban a ir. Que les iban a liberar sus bienes. Les pidió que públicamente agradecieran a la Sedena por su liberación. Ninguno de los cuatro lo ha hecho, pero sí agradecieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El abogado Gabriel Baeza, quien defendió al mayor Iván Reyna y al teniente coronel Silvio Hernández Soto, señaló que las conclusiones no acusatorias “son un reconocimiento por parte de la PGR de que no se acreditó ningún tipo de culpabilidad. (…) La PGR sabía que iba a tener sentencias contrarias, y era menos costoso reconocer que no había delito que una sentencia absolutoria. Para evitar mayor desprestigio optaron por reconocer el mal trabajo que se hizo en la administración anterior”.
En el proceso de defensa, aseguró, la institución que puso más trabas para admitir la inocencia fue la Sedena, cuando estaba al frente Guillermo Galván Galván.
El defensor asegura que ciertas pruebas y testimonios hubieran mostrado rápidamente la inocencia. Sin embargo, explica: “Percibí en unos militares la idea de no meterse. Pensaban que las cosas se iban a resolver y que mis clientes estaban entrenados para soportar la situación. Creo que no querían intervenir y dar la documentación que ayudaría a probar su inocencia, por su propio miedo de ser involucrados con ellos. Fueron muy pocos los que se acercaron para apoyar a las familias”.
Pese a la situación adversa, pudo acreditar las presiones contra el mayor Reyna y demostrar que el caso del teniente coronel era el más endeble. No había motivo siquiera para que un juez determinara el auto de formal prisión. Jennifer lo acusaba de trabajar para la organización de los Beltrán Leyva y de ayudarles a “arreglar” el aeropuerto de Cancún, pero se negó a dar el nombre de la persona que supuestamente los presentó.
“Estamos contentos de haber obtenido profesionalmente este éxito. Todos ellos son inocentes, se hizo justicia. Yo sé que en una sentencia íbamos a tener una resolución favorable. Finalmente prevalece la justicia sobre el derecho”, señaló.
A su salida, el general Rubén Pérez dijo: “Yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo… Y bueno… qué bueno que se está haciendo justicia”.
Magaly, esposa del mayor Reyna –quien seguirá en prisión pero no por ese delito– afirmó que su marido volverá pronto a casa. Afirmó que dos de los coacusados de la extorsión por la que se le acusa ya salieron, y en unas semanas su esposo también será liberado.
“Que mi marido quede libre de esta acusación de delincuencia organizada para mí es un triunfo. Estoy igual de agradecida que como si lo hubiera visto salir de ahí”, señaló.
Entrevistado, el general Ricardo Escorcia dijo irse sin resentimientos: “La venganza no es mía, la venganza es de Dios”.
–¿Quién fue responsable de este encarcelamiento y de las invenciones de los testigos protegidos? –le preguntó Proceso.
–Realmente comenzamos por el expresidente de la República y la exprocuradora.
–¿Debe haber sanción para ellos?
–La sanción yo no la puedo decir, tiene que haber justicia. ¿Y quién imparte la justicia? Yo no, pero tiene que haber justicia.
Sobre el papel de la Defensa Nacional señaló: “La Sedena es gente que recibe órdenes, y las órdenes las dio el expresidente de la República”.
miércoles, julio 03, 2013
ONU documenta 245 agresiones contra activistas en el sexenio de Calderón
Activistas exigen a EU garantías para los migrantes.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
OAXACA, Oax. (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 245 agresiones contra defensores de derechos humanos, 22 asesinatos de activistas y cinco integrantes de sus familias por motivos relacionados con las causas que defendían. Además, desaparecieron otros seis activistas.
El representante adjunto en México de la ACNUDH, Jesús Peña Palacios, al presentar en esta capital el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México.
La ACNUDH en México registró que el mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos durante el periodo analizado se cometió en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.
El representante dijo que entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012 —es decir, los dos últimos años del gobierno de Calderón— la organización registró 89 agresiones en el país, de las que 38% fueron amenazas, 13% injerencias arbitrarias, 12% hostigamientos, 11% privación arbitraria de la vida, 11% detenciones arbitrarias, 6% atentados, 7% uso arbitrario del sistema penal y 2% desaparición forzada.
Respecto de los presuntos responsables de las agresiones se encontró que en 39% de los casos no han sido identificados, en 38% son actores estatales, 12% agentes federales, 5% operadores de justicia y 6% autoridades municipales.
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas.
El Informe hace referencia a casos ilustrativos como los del sacerdote Alejandro Solalinde, Bernardo Vásquez Sánchez, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y CODIGO-DH.
Leer mas AQUI.
domingo, junio 30, 2013
La industria del crimen organizado que protegió Calderón
El gobierno panista de Felipe Calderón
quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a
dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno
federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de
la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento
social que se opusiera o criticara las políticas públicas.
México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados,
otros 30 mil desaparecieron; miles de familias, se calcula 250 mil,
fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más
perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos,
sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el
país en busca de sus familiares.
Otros problemas sociales se
profundizaron en el gobierno anterior, como la corrupción
institucionalizada y la impunidad. Ésta es la herencia que dejó
Calderón, quien para protegerse huyó del país y se refugió en la
Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta donde el brazo de la
justicia mexicana parece ser que nunca alcanza.
Oficialmente, Calderón dijo que la
“guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”
los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas
empresas trasnacionales, al grado de que su antecesor, el expresidente
Vicente Fox, también panista, planea –como lo ha dicho– producir a gran
escala mariguana.
En el sexenio anterior prácticamente
nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los
delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un
grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.
La consolidación de la delincuencia es
tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil
ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico
llegan a más de 50 países de los cinco continentes.
En lo doméstico, la expansión de los
cárteles tampoco se puede negar. El mapa de la delincuencia abarca
prácticamente todo el país, tal como lo revela una importante
investigación publicada en Contralínea por la reportera Nancy Flores, en la primera semana de junio (337).
Se trata de un mapeo hecho por la
Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se identifican 88
organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos.
De éstas, ocho son consideradas “grandes organizaciones del
narcotráfico”, descubre el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013.
Se calcula que, tan sólo por venta de
drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el
Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el
Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los
39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos); esto
significa que las bandas delincuenciales son 15 veces más rentables que
el Grupo Carso de Carlos Slim.
Del documento oficial destacan varios
puntos. Uno de ellos plantea que el Cártel del Golfo ha dejado de
existir desde el año pasado, tras la captura de quien sería su último
líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss (ocurrida el 12 de
septiembre de 2012). De ser cierto lo que afirma la PGR, la desaparición
se derivaría del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009
y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas.
Otro punto destacado es el
encumbramiento del Cártel de la Barbie, a pesar de que su cabecilla,
Édgar Valdez Villarreal, fue detenido el 30 de agosto de 2010. Hasta
ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de la Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.
Este Cártel de la Barbie cuenta con
más grupos afines (23) que las otras siete grandes organizaciones. Le
sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12;
La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros
Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente.
Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.
Aunque en términos de número el Cártel
de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las
organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco
Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los
Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando
Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los
Mexicles.
El consorcio criminal que encabeza
Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco
continentes– controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas.
Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud,
al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están
involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de
extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas,
secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de
automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso. Es decir, es la
industria delincuencial más peligrosa del país y a la cual el gobierno
de Felipe Calderón rindió protección.
El informe de la PGR señala que Gente
Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva
Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en
Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero;
el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y
Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del
Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y
los Mexicles, en Chihuahua.
Los Zetas, considerados como los
narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el
continente americano y llegan hasta el europeo, tendrían bajo su
control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual
dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del
Diablo.
No obstante, al parecer dos se han
deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del
Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron
de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada
de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.
De acuerdo con la investigación
confidencial de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y
Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los
Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas
mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del
líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes
que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a
el Lazca.
El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-40 o Talibán,
rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas
mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el
Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a
sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28
de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.
El segundo grupo que la PGR vincula a
Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo
León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de
2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán.
“Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos
traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de
exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo” (sic).
Los mensajes, reportados por algunos
medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el
narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y
la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).
De acuerdo con el informe de la
Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y
Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel
Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del
Golfo.
El fraccionamiento de la mafia
mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como
identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes
organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro
hasta ahora.
Dicha organización tiene vínculos con
El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El
Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de
Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey,
en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del
Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los
Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas;
el Javi, en Quintana Roo; el Pelón, en Chiapas; el Pelos, en Morelos,
Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; La Nueva Administración,
en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona con el apellido
de Solano, en Morelos y Guerrero.
La ubicación de las 88 organizaciones
del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia
organizada con el cual el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, ha empezado a trabajar para diezmar su presencia y, por
primera vez, contar con una estrategia multidisciplinaria que involucre a
varias secretarías de Estado, para hacerle frente al crimen organizado e
impedir que sigan ganando territorios en todo el país. Es la misión que
Enrique Peña Nieto ha encomendado al procurador y a los órganos de
seguridad nacional e impartición de justicia.
*Periodista
TEXTOS RELACIONADOS:
Oportunistas, caudillos y aficionados hundieron al PAN
Durante décadas el PAN presumió de ser el partido de la “leal oposición”, pero conforme adquirió fuerza comenzó a evidenciar su debilidad intrínseca pues en rigor nunca se preparó para gobernar, según el investigador Carlos Arriola, quien conoce de cerca la historia del panismo. A partir de 2000, dice, el partido se llenó de oportunistas, como Vicente Fox, un candidato caudillesco que encarnó los valores opuestos a los de Manuel Gómez Morin, el fundador de Acción Nacional. Su crítica coincide con el diagnóstico de la Comisión de Reflexión del Partido Acción Nacional: “No hemos sabido convertir nuestra doctrina en políticas públicas y programa de gobierno… Ya no somos el partido del cambio”.
Y describe:
La lucha por el poder es la prioridad.
En el comportamiento de los panistas no aplica la fuerza de las ideas, sino la fuerza del interés, la nómina y el poder.
Se ha olvidado la mística del partido.
No ha habido congruencia entre la democracia exigida y las prácticas del partido.
Perdimos el valor de la ciudadanía, hasta en la integración del IFE.
Falta trabajo y compromiso personal de los militantes.
Se perdió la responsabilidad ética ante el juicio ciudadano.
Y sigue: “No hemos sabido convertir nuestra doctrina en políticas públicas y programa de gobierno… Ya no somos el partido del cambio”.
En el apartado “Impunidad por razones de índole política”, el diagnóstico obtenido por Proceso y que hasta ahora sigue mantenido en secreto por la cúpula del PAN, es contundente:
Se han tolerado los actos de corrupción de militantes y funcionarios panistas.
No se sanciona a miembros que hablan mal de funcionarios del partido y de sus dirigentes hacia afuera.
Aplicación discrecional de estatutos y reglamentos.
No hay castigo para militantes y funcionarios que trabajan para el contrario.
Esta evaluación del PAN y sus propuestas de solución elaboradas por una comisión de 10 panistas encabezados por José Luis Coindreau, fue desdeñada por las facciones dominantes y la degradación fue extendiéndose hasta la grotesca disputa por las chequeras del grupo parlamentario en el Senado que protagonizan los incondicionales de Gustavo Madero y de Felipe Calderón.
Este conflicto grupal, que se perfila como el peor en su historia de 74 años, forma parte del olvido no sólo metafórico sino literal de Manuel Gómez Morin –su fundador y referente ético– y su herencia ideológica, porque la cúpula omite hasta conmemorar las efemérides de su natalicio, el 27 de febrero de 1897, y de su muerte, el 19 de abril de 1972.
El desprecio a Gómez Morin llega a extremos ridículos: En Batopilas, Chihuahua, su lugar de nacimiento, se han cometido fraudes electorales en el PAN –con muertos que votan– que han quedado impunes, y en Guanajuato se recuerda al prócer no por sus ideas sino por la panista “Asociación de Taxistas Gómez Morin”, ejemplo del clientelismo blanquiazul.
La honradez, la democracia interna y hasta la deliberación han sido liquidadas también en el PAN, porque la estrategia de los grupos no es vencer con argumentos sino con el sabotaje al quórum, como ocurre en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, los máximos órganos de dirección del partido, en ese orden.
El pleito grupal en curso, por el dinero público que reparte el Senado, ha llegado ya a la barandilla y sólo falta que los contendientes, detrás de los que se encuentran Calderón y Madero, crucen puñetazos.
Víctima de sus mitos
Tal descomposición no sorprende a Carlos Arriola, catedrático de El Colegio de México, del que fue secretario general, y autor de numerosas obras sobre ese partido: “El PAN es víctima de sus propios mitos y de sus propias mentiras”, afirma.
Autor de Cómo gobierna el PAN y El miedo a gobernar, la verdadera historia del PAN, su libro más reciente (2009), Arriola explica que Gómez Morin difundió una visión maniquea que prevaleció hasta 2000, cuando se inicia con Fox el ciclo de gobierno que terminó con Calderón.
“Hubo una actitud maniquea que duró 61 años: Un partido formado por ciudadanos puros, honrados, eficaces, todo lo que se quiera, y por el otro lado un PRI corrupto, interesado sólo en el poder y el dinero. Las dos imágenes son totalmente falsas. La verdadera dimensión y estatura de un partido se da al llegar al poder, porque en la oposición es relativamente fácil mantener esos valores.”
El PAN, explica, no sólo tuvo siempre una “debilidad intrínseca” para gobernar, sino que se llenó de oportunistas a partir de que ganó la Presidencia de la República en 2000.
“La gran tragedia del PAN es que no se preparó para gobernar”, afirma Arriola, quien militó en el partido y fue líder juvenil en Jalisco, y afirma que Ernesto Cordero, el depuesto coordinador de los senadores, y Jorge Luis Preciado, su sucesor, son sólo oportunistas aficionados de la política.
“Buena parte de la gente que ahora se está peleando surgió de esta corriente de oportunistas –hay que llamarlos por su nombre– y es el caso muy claro de Cordero y de Preciado. Pero no son profesionales de la política, son simples aficionados.”
Desde 1947, recuerda, Daniel Cosío Villegas anticipó en su ensayo “La crisis de México” lo que le pasaría a Acción Nacional de llegar al gobierno: “Él escribió que el PAN, de llegar al poder, se desplomaría porque no tiene ni los programas ni los hombres capaces de gobernar al país. Fue profético, con una gran sensibilidad percibió la debilidad intrínseca del PAN, un partido de cuadros con gente distinguida en sus localidades, pero sin políticos profesionales. Esa fue la gran tragedia del PAN, que no preparó ni se preparó para gobernar”.
Arriola reconoce que la gran contribución del PAN a la normalidad democrática del país es la formación de ciudadanos, pero jamás se preparó para gobernar:
“Entonces, claro, a la hora que llega al poder, primero tiene el problema de la debilidad intrínseca. Fox, en cierta manera, tenía razón: no había muchos panistas capaces de gobernar, claro que lo hizo por meter a sus amigos, que eran igual de incapaces.”
Otro problema que tuvo el PAN, agrega, es que registró la “entrada masiva” de simpatizantes que formó una élite gubernamental que sólo buscaba dinero y poder. “Eso no tendría nada de malo, pero hay algo fundamental: Todos son aficionados, no profesionales de la política”.
Sobre los principios del PAN, Arriola afirma que funcionaron mientras fue oposición, pero no en el ejercicio de gobierno, en los tres niveles, pero además, en 2000 “accede al poder con un candidato caudillesco, todo lo contrario a la idea de Gómez Morin”.
Arriola, autor también de Ensayos sobre el PAN y Los empresarios y el Estado 1970-1982, recuerda que Gómez Morin y Efraín González Luna, el otro pilar de la fundación del PAN, se opusieron a apoyar en las elecciones de 1940 a Juan Andrew Almazán, justamente por su carácter caudillesco.
“Fox llega al poder no como panista y no llama a los panistas a gobernar al principio de su sexenio. Es decir, revistió todas las características de un caudillo y fue una de las cosas contra las que luchó Gómez Morin”.
El experto aclara también que la situación por la que atraviesa el PAN no comenzó con la debacle electoral de 2012: “La crisis no es por la derrota, porque el PRI fue derrotado y no entró en una crisis parecida. La crisis viene desde antes y se debe a la debilidad de los principios”.
Explica: “Hicieron principios éticos y morales, muy respetables, pero no propios de la actividad política. Es lo que decía Cosío Villegas: No tienen ni los programas ni los hombres, y los programas y los principios de doctrina no tenían nada que ver con el ejercicio de la política y, lo que es más grave, no tenían que ver con los problemas reales de México” .
Las motivaciones de los panistas, según él, eran religiosas o empresariales, pero no propiamente políticas, y por eso fracasaron. “Se desplomaron solos, porque hablaban de un país que no existía, de problemas locales que los pretendían nacionales, daban palos de ciego los dos presidentes, mientras todos los arribistas, todos los oportunistas estaban en la administración pública enriqueciéndose”.
El bien hipócrita
La decadencia del PAN la había advertido Juan José Rodríguez Prats en 2007, cuando estaba en curso la imposición de Germán Martínez Cázares como presidente, candidato único al cargo apoyado con todo el aparato gubernamental encabezado por Calderón.
“¡Si el PAN traiciona sus tesis y olvida su tradición sería mandar el mensaje de que, desde 1939, todo fue una farsa!”, decía el exsenador y exdiputado federal, quien advertía que si ese partido se sometía a Calderón, se convertirá en lo que Gómez Morin definió como “el bien hipócrita”.
“El PAN está en una encrucijada: Se asume como un partido político independiente del gobierno o nos convertimos en el PRI”, insistía, pero esta “infidelidad” a la tradición panista sería peor, porque de ella no podrían esperarse bienes.
“En su ensayo ‘1915’, Gómez Morin habla del bien hipócrita, que es peor que el mal mismo. Él decía que contra el mal se está prevenido. O sea, el mal era el PRI y contra ese mal estás prevenido, pero del bien esperas bienes y el PAN no es consecuente con eso.”
–Esa imputación es durísima…
–Te lo dice Gómez Morin: El bien hipócrita es peor que el mal y, entonces el PAN resulta peor, porque el PRI era un mal necesario y el PAN, si llega a traicionar sus principios, es el bien hipócrita.
Calderón no sólo impuso a Martínez, quien renunció al cargo tras la debacle de 2009, sino que impuso también a César Nava, contraviniendo lo que Gómez Morin postulaba:
“Un partido –dijo en 1945– tiene el derecho de llevar sus programas y sus hombres al gobierno, pero ese mismo gobierno, en el momento de llegar a serlo, deja de ser partido para ser la representación de la nación, y no tiene derecho de utilizar los recursos del poder, que son de aquélla, para el sostenimiento del partido, ni tiene derecho de utilizar la estructura jurídica y administrativa para coaccionar voluntades en pro del partido.”
Pero el desdén de panistas por la herencia de Gómez Morin quedó evidenciada no sólo durante el sexenio de Calderón, sino con Fox, quien desde 1992 planteó mandar “de vacaciones” a la doctrina del PAN. Además de imponerse como candidato presidencial único, ese partido solapó el ilegal financiamiento de su campaña.
En 2003, cuando estaba en auge el escándalo por el financiamiento a través de los Amigos de Fox, Mauricio Gómez Morin, uno de los hijos del fundador, calificó de “profundamente inmoral” ese comportamiento.
“Es una traición insolente a los fundadores de Acción Nacional. Se me hace un golpe terrible al propio partido”, dijo en entrevista publicada en La Crónica de Hoy del 11 de agosto de ese año. “Acción Nacional no es ya lo que fue en años pasados. Está muy alejado de su origen, de su esencia.”
Fox quiso darse un barniz de doctrina panista cuando, a 15 meses de iniciado su gobierno, en febrero de 2002, trasladó los restos de Gómez Morin a la Rotonda de las Personas Ilustres, junto con el luchador de izquierda Heberto Castillo y el priista Jesús Reyes Heroles.
Pero, aunque no intervino tanto en la vida interna del PAN como Calderón, Fox no honró el propósito de Gómez Morin de cambiar a México a fondo y no sólo sustituir hombres.
“Un simple cambio de personas de nada serviría, aun podría hacer más grave la situación si no está acompañado de ese resuelto propósito de revisión total”, proclamó en 1939, cuando criticaba al régimen de Lázaro Cárdenas.
Y luego, tras participar en la primera elección presidencial, en 1940, planteó: “Nuestro propósito no es el de ganar una elección, sino el de luchar por una verdadera transformación de México… Hay que dar la batalla sin otro interés, sin resentimientos y sin malicia, sin apetito y sin odio, sin otro compromiso que deliberar en la verdad, resolver en conciencia y acatar con lealtad la decisión a que lleguemos por los caminos que libremente hemos aceptado. No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad”.
Diego, el árbitro
Carlos Arriola minimiza las expresiones de panistas como los exgobernadores Ernesto Ruffo, Carlos Medina, Alberto Cárdenas y Fernando Canales Clariond, de “volver a los principios”, y los define como “un coro de iglesia”.
“Estamos a casi 100 años de la fundación del PAN y todavía siguen hablando de volver a los principios, pero son principios éticos y morales que poco tienen que ver con la política y que poco tienen que ver con el país, con sus problemas”, puntualiza.
Aclara también que “Gómez Morin no era un santo” y cita lo que éste escribió en 1918: “Me planteo lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética, cuya organización, tendencias y procedimientos me han cautivado, o dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio”.
Apunta: “Gómez Morin se hizo enormemente rico. Hay que desmitificarlo un poco”.
–Pero ni siquiera esos principios éticos y morales son respetados por los panistas.
–¡No, porque no son operativos en la vida real de todos los días de la política! ¡Carecen de sentido!
Estos principios, explica, están pensados en función de la doctrina social de la iglesia, pero no sirven para generar bienestar económico colectivo, limitar las ganancias del capital o distribuir el ingreso.
El PAN ha evidenciado ya sus limitaciones: “Estas personitas que están en conflicto son realmente muy menores y son una decepción para la política, para el país y para el PAN, que es la primera víctima de sus propias mentiras”.
Arriola aclara que no es antipanista y que en todo caso se ha “quedado corto” al analizar las limitaciones del PAN para gobernar y la falta de oficio político de la mayoría de los panistas, a excepción de Diego Fernández de Cevallos, a quien identifica como “el último que les queda de arbitraje” a los panistas.
–Hay quienes lo ven no como árbitro, sino como presidente del PAN.
–¡No, no! Diego es muy inteligente como para buscar la presidencia del PAN. No, sus posibilidades de arbitraje y de salvar al PAN están en mantenerse fuera de la lucha por un puesto en el partido. En el momento en que él dijera que va por la presidencia del PAN, no tendría posibilidades de resolver el conflicto. Y si lo hace, sería una tontería.
–¿Cree que Josefina Vázquez Mota tenga posibilidades para la presidencia del PAN?
–También es muy pequeña, muy menor. Realmente no tiene la estatura para dirigir al partido.
El académico tampoco le ve posibilidades al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks y, sin atreverse a identificar a uno que pudiera presidir al PAN, lamenta que no haya líderes. “No tienen una figura importante. Ninguna. Esa es una tragedia. No hay líderes por una ramplonería intelectual pavorosa. Puras figuras políticas menores”.
–¿Incluyendo a Madero?
–Incluyendo a Madero, sí. Ese es un hombre todavía más limitado que su tío abuelo, don Francisco.
–¿Qué futuro tiene el PAN?
–El otro día platicaba con Rafael Segovia y él decía que veía a punto de deshacerse al PAN y de cambiar a otro partido, como el Partido Popular en España que también es fruto de una división de la derecha. Yo no estoy tan seguro. Creo que puede dividirse y que un grupo cree otro partido. Pero, bien que mal, va a subsistir.
El nuevo coordinador del PAN en el Senado, Jorge Preciado, y el presidente del partido, Gustavo Madero.
Foto: Germán Canseco
Y describe:
La lucha por el poder es la prioridad.
En el comportamiento de los panistas no aplica la fuerza de las ideas, sino la fuerza del interés, la nómina y el poder.
Se ha olvidado la mística del partido.
No ha habido congruencia entre la democracia exigida y las prácticas del partido.
Perdimos el valor de la ciudadanía, hasta en la integración del IFE.
Falta trabajo y compromiso personal de los militantes.
Se perdió la responsabilidad ética ante el juicio ciudadano.
Y sigue: “No hemos sabido convertir nuestra doctrina en políticas públicas y programa de gobierno… Ya no somos el partido del cambio”.
En el apartado “Impunidad por razones de índole política”, el diagnóstico obtenido por Proceso y que hasta ahora sigue mantenido en secreto por la cúpula del PAN, es contundente:
Se han tolerado los actos de corrupción de militantes y funcionarios panistas.
No se sanciona a miembros que hablan mal de funcionarios del partido y de sus dirigentes hacia afuera.
Aplicación discrecional de estatutos y reglamentos.
No hay castigo para militantes y funcionarios que trabajan para el contrario.
Esta evaluación del PAN y sus propuestas de solución elaboradas por una comisión de 10 panistas encabezados por José Luis Coindreau, fue desdeñada por las facciones dominantes y la degradación fue extendiéndose hasta la grotesca disputa por las chequeras del grupo parlamentario en el Senado que protagonizan los incondicionales de Gustavo Madero y de Felipe Calderón.
Este conflicto grupal, que se perfila como el peor en su historia de 74 años, forma parte del olvido no sólo metafórico sino literal de Manuel Gómez Morin –su fundador y referente ético– y su herencia ideológica, porque la cúpula omite hasta conmemorar las efemérides de su natalicio, el 27 de febrero de 1897, y de su muerte, el 19 de abril de 1972.
El desprecio a Gómez Morin llega a extremos ridículos: En Batopilas, Chihuahua, su lugar de nacimiento, se han cometido fraudes electorales en el PAN –con muertos que votan– que han quedado impunes, y en Guanajuato se recuerda al prócer no por sus ideas sino por la panista “Asociación de Taxistas Gómez Morin”, ejemplo del clientelismo blanquiazul.
La honradez, la democracia interna y hasta la deliberación han sido liquidadas también en el PAN, porque la estrategia de los grupos no es vencer con argumentos sino con el sabotaje al quórum, como ocurre en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, los máximos órganos de dirección del partido, en ese orden.
El pleito grupal en curso, por el dinero público que reparte el Senado, ha llegado ya a la barandilla y sólo falta que los contendientes, detrás de los que se encuentran Calderón y Madero, crucen puñetazos.
Víctima de sus mitos
Tal descomposición no sorprende a Carlos Arriola, catedrático de El Colegio de México, del que fue secretario general, y autor de numerosas obras sobre ese partido: “El PAN es víctima de sus propios mitos y de sus propias mentiras”, afirma.
Autor de Cómo gobierna el PAN y El miedo a gobernar, la verdadera historia del PAN, su libro más reciente (2009), Arriola explica que Gómez Morin difundió una visión maniquea que prevaleció hasta 2000, cuando se inicia con Fox el ciclo de gobierno que terminó con Calderón.
“Hubo una actitud maniquea que duró 61 años: Un partido formado por ciudadanos puros, honrados, eficaces, todo lo que se quiera, y por el otro lado un PRI corrupto, interesado sólo en el poder y el dinero. Las dos imágenes son totalmente falsas. La verdadera dimensión y estatura de un partido se da al llegar al poder, porque en la oposición es relativamente fácil mantener esos valores.”
El PAN, explica, no sólo tuvo siempre una “debilidad intrínseca” para gobernar, sino que se llenó de oportunistas a partir de que ganó la Presidencia de la República en 2000.
“La gran tragedia del PAN es que no se preparó para gobernar”, afirma Arriola, quien militó en el partido y fue líder juvenil en Jalisco, y afirma que Ernesto Cordero, el depuesto coordinador de los senadores, y Jorge Luis Preciado, su sucesor, son sólo oportunistas aficionados de la política.
“Buena parte de la gente que ahora se está peleando surgió de esta corriente de oportunistas –hay que llamarlos por su nombre– y es el caso muy claro de Cordero y de Preciado. Pero no son profesionales de la política, son simples aficionados.”
Desde 1947, recuerda, Daniel Cosío Villegas anticipó en su ensayo “La crisis de México” lo que le pasaría a Acción Nacional de llegar al gobierno: “Él escribió que el PAN, de llegar al poder, se desplomaría porque no tiene ni los programas ni los hombres capaces de gobernar al país. Fue profético, con una gran sensibilidad percibió la debilidad intrínseca del PAN, un partido de cuadros con gente distinguida en sus localidades, pero sin políticos profesionales. Esa fue la gran tragedia del PAN, que no preparó ni se preparó para gobernar”.
Arriola reconoce que la gran contribución del PAN a la normalidad democrática del país es la formación de ciudadanos, pero jamás se preparó para gobernar:
“Entonces, claro, a la hora que llega al poder, primero tiene el problema de la debilidad intrínseca. Fox, en cierta manera, tenía razón: no había muchos panistas capaces de gobernar, claro que lo hizo por meter a sus amigos, que eran igual de incapaces.”
Otro problema que tuvo el PAN, agrega, es que registró la “entrada masiva” de simpatizantes que formó una élite gubernamental que sólo buscaba dinero y poder. “Eso no tendría nada de malo, pero hay algo fundamental: Todos son aficionados, no profesionales de la política”.
Sobre los principios del PAN, Arriola afirma que funcionaron mientras fue oposición, pero no en el ejercicio de gobierno, en los tres niveles, pero además, en 2000 “accede al poder con un candidato caudillesco, todo lo contrario a la idea de Gómez Morin”.
Arriola, autor también de Ensayos sobre el PAN y Los empresarios y el Estado 1970-1982, recuerda que Gómez Morin y Efraín González Luna, el otro pilar de la fundación del PAN, se opusieron a apoyar en las elecciones de 1940 a Juan Andrew Almazán, justamente por su carácter caudillesco.
“Fox llega al poder no como panista y no llama a los panistas a gobernar al principio de su sexenio. Es decir, revistió todas las características de un caudillo y fue una de las cosas contra las que luchó Gómez Morin”.
El experto aclara también que la situación por la que atraviesa el PAN no comenzó con la debacle electoral de 2012: “La crisis no es por la derrota, porque el PRI fue derrotado y no entró en una crisis parecida. La crisis viene desde antes y se debe a la debilidad de los principios”.
Explica: “Hicieron principios éticos y morales, muy respetables, pero no propios de la actividad política. Es lo que decía Cosío Villegas: No tienen ni los programas ni los hombres, y los programas y los principios de doctrina no tenían nada que ver con el ejercicio de la política y, lo que es más grave, no tenían que ver con los problemas reales de México” .
Las motivaciones de los panistas, según él, eran religiosas o empresariales, pero no propiamente políticas, y por eso fracasaron. “Se desplomaron solos, porque hablaban de un país que no existía, de problemas locales que los pretendían nacionales, daban palos de ciego los dos presidentes, mientras todos los arribistas, todos los oportunistas estaban en la administración pública enriqueciéndose”.
El bien hipócrita
La decadencia del PAN la había advertido Juan José Rodríguez Prats en 2007, cuando estaba en curso la imposición de Germán Martínez Cázares como presidente, candidato único al cargo apoyado con todo el aparato gubernamental encabezado por Calderón.
“¡Si el PAN traiciona sus tesis y olvida su tradición sería mandar el mensaje de que, desde 1939, todo fue una farsa!”, decía el exsenador y exdiputado federal, quien advertía que si ese partido se sometía a Calderón, se convertirá en lo que Gómez Morin definió como “el bien hipócrita”.
“El PAN está en una encrucijada: Se asume como un partido político independiente del gobierno o nos convertimos en el PRI”, insistía, pero esta “infidelidad” a la tradición panista sería peor, porque de ella no podrían esperarse bienes.
“En su ensayo ‘1915’, Gómez Morin habla del bien hipócrita, que es peor que el mal mismo. Él decía que contra el mal se está prevenido. O sea, el mal era el PRI y contra ese mal estás prevenido, pero del bien esperas bienes y el PAN no es consecuente con eso.”
–Esa imputación es durísima…
–Te lo dice Gómez Morin: El bien hipócrita es peor que el mal y, entonces el PAN resulta peor, porque el PRI era un mal necesario y el PAN, si llega a traicionar sus principios, es el bien hipócrita.
Calderón no sólo impuso a Martínez, quien renunció al cargo tras la debacle de 2009, sino que impuso también a César Nava, contraviniendo lo que Gómez Morin postulaba:
“Un partido –dijo en 1945– tiene el derecho de llevar sus programas y sus hombres al gobierno, pero ese mismo gobierno, en el momento de llegar a serlo, deja de ser partido para ser la representación de la nación, y no tiene derecho de utilizar los recursos del poder, que son de aquélla, para el sostenimiento del partido, ni tiene derecho de utilizar la estructura jurídica y administrativa para coaccionar voluntades en pro del partido.”
Pero el desdén de panistas por la herencia de Gómez Morin quedó evidenciada no sólo durante el sexenio de Calderón, sino con Fox, quien desde 1992 planteó mandar “de vacaciones” a la doctrina del PAN. Además de imponerse como candidato presidencial único, ese partido solapó el ilegal financiamiento de su campaña.
En 2003, cuando estaba en auge el escándalo por el financiamiento a través de los Amigos de Fox, Mauricio Gómez Morin, uno de los hijos del fundador, calificó de “profundamente inmoral” ese comportamiento.
“Es una traición insolente a los fundadores de Acción Nacional. Se me hace un golpe terrible al propio partido”, dijo en entrevista publicada en La Crónica de Hoy del 11 de agosto de ese año. “Acción Nacional no es ya lo que fue en años pasados. Está muy alejado de su origen, de su esencia.”
Fox quiso darse un barniz de doctrina panista cuando, a 15 meses de iniciado su gobierno, en febrero de 2002, trasladó los restos de Gómez Morin a la Rotonda de las Personas Ilustres, junto con el luchador de izquierda Heberto Castillo y el priista Jesús Reyes Heroles.
Pero, aunque no intervino tanto en la vida interna del PAN como Calderón, Fox no honró el propósito de Gómez Morin de cambiar a México a fondo y no sólo sustituir hombres.
“Un simple cambio de personas de nada serviría, aun podría hacer más grave la situación si no está acompañado de ese resuelto propósito de revisión total”, proclamó en 1939, cuando criticaba al régimen de Lázaro Cárdenas.
Y luego, tras participar en la primera elección presidencial, en 1940, planteó: “Nuestro propósito no es el de ganar una elección, sino el de luchar por una verdadera transformación de México… Hay que dar la batalla sin otro interés, sin resentimientos y sin malicia, sin apetito y sin odio, sin otro compromiso que deliberar en la verdad, resolver en conciencia y acatar con lealtad la decisión a que lleguemos por los caminos que libremente hemos aceptado. No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad”.
Diego, el árbitro
Carlos Arriola minimiza las expresiones de panistas como los exgobernadores Ernesto Ruffo, Carlos Medina, Alberto Cárdenas y Fernando Canales Clariond, de “volver a los principios”, y los define como “un coro de iglesia”.
“Estamos a casi 100 años de la fundación del PAN y todavía siguen hablando de volver a los principios, pero son principios éticos y morales que poco tienen que ver con la política y que poco tienen que ver con el país, con sus problemas”, puntualiza.
Aclara también que “Gómez Morin no era un santo” y cita lo que éste escribió en 1918: “Me planteo lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética, cuya organización, tendencias y procedimientos me han cautivado, o dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio”.
Apunta: “Gómez Morin se hizo enormemente rico. Hay que desmitificarlo un poco”.
–Pero ni siquiera esos principios éticos y morales son respetados por los panistas.
–¡No, porque no son operativos en la vida real de todos los días de la política! ¡Carecen de sentido!
Estos principios, explica, están pensados en función de la doctrina social de la iglesia, pero no sirven para generar bienestar económico colectivo, limitar las ganancias del capital o distribuir el ingreso.
El PAN ha evidenciado ya sus limitaciones: “Estas personitas que están en conflicto son realmente muy menores y son una decepción para la política, para el país y para el PAN, que es la primera víctima de sus propias mentiras”.
Arriola aclara que no es antipanista y que en todo caso se ha “quedado corto” al analizar las limitaciones del PAN para gobernar y la falta de oficio político de la mayoría de los panistas, a excepción de Diego Fernández de Cevallos, a quien identifica como “el último que les queda de arbitraje” a los panistas.
–Hay quienes lo ven no como árbitro, sino como presidente del PAN.
–¡No, no! Diego es muy inteligente como para buscar la presidencia del PAN. No, sus posibilidades de arbitraje y de salvar al PAN están en mantenerse fuera de la lucha por un puesto en el partido. En el momento en que él dijera que va por la presidencia del PAN, no tendría posibilidades de resolver el conflicto. Y si lo hace, sería una tontería.
–¿Cree que Josefina Vázquez Mota tenga posibilidades para la presidencia del PAN?
–También es muy pequeña, muy menor. Realmente no tiene la estatura para dirigir al partido.
El académico tampoco le ve posibilidades al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks y, sin atreverse a identificar a uno que pudiera presidir al PAN, lamenta que no haya líderes. “No tienen una figura importante. Ninguna. Esa es una tragedia. No hay líderes por una ramplonería intelectual pavorosa. Puras figuras políticas menores”.
–¿Incluyendo a Madero?
–Incluyendo a Madero, sí. Ese es un hombre todavía más limitado que su tío abuelo, don Francisco.
–¿Qué futuro tiene el PAN?
–El otro día platicaba con Rafael Segovia y él decía que veía a punto de deshacerse al PAN y de cambiar a otro partido, como el Partido Popular en España que también es fruto de una división de la derecha. Yo no estoy tan seguro. Creo que puede dividirse y que un grupo cree otro partido. Pero, bien que mal, va a subsistir.
Las maniobras del cuñado de Calderón
El 4 de marzo de 2013 aparecieron en la cuenta
personal de Juan Ignacio Zavala 395/7707428 dos depósitos por 150 mil
pesos cada uno. Provenían de la cuenta Banamex 221/4200611,
perteneciente al grupo parlamentario del PAN en el Senado. El concepto
de este depósito fue “pagos a terceros pesos cheques”, según denunció el
senador panista Javier Corral en su columna Rotafolio del domingo 16.
“¿Qué tipo de asesoría brinda al grupo parlamentario del PAN para recibir en un solo día dos depósitos por 150 mil pesos cada uno?”, cuestionó Corral, principal crítico del grupo de 22 senadores, encabezado por Ernesto Cordero, en plena disputa por el control político y financiero de la bancada.
Frente a la acusación de Corral, la senadora Adriana Díaz, cercana a Cordero, reveló que el préstamo no salió a nombre de Zavala, sino de Roberto Gil Zuarth. “Es un derecho que tiene cada senador de pedir un préstamo hasta por 300 mil pesos. Esta cantidad se va descontando poco a poco, no te lo regalan. Es un préstamo y es un derecho de cualquier empleado”, afirmó Díaz
Al día siguiente, el lunes 17, Gil Zuarth confirmó la versión y explicó que los recursos fueron depositados en la cuenta de Zavala, cuñado del expresidente Felipe Calderón, y no en la suya “para evitar la triangulación bancaria”.
“El préstamo lo pedí yo y yo se lo presté con cargo a mi patrimonio. Yo solicité el préstamo porque había una necesidad imperiosa de cubrir de parte del señor Zavala. Yo tengo derecho a ese préstamo. No hay nada indebido en que un senador lo solicite para los propósitos que sean”, atajó Gil Zuarth en una incómoda rueda de prensa. El presidente de la Comisión de Justicia acusó a quienes “recurren a la calumnia” para hacer los ajustes de cuentas entre panistas.
Mientras Gil Zuarth trataba de salir del enredo de los préstamos triangulados, Javier Corral y Juan Ignacio Zavala protagonizaron una polémica a través de sus cuentas personales en Twitter. Zavala admitió que recibía también un salario de 76 mil pesos como asesor en comunicación política de Cordero.
Sin embargo, desde Madrid, Cordero desmintió el martes 18 la nueva versión que había surgido sobre los pagos irregulares a Zavala y su sueldo de 76 mil pesos mensuales. “Yo no tengo asesores en el grupo parlamentario”, atajó el todavía presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Gil Zuarth también admitió que en la Comisión de Justicia, que él preside, contrató como “asesor” al hijo de Zavala Gómez del Campo, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez. Gil precisó que no había ninguna contradicción entre lo dicho por Cordero y el cuñado de Felipe Calderón: los servicios prestados por el exvocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 eran para la Mesa Directiva y no para el grupo parlamentario.
El diferendo que han protagonizado los panistas fue alentado por el mismo Juan Ignacio Zavala, a través de su columna Autonomía Relativa, publicada en el periódico Milenio. El 19 de mayo, en plena disputa entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero por la coordinación de los senadores panistas, el exjefe de Comunicación Social de la PGR en tiempos de Antonio Lozano calificó de “cerril” y “pusilánime” al presidente nacional del PAN.
Zavala Gómez del Campo nunca aclaró que en ese momento él cobraba como asesor de Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y había recibido un “préstamo personal” de Gil Zuarth, quien contrató a su hijo como asesor de la Comisión de Justicia.
Tres días después, el 22 de mayo y en la misma columna, Zavala volvió a emprenderla contra Madero y habló de la desaparición del PAN.
“Todos estos días en que se habla de la crisis del partido son el resultado de las decisiones del presidente del PAN. De nadie más. Para colmo, le deja al nuevo coordinador de los senadores un ambiente rasposo y complicado de arreglar, en medio de un proceso electoral adverso al partido en la mayoría de los estados en que habrá comicios. Madero quizá ganó su batalla pero, insisto, el partido es más, mucho más que su dirigencia.
“Por lo pronto, gracias a Madero y sus compinches, ya no somos el PRI-AN: esto ya es puro PRI.”
Posteriormente, acusó a Madero de la crisis en el PAN. Aseguró que la ausencia de liderazgos fuertes dejó a los panistas a la voluntad del presidente de partido. “El dinero nos pudrió”, reiteró en una serie de entrevistas.
Su más reciente colaboración ya no fue sólo contra Madero, sino contra Javier Corral, a quien llama “porro”, y contra el primer gobernador panista, Ernesto Ruffo, “que parece un osito de peluche”. Acusa a ambos y a “otro grupúsculo agazapado en sus temores públicos” de llevar al partido a la ruptura.
Aquellas guerras sucias
No es la primera vez que las acciones y la asesoría de Juan Ignacio Zavala despierta pasiones y polémicas, sobre todo al interior del PAN.
Perteneciente a una familia de larga tradición panista, Zavala Gómez del Campo originalmente fue más cercano más al grupo del exprocurador Antonio Lozano Gracia y colaboró en un gobierno priista. En el sexenio de Ernesto Zedillo, Zavala fue el director de Comunicación Social de la PGR, en medio del debate sobre los expedientes de los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y de la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor, a raíz de la detención de Raúl Salinas de Gortari.
Su carrera como asesor en comunicación política quedó marcada por su alianza con Felipe Calderón en vísperas de la campaña presidencial de 2006. Zavala formó parte del llamado “cuarto de guerra” de la campaña calderonista y compartió con el asesor español nacionalizado mexicano Antonio Solá la estrategia de “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador.
Desde enero de 2007, Zavala fue contratado por el grupo mediático español Prisa como gerente de la edición global de El País, y no participó públicamente en ninguna actividad del gobierno calderonista. Su nombre volvió a ser mencionado, a raíz de la salida de Carmen Aristegui de W Radio, estación en la que Prisa y Televisa eran socios.
En una carta enviada el 13 de enero de 2008 a Proceso, Zavala negó que su papel fuera como “responsable de la operación del Grupo Prisa en México” y aclaró que sus funciones eran “meramente comerciales y administrativas, sin ninguna injerencia en la parte editorial” (Proceso 1628). No hizo ningún comentario o valoración sobre la salida de Aristegui.
Sin embargo, el columnista Miguel Ángel Granados Chapa analizó así el papel de Zavala y de Prisa en la salida de Aristegui de W Radio:
“Los intereses comerciales de Prisa neutralizaron los políticos de Televisa, pero cuando aquellos intereses del grupo español se convirtieron también en intereses políticos –en virtud de los cuales Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente Calderón, fue contratado por el consorcio de (Jesús de) Polanco– Aristegui quedó a la intemperie” (Proceso 1627).
Todavía en junio de 2012, hace un año, Zavala le declaró al reportero Álvaro Delgado que nada estaba definido para los comicios presidenciales, porque “ésta es una contienda entre tres y en 2006 era claramente entre dos. Eso va a ser el debate” (Proceso 1858).
Poco después tuvo que salir a desmentir la acusación de que Vázquez Mota había utilizado aviones de los hermanos Colorado, en especial de Pancho Colorado, presunto colaborador de Los Zetas. La acusación, lanzada por el dirigente priista Pedro Joaquín Coldwell, afectó aún más la campaña de la aspirante presidencial panista.
Zavala aclaró que lo divulgado por Joaquín Coldwell era “información de 2010”. Dijo que, en realidad, los traslados fueron gestionados por el diputado panista de Veracruz, Miguel Martín, quien luego se incorporó al gobierno del priista Javier Duarte (Proceso 1859).
“¿Qué tipo de asesoría brinda al grupo parlamentario del PAN para recibir en un solo día dos depósitos por 150 mil pesos cada uno?”, cuestionó Corral, principal crítico del grupo de 22 senadores, encabezado por Ernesto Cordero, en plena disputa por el control político y financiero de la bancada.
Frente a la acusación de Corral, la senadora Adriana Díaz, cercana a Cordero, reveló que el préstamo no salió a nombre de Zavala, sino de Roberto Gil Zuarth. “Es un derecho que tiene cada senador de pedir un préstamo hasta por 300 mil pesos. Esta cantidad se va descontando poco a poco, no te lo regalan. Es un préstamo y es un derecho de cualquier empleado”, afirmó Díaz
Al día siguiente, el lunes 17, Gil Zuarth confirmó la versión y explicó que los recursos fueron depositados en la cuenta de Zavala, cuñado del expresidente Felipe Calderón, y no en la suya “para evitar la triangulación bancaria”.
“El préstamo lo pedí yo y yo se lo presté con cargo a mi patrimonio. Yo solicité el préstamo porque había una necesidad imperiosa de cubrir de parte del señor Zavala. Yo tengo derecho a ese préstamo. No hay nada indebido en que un senador lo solicite para los propósitos que sean”, atajó Gil Zuarth en una incómoda rueda de prensa. El presidente de la Comisión de Justicia acusó a quienes “recurren a la calumnia” para hacer los ajustes de cuentas entre panistas.
Mientras Gil Zuarth trataba de salir del enredo de los préstamos triangulados, Javier Corral y Juan Ignacio Zavala protagonizaron una polémica a través de sus cuentas personales en Twitter. Zavala admitió que recibía también un salario de 76 mil pesos como asesor en comunicación política de Cordero.
Sin embargo, desde Madrid, Cordero desmintió el martes 18 la nueva versión que había surgido sobre los pagos irregulares a Zavala y su sueldo de 76 mil pesos mensuales. “Yo no tengo asesores en el grupo parlamentario”, atajó el todavía presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Gil Zuarth también admitió que en la Comisión de Justicia, que él preside, contrató como “asesor” al hijo de Zavala Gómez del Campo, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez. Gil precisó que no había ninguna contradicción entre lo dicho por Cordero y el cuñado de Felipe Calderón: los servicios prestados por el exvocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 eran para la Mesa Directiva y no para el grupo parlamentario.
El diferendo que han protagonizado los panistas fue alentado por el mismo Juan Ignacio Zavala, a través de su columna Autonomía Relativa, publicada en el periódico Milenio. El 19 de mayo, en plena disputa entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero por la coordinación de los senadores panistas, el exjefe de Comunicación Social de la PGR en tiempos de Antonio Lozano calificó de “cerril” y “pusilánime” al presidente nacional del PAN.
Zavala Gómez del Campo nunca aclaró que en ese momento él cobraba como asesor de Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y había recibido un “préstamo personal” de Gil Zuarth, quien contrató a su hijo como asesor de la Comisión de Justicia.
Tres días después, el 22 de mayo y en la misma columna, Zavala volvió a emprenderla contra Madero y habló de la desaparición del PAN.
“Todos estos días en que se habla de la crisis del partido son el resultado de las decisiones del presidente del PAN. De nadie más. Para colmo, le deja al nuevo coordinador de los senadores un ambiente rasposo y complicado de arreglar, en medio de un proceso electoral adverso al partido en la mayoría de los estados en que habrá comicios. Madero quizá ganó su batalla pero, insisto, el partido es más, mucho más que su dirigencia.
“Por lo pronto, gracias a Madero y sus compinches, ya no somos el PRI-AN: esto ya es puro PRI.”
Posteriormente, acusó a Madero de la crisis en el PAN. Aseguró que la ausencia de liderazgos fuertes dejó a los panistas a la voluntad del presidente de partido. “El dinero nos pudrió”, reiteró en una serie de entrevistas.
Su más reciente colaboración ya no fue sólo contra Madero, sino contra Javier Corral, a quien llama “porro”, y contra el primer gobernador panista, Ernesto Ruffo, “que parece un osito de peluche”. Acusa a ambos y a “otro grupúsculo agazapado en sus temores públicos” de llevar al partido a la ruptura.
Aquellas guerras sucias
No es la primera vez que las acciones y la asesoría de Juan Ignacio Zavala despierta pasiones y polémicas, sobre todo al interior del PAN.
Perteneciente a una familia de larga tradición panista, Zavala Gómez del Campo originalmente fue más cercano más al grupo del exprocurador Antonio Lozano Gracia y colaboró en un gobierno priista. En el sexenio de Ernesto Zedillo, Zavala fue el director de Comunicación Social de la PGR, en medio del debate sobre los expedientes de los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y de la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor, a raíz de la detención de Raúl Salinas de Gortari.
Su carrera como asesor en comunicación política quedó marcada por su alianza con Felipe Calderón en vísperas de la campaña presidencial de 2006. Zavala formó parte del llamado “cuarto de guerra” de la campaña calderonista y compartió con el asesor español nacionalizado mexicano Antonio Solá la estrategia de “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador.
Desde enero de 2007, Zavala fue contratado por el grupo mediático español Prisa como gerente de la edición global de El País, y no participó públicamente en ninguna actividad del gobierno calderonista. Su nombre volvió a ser mencionado, a raíz de la salida de Carmen Aristegui de W Radio, estación en la que Prisa y Televisa eran socios.
En una carta enviada el 13 de enero de 2008 a Proceso, Zavala negó que su papel fuera como “responsable de la operación del Grupo Prisa en México” y aclaró que sus funciones eran “meramente comerciales y administrativas, sin ninguna injerencia en la parte editorial” (Proceso 1628). No hizo ningún comentario o valoración sobre la salida de Aristegui.
Sin embargo, el columnista Miguel Ángel Granados Chapa analizó así el papel de Zavala y de Prisa en la salida de Aristegui de W Radio:
“Los intereses comerciales de Prisa neutralizaron los políticos de Televisa, pero cuando aquellos intereses del grupo español se convirtieron también en intereses políticos –en virtud de los cuales Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente Calderón, fue contratado por el consorcio de (Jesús de) Polanco– Aristegui quedó a la intemperie” (Proceso 1627).
Todavía en junio de 2012, hace un año, Zavala le declaró al reportero Álvaro Delgado que nada estaba definido para los comicios presidenciales, porque “ésta es una contienda entre tres y en 2006 era claramente entre dos. Eso va a ser el debate” (Proceso 1858).
Poco después tuvo que salir a desmentir la acusación de que Vázquez Mota había utilizado aviones de los hermanos Colorado, en especial de Pancho Colorado, presunto colaborador de Los Zetas. La acusación, lanzada por el dirigente priista Pedro Joaquín Coldwell, afectó aún más la campaña de la aspirante presidencial panista.
Zavala aclaró que lo divulgado por Joaquín Coldwell era “información de 2010”. Dijo que, en realidad, los traslados fueron gestionados por el diputado panista de Veracruz, Miguel Martín, quien luego se incorporó al gobierno del priista Javier Duarte (Proceso 1859).
martes, marzo 26, 2013
183 mil millones de pesos para Repsol, cortesía de Peña y Calderón. ¡Despierten!
He aqui la causal por la que subiran las tarifas electicas en todo el pais.....
FOTO
domingo, marzo 03, 2013
Insuficiente, reconocimiento oficial de 26 mil desapariciones: AI
Sólo confirma la “inmensa tragedia” de miles de familias. Revisar y depurar la lista, el primer paso, señaló la organización.
México, DF. Amnistía Internacional (AI) señaló que el reconocimiento
oficial de la existencia de más de 26 mil personas desaparecidas o
“extraviadas” en México entre 2006 y 2012 es un paso insuficiente del
gobierno, pues sólo confirma la “inmensa tragedia” que viven miles de
familias y las escalofriantes dimensiones de las violaciones de derechos
humanos que han permanecido ignoradas durante años.
Mediante un comunicado, la organización aseveró que la falta de
investigaciones prontas, serias y exhaustivas de los casos que han sido
presentados ante las autoridades tanto estatales como federales, han
caracterizado la actuación de las autoridades del país.
sábado, marzo 02, 2013
Las casas de San Diego y otras propiedades de Gordillo
De las propiedades de la ex lideresa sindical, Elba Esther Gordillo,
resaltan 2 casas ubicadas en un exclusivo Club de Yates de Coronado
Cays, en San Diego, California.
La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo tiene una línea para indagar todos sus bienes, incluyendo los que pudieran estar registrados por familiares o prestanombres en México, Estados Unidos y Europa, de acuerdo con El Universal.
Elba Esther es dueña de un lote ubicado en el número 23 de Green Turtle
Road, en el Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California,
según ha publicado a prensa nacional, la residencia fue adquirida desde
1991.
De acuerdo con Reforma, la casa Green Turtle 23 tiene seis recámaras,
mide 440.46 metros cuadrados y tiene un valor de más de 4 millones de
dólares.
Otra propiedad de la maestra se ubica en la misma calle Green Turtle,
pero en el número 1, tiene cinco recámaras, mide 409 metros cuadrados y
tiene un precio de más de 4 millones de dólares, según Reforma.
Mira el video del exclusivo Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California
Además, Reforma publica otras tres propiedades de la lideresa. La
primera, ubicada en Edgar Allan Poe 10, una casa valuada en 10.5
millones de dólares.
Una más Dickens número 30, departamentos tres y siete. Y otra propiedad en Paseo de Ahuehuetes 501.
Además, de acuerdo con El Universal, a la maestra se le han detectado
cuentas de inversión en empresas como Morgan Stanley o Merrill Lynch.
Además, los allegados a Gordillo hicieron transferencias a países como
Bélgica y España, así como operaciones financieras a bancos de Suiza y
el principado de Liechtenstein, apunta el diario.
Además, existen indicios de que cuenta con bienes en España o Francia, además de los inmuebles en la ciudad de México.
Ve más fotos de las residencias de Elba Esther:
miércoles, febrero 27, 2013
Estela de corrupción de Calderón
Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.
La duda sobre la integración de esta
averiguación previa es si las investigaciones ministeriales alcanzarán a
Felipe Calderón Hinojosa, actual invitado distinguido en la Universidad
de Harvard, pues hasta ahora el expresidente parece contar con la
protección del nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
Comento lo anterior porque hace 1 año
escribí en esta columna cómo el entonces ocupante de Los Pinos, Calderón
Hinojosa, había iniciado la “operación limpieza” del cochinero
administrativo que había acumulado en sus 5 años de gobierno. Y sentía
que su responsabilidad era tal, que desde principios de 2012 contrató a
un despacho de abogados para preparar la defensa por las irregularidades
y corruptelas cometidas en la construcción de la Estela de Luz.
Cito textualmente (Oficio de papel, 5 de marzo de 2012):
“La preocupación de Felipe Calderón es
la clara posibilidad de que alguno de los candidatos de oposición
llegue a la Presidencia de la República y con ello se abran
investigaciones en contra de varios servidores públicos que abusaron del
poder, desviaron recursos federales, traficaron con influencias y se
corrompieron.
“Desde ahora la instrucción
presidencial es revisar los expedientes más delicados y asignarles
expertos que puedan analizarlos y preparar su defensa ante probables
denuncias penales que iniciarían aproximadamente dentro de 2 años,
cuando Calderón ya esté en retiro político, muy lejos del país, pero con
una defensa sólida de algunos casos en donde se asignaron obras y
servicios públicos de manera irregular.
“Varios despachos de abogados consentidos de Los Pinos se frotan las manos
ante los excelentes contratos económicos que les asignarán para limpiar
la corrupción del segundo y último gobierno panista. Algunos de los
indicios de las investigaciones penales por venir lo ha dado la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su equipo de especialistas,
quienes han descubierto poco más de 300 casos de verdadera corrupción
gubernamental correspondiente sólo al año 2010, pero que sumados a lo
ocurrido en los otros años del gobierno de Felipe Calderón, da cuenta de
una verdadera cloaca con fétidos olores de suciedad y podredumbre administrativa.
“Con estos datos ahora sabemos que
este gobierno federal no sólo pasará a la historia como el más violento
de los últimos sexenios, sino como uno de los más corruptos, apenas
parecido al del priísta Carlos Salinas de Gortari, en donde el desfalco a
las arcas públicas fue una constante…
“Entre los expedientes que llaman la atención a los auditores de la ASF y que han prendido las alarmas en
Los Pinos, destacan el de la construcción del Monumento Bicentenario y
el del fideicomiso del mismo nombre, ambos para la discutida Estela de
Luz, obra inútil y absurda que se ha levantado como un monumento a la
corrupción calderonista y que sólo sirvió para desviar recursos públicos
y enriquecer a varios funcionarios y empresarios cómplices.”
La auditoría a la Estela de Luz
Los más de 1 mil millones de pesos que
costó el monumento Estela de Luz, que serviría con sus 1 mil 704 placas
de cuarzo y acero para celebrar el bicentenario de la Independencia de
México –programada para el 15 de septiembre, pero de 2010– tenía, además
del retraso de la obra, un presupuesto inicial no mayor a los 400
millones; monto que serviría para construir la torre superior a los 100
metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec.
Los responsables del festejo
bicentenario fueron, además de Felipe Calderón, su entonces secretario
de Educación Pública, el ya fallecido Alonso Lujambio, y la otrora
presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo
Sáizar, quienes aprobaron el proyecto de la torre Estela de Luz y fueron
los encargados de la costosa obra.
De acuerdo con el informe de la ASF,
la empresa III Servicios, SA de CV, debió cumplir con la apertura,
control y seguimiento de la bitácora electrónica y verificar que se
contara con la autorización de la Secretaría de la Función Pública. La
Auditoría pidió la documentación justificativa y comprobatoria de 276
millones 77 mil 200 pesos en 118 conceptos de obra que están
contemplados dentro del catálogo original, y que son considerados como
volumetría adicional, los cuales deberían pagarse con los precios
unitarios del contrato. Lo mismo sucedió con 1 millón 715 mil 800 pesos
por concepto de rendimientos financieros generados por los anticipos
pagados.
De acuerdo con la ASF, la Secretaría
de la Función Pública debió realizar las investigaciones
correspondientes, lo cual nunca hizo, como tampoco inició los
procedimientos administrativos por actos u omisiones de los servidores
públicos que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario y
que en su gestión autorizaron la formalización de convenios mediante
dictámenes que no contaron con elementos técnicos que acreditaran su
procedencia, pues los argumentos utilizados para autorizar el segundo y
tercer convenios modificatorios son básicamente los mismos a los del
primer convenio, y por lo tanto, no acreditaron las modificaciones
realizadas en las partidas, conceptos y volúmenes de obra, además de que
no contienen los análisis y cálculos de los nuevos conceptos, volúmenes
e importes considerados en dicho catálogo.
La Auditoría Superior de la Federación
pidió al Órgano Interno de Control en el Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada que realice las investigaciones e inicie el
procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores
públicos que en su gestión no verificaron el estricto cumplimiento del
contrato de Fonatur Constructora, SA de CV. Entre las muchas
irregularidades, la Auditoría destaca que no hubo los elementos que
permitieran a los licitantes elaborar sus propuestas sobre las
condiciones reales de la cantidad de acero en las columnas, debido a que
en las juntas de aclaraciones se definieron sus espesores de 3 hasta
7/8 de pulgada, el diámetro de 0.91 metros y el tipo de acero inoxidable
S32101, y que no sustentaron las modificaciones realizadas en el
catálogo de conceptos que utilizó en el procedimiento de la invitación a
cuando menos tres personas para la ejecución de los trabajos.
Los funcionarios responsables de la
obra Estela de Luz tampoco realizaron correctamente la evaluación
cualitativa de la propuesta ganadora de la invitación a cuando menos
tres personas, y omitieron presentar al Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México las estimaciones de los
trabajos ejecutados en el ejercicio presupuestal de 2010.
Otra de las anomalías en la obra es la
autorización de la cancelación de la partida de obsidiana incluida en
el proyecto sin respetar el concepto arquitectónico que resultó ganador
de un concurso nacional. Lo amañado del proyecto se confirma cuando los
funcionarios responsables entregaron de manera parcial la información y
documentación solicitada, al proporcionar únicamente las matrices de
precios unitarios, sin los básicos, insumos, cuadrillas de trabajo,
costos horarios, cálculo de rendimientos, cotizaciones, facturas, notas
de bitácora y minutas que acrediten su procedencia y autorización en el
convenio modificatorio.
Un año después, la conclusión de la
ASF es que el gobierno de Calderón pagó un sobreprecio por el acero
utilizado en la estructura, lo que causó un daño al erario por 248
millones 900 mil pesos, los cuales se suman a los 150 millones 300 mil
por diversas irregularidades administrativas.
*Periodista
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sábado, febrero 23, 2013
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