Trabajadores migrantes, sin protección social en México

Mientras la mayoría de los países latinoamericanos ha establecido mecanismos para amparar la seguridad social de las personas que migran por cuestiones laborales, México deja a sus migrantes a merced de la protección que quieran darles los Estados que los acogen. A nivel nacional, es casi nulo el apoyo que reciben tanto los trabajadores migrantes como sus familias en materia de seguridad social; a veces, lo único que se les ofrece es atención médica.

Mayela Sánchez

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no cuenta con acuerdos multilaterales para salvaguardar la seguridad social de los trabajadores migrantes. Ello se traduce no sólo en la desprotección social de las personas que emigran del país y la de sus familiares que permanecen en México, sino también en la de los extranjeros que residen en territorio mexicano.

De acuerdo con el informe Migración y seguridad social en América, elaborado por el Centro Internacional de Estudios sobre Seguridad Social (CIESS), los tratados regionales del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad del Caribe (Caricom, por su acrónimo en inglés) han incluido, como parte de su proceso de integración, acuerdos relativos a la seguridad social de las personas que migran por cuestiones de trabajo.

En Centroamérica, se ha hecho un esfuerzo similar al amparo del Sistema de la Integración Centroamericana, mientras que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú también incluyeron el tema de la seguridad social de los trabajadores migrantes como parte de los acuerdos de la Comunidad Andina, aunque en ambos casos se trata de acciones infructuosas dado que los países miembros no han ratificado estos convenios.

Por el contrario, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –principal acuerdo económico de México en el continente, suscrito con Estados Unidos y Canadá– no aborda siquiera el tema, no obstante el gran número de mexicanos que emigran cada año a dichos países para laborar.

El Acuerdo de Cooperación Laboral, que forma parte de los acuerdos derivados del TLCAN, es el único documento que incluye la cuestión sociolaboral de los migrantes de los tres países, indica el CIESS. En dicho acuerdo, la cláusula relativa a las indemnizaciones en caso de lesiones de trabajo o enfermedades profesionales es el único referente a la protección social de los trabajadores migrantes.

Publicado en diciembre de 2010, el informe del CIESS refiere que, de forma bilateral, Estados Unidos ha establecido acuerdos que amparan la seguridad social de los migrantes con 23 países, entre los que no figura México ni ningún otro país latinoamericano, a excepción de Chile.

Canadá ha suscrito convenios similares con 46 naciones, entre las que también se encuentra Chile y Uruguay. Mientras, México sólo ha establecido acuerdos con Argentina, España, Belice, Guatemala y Uruguay.

Acuerdos internacionales, “cómodos” para México

A pesar del bajo número de acuerdos con que cuenta México en el tema de la seguridad social de los migrantes, la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, autora del libro La seguridad social en México, señala que, hasta ahora, la apuesta del gobierno ha sido obtener la protección social de los trabajadores migrantes a través de dichos tratados, pues eso le resulta “muy cómodo”.

Mendizábal Bermúdez explica que, de esta forma, el que tiene que responder por la seguridad de los trabajadores es el país que los acoge, no el que los expulsa.

“Desgraciadamente, estamos a merced del país que recibe, y los países receptores siempre intentan no firmar esos convenios porque para ellos implican obligaciones”, doce la investigadora y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De esta manera se explica la reticencia de Estados Unidos, principal destino de los migrantes mexicanos, a establecer un convenio de protección social con México, a decir de Mendizábal Bermúdez.

La especialista en derecho de la seguridad social señala que el gobierno mexicano es quien tiene que asumir su responsabilidad de satisfacer la necesidad de protección social tanto de los trabajadores que salen del país como la de sus familias, en lugar de depender de la voluntad de los Estados receptores de acoger a los migrantes en sus esquemas de seguridad social.

La investigadora señala que el tema de la protección social de los migrantes no sólo no ha sido un asunto prioritario para el gobierno mexicano, sino que “ni siquiera es un punto asumido”. Muestra de ello es para Mendizábal Bermúdez el hecho de que México se esfuerce sólo en establecer una política migratoria con Estados Unidos, que si bien es el principal destino de los migrantes mexicanos, no es el único.

“Es muy taquillero decir que estamos haciendo algo porque gestionamos con Estados Unidos, pero es muy poco resolutivo”, expresa.

Inmigrantes: la otra cara de la moneda

En 1990, se estableció la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés). Una treintena de países ha ratificado dicho acuerdo, entre ellos México, con lo que está obligado a dar un trato igualitario a los trabajadores sin hacer distinción alguna por su sexo, raza, creencia religiosa, nacionalidad o cualquier otra circunstancia.

Para Mendizábal Bermúdez, esta disposición no es cumplida en el país, ni siquiera en la propia legislación, ya que la Ley Federal del Trabajo establece que se deberá emplear a, cuando menos, un 90 por ciento de trabajadores mexicanos. Con tal disposición, “automáticamente se restringe la posibilidad para los extranjeros”, considera la investigadora.

Además, para un inmigrante la posibilidad de ser parte del 10 por ciento restante en los centros de trabajo no es sencilla, ya que tiene que sujetarse a un engorroso proceso con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, con lo que tampoco se les estaría dando a los trabajadores inmigrantes un trato igualitario, a decir de Mendizábal Bermúdez.

Frente a este panorama, la doctora en derecho por la Universidad de Austria considera que México no tiene “calidad moral suficiente” para pedir a países como Estados Unidos que ratifiquen la ICRMW.

Seguridad social en México

A nivel nacional, son nulos los instrumentos del Estado mexicano para garantizar la protección social de las personas que laboran en otros países. Acaso existen sólo dos mecanismos para ofrecer atención médica a los familiares de dichos trabajadores que permanecen en el país: el Seguro de Salud para la Familia y el Seguro Popular.

El primero, establecido en la Ley del Seguro Social, posibilita dar de alta a los familiares de personas que han emigrado a Estados Unidos que residen en el país. En su trabajo, Mendizábal Bermúdez señala que este seguro resulta incosteable, ya que establece un listado de padecimientos que no están cubiertos, como enfermedades crónico-degenerativas, así como gastos por partos o anteojos. “Prácticamente es un seguro para personas que están sanas”, expresa.

Además, las cuotas de dicho seguro se pagan en dólares, que van de los 105 para los familiares de cero a 19 años a los 276 dólares para las personas mayores de 60 años. La investigadora califica esto de “desfachatez”, dado que la moneda de curso legal en México es el peso y no debe aprovecharse la circunstancia de que los trabajadores migrantes ganen en dólares para determinar en esa moneda las cuotas por un servicio que se ofrece aquí.

Mendizábal Bermúdez calcula que, para una familia mexicana promedio, asegurarse a través de este mecanismo es prácticamente impagable.

Respecto del Seguro Popular, afirma que se trata de un programa que “ni es seguro ni es popular”, ya que carece del elemento de exigibilidad que caracteriza a los seguros, además de que también estipula un listado de cobertura de contingencias que funciona como paliativo en los niveles más bajos y es incosteable para padecimientos más graves.

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En México, "holocausto" centroamericano

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.

Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.

Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.

El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.

El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.

Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.

Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.

Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.

Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.

El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.

Los firmantes exponen su frustración:

“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”

Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.

Súplicas a “Los Zetas”

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.

El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.

“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.

Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.

En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.

“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.

Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.

“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”

Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.

Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.

Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.

Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.

Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.

A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.

Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.

Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.

Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.

“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.

Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.

Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.

El poder de una empresa

La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.

En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.

En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.

De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.

Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.

De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.

Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.

“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.

La ruta del acoso

Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:

“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.

Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.

El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.

El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.

El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.

Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.

“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.

Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.

En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.

Silencio del gobierno ante solicitantes de refugio en Canadá

Las víctimas de secuestros, tortura, amenazas de homicidio o de ejecución, robos, acoso y persecución cotidiana figuran entre las 9 mil 400 solicitudes de refugio y asilo que actualmente valora el Ministerio de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo canadiense. Para esos genuinos peticionarios de amparo, que ingresaron a aquel país como turistas mientras esperan la sentencia a su caso, su futuro se hizo aún más incierto en julio cuando el gobierno de Ottawa impuso visas a todos los mexicanos, arguyendo que entre esos pretendientes abundan quienes fraudulentamente sólo buscan permanecer en su territorio aprovechando el generoso sistema canadiense.

Nydia Egremy

Son miles de hombres y mujeres que en el curso de varios años ingresaron como turistas a Canadá y se distribuyeron a lo largo de las 10 provincias canadienses; desde ahí, solicitaron refugio en espera de que las autoridades de ese extenso y rico país les extendieran el ansiado estatus definitivo de refugio. Todos acudieron a las oficinas de Inmigración y Refugio (IRB, por sus siglas en inglés), ubicadas en el número 200 del bulevar René-Lévesque en Montreal, Québec, y en el 344 de la calle Slater en Ottawa, Ontario, o de cualquiera de las representaciones del IRB en Vancouver, Winnipeg, Toronto o Edmonton. Pusieron ante las mesas de estos funcionarios sus historias de agravio y actas de denuncias que habían presentado ante las autoridades mexicanas.
En las provincias fronterizas de Québec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, la mayor parte de solicitantes de asilo son hombres (54 por ciento), el resto son mujeres de origen mexicano, afirman organizaciones sociales en Canadá. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ese nuevo tipo de fenómeno migratorio de mexicanos hacia Canadá aumentó de 2005 a 2006 en 32 por ciento, con lo que México se situó en el lugar número 11 de países cuyos ciudadanos piden ayuda a un gobierno extranjero para que los acoja en su territorio, detrás de Irak, China, Rusia, Afganistán, Irán y Somalia.
Los mexicanos solicitantes de refugio y asilo van por delante de los de Colombia (con el lugar número 15), a pesar de que ahí sus derechos humanos estarían más expuestos por la actividad muy intensa de dos grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como de miembros de la organización paramilitar presumiblemente desmantelada, Autodefensas Unidas de Colombia, y los cárteles del narcotráfico. En cambio, en 2002, México no figuraba entre los países que más asilo solicitaban.
El abogado Stewart Istvanffy, que desde hace dos décadas se ocupa de llevar los casos de mexicanos ante el IRB de Montreal, Québec, explicaba entonces a la agencia española EFE que “no es lo mismo esperar que conseguir”, refiriéndose a la diferencia entre las peticiones de refugio y la concesión del estatus definitivo de refugio.
Hasta 2005, penúltimo año de la presidencia de Vicente Fox Quesada, las peticiones de amparo que recibía Canadá denunciaban homofobia, intolerancia y violencia doméstica; éstas fueron sustituidas por secuestros, persecuciones, amenazas y homicidio.
Al respecto, María Cristina Rosas, especialista en solución de conflictos internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, observa: “Es verdad que hubo un aumento exponencial en la cantidad de solicitudes de refugio, pues en 2009 superaron las 9 mil, mientras que el año pasado apenas eran 3 mil”, y ese volumen implica para Canadá un esfuerzo administrativo muy grande.
Las autoridades de Canadá vieron crecer el número de solicitudes de refugio de los mexicanos que se internaban en su territorio utilizando visas de turistas sin obtener una respuesta adecuada del gobierno mexicano. Esto sucedió en 2005, cuando Canadá pidió consultas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar el problema y cuando una mañana de julio la embajada canadiense en México decidió ya no sentarse a la mesa de consultas bilaterales, sino simplemente anunciar que impondría visa obligatoria para todos los mexicanos, entonces se vio el tamaño del problema, explica Humberto Hernández Haddad, excónsul mexicano en San Antonio, Texas.
“Ahí, la diplomacia mexicana no hizo su trabajo a tiempo, porque en la cancillería no hay una verdadera estrategia, con iniciativas mexicanas, para América del Norte”, incluso se está perdiendo lo que habíamos logrado. Y esto ocurre en momentos en que hay una crisis económica recesiva que hace aún más difícil que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estén en condiciones de lograr una solución en su legislación interna para los trabajadores migratorios mexicanos, porque no es posible persuadir a sus propios desempleados de que sus puestos de trabajo los ocupen los mexicanos, y ése es el significado del 13 de julio: el retroceso en la apertura de las relaciones de México con sus dos socios de la región, sentencia el también doctor en derecho.
Ambos especialistas se refieren al escueto anuncio que lanzó el 13 de julio de 2009 Jason Kenney, ministro de Ciudadanía e Inmigración: “A partir de las 12:01 horas, hora del Este, del 14 de julio de 2009, se exigirá visa a los nacionales mexicanos para viajar a Canadá. Durante las primeras 48 horas, los ciudadanos mexicanos podrán solicitar entrada a su llegada a Canadá. Después de las 23:59 horas, hora del Este del 15 de julio de 2009, deberán tener una visa”.
Para la internacionalista María Cristina Rosas, el problema de fondo tiene que ver con los traficantes de personas que conocen el procedimiento canadiense para aprobar el estatuto de refugiado a una persona que posibilita a los solicitantes trabajar mientras esperan el resultado del juicio de Canadá. Coincide con Hernández Haddad en que antes de que detonara el caso del visado obligatorio para los mexicanos hubo negociaciones entre México y Canadá por el abrupto crecimiento de solicitudes.
“México se escudó en algo que es cierto, pero que en las negociaciones diplomáticas requiere de más habilidad. Argumentó que las ventajas que ofrece la legislación de refugio canadiense resultan muy atractivas para quienes incurren en acciones ilegales, como los traficantes. Es decir, se quiso transferir a Canadá la responsabilidad”, pues los interlocutores mexicanos planteaban que el país anfitrión cambiase su legislación de refugio y en materia de asilo, “y verán que el problema se resuelve”, señala la especialista.
Estima que a México le faltó insistir en que el problema de los traficantes de personas es binacional, pues para que ese delito exista se requiere de cierta permisividad, ya sea por corrupción por parte de autoridades mexicanas o canadienses, y ambos gobiernos debían combatirlo, pues operan en los territorios de los dos países, “pero esa parte México no la tocó porque insistió en que era responsabilidad del otro país y Canadá se retiró de la negociación, pues eso no se negocia”, agrega la analista. Comenta que ahora, tras la decisión del visado obligatorio, la canciller Patricia Espinosa reconoce que hay que trabajar contra ese ilícito.
El debate sobre la medida migratoria no sólo se lleva a cabo entre bastidores diplomáticos y académicos mexicanos, sino también en la arena política canadiense y traspasa el Atlántico. Una vez que Canadá impuso el visado a los mexicanos (así como a los ciudadanos de la República Checa) y como ejemplo del éxito del visado obligatorio, Kenney declaró a la cadena de televisión CTV que esa medida ya daba resultados, pues su país sólo había recibido una nueva solicitud de asilo de México y la República Checa.
De inmediato, Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para Refugiados, se manifestó en sentido contrario. Indicó que le parecía “injusto” que Kenney culpara a los individuos del auge en el fraude de solicitudes de refugio “cuando es el sistema canadiense el que está fallando”, según el reporte de la agencia española EFE del 6 de agosto. Ahí se consigna que el Consejo insiste en que previamente a esta medida no se hizo un sistema suficientemente eficaz en la investigación de solicitantes falsos para descartarlos.
En el caso de la República Checa, el vocero europeo de Justicia, Michele Cercone, abogó por abrir un debate en la Unión Europea sobre “las condiciones y políticas de integración de los gitanos”, pues son 3 mil checos de origen romaní los que inesperadamente solicitaron refugio en Canadá en 2008, contra las dos peticiones presentadas en los últimos años. En un amplio respaldo al gobierno de Praga, Carl Bildt, ministro de asuntos exteriores de Suecia, manifestó que “éste no es un asunto entre la República Checa y Canadá, sino entre la Unión Europea y Canadá”.
En cambio, en su visita a Guadalajara, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, señaló que no habrá cambios legislativos en cuanto a la medida migratoria impuesta por su gobierno. Esto ocurrió el 9 de agosto al concluir la Cumbre de Líderes de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá, países fundadores, desde marzo de 2005, de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Refugio contra la impunidad
A pesar de que los mecanismos de la ASPAN operan en el país desde hace tres años y de que su espíritu enfatiza más en materia de seguridad que en el desarrollo y prosperidad, como afirma en sus análisis John Saxe Fernández, los efectos de la delincuencia sobre los mexicanos violan de manera exponencial su derecho a la seguridad. La guerra contra el narcotráfico que emprendió por la vía del despliegue militar el nuevo Ejecutivo federal en 2006, así como el auge en el secuestro y la persecución política continua se agravan por la corrupción de las autoridades judiciales mexicanas.
Fue en 2006 cuando 4 mil 913 mexicanos solicitaron el amparo del Ministerio de Inmigración y Refugio Canadiense, y formalmente se convirtieron en el principal grupo nacional entre los aspirantes de todo el mundo que demanda refugio en aquel país.
Esa cifra equivale al 73 por ciento de las 6 mil 747 solicitudes de refugio en el exterior provenientes de ciudadanos mexicanos; el restante, 27 por ciento, prefirió desplazarse a Estados Unidos, reveló el informe del ACNUR del 27 de marzo de 2007. Agregó que las autoridades aceptaron a menos de una cuarta parte de ellos.
A partir de 2006 se observó también un cambio entre las razones que esgrimen los mexicanos para obtener la protección de otros países: de la intolerancia ideológica, religiosa y sexual se pasó a argumentar la violación de sus derechos humanos, hostigamiento o persecución por motivaciones políticas, incluso, sostienen que su vida correría peligro si permanecieran en territorio mexicano, citó entonces el informe del ACNUR.
Datos similares arrojó, desde el 8 de diciembre de 2008, el estudio Datos sobre el delito de secuestro en México del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, al revelar que, en México, “por cada secuestro se cometen seis homicidios dolosos, 11 violaciones, 48 fraudes y 750 robos”. A su vez, el estudio comparativo sobre el Índice de incidencia delictiva y violencia (18 de agosto de 2009) del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, establece que México ocupa el sitio 16 entre 115 naciones, con 10.60 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de naciones bajo conflicto armado, como Palestina, que tiene la posición 42, con 3.85 homicidios.
Asimismo, el Informe nacional sobre la situación de la seguridad pública, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos (15 diciembre de 2008), indica que los ciudadanos sólo denuncian el 10 por ciento de los delitos que se cometen y, “en su mayoría, las personas no se presentan ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción”.
El Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH estimó que de ese porcentaje de denuncias, sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables; “es decir, en este rubro existe un nivel de impunidad de 99 por ciento”, establece la investigación; además subraya la desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de perseguir a los criminales y procurar la justicia.
Ante ese diagnóstico, Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, observa que, aunque sin resultados para los ciudadanos, la seguridad seguirá siendo prioritaria entre Estados Unidos, Canadá y México en el marco de la ASPAN, por lo que “habrá una mayor militarización en México bajo las órdenes del Pentágono y una mayor homologación de diferentes procesos –sobre todo de justicia– para pasarse información en cuestiones de inteligencia (actualmente, ya sucede).
Esto significa, refiere el economista autor del estudio Los migrantes mexicanos en Canadá: programa de semiesclavos, que en muchos ámbitos se perderá aún más soberanía, ya muy relativa por la injerencia histórica estadunidense en México, y ahora “es un apretar las tuercas bastante más, pues sigue la tónica de una creciente limitación de la soberanía en muchos aspectos de la vida”.
Refugiados económicos
Al lado del problema político, el gobierno federal no ha sido exitoso en su política económica, fundamentalmente en la creación de empleos y oportunidades para la población. El éxodo hacia el extranjero de una mayoría de la población económicamente activa del país va en aumento, explica Humberto Hernández Haddad. Cita que en el más reciente reporte de Estudios Municipales se revela que alrededor de 800 municipios, de los 2 mil 345 existentes en México, muestran señales “despoblamiento de adultos jóvenes”. Muchos de éstos son los que, al emigrar, se constituyen como refugiados económicos –el ACNUR los describe como migrantes económicos porque abandonan su país voluntariamente.
Esto significa que quienes están en edad de trabajar en todo México emigran al exterior porque no lo encuentran aquí y son producto de un problema de política económica: la “dogmatización de la economía en el neoliberalismo y que privilegió la concentración del ingreso a las grandes corporaciones, al libre comercio y se olvidó de la cohesión social”, indica el exdiplomático. En esa lógica –advierte–, no hubo una política para preparar a las regiones que entrarían a competir con socios más desarrollados antes de firmar con Canadá y Estados Unidos el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte; “no se tomó en cuenta la experiencia europea” de trabajar para que los socios más adelantados aportaran fondos de cohesión a los socios menos avanzados del Sur, como Portugal y España.
Siendo Canadá el segundo país más extenso del mundo, casi cinco veces más grande que México, con una superficie de 9 millones 984 mil 670 kilómetros cuadrados y una población de 33 millones 720 mil habitantes, sus riquezas (recursos naturales abundantes y actividad económica intensa) se reparten con equidad entre todos ellos, lo que se traduce en un territorio atractivo para la inmigración económica. En ese sentido, David Crane advertía en su estudio The next canadian Century que de no continuar la inmigración a ese extenso país, los canadienses desaparecerían como tales en el curso del siglo XXI. A pesar de que mexicanos profesionistas, estudiantes y artistas radican legalmente en todo Canadá y otros más asisten para trabajar temporalmente en granjas, rastros, viveros, empacadoras y obras de infraestructura bajo el amparo de contratos binacionales, son muchos los que no tienen el respaldo del gobierno mexicano a través de los diplomáticos acreditados en aquel país.
Los solicitantes de refugio deciden no buscar el apoyo de los cónsules del gobierno mexicano, pues no les inspiran confianza. Al respecto, Humberto Hernández afirma que el sistema consular mexicano “es una zona de desastre” porque está mal equipado o no tiene suficientes recursos humanos y materiales para cumplir con su cometido.
A su juicio, esto sucede por la mala asignación que históricamente ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, “privilegiando el gasto suntuario en recepciones y cócteles, con una diplomacia de opereta, una diplomacia de salón y de banquetes”, alejada de la realidad de la vía consular que implica la defensa de los derechos de los mexicanos. Da como ejemplo el de los casi 10 millones de trabajadores mexicanos sin documentos en Estados Unidos y que están expuestos todos los días a abusos y violaciones graves a sus derechos humanos.
“Ahí no hay una estructura consular preparada, salvo honrosas excepciones de cónsules extraordinarios que se enfrentan a la diplomacia de banquetes y una diplomacia de oropel que los deja sin recursos y sin apoyos”. Entretanto, los mexicanos que huyeron de la violencia consumada y del acoso que pone en riesgo su vida enfrentan riesgo de la deportación si la Oficina de Evaluación de Riesgo Predeportación canadiense, dependiente del Servicio de Inmigración, determina que su caso no es digno de recibir el estatuto de refugiado.
México, ¿Estado protector?
Entre las múltiples solicitudes de refugio que presentan al gobierno canadiense mujeres y hombres mexicanos, destaca el caso TA6-07453 que atendió la Oficina de Inmigración y Refugio (IRB). En ese asunto, Canadá decidió que sí existía protección del gobierno mexicano en los casos de solicitudes de refugio de esta naturaleza, por cuanto el gobierno considera que “ahora existe protección estatal adecuada” por parte del gobierno mexicano para sus ciudadanos y que, por lo mismo, no existiría riesgo de un trato o castigo cruel o inusual o de un peligro de tortura si el solicitante de refugio se regresa a México. Esas decisiones del IRB se seleccionan como precedentes por oficiales de esa dependencia cuando resuelven un caso de refugio que posea características similares.
Por otra parte, están las decisiones identificadas como decisiones persuasivas bajo la clasificación: TA4-17681, TA4-10802/03 y T4-18833. En ellas se establecía la carencia de protección estatal del gobierno mexicano para sus ciudadanos que solicitaron refugio en aquel país, por temor a persecución de crímenes comunes cometidos o agravados por autoridades policiales mexicanas corruptas, persecución por orientación sexual; se revocaron por el consejo y ya no tienen más valor persuasivo para sus miembros frene a nuevos casos de refugio similares. (NE)

Las elecciones al Parlamento Europeo y la inmigración

Barómetro Internacional

Ernesto Tamara.

Del 4 al 7 de junio, los 27 países miembros de la Unión Europea, eligirán 736 diputados para la Eurocámara, en medio de una indiferencia casi generalizada que está dando aliento a los partidos de derecha que ven en la crisis económica, un caldo de cultivo para sus ideas xenófogas y extremistas. Las campañas de abstención a las elecciones, incluso desde una óptica de izquierda, antiunionista, está abriendo las puertas a un control más decidido de la derecha de ese órgano legistativo.

La Unión Europea que se ha convertido en una fortaleza del neoliberalismo está tratando de detener el aumento de la desocupación con la expulsión de los inmigrantes. Ya sea deteniendo y deportando a los ilegales, o discriminando en el trabajo, cortando posibilidades para que sean los propios inmigrantes, ya legalizados, los que sin futuro se vean obligados a retornar a sus países. En casi todos los países de la UE, los partidos de derecha han basado su crecimiento electoral en una furibunda campaña antiinmigrante. Por ejemplo, un partido de extrema derecha checo, aprovechando el espacio gratuito de la televisión estatal para la campaña electoral, emitió un spot publicitario promoviendo “la solución final” para los gitanos y otros inmigrantes. El incidente checo no es un caso aislado. Italia está promoviendo una legislación racista en extremo peligrosa. No sólo se define la inmigración ilegal como delito, sino que se legalizan los grupos de vigilantes ciudadanos, que salen a la caza de inmigrantes.

La “vieja Europa” parece dispuesta a recuperar algunas de sus ideas de los años 30 de siglo pasado, para mantenerse. No es casualidad que en los días previos, Amnistía Internacional (AI) haya pedido a los candidatos a la Eurocámara que utilicen "sus funciones legislativas y de control" para "apoyar acciones y políticas de promoción y protección de los Derechos Humanos", a fin de que éstos ocupen "un lugar relevante no sólo en el discurso europeo sino también en las acciones, programas y planes de la Unión Europea". En su comunicado, AI recordó que el Parlamento Europeo ha tenido un papel destacado en la investigación de los vuelos secretos de la CIA trasladando prisioneros.

La resolución aprobada por la Eurocámara el pasado mes de febrero basada en el informe de la comisión investigadora, condenó las prácticas ilegales de la CIA y señaló la complicidad de varios gobiernos europeos al respecto. Sin embargo, ni los Estados de la UE, ni sus propias instituciones europeas han respondido adecuadamente a las recomendaciones de esta Cámara para terminar con esas prácticas, cerrar las cárceles clandestinas y sancionar a los responsables. Amnistía recuerda que el parlamento debe de tener una posición coherente a favor de la defensa y protección de los Derechos Humanos en materia de seguridad, inmigración y refugio. La organización internacional también criticó la política de derechos humanos hacia los inmigrantes de la Unión Europea en su informe anual sobre la situación del 2008.

Según Amnistía, durante todo el pasado año, en Europa la represión siguió siendo la respuesta a la inmigración clandestina y calificó de "decepcionante" y "mal precedente" la directiva de la Unión Europea sobre la devolución de emigrantes irregulares. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, AI detectó en Europa, "la práctica sistemática de violaciones asociadas a la interceptación, detención y expulsión de extranjeros, incluso de los que buscaban protección internacional". Además de criticar la política de devolución de los indocumentados, el organismo internacional de derechos humanos denunció la situación de los inmigrantes en países como Suiza y Alemania, donde viven en extrema pobreza, o la situación en los centros de detención franceses, a las que considera inhumanas.

La comunidad gitana es para AI "el ejemplo más rotundo de discriminación en la región". Los incidentes violentos contra ellos en la República Checa y Hungría o su desalojo "forzoso e ilegal" de Italia revelan "problemas de racismo y discriminación graves profundamente arraigados contra la comunidad romaní en el corazón de la moderna Europa", dice. En estos días previos a las elecciones, Amnistía criticó severamente la política italiana sobre los inmigrantes. En un comunicado, la organización se mostró "extremadamente preocupada" por las medidas "discriminatorias" y "racistas" aprobadas contra la minoría gitana así como por la ausencia de reacciones por parte de la Unión Europea (UE).

La nueva ley no solo limita los derechos fundamentales de los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en Italia y criminaliza al inmigrante ilegal como delincuente (se crea el delito de "inmigración y estancia clandestina"), sino que legaliza las denominadas patrullas de ciudadanos, creadas para denunciar posibles delitos, situaciones de desorden social o alteraciones del orden público y delatar a sus autores, incluyendo muy especialmente a los sin papeles y a todos aquellos que se ubican en ámbitos de vulnerabilidad social. Esta medida autoriza al ciudadano privado a asimilarse a las fuerzas de policía y legitima, en la práctica, peligrosas tendencias de la gente a tomarse la justicia por su mano, según comentaron expertos judiciales.

Amnistía criticó a su vez la devolución a Libia de inmigrantes detenidos en alta mar que permanecieron bloqueados cuatro días en alta mar por las discusiones entre Italia y Malta acerca de quién debía hacerse cargo de ellos. “Italia, en vez de llevarlos a tierra, asegurarse de que estaban bien de salud y evaluar las posibles demandas de asilo, se limitó a enviarlos a Libia, donde los centros de detención son extremadamente duros", añadió. El representante de AI denunció que la UE está "abdicando de sus obligaciones" y aseguró que aunque en Europa se habla "mucho de unión de valores", éstos no se respetan. "Cuando uno de sus miembros vulnera esos valores, políticamente no pasa nada", subrayó Amnistía.

Discriminación

Para empeorar la imagen europea del respeto a los derechos humanos, una nueva encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, difundida el pasado 27 de mayo, revela que uno de cada tres musulmanes ha sido objeto de discriminación en la Unión Europea durante los últimos doce meses y el once por ciento ha sufrido un delito racista. La encuesta destaca que miles de casos de discriminación y delitos racistas permanecen ocultos y que, por tanto, no quede constancia de los mismos en denuncias oficiales ni en los mecanismos de recogida de información. Un 63 por ciento de todos los inmigrantes y grupos minoritarios étnicos encuestados afirmó que aunque denunciara nada cambiaría y un 40 por ciento admitió que el hecho es normal y sucede todo el tiempo. Estos son algunos de los motivos por los que las minorías no denuncian las agresiones ni los hechos discriminatorios.

El documento también pone de manifiesto que las víctimas del racismo en la UE carecen de información sobre sus derechos. El 80 por ciento de los musulmanes encuestados no tenía conocimiento de la existencia de organizaciones dispuestas a ofrecer apoyo o asesoramiento en los casos de discriminación. En cuanto a grupos minoritarios, los ex yugoslavos, con un 89 por ciento, suponen el grupo minoritario que menos denuncia con respecto a los demás grupos. Las áreas en las que los musulmanes sufren mayor discriminación son los servicios privados como las tiendas, discotecas, bares y restaurantes o bancos, áreas en las que el estudio considera que "es fundamental que la gente se sienta integrada para sentir que forman parte de la sociedad". Los países que más discriminan, según el estudio, son Italia, donde el 55 por ciento de los musulmanes ha admitido ser víctima de la discriminación, Finlandia (47%), Dinamarca (46%) y España (40%).

Más políticas antiinmigrantes

Además de las nuevas normas para la repatriación de los inmigrantes, que contempla la posibilidad de detención hasta por 18 meses de los sin papeles, el Parlamento Europeo que se renueva esta semana, aprobó sanciones para las empresas que contraten ilegales. Tras un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo se aprobaron sanciones a los empresarios que contraten a irregulares y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados. Sin dejar de robar “cerebros”, la UE estableció que los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones para quien incumpla la legislación, que establece que las empresas son responsables de comprobar que todas las personas de países extracomunitarios que emplean, tienen documentos en regla.

Las sanciones para quienes contraten a irregulares abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Además, el empresario deberá abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador hubiese tenido un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados. Al mismo tiempo, existen sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
El argumento esgrimido es que la medida trata de combatir la inmigración ilegal y la explotación, y fomentar la inmigración legal. Sin embargo, la única inmigración legal que la UE está promoviendo es la de técnicos y profesionales calificados. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que la UE se ahorra casi un millón de euros en la educación de médicos cada vez que capta un profesional de otra región. Se calcula que en los veintisiete países de la Unión Europea viven entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.

En cuanto a la "tarjeta azul", se establecerá un sistema común de ventajas laborales y legales para los trabajadores altamente calificados procedentes de fuera de la UE. Este mecanismo entrará en vigor a mediados de 2011 y permitirá que, tras un período inicial de dieciocho meses en un primer país europeo, estos inmigrantes puedan trabajar en el resto del territorio comunitario. El objetivo de esta medida es atraer a la UE a inmigrantes muy calificados, que en general suelen dirigirse preferentemente a Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia, para mejorar la competitividad económica de la Unión Europea y solucionar los problemas que provocará el envejecimiento de la población comunitaria.

Mil muertos en promedio anual

Pero no todos los que llegan a Europa son profesionales calificados, miles de personas huyen de la pobreza, la guerra y el hambre, después que sus territorios fueron saqueados de riquezas, u obligados a trasladarse cuando las transnacionales se instalan comprando tierras o en grandes explotaciones mineras. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2008 arribaron, sólo a las costas italianas, 37.000 refugiados africanos, y en este año se espera que el número sea aún mayor. La cifra es similar a la inmigración que recibió España.

Cientos de personas mueren cada año intentando llegar a Europa en embarcaciones pequeñas y superpobladas. Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía estimó en 581 las personas que perdieron la vida en 2008 intentando llegar a las costas españolas. Un año antes, 921 personas habían muerto en esas peligrosas travesías. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció que desde el primero de noviembre de 1988 a la misma fecha del 2008, 21.000 personas murieron intentando llegar al continente europeo por las costas españolas.

Para hacer frente a esta situación, la UE busca llevar sus fronteras cada vez más lejos, y si es posible establecerlas en África. En 2005 se creó la Agencia Europea para la Cooperación en las Fronteras Exteriores (FRONTEX) con la labor de frenar la inmigración en los límites externos de la Unión Europea. Según algunos informes, en el año 2007, Frontex gastó algo más de 19,5 millones de euros para interceptar, en siete operaciones en el Mediterráneo, unos 17.000 inmigrantes. Es decir, unos 1.100 euros por cada inmigrante interceptado, y ello sin tener en cuenta los gastos sufragados por cada uno de los Estados miembros.
Para frenar la inmigración, el Fondo para las Fronteras Exteriores había destinado el pasado año, 1.820 millones de euros, al mismo tiempo que sólo destinó 700 millones para planes de inversión en los países africanos con el objetivo de fomentar empleo y detener la emigración en los países de origen.
Más allá de las declaraciones, Europa poco hace para resacir a África del saqueo al que la sometió durantes décadas. Por el contrario, a la vez que militariza su frontera para impedir el acceso de los inmigrantes, las empresas europeas salen a la compra de tierras en Africa para plantar caña de azúcar u otros productos, con el fin de producir etanol para sus vehículos, desplazando más campesinos de sus tierras.

La elección del nuevo Parlamento Europeo poco hará para modificar estar situación, y por el contrario, las tendencias políticas en los países de la Unión, permiten prever una mayor represión hacia los inmigrantes.

ernestotamara@gmail.com

Will the Economic Meltdown Push Fixing a Broken Immigration System to the Back Burner?

By Joshua Holland, AlterNet.

In his recent address to Congress, Barack Obama didn't mention immigration once -- what does it mean for the prospects for reform?

On the campaign trail last year, Barack Obama promised to make comprehensive immigration reform (CIR) "a top priority in my first year as president."
Stressing the importance of "finally bring[ing] undocumented immigrants out of the shadows," Obama laid out the basic framework of the deal that died twice in Congress in recent years: "they should have to pay a fine, and learn English, and go to the back of the line," he said. "That's how we'll put them on a pathway to citizenship. That's how we'll finally fix our broken immigration system and avoid creating a servant class in our midst."
But in his recent address to Congress, immigration was nowhere to be found in the 6,134-word speech. That left some wondering if the new administration had decided to put immigration reform on the back burner, especially in light of the tanking economy. In a recent interview with a Spanish-language radio station, Obama said that because of the economic meltdown, the environment for passing a comprehensive reform bill in this Congress would be even more difficult than in past years. But he also said he was "very committed" to making it happen.
The basic outline of CIR is a grand bargain between proponents of stronger enforcement efforts and immigrants' rights advocates. It would beef up border security, increase workplace enforcement, give employers the ability to check the immigration status of potential hires and create a path to legalization that would allow undocumented immigrants to "get in the back of the line" for a green card if they pay fines, learn English if they aren't already proficient and prove that they've paid their taxes in full.
As an approach that tries to split the difference between ideological camps, it is imperfect; I've called it the "least bad solution" that has a chance of getting passed.
Immigration reformers are hopeful that it will get done. Frank Sharry, director of America's Voice, a leading reform group, told me, "it's our guess that the legislative debate will commence in the fall and that the president will lay relatively low on the issue until then." Sharry said that the reason he's hopeful is that "there's a growing recognition among policy makers that the election this past November was a game-changer. Latino and immigrant voters turned out in record numbers, they helped turn at least four red states blue, and immigration emerged as a defining issue for the fastest-growing group of new voters in the nation."
Doug Rivlin of the National Immigration Forum agreed. "The prospects for reform are very good if advocates continue to build power and make it happen," he told me. "The Obama administration can read election results."
Rivlin predicted "strident but weaker Republican opposition to legal immigration, legalization, and commonsense reform led by Reps. Lamar Smith, R-Texas, and Brian Bilbray, R-Calif., in the House and Sens. Jeff Sessions, R-Ala., David Vitter, R-La., and other Southern Republicans in the Senate." But, he added, "if the legalization, due-process protections, worker rights and family components of a bill are strong enough, workable enough and generous enough, there will be wide Democratic support and enough Republican support to get a bill to the president."
Senate Majority leader Harry Reid, D-Nev., told the Detroit Free Press, "there's been an agreement between Obama and [Arizona Republican Sen. John] McCain to move forward on that. ... We'll do that." When asked if he had the votes to pass some form of CIR, he said: "We've got McCain, and we've got a few others. I don't expect much of a fight at all." Reid promised to work with the administration on the timing, but most of the analysts I interviewed expect a push for comprehensive reform this fall.

In order to read the complete article HERE.

El fin del milagro

ALBERTO BRUNAT

Considerada como motor emergente de la economíamundial, China no puede evitar los impactos de la recesión internacional: su explosivo crecimiento se detiene y sus exportaciones disminuyen ante la brusca contracción del consumo en Estados Unidos y Europa. En unos meses, miles de empresas cerraron sus plantas y despidieron a cientos de miles de trabajadores. Los expertos consideran que esto es sólo el principio: por cada millón de inmigrantes campesinos que pierda su empleo en los centros industriales, habrá entre 6 y 7 millones de personas que apenas tendrán recursos para sobrevivir.

Shenzhen, China.- Esta ciudad, ubicada en el sur de la provincia de Cantón, es el reflejo del milagro económico chino: hace 30 años, cuando el presidente Deng Xiaoping inició la apertura económica, se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales que admitieron empresas extranjeras para producir bienes de exportación.Así fue como aquí y en Zhuhai, Shantu y Xiamen, la economía planificada adoptó de manera gradual mecanismos de mercado y tímidamente fue abriendo las puertas de la nación más poblada del planeta. Esta etapa, conocida como las "cuatro modernizaciones" (industria, agricultura, investigación y defensa), asestó un golpe definitivo a la autarquía impuesta por Mao Zedong.En menos de 30 años, Shenzhen dejó de ser un pueblo de pescadores para convertirse en una gran metrópoli de 5 millones de habitantes, en el segundo puerto más importante de China y en sede de miles de industrias, entre ellas las dedicadas a la tecnología en computación, transporte y comunicaciones. Su centro comercial y financiero compite con el de su ciudad vecina: Hong Kong. Recorrer Shenzhen es perderse en un nudo interminable de rascacielos, donde los hoteles de cinco estrellas y los salones de masaje tratan de amenizar el paso de los miles de empresarios que llegan diariamente para hacer negocios. Sin embargo, en esta ciudad y en el resto de China -nación que se ha convertido en tan sólo tres décadas en la cuarta potencia económica mundial- el pesimismo es evidente entre ejecutivos y obreros ante los efectos de la crisis económica mundial.Li Qin responde con un solemne bu zhi dao ("no sé", en mandarín) cuando se le pregunta acerca de su futuro. Este joven de 25 años, oriundo de la provincia de Guangxi (sureste de China), quedó desempleado tras el cierre de la fábrica de reproductores de DVD en la que laboraba. "He trabajado los últimos cinco años en Cantón, pero me quedé sin empleo y apenas me quedan ahorros", dice a Proceso. Al dejar de percibir su salario de mil 500 yuanes al mes (menos de 3 mil pesos), Li apenas puede pagar una vivienda. "Vivo aquí con dos compañeros", dice al reportero al tiempo que enseña su departamento, situado en las afueras de Shenzhen. Se trata de una sola habitación de 10 metros cuadrados cuyo único mobiliario es una cama individual que Li comparte con sus dos camaradas. Comenta: "Muchos se han ido. Hoy mismo despedí a uno de mis amigos de infancia. Vinimos juntos a Cantón en busca de una vida mejor y ahora él puso fin a la aventura. No encontró trabajo ni le quedaba dinero. Prefirió volver a nuestro pueblo natal". Pero Li se niega a tirar la toalla. Afirma que permanecerá en Shenzhen. Sólo espera encontrar un empleo que le permita vivir modestamente, pero manteniendo vivo el sueño de pertenecer a la clase urbana china. "No quiero volver al campo", asegura.
Éxodo
Como Li, millones de trabajadores inmigrantes del campo -llamados mingongs, los cuales proveen de mano de obra a los centros industriales del país- están perdiendo sus empleos y ello está provocando el retorno a sus pueblos ubicados en diferentes provincias. Un ejemplo: "En sólo dos meses (septiembre y octubre) más de 300 mil mingongs han vuelto a la provincia de Hubei", afirmó el diario Chutian Dushibao en su edición del 21 de noviembre pasado. Y dicho fenómeno se acrecentará en los próximos meses. Sólo en la provincia de Hunan, ubicada en el centro de China, 2 millones 500 mil personas regresarán a sus pueblos durante 2009, anunció el ministerio de Agricultura chino, citado por el diario beijinés Touzizhe Bao en su edición del 25 de noviembre. Y es que China, pese a ser potencia emergente y motor de la economía internacional, no escapa a los efectos de la recesión. Si bien las entidades bancarias del país han capoteado el torbellino de las hipotecas estadunidenses de alto riesgo, las exportaciones del gigante asiático -que generan 40% del Producto Interno Bruto chino- tuvieron en noviembre pasado una reducción de 2.2%, según informó la Agencia de Aduanas de China. El dato es relevante porque se trata de la primera contracción de las exportaciones desde 2001 y, sobre todo, porque apenas en octubre pasado éstas crecieron 19.6% y casi 26% en 2007. En algunas provincias el descenso de las exportaciones fue repentino y brutal. Fue el caso de Cantón, cuyo caída fue de 13%, lo que significó que sólo en ese mes la provincia dejó de recibir 53 millones 350 mil dólares, informó el pasado lunes 15 el diario China Daily. La reducción de las exportaciones chinas tiene una causa simple: la crisis mundial frenó el consumo de bienes y servicios en la Unión Europea y Estados Unidos, primer y segundo socio comercial, respectivamente, del gigante asiático. Si a finales de 2007 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China fue de 11.9%, en el tercer trimestre de este año se redujo a 9%. Aunque el crecimiento es aún muy superior al de los países desarrollados, esta caída en el PIB de casi tres puntos -que podría llegar a cuatro, según el Banco Mundial- provocará el cierre de decenas de miles de empresas exportadoras y el consecuente despido masivo de trabajadores.
Dos ejemplos:
Según cifras oficiales, citadas por el diario Daily Economic News, 56 mil empresas cerraron en la provincia de Cantón durante los primeros meses de este año. Y Wang Zhiguang, vicepresidente de la Asociación de la Industria Juguetera de Dongguan -ciudad de la provincia de Cantón donde se concentra 60% de la producción de juguetes del país- afirmó, en octubre pasado, que la mitad de las 3 mil 800 empresas del sector que operan en esa ciudad "no tiene posibilidades de sobrevivir en los próximos dos años". El propio presidente chino, Hu Jintao, lo admitió el lunes 15 de diciembre: "La situación del empleo en 2009 será muy seria a causa de la crisis financiera internacional", por lo que "nuestro objetivo prioritario para el año que viene es mantener un crecimiento sano y estable", dijo durante una visita a una organización que gestiona el empleo en la provincia de Liaoning, al norte del país, según reportó la agencia de noticias oficial china Xinhua."Deberíamos tener muy claro los desafíos y dificultades que supone esta crisis (internacional)", lanzó Hu, en una clara referencia a la inestabilidad social que puede provocar el deterioro de la economía.
Revueltas
El despido masivo de obreros, los cuales muchas veces no reciben indemnización por pérdida de empleo o dejan de recibir meses de salario, ha provocado diversas protestas, algunas de ellas violentas. En la ciudad de Zhongtang, provincia de Cantón, cientos de empleados despedidos de la fábrica de juguetes Kaida destrozaron el 27 de noviembre las oficinas de la empresa. Más de mil policías y agentes antidisturbios se desplazaron a esta ciudad para dispersarlos. Los manifestantes volcaron un auto de la policía y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, según las imágenes que difundió la agencia Reuters el mismo día de los hechos. En octubre, el gigante chino de producción de juguetes, Smart Union Group, proveedor de las firmas estadunidenses Mattel y Disney, declaró en quiebra sus plantas en la ciudad de Dongguan y despidió a 7 mil trabajadores, los cuales no habían recibido sus salarios desde agosto. En una de esas plantas, el gobierno local puso en la entrada un aviso en el que anunciaba el cierre debido a "condiciones comerciales desfavorables". Los trabajadores se lanzaron a las calles de la ciudad a protestar y tomaron la entrada del edificio de la empresa.En un hecho inusual en un país con fuerte control social por parte del Estado, un grupo de policías lanzó sillas contra el edificio del Partido Comunista de China en Leiyang, en la provincia de Hunan, para exigir aumento de salarios, según informó en un boletín la organización Chinese Human Rights Defenders. Así mismo, en cuatro ciudades de Cantón -Foshan, Shantou, Chaozhou y la capital del mismo nombre- miles de taxistas realizaron en noviembre una huelga en protesta por el aumento de los precios de gasolina y por la pasividad de las autoridades ante la proliferación de taxis ilegales, según reportó en varias notas la agencia Xinhua. Dichas protestas se extendieron también a la megalópolis de Chongqing, ubicada en el centro este del país. Además de este tipo de protestas callejeras, insólitas en el país, el gobierno de Beijing enfrenta otros retos. El principal de ellos es el empobrecimiento de la población.El especialista Tong Dahuan explicó en el diario Zhujiang Wanbao, en su edición del pasado 22 de noviembre, que millones de campesinos viven actualmente del dinero que envían sus familiares que trabajan en las ciudades. Si éstos pierden sus empleos, toda la economía familiar se verá afectada. "A finales de 2007, China tenía 226 millones de trabajadores inmigrantes que ese mismo año proporcionaron 90% de los ingresos de los 728 millones de campesinos chinos", explicó Dahuan, quien alertó sobre las consecuencias del deterioro acelerado de la economía china. "Si el trabajo de uno de cada 10 mingongs se ve amenazado, esto significa que afectará a entre 60 y 70 millones de personas, las cuales sobreviven con esos ingresos". Claude Aubert, sinólogo francés, recuerda en un artículo publicado en la página web agrobiosciences.org hasta qué punto las regiones rurales de China dependen del dinero que envían sus emigrados a las grandes urbes: 60% de los ingresos de los campesinos chinos este año no provendrá de la agricultura, sino de las remesas familiares.
Plan de choque
Para China, la actual crisis económica mundial representa el mayor desafío al que se enfrenta desde el inicio de las reformas económicas de principios de los años ochenta. En principio, el gobierno anunció el 9 de noviembre un "plan de choque" para estimular el consumo nacional y mitigar el impacto provocado por la desaceleración de las exportaciones. Este plan prevé destinar recursos por 4 billones de yuanes (586 mil millones de dólares) para estimular el empleo y reactivar sectores sociales clave. Así, destinará 1.8 billones de yuanes para construir infraestructura (aeropuertos, autopistas, redes ferroviarias), 370 mil millones de yuanes para mejorar las condiciones en el campo, otros 350 mil millones para proyectos sobre medio ambiente, 280 mil millones para construir viviendas sociales y unos 40 mil millones para educación y salud. Este gasto colosal recibió críticas incluso dentro de China, donde los especialistas en economía abogan por una inversión de largo plazo, más que un plan para salvar empleos a toda costa. "La historia demuestra que los planes de estímulo gubernamentales son poco eficaces y provocan el derroche de recursos, la construcción redundante y los abusos de poder", lamentó el 25 de noviembre el editorial del diario Touzizhe Bao.El diario estima que el país tiene otras necesidades más urgentes que "construir trenes y carreteras", como crear un verdadero sistema de seguridad social y ampliar la red de educación pública. Otros especialistas defienden una estrategia basada en el gasto social y recuerdan que el consumo de la población china es muy bajo a causa de la inexistencia de prestaciones públicas. "El consumo de los hogares chinos es demasiado débil. Y esto tiene dos explicaciones: primero, que el pueblo no tiene suficiente dinero, mientras que el Estado tiene demasiado; segundo, que el pueblo no tiene forma de controlar los gastos del Estado", explicó Chen Zhiwu, profesor de Yale School Management, en una entrevista publicada el 21 de noviembre por el popular semanario Zhongguo Xinwen Zhoukan.Chen instó a destinar mayores recursos a la educación, la sanidad y las pensiones, para que los chinos puedan gastar más en el consumo de bienes. Buena parte de la clase media y baja del gigante asiático, así como el grueso del campesinado, se ve obligada a ahorrar más de 50% de sus ingresos para pagar un seguro médico privado o los estudios de sus hijos.El gobierno chino es consciente de que la crisis se puede convertir en una pesadilla si la recesión se alarga en las economías avanzadas y si el consumo interno -con un mercado potencial de mil 300 millones de personas- no despega. De la pericia de Beijing para enderezar el rumbo de su economía dependerá que el gigante asiático confirme su posición como la nueva potencia global emergente.