Juan José Suárez Coppel –quien fuera cuestionado en septiembre de 2009 cuando Felipe Calderón lo hizo director de Petróleos Mexicanos (Pemex)– enfrenta graves problemas de corrupción en una de las principales subsidiarias de la paraestatal.
No es la primera vez que a Suárez Coppel se le implica en escándalos de este tipo: a principios de 2009, cuando Francisco Gil Díaz quiso hacerlo consejero externo de la empresa, el Congreso lo vetó, entre otras razones, por la protección que supuestamente brindó a los negocios ilícitos de los hijos de Marta Sahagún durante el sexenio del esposo de ésta, Vicente Fox, precisamente en Pemex (Proceso 1715).
Ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados investigan un caso de presunto tráfico de influencias: el subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza Hesles, otorgó un contrato de 42 millones de dólares a la empresa estadunidense KBC Advanced Technologies, sin licitación de por medio.
Además de su inexperiencia en el ramo –es un abogado que ha mantenido en el estancamiento el Sistema Nacional de Refinación, según datos de un informe interno de Pemex–, De la Garza creó la estrategia ideal para otorgar contratos sin licitación con el argumento de que son “urgentes”.
El 27 de agosto de 2010, mediante el oficio CAAOS/REF/015/2010, Iván García Díaz, secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Refinación, le informó de los nuevos lineamientos para resolver las urgencias de la empresa a Miguel Tame Domínguez, director general de la subsidiaria.
Entre otros puntos el oficio precisa:
“Se aprueba la creación de un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios temporal para que atienda los asuntos urgentes de la administración de Pemex Refinación, el cual se regirá en términos similares al subcomité temporal creado por el CAAOS de Pemex Exploración y Producción.
“El subcomité únicamente estará encargado de dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas y definir los procedimientos de contratación a seguir entre la invitación restringida y la adjudicación directa, respecto de los 51 casos urgentes que tiene relacionados Pemex-Refinación.”
Dicho subcomité quedó integrado, según el acuerdo del 27 de agosto de 2010, por el subdirector de Finanzas y Administración, la gerencia de Recursos Materiales, la Subdirección de Producción, ocho áreas más de Pemex y un invitado, si se considera necesario.
Ese mismo día, De la Garza asignó un contrato de 42 millones de dólares –que fue dividido en tres fases para amortiguar el impacto de la suma– a KBC Advanced Technologies para realizar trabajos de mejoría en el desempeño del Sistema Nacional de Refinación. La vigencia del contrato es de dos años, de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, aunque diversas denuncias de trabajadores sostienen que esa compañía comenzó a operar en octubre de 2010.
El contrato centra sus objetivos en el mejoramiento de la producción de las seis refinerías de Pemex. Pese a que desde 1997 comenzaron a ser reconfiguradas, hasta la fecha no se ha podido abatir la importación de combustibles: la paraestatal compra en el exterior más de la mitad de los 790 mil barriles diarios que se necesitan para el abasto nacional.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Felipe de Jesús Cantú, confirmó públicamente que ese órgano ya investiga el presunto acto de corrupción de De la Garza y pidió a la ASF que inicie una auditoría contra el funcionario.
Por su parte el vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Agustín Guerrero, reconoció ante los medios que la Comisión Especial que investiga actos de corrupción en Pemex ahora indaga irregularidades presuntamente cometidas por De la Garza.
Expuso: “El caso del subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza, es uno de los asuntos que están dentro de la agenda de la comisión y que se agrega justamente a las investigaciones que viene realizando la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.
“También hemos convenido en citar a varios funcionarios y exfuncionarios de Pemex justamente para que se puedan transparentar todas las denuncias en materia de asignación de contratos en forma ilegal y fraudulenta. El caso de Bernardo de la Garza constituye uno de los asuntos de presuntos actos de corrupción en el que la comisión ya ha tomado cartas.”
La Comisión de Energía indaga además una red de funcionarios dedicada al cobro de comisiones a las empresas beneficiadas con contratos millonarios asignados en diversas áreas de Pemex, pero particularmente los que se han otorgado en el último año en Pemex Refinación.
Según numerosas denuncias que trabajadores de las refinerías han hecho llegar a la Cámara de Diputados, y cuyas copias tiene este semanario, Luis Morales Galicia, jefe de Recursos Humanos de la refinería Francisco I. Madero el sexenio pasado –el director de Pemex Refinación entonces era Juan Bueno Torio–, encabeza la lista de funcionarios ligados a la venta de plazas y al cobro de comisiones a las compañías beneficiadas con contratos de obra.
Morales Galicia es amigo de Carlos Riquelme Cacho, secretario particular de Bernardo de la Garza. De acuerdo con las denuncias “dicha persona se ha encargado de girar instrucciones a los superintendentes de rehabilitaciones y modificaciones para que asignen contratos a las empresas que él designa, todo esto con el apoyo del subdirector de Pemex Refinación”.
Según dichas denuncias Riquelme Cacho es responsable de tramitar asignaciones, contratos y adquisiciones de diversa índole; colocó en las refinerías de Madero y Cadereyta a dos superintendentes de su confianza –Eduardo Gaytán Moreno y Rodolfo Castillo Bújaros–, “quienes otorgan contratos a la empresas relacionadas con el anterior subdirector (de Pemex Refinación), Francisco Toscano”.
A partir de estas denuncias, la Comisión de Energía también comenzó a investigar la asignación de varios contratos supuestamente “amañados” otorgados a empresas que ya operan en distintas refinerías.
El entramado de irregulares lo componen el contrato Co-RMAD-108-10, fechado el pasado 14 de octubre y asignado al Consorcio Industrial Cadereyta para dar servicio de “mantenimiento de calor No 040-1E-05-A/B, 040-2-E06-A-/B de la planta de alquilación de la refinería Francisco I. Madero”. El monto inicial fue de 6 millones 191 mil dólares, pero se aumentó a 22 millones de dólares sin justificación aparente, según la denuncia, “por instrucciones de Carlos Riquelme”.
Se indaga el contrato Co-RMAD-13 3-10, del 1 de noviembre de 2010, también asignado por el grupo encabezado por Riquelme, Carlos Murillo y Eduardo Gaytán al Consorcio Industrial Cadereyta para realizar trabajos de “restauración y desmantelamiento de línea de proceso emplazadas en la planta de alquilación U-040 de la refinería Francisco I. Madero”. El monto: 8 millones 713 mil 661 dólares.
Las pesquisas por presunto tráfico de influencias en Pemex también incluyen la asignación de dos contratos más –Co-RMAD-008-10– otorgados el 19 de abril de 2010 a Construcciones Industriales Everest y cuyo monto asciende a 2 millones 900 mil dólares y 15 millones de dólares, respectivamente, para realizar trabajos de reparación en el calentador de la planta de alquilación de la refinería Francisco I. Madero.
Otro caso fue el de la licitación número RCDY-LPN-OP-031-2010 para restaurar “el tanque cilíndrico vertical techo cónico fijo, clave TV517”, por un monto de 9 millones 949 mil dólares que ganó la empresa Global Romorake.
Dice la denuncia: “Resulta interesante dicha licitación, ya que como se podrá revisar y constatar, todas las compañías que participaron resultaron descalificadas técnicamente y financieramente. La única empresa que pasó la evaluación fue la empresa ganadora, es decir, ni siquiera 1% de los participantes pasaron.
“Sabemos, y esto es parte de lo que los diputados y las autoridades federales deben investigar en Pemex, que Carlos Riquelme dio instrucciones precisas para que se le asignara sin ningún contratiempo el contrato a la empresa Global Romorake, por lo que resulta absurdo y oscuro que descalifiquen a todas las compañías para beneficiar a una sola, la seleccionada por la subdirección.”
El pasado 3 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) integró un acta circunstanciada para indagar las presuntas maniobras fraudulentas y de tráfico de influencias de Bernardo de la Garza Hesles por otorgar el contrato de 42 millones de dólares sin licitación a KBC Advanced Technologies.
Una fuente consultada en la PGR sobre este caso, y que solicitó el anonimato, dice a Proceso que el caso de De la Garza puede constituir la posible comisión de varios delitos, entre otros: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Aclara que el acta circunstanciada servirá para determinar si se requiere la querella de la Secretaría de la Función Pública para comenzar una averiguación previa.
–¿La PGR investiga a otros funcionarios de Pemex? –se le pregunta.
–En un caso relevante como éste es difícil que se actúe solo. Se requiere el concurso de muchas personas. Eso lo determinará la investigación.
Refinerías en ruinas
Pese a que desde 1997 comenzaron los trabajos de modernización del Sistema Nacional de Refinación de Pemex para reducir la importación de combustibles, dicho proyecto fracasó, según acreditan los datos de la paraestatal.
La corrupción en las refinerías tiene historia: comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando empezó la reconfiguración de la planta de Cadereyta, Nuevo León, y con ello el megaproyecto de modernizar las seis refinerías de la paraestatal en el país.
Planeada como la obra emblemática del sexenio de Zedillo, la refinería de Cadereyta terminó convertida en un embrollo tan grande que llegó a litigarse ante un tribunal internacional en París.
En el expediente Cadereyta –cuyo proyecto se tasó en 200 millones de dólares y terminó costando mil 800– hay de todo: “Mordidas millonarias”, mala planeación, tráfico de influencias, contratos sin validez jurídica, subcontrataciones fuera de control, materiales con sobreprecios, entre otras anomalías que dieron al traste con el proyecto, según se plasma en las denuncias hechas llegar al Congreso.
Cadereyta fue la primera refinería que se reconfiguró. Los trabajos comenzaron en 1997 y se estableció que estarían concluidos en dos años, pero en 2002 la reconfiguración aún no terminaba y actualmente dicha planta ya se considera obsoleta pues no refina los combustibles pesados que se tienen que enviar a Estados Unidos.
Para completar el megaproyecto de modernizar las refinerías seguiría la reconfiguración de otras cinco: Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán. Adicionalmente Pemex construye otra refinería en Hidalgo.
En 14 años de trabajos de modernización la única refinería por modernizar es la de Minatitlán, Veracruz, que tiene dos años y medio de retraso. Pero aun cuando los trabajos concluyan, Pemex no tiene capacidad para producir los combustibles que se consumen en el país.
Según estimaciones de Pemex, la reconfiguración de la refinería de Minatitlán estaría terminada en marzo de este año, pero ahora la paraestatal dio un nuevo plazo y será en agosto cuando terminen los trabajos. Este retraso implica, reconoce Pemex, que unos 50 mil barriles diarios de gasolina se sigan importando, lo que se suma a los 400 mil que actualmente se traen de Estados Unidos para el abasto nacional.
Pese a que sólo queda una refinería por reconfigurar, el Sistema Nacional de Refinación ya es obsoleto y genera pérdidas cuantiosas, según cifras oficiales.
De acuerdo con el estudio interno denominado Diagnóstico de Pemex Refinación, cuya copia tiene Proceso, esa subsidiaria “enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y restricciones de infraestructura, institucionales, normativas, de regulación y relativas a la insuficiencia de recursos para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión”.
No obstante las inversiones en la modernización de las plantas, las refinerías están en colapso por falta de rendimiento:
“La situación”, sostiene el informe de Pemex, “es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un crecimiento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional. Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario”.
Datos de Pemex indican que actualmente se requieren 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.
Como consecuencia de las excesivas importaciones, Pemex arrastra pérdidas desde hace 10 años. El informe citado indica que la paraestatal ha dejado de ganar 52 mil 696 millones de dólares mensuales.
A la baja producción de las refinerías y a las pérdidas se suman los recurrentes paros de operaciones y los accidentes, que han aumentado y cuestan vidas. En los últimos cuatro años, el índice de accidentes fue de 1.06% y el de paros no programados en las plantas por mala operación y planeación fue de 9.6% en 2010.
Lejos de reparar las fallas en el Sistema Nacional de Refinación, Juan José Suárez Coppel insiste en que a Pemex le conviene más refinar petróleo fuera de México.
En tanto se revierte esta situación, en Pemex Refinación los altos funcionarios siguen repartiendo contratos y concesiones para amigos y socios, como si la subsidiaria fuera un gran botín.
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