En plena contienda electoral, el gobierno de Felipe Calderón tiene
acceso a más de 360 mil millones de pesos fuera del presupuesto público,
revela la Secretaría de Hacienda. Se trata de los fondos acumulados en
361 fideicomisos, de los cuales cinco concentran el 45 por ciento del
total: Fonadin, Fonden, Seguro Popular, Fondo para la Reestructura de
Pensiones y Fideicomiso de Pensiones del Banrural. Cuatro de éstos son
controlados por Hacienda y uno por la Secretaría de Salud. Por su
discrecionalidad, el máximo órgano de fiscalización en México considera a
las figuras fiduciarias como un área de opacidad y riesgo.
En
el último año del sexenio, el gobierno federal administrará 367 mil 515
millones 800 mil pesos fuera del presupuesto público aprobado por la
Cámara de Diputados. El dinero se encuentra depositado en 361
fideicomisos federales, estatales y “privados”, revela la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en sus Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2011.
De esas 361 figuras fiduciarias, cinco concentran el 45.1 por
ciento del total: 165 mil 866 millones 100 mil pesos. Éstos son el
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), con una bolsa
de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el Fideicomiso Fondo de Desastres
Naturales (Fonden), con 38 mil 694 millones 400 mil; el Fideicomiso del
Sistema de Protección en Salud (Seguro Popular), con 31 mil 692 millones
400 mil; el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP),
con 27 mil 22 millones 500 mil; y el Fideicomiso de Pensiones del
Sistema Banrural, con 20 mil 280 millones 300 mil pesos.
De estos cinco, destaca el caso del Fonadin no sólo porque
compromete el mayor monto –que equivale al 13.1 por ciento del total–,
sino porque incluye los recursos de los controvertidos Fondo de
Inversión en Infraestructura (Finfra) y Fideicomiso de Apoyo para el
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Ambos, involucrados en
millonarios fraudes contra las finanzas públicas.
Creado el 29 de agosto de 1997, el Fonadin tiene por objetivo
“fungir como vehículo de coordinación de la administración pública
federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las
áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y
turística”; también, auxiliar “en la planeación, fomento, construcción,
conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura
con impacto social o rentabilidad económica”.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en 2011
los ingresos del Fonadin ascendieron a 26 mil 930 millones 104 mil
pesos. Además de contar con las transferencias del Finfra y del FARAC,
sus recursos también “provienen de las cuotas de peaje de las autopistas
concesionadas, arrendamientos, recuperación de siniestros, venta de
bases, comisiones cobradas, resarcimiento por recuperación de derechos e
intereses ganados”.
En ese mismo ejercicio, sus egresos sumaron 33 mil 108 millones 581
mil pesos. La Secretaría de Hacienda, que funge como el fideicomitente,
indica que “al cierre del cuarto trimestre de 2011 se han cubierto
oportunamente las obligaciones financieras respectivas y se realizaron
las acciones necesarias para la administración, operación y conservación
de los tramos carreteros de la concesión, así como lo relacionado a la
inversión en los proyectos de infraestructura”.
Los escasos datos sobre el destino de los más de 33 mil millones de
pesos se “justifican” porque “toda la información del fideicomiso se
encuentra reservada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos”. Así lo indica la dependencia que encabeza José
Antonio Meade, además de añadir que el fideicomiso “no ha recibido
aportaciones de recursos públicos presupuestarios”.
Los 25 más onerosos
El Fonadin, el Fonden, el fideicomiso del Seguro Popular, el FARP y
el Fideicomiso de Pensiones del Banrural forman parte, a su vez, de la
lista de los 25 fideicomisos con “los montos más elevados”, como los
identifica la propia Secretaría de Hacienda en el “Anexo XVII.
Fideicomisos sin estructura orgánica (no son entidad paraestatal)”. Los
25 reúnen el 85.6 por ciento del total: 314 mil 548 millones de pesos.
Así, el resto –336 fideicomisos– se reparte el 14.4 por ciento, esto es
un fondo de 52 mil 967 millones 800 mil pesos.
El monto total depositado en fideicomisos, mandatos y actos
jurídicos análogos sin estructura –367 mil 515 millones 800 mil pesos–
equivale a 2.8 veces la inversión de la Refinería Bicentenario, que se
construirá en el próximo sexenio en Tula, Hidalgo (y cuyo costo se
calculó en 129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas
anuales, desde 2010 y hasta 2015), y a 11.6 veces el presupuesto 2012 de
la Universidad Nacional Autónoma de México (por 31 mil 653 millones 775
mil 147 pesos).
Para la diputada perredista Esthela Damián Peralta, “el tema de la elección presidencial pone en focos rojos el
manejo de los recursos públicos federales y locales. Según el momento,
hay algunas áreas o algunos recursos que son más sensibles o más
delicados o con una mayor preocupación por la forma en la que se operan,
por la manera o por los controles políticos que se tienen para
determinados temas. Los fideicomisos han sido fiscalizados de manera
permanente por la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Aunque en
número se han reducido, se han otorgado mayores montos presupuestales a
éstos”.
Respecto del manejo del dinero en tiempos electorales, el panista
Mario Alberto Becerra asegura que “todo fideicomiso tiene un fin
específico. Evidentemente no puede haber distracción de recursos para
cuestiones electorales”. El presidente de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados agrega que estas figuras
fiduciarias están fiscalizadas por la ASF y, además, desde un punto de
vista técnico no podría haber otros destinos para el dinero de los
fideicomisos que no estuvieran establecidos en su finalidad.
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