domingo, mayo 13, 2012

Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos

El robo de gas condensado en la Cuenca de Burgos comenzó en los sexenios panistas. Desde inicios de su gobierno, la Presidencia fue informada del modus operandi, también la Secretaría de la Función Pública, que declaró “incompetencia para investigar”. La omisión habría alentado los hurtos: a medida que avanzó el sexenio, el yacimiento se consolidó como una veta de negocios para la mafia con una industria paralela a Pemex que abastece a petroleras trasnacionales. 
 
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en abril una tercera demanda en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.
 
En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.
 
Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro comercializan desde petróleo crudo (que extraen de los oleoductos), gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del gas natural.
 
La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares, sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006, cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.
 
Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e inclusive trasnacionales del sector energético han estado implicadas en transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o asociados con los cárteles de la droga mexicanos.
 
Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios de la industria química principalmente.
 
Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos, instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA; también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.
 
Abogados de algunas de las compañías demandadas por Pemex explicaron que “desde dentro de Pemex se les indicó comprarle el hidrocarburo a quien se lo compraron” y ese es, precisamente, el argumento de su defensa.
En marzo los abogados, quienes pidieron guardar su identidad dados los procesos jurídicos en curso, aseguraron que las adquisiciones que hicieron del gas condensado fueron inducidas desde el interior de Pemex. De lograr probar su dicho, el caso pondría en evidencia el nivel de infiltración que el crimen organizado tiene en la paraestatal.
 
Por lo pronto, en torno a este caso, hay muchos elementos que evidencian cómo la omisión oficial de parte del gobierno de Felipe Calderón contribuyó a que en su sexenio el yacimiento gasero se convirtiera en una veta de negocios del crimen organizado.
 
Incompetencia oficial
 
Ésta es la historia del impacto que tuvo la omisión de una denuncia que desde Pemex se envió a la casa presidencial y que por disposición de los más altos funcionarios fue sepultada:
 
Los robos de condensado en la Cuenca de Burgos inauguraron el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada. En el tradicional año de Hidalgo, empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados con cárteles de la droga hallaron en los hidrocarburos una atractiva veta de negocios.
 
El condensado era trasegado de cualquier punto del extenso yacimiento de 70 mil kilómetros cuadrados hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de allí, los embarques cruzados por las aduanas formales mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se registraban como si fuese nafta. Luego los embarques se llevaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.
 
Entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of Investigation) y el ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuaron una investigación que exhibió la implicación de importantes consorcios en la compra de condensado robado en Burgos con el auspicio de los cárteles de la droga y comercializado en ese país. Se identificó entonces a La Compañía –la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas– como la organización detrás de ese negocio.
 
No fue sino mucho después de que las enjuició el gobierno de Estados Unidos que, en 2010, los abogados de Pemex presentaron la primera demanda en contra de algunas empresas. No obstante que desde 2007 el gobierno de Calderón fue informado de las ordeñas en cantidades industriales y su destino, tal y como lo revelan documentos recibidos por la Presidencia de la República.
 
 
El 10 de agosto de 2007 la Presidencia de la República recibió una denuncia que detallaba que en Burgos diariamente 200 pipas eran llenadas con condensado y contrabandeadas hacia Estados Unidos. Desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Ejecutivo declaró “incompetencia para investigar”.
 
Cita el documento: “En las aduanas de Reynosa y las que se encuentran cerca de ésta se está realizando el paso de productos pertenecientes a Petróleos Mexicanos, sin que estas aduanas soliciten a los exportadores ningún documento que acredite la propiedad de dichos productos. Realizando así el robo en contubernio con las autoridades de aduanas.
“La aduana de la ciudad de Reynosa y los puentes fronterizos que se encuentran cerca permiten el paso de carrostanque a Estados Unidos sin que se les pida ningún permiso ni procedencia del producto, realizándose un robo escandaloso ya que por ese lugar pasan al vecino país más de 200 carrostanque por día.
 
“Como usted sabrá es una mafia entre Petroquímica Gas autoridades civiles y militares, así como agentes aduanales y lo más delicado, la Secretaría de Hacienda, ya que ésta jamás pide a quién se le compró el producto que se exporta a Estados Unidos; la única manera de evitar ese robo es que la aduana pida las facturas correspondientes de a quién le compran y los pagos que se hacen de este producto para enviarlo fuera del país [sic].”
Sin embargo, más peculiar fue la respuesta que el gobierno dio al denunciante a través de la Secretaría de la Función Pública: “Incompetencia para investigar”.
 
En la región gasera, a medida que crecía el robo, también aumentaba la participación de empleados de Pemex, así lo documentan los expedientes integrados por las contralorías internas de la paraestatal. El robo creció exponencialmente en respuesta a la demanda de condensado mexicano que se hacía desde territorio estadunidense. Para finales de 2007, el 40 por ciento de todo el gas condensado que se producía en la Cuenca de Burgos era robado y contrabandeado hacia el vecino país del Norte.
 
Ante las contralorías internas de Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Refinación, trabajadores de Pemex denunciaron supuestas amenazas y golpes si se negaban a colaborar en la sustracción ilícita. La mayoría de esos expedientes fueron simplemente archivados por las autoridades. Muchas de esas indagatorias fueron promovidas ante la contraloría interna de Pemex Refinación, pero como la Cuenca de Burgos es una zona que administrativamente está a cargo de la subsidiaria PEP, los contralores simplemente aludieron a la incompetencia del Órgano Interno de Control a su cargo.
 
La referencia que de aquellos años tiene uno de los contralores de Pemex Refinación, es ilustrativa de cómo la burocracia administrativa acrecentó el ilícito:
 
“En una ocasión los especiales detuvieron docenas de pipas, estaban todas cargadas con condensado robado. Nos llevaron a nosotros, de la contraloría de Refinación, para levantar las actas. Tenían las unidades detenidas en Reynosa, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un asunto que le competía a la contraloría de Exploración y Producción. Nos regresamos y ya no supimos si se investigó el asunto.”
 
El “asunto” no se investigó. No obra constancia de ellos en las indagatorias de la contraloría de PEP. Ante la omisión de las autoridades mexicanas se convirtió en un boyante negocio, descubierto de manera casi accidental, en un operativo binacional contra la delincuencia organizada entre Estados Unidos e Italia.
 
Operación cálculo
 
En 2008 la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el ICE iniciaron el llamado Project Reckoning (Operación Cálculo) para la detención de miembros del crimen organizado. En septiembre detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río Grande, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
 
Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano nacionalizado estadunidense, quien tenía consigo más de un millón 100 mil dólares en efectivo. Rivera declaró que una parte de ese dinero era el pago del gas condensado comercializado en Estados Unidos. Reveló que en México eran el cártel del Golfo y Los Zetas quienes daban la autorización para su sustracción y comercialización.
 
A partir de esa declaración y de indagatorias propias, las autoridades estadunidenses establecieron el modus operandi: compañías contratistas transportaban el condensado extraído de los campos petroleros de Burgos. Posteriormente, el gas se transfería a otras pipas y las de los contratistas se rellenaban con agua, misma que los empleados de Pemex recibían como si fuese el hidrocarburo a cambio de sobornos. Luego el condensado se trasegaba por las aduanas fronterizas de Tamaulipas hacia Estados Unidos, donde los agentes y funcionarios aduanales autorizaban su paso con pedimentos falsos que identificaban el hidrocarburo como nafta, a cambio de sobornos.
 
Leer mas AQUI.

No hay comentarios.: