El operativo con el que se detuvo y arraigó a tres generales y un
teniente coronel en mayo pasado habría sido supervisado por otro
militar: el poderoso subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos
Demetrio Gaytán Ochoa. De acuerdo con generales y coroneles en activo
consultados por Contralínea, el general de división diplomado de
estado mayor habría coordinado, junto con el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, el golpe de tres bandas
con resultados exitosos para su causa: sortear los obstáculos que
pudieran impedirle asumir la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
el próximo sexenio.
“El grupo del general Gaytán Ochoa festeja porque todo le salió bien”, aseguran militares en activo que accedieron a hablar con Contralínea a condición de que, sus nombres se mantuvieran bajo reserva.
Según las fuentes castrenses, el golpe contra los exmandos
superiores Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas –además de
Roberto Dawe e Isidro de Jesús Hernández– habría sido objetado por el
general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y
por el propio presidente de la República, Felipe Calderón. La causa, los
costos que pagaría la institución: desprestigio social e inestabilidad
interna.
Gaytán Ochoa se habría encargado de convencer al titular de la Sedena; y García Luna, al Ejecutivo federal.
Y es que el general de división diplomado de estado mayor en retiro
Tomás Ángeles Dauahare –quien contaba con prestigio y liderazgo entre
la comunidad castrense– había cometido cuatro “faltas” desde que él
mismo se desempeñaba como subsecretario de la Defensa durante los dos
primeros años del calderonismo: se opuso a la creación de una fuerza
militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos y, en
términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia” de
ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la
“guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe
Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo,
con el que incluso se mostraba obsequioso; y, finalmente, había
iniciado una investigación –con medios propios y al parecer por encargo
del equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al
interior del Ejército Mexicano.
Esa investigación lo habría llevado a reunirse con el general Mario
Arturo Acosta Chaparro precisamente un día antes de que este último
fuera asesinado el 20 de abril, y un día antes de que se concretara una
nueva cita.
La operación en la Procuraduría General de la República (PGR) se
habría realizado a través de un teniente coronel, comisionado de la
Sedena en esa dependencia.
El golpe es “contra la institución”
“La
peor derrota al Ejército Mexicano se la impuso Felipe Calderón”,
sentencia Guillermo Garduño. El sociólogo especialista en seguridad
nacional y Fuerzas Armadas se refiere al arraigo dictado contra los
generales y el teniente coronel en la tercera semana de mayo pasado.
Los especialistas y militares consultados por Contralínea
señalan que las detenciones constituyen un embate contra el Ejército
Mexicano como institución. Aseguran que más allá de la inocencia o
culpabilidad de los militares procesados, los tiempos y las formas de
las detenciones revelan que las acciones persiguen fines políticos del
grupo que encabezan el propio presidente de la República, Felipe
Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Jorge Luis Sierra –especialista en Fuerzas Armadas egresado del
Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la
Defensa Nacional en Washington– considera que las disputas al interior
del gabinete de Felipe Calderón podrían ser el origen de los golpes
propinados al Ejército.
Agrega que en esas disputas, el propio presidente de la República
habría tomado una posición para favorecer a un grupo, pues en temas de
tal trascendencia el titular del Ejecutivo “tendría que ser avisado y él
mismo debería autorizar si se procede contra militares de alto rango,
como este caso”.
En tan sólo tres días y en pleno proceso electoral para definir al
próximo gobierno de la República, los militares –quienes ocuparon mandos
superiores en la Secretaría de la Defensa Nacional– fueron detenidos y
arraigados por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en
particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En esos días la
PGR advirtió de manera inmediata que las investigaciones que involucran a
efectivos militares continuaban.
La mañana del 16 de mayo, en plena campaña electoral, la mayoría de
los medios de circulación nacional destacaron las detenciones, la noche
anterior, del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y del
general brigadier de estado mayor, en activo, Roberto Dawe González. Un
día después, el 17, serían detenidos el general de división retirado
Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado
Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Exmandos superiores, arraigados
La tarde del 15 de mayo pasado, el general de división diplomado de
estado mayor en retiro Ángeles Dauahare se convirtió en el militar de
mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Aunque
otros generales de división han sido procesados por los delitos de
delincuencia organizada, ninguno de ellos había llegado a ser
subsecretario de la Defensa.
Además, Ángeles Dauahare, de 69 años, fue comandante de dos
batallones de infantería (el 27 y el quinto); jefe de la Sección Quinta
del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de los planes
estratégicos; jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar; secretario
particular del secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes
Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo); director del Heroico
Colegio Militar y director general del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se desempeñó como agregado
de Defensa Militar y Aérea en la embajada de México en Estados Unidos.
En una reunión privada, ocurrida a inicios de junio, Cervantes
Aguirre se refirió al general Ángeles Dauahare como “un hombre honesto y
limpio”. También manifestó su “profundo pesar” por lo que le ocurría a
su antiguo secretario particular”.
Desde que fue secretario del general Enrique Cervantes, se vinculó a
los asuntos de inteligencia, particularmente a los de la lucha contra
el narcotráfico. Egresó del Heroico Colegio Militar el 1 de enero de
1964. También cursó en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en
Administración Militar. Al interior del Ejército se considera que ha
llevado una vida austera.
La misma noche del 15 de mayo fue detenido un militar de alto rango
en activo: el general brigadier diplomado de estado mayor Roberto Dawe
González, quien fungía, hasta el momento de su detención, como jefe de
Estado Mayor de la 20 zona militar en Colima. Se había desempeñado hasta
2010 como jefe de Estado Mayor de Guardias Presidenciales. En 2007
había sido acusado por subordinados de supuestos hechos de corrupción
que incluían la venta de vehículos propiedad de las Fuerzas Armadas.
El 17 sería detenido por policías militares el general de división
diplomado de estado mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas. En su
carrera castrense, llegó a ser comandante de la tercera región militar,
con sede en Sinaloa, y de la 24 zona militar, con sede en Morelos. En su
momento, fue señalado de inoperancia ante el aviso, por parte de la
agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), del
aterrizaje de una avioneta con cocaína en Xochitepec el 28 de diciembre
de 2007. Egresó del Heroico Colegio Militar en 1967.
También el 17 de mayo sería detenido el teniente coronel de
caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Llegó a ser
subjefe de escoltas en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante el
sexenio de Vicente Fox se desempeñó como inspector general en la Policía
Federal. Fue director de la Policía Ministerial de Sinaloa y
recientemente director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. En
2006 formó parte del equipo de seguridad que se encargó de la custodia
del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el
Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, bajo las órdenes del general
de brigada Audomaro Martínez Zapata.
Los cuatro exmandos superiores del Ejército Mexicano han sido
presentados ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) al ser vinculados por el testigo
protegido Jennifer con los hermanos Beltrán Leyva. De la
averiguación previa PGR/ SIEDO/EUIDCS/0241/2008 se desprenden las
órdenes de localización y presentación y las órdenes de arraigo. Jennifer ha
señalado a los generales y al teniente coronel como colaboradores de
los Beltrán cuando éstos integraban una facción del cártel de Sinaloa,
encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ahora los Beltrán,
aliados a Los Zetas, mantienen una lucha sangrienta contra el cártel de
Sinaloa por el control de las “plazas”, como llaman los
narcotraficantes a los territorios donde trasiegan y comercializan
drogas.
Desestabilización del sistema de Defensa
De acuerdo con generales y coroneles en activo consultados por Contralínea,
las pesquisas llevadas a cabo en México por la Procuraduría General de
la República, a través de la SIEDO, generaron un escándalo en el primer
círculo del secretario Guillermo Galván Galván y profundizaron la
división entre los altos mandos. “Todos desconfían de todos, y todos se
acusan entre ellos; ni el general secretario está a salvo”, señala un
general de división.
A decir de Guillermo Garduño, catedrático universitario y
conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, el presidente de la
República, Felipe Calderón, buscó alterar todo el sistema de la Defensa.
Al parecer, lo logró.
Asegura que con las detenciones excluyó de la sucesión a la
generación de militares anteriores a 1968. El general mejor posicionado
al interior de las Fuerzas Armadas, egresado del Heroico Colegio
Militar antes de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco es, en efecto, Gaytán Ochoa: la Sedena informa
que su año de graduación es 1967.
Guillermo Garduño descarta que las indagaciones busquen erradicar
la corrupción entre las Fuerzas Armadas de México. “Las investigaciones
tienen dedicatorias muy concretas”, asegura. También explica que aun y
cuando los militares detenidos estuvieran involucrados con el
narcotráfico, “la información la habría tenido el propio presidente de
la República desde hace mucho; desde que uno (Ángeles Dauahare) era
subsecretario de la Defensa y otro (Roberto Dawe), jefe de Guardias
Presidenciales”.
Según Guillermo Garduño, desde la llegada del Partido Acción
Nacional a la Presidencia de la República se inició el desmantelamiento
de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado
mexicano.
Hoy México “no dispone de una estrategia real de seguridad
nacional. No sólo no se ha desarrollado, sino que fue despedazada. Ni
siquiera se cuenta con la claridad para definir qué es la seguridad
nacional. La propia ley que existe en la materia es en realidad un nuevo
Código Penal Federal. Es decir, el marco jurídico es insuficiente”,
asegura.
Para Jorge Luis Sierra, resultaría preocupante que se utilizaran
recursos públicos y se desprestigiara a una institución con tal de
alcanzar objetivos particulares. “Aparentemente, la decisión de arraigar
a los generales fue tomada con fines de corto plazo. Se acusa a
generales, pero sin que se lleven a cabo mejoras en la rendición de
cuentas, sin fortalecer la justicia militar ni la transparencia en toda
la administración pública”.
Y es que, a decir del investigador, se decidió minar el prestigio
del Ejército “posiblemente sin contar con las evidencias suficientes de
la participación de los generales en la comisión de delitos; en los dos
últimos años quienes han sido mencionados por testigos protegidos no han
podido ser procesados. Es probable que en los próximos meses se caigan
esas acusaciones”.
Mientras, el daño ya está hecho. “Y quienes tomaron la decisión,
consideraron que la lesión causada al Ejército era menor que el
beneficio que podrían obtener. Si consideraron que este beneficio era de
carácter político, de grupos, podríamos estar ante el uso de recursos
públicos con fines particulares”.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa advierte que no se puede meter las manos al fuego
por nadie; pero sí señalar que a quien se agrede es a la institución.
“No conocí a los compañeros detenidos. Sí vi alguna vez al general
Ángeles. Parecía una persona muy respetuosa y decente. Pero en estos
momentos, y dado el poder corruptor del narcotráfico, no se puede meter las manos al fuego por nadie”.
García Luna, “beneficiado”
De acuerdo con el general retirado Roberto Badillo, uno de los
actores favorecidos por el arraigo dictado contra Tomás Ángeles Dauahare
es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Señala que
al general se le veía como un candidato “sólido” a encabezar la SSP. “Se
debe recordar que el general Ángeles Dauahare no podía ser ya
secretario de la Defensa, porque es un general en retiro, pero sí
secretario de Seguridad”.
El artículo 16 del la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos dispone que el secretario de la Defensa Nacional debe ser un
general de división, hijo de padres mexicanos. Un requisito más,
metalegal, debe cumplirse: que el general, al momento del nombramiento,
se encuentre en activo.
Guillermo Garduño coincide en que entre los “beneficiarios” del
operativo contra los generales se encuentra García Luna. Según el
especialista e investigador universitario, el actual secretario de
Seguridad Pública es el “ejecutor” de este tipo de investigaciones.
“Se debe recordar su participación en operativos anteriores que guardan características similares: el michoacanazo
(la detención de 38 funcionarios, entre ellos 12 presidentes
municipales y un juez del estado de Michoacán, que luego de más de un
año de detención quedaron libres por falta de pruebas que los
inculparan); el caso Hank (la detención y posterior libertad por falta
de pruebas del expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rohn) y el
caso Florence Cassez (ciudadana francesa utilizada en un montaje
televisivo que diera cuenta de la detención in fraganti de
secuestradores).”
Agrega: “Se detiene a personas sin que se les pueda garantizar su
consignación y un proceso jurídico apegado a derecho. El arraigo es una
figura antijurídica. El caso de los generales es preocupante porque
incluso se les ha impedido que ejerzan plenamente su derecho a una
defensa adecuada”.
De acuerdo con denuncias de familiares y abogados de los cuatro
militares detenidos ante los medios de comunicación, las autoridades
estarían obstaculizando la defensa jurídica.
“Lo que está ocurriendo es que Calderón está actuando
irresponsablemente y como si fuera a continuar”, señala Guillermo
Garduño. “Que alguien le diga a él que ya se va; que su sexenio está a
punto de terminar. García Luna tampoco está en condiciones de continuar
en la Secretaría [de Seguridad Pública] al inicio de un nuevo gobierno”.
Estados Unidos, al acecho
El otro “gran beneficiario” del “embate” contra el Ejército
Mexicano es, a decir de Guillermo Garduño, el poder civil y militar
estadunidense: “Hay un interés de Estados Unidos de desarticular a las
Fuerzas Armadas Mexicanas y someterlas. Buscan que el Ejército Mexicano
no esté en condiciones de oponerse a una alianza inconveniente”.
Según el catedrático universitario, la PGR no tiene expediente
sólido alguno. “Se trata de información, en su totalidad, acumulada por
la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos). Son los estadunidenses
los que están realizando las investigaciones. Y se utilizan según
también convengan a sus intereses”.
Para el general de división retirado Roberto Badillo Martínez, la
detención de los militares en mayo pasado se inscribe como parte de una
estrategia de desestabilización del país en la que participa el gobierno
de Barack Obama.
Quien fuera jefe de la sección segunda del Ejército Mexicano
(encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia) y
diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en la
Legislatura pasada, asegura que la “guerra” fue para Calderón una
“artimaña” para legitimarse pero que le ha infligido un alto costo al
país.
El mayor de ellos: la injerencia de Estados Unidos en asuntos que
competen sólo a los mexicanos. “Calderón debía estar enterado que
Estados Unidos no ayuda a países, sino desestabiliza países. Los gringos ya entraron al país… Y ahora cómo chingados los sacamos”.
Según Badillo Martínez, los intereses de Estados Unidos en México
pasan por tutelar un Ejército débil y desprestigiado que negocie en
condiciones de desventaja más alianzas militares. “La detención de
militares es parte de una estrategia de debilitamiento de la
instituciones de México garantes de la soberanía nacional. Desean
Fuerzas Armadas débiles y gobiernos débiles, como el que encabezó Felipe
Calderón luego de las elecciones de 2006. En los próximos meses van a
salir más acusaciones y más desestabilización. Serán los peores meses de
fin de sexenio que ha tenido México”.
Apenas concluyeron las detenciones, un grupo de militares mexicanos
salió rumbo a Washington a entrevistarse con comandantes de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos. La comitiva estuvo encabezada por cinco
generales de división diplomados de estado mayor, con cargos directivos
en la Sedena: el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza
Aérea, Mario Marco Antonio González Barreda; el director general de
Administración, Augusto Moisés García Ochoa; el director general de
Industria Militar, Gerardo Rubén Serrano Herrera; el director general de
Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea, Roberto Gustavo García Vergara; y el comandante de la IV Región
Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León, Noé Sandoval Alcázar.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa también observa
participación de Estados Unidos en el embate contra el Ejército. “No se
puede soslayar que estas detenciones tienen fines políticos. La
degradación del Ejército es real; pero es provocada. Y no sólo por
actores internos”.
El presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J
Múgica, AC, considera que “Estados Unidos busca imponer la idea de que
nuestro Ejército no sirve para nada, que es corrupto e ineficiente. Y
que la solución a lo que sucede sólo puede venir del Norte”.
Para el general Lara Villa, aquí es donde se engancha el
gobierno de Calderón: “no se quiere ir; nunca ha sido fácil ni ha salido
gratis quitarle el poder a un grupo como el que ahora gobierna México;
siempre ha costado sangre”.
Golpe a las fuerzas morales
La desconfianza y la divergencia entre los mandos superiores
inmediatamente se propagaron por toda la estructura castrense y llegaron
a la tropa, a quienes se encuentran en los “operativos de alto
impacto”, como llama el Ejército a los cateos y a las escaramuzas y
enfrentamientos que sus efectivos sostienen con los sicarios del
narcotráfico y con los movimientos político-militares.
“Dentro de un ejército, las fuerzas morales constituyen un elemento
fundamental” explica Guillermo Garduño. “Sin fuerzas morales, un
ejército pierde la guerra. Y si a cualquier soldado le dicen que los
altos mandos están involucrados en el narcotráfico, entenderá que no hay
nada que defender.”
Jorge Luis Sierra señala que por muchos años el Ejército Mexicano
había venido cultivando su prestigio, luego de que se pulverizara en
1994 cuando enfrentó al insurgente Ejército Zapatista de Liberación
Nacional e incurriera en violaciones a los derechos humanos.
Aunque frente a los defensores de derechos humanos y los
movimientos sociales no habían logrado resarcirse, la mayoría de la
población calificaba, hasta antes de la “guerra” de Felipe Calderón, a
las Fuerzas Armadas como las instituciones más confiables y menos
corruptas de la administración pública federal.
Con la “guerra” de la segunda administración panista habría
iniciado el declive del prestigio de las Fuerzas Armadas. “La política
desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón –explica Jorge Luis
Sierra– perjudicó al Ejército desde que éste fue colocado como el actor
central de la lucha contra el narcotráfico; fue puesto con armas de
guerra en contacto directo con la población, sin protocolos de uso de la
fuerza y sin un marco jurídico de actuación”.
El especialista agrega que las Fuerzas Armadas Mexicanas fueron
dejadas solas en el conflicto y fueron expuestas no sólo a que
cometieran abusos sino a que se corrompieran: “el narco apuntó la
dirección de su fuerza de cooptación a la entidad que estaba a cargo de
la lucha: el Ejército. Eso mismo pasó en Colombia y todas las naciones
que hicieron lo mismo”.
Sierra advierte que el Ejército es un actor que ha padecido una estrategia errónea y una exposición imprudente.
El general brigadier retirado, Samuel Lara Villa, señala que el
proceso de degradación del Ejército Mexicano ha sido paulatino: “No es
nuevo. Inició desde la época del priísmo; pero ahora con el PAN se ha
alcanzado el corolario. Con el PRI, dejó de ser un ejército del pueblo.
Recuérdese que se utilizó en 1968 para masacrar estudiantes y luego en
la Guerra Sucia que siguió. Después se utilizó para, según, combatir al
narcotráfico. Se puso a convivir a militares con narcotraficantes y con
políticos corruptos. Es todo un proceso que no se puede disimular”.
El diputado federal Gustavo González Hernández, secretario de la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional señala que el proceso de
investigación está aún muy lejos de concluir. Agrega que se debe esperar
a “que la autoridad se pronuncie oficialmente acerca de las
investigaciones que se están realizando”.
—¿Se trata de una pugna entre integrantes del Ejército? –se le inquiere.
—No; son procesos que tienen sus propios tiempos.
—¿Y ahora avanzan estas investigaciones en vísperas de las elecciones y cuando el sexenio está a punto de concluir?
—Los tiempos judiciales no pueden esperar a que pasen los tiempos
electorales –agrega el legislador por el Partido Acción Nacional.
TEXTOS RELACIONADOS:
- La noche de los generales
- 20 millones para 60 testigos colaboradores
- La farsa del sexenio
- 320 mil millones para seguridad nacional
- Alianza militar: siempre cerca, siempre lejos
- CNDH presenta 26 denuncias contra militares en PGR y PGJM
- Tortura, técnica de “investigación” policiaca y militar en México
- Más de 13 mil desaparecidos por la guerra en México
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario