Sobre la posibilidad de fraude
Es imposible un fraude, dice José Woldenberg en un artículo publicado la semana pasada en el diario Reforma.
Las razones que dan sustento a su afirmación incluyen: a) el padrón y
la lista nominal de electores han sido aprobados por todos los partidos y
revisados por 333 comisiones de vigilancia; b) las boletas son
infalsificables, al igual que las credenciales de elector; c) los
funcionarios de casilla son ciudadanos seleccionados al azar mediante
doble insaculación; d) los resultados son anotados en un acta y
exhibidos fuera de las casillas. Además de lo anterior, todas las etapas
del proceso son vigiladas por representantes de los partidos políticos:
la revisión del padrón y todo lo que acontece en cada casilla, la
verificación de la identidad de los ciudadanos que votan, el conteo de
los resultados, su asentamiento en las actas correspondientes y su
traslado a los comités distritales, con las que se construye el Programa
de Resultados Electorales Rápidos (Prep) del Instituto Federal
Electoral (IFE), que puede ser consultado a cada momento por quien
quiera hacerlo.
Francamente no encuentro una diferencia notable entre los elementos
citados y los presentes en las elecciones presidenciales de 2006, la más
cuestionadas de nuestra historia reciente. Formalmente son los mismos
que en aquel año, en el que la proclamación del ganador por el IFE y su
ratificación por el tribunal electoral dañaron profundamente al país por
la sospecha bien fundada de un fraude que dividió a los mexicanos,
vulneró la confianza en las autoridades electorales y enturbió durante
seis años la vida económica política y social de México. Tendríamos que
suponer que se han producido cambios en cada uno de estos elementos con
los cuales, ahora sí, el proceso electoral tendrá la certeza que
requiere, aunque éstos no se incluyen en la argumentación citada. En mi
opinión, el cambio más significativo el próximo primero de julio, de
producirse, sería la presencia de representantes del candidato que
impugnó la elección pasada en todas las casillas.
Javier Flores
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Más allá de lo que
prometan o decreten las autoridades electorales, lo más importante será
el juicio ciudadano sobre el respeto a la voluntad popular el próximo 1º
de julio. Y si efectivamente se celebran elecciones relativamente
auténticas y libres, no será gracias al Consejo General del IFE, sino a
los jóvenes del movimiento #YoSoy132, así como a los observadores
electorales y los miles de funcionarios, consejeros locales y
funcionarios de casilla invisibles que trabajan a contracorriente dentro
del instituto electoral.
La acción valiente de los estudiantes ha demostrado ser mucho más
efectiva que el burocratismo y los autoelogios de los consejeros
electorales. Cuando el IFE se quedó pasmado ante el sabotaje de las
televisoras al primer debate, los jóvenes entraron en acción y obligaron
a Televisa y Tv Azteca a transmitir el segundo debate por los canales
de mayor audiencia. Cuando la autoridad electoral incumplió
flagrantemente con los principios constitucionales al no promover u
organizar debates adicionales, los estudiantes organizaron por sí solos
un tercer debate mucho más dinámico y profesional que los convocados por
el IFE.Desde antes de la irrupción histórica de los estudiantes en la Universidad Iberoamericana, el pasado 11 de mayo, la sociedad ya había actuado por medio de las redes sociales al denunciar el dispendio de Enrique Peña Nieto en espectaculares, regalos y actos masivos durante los primeros días de la campaña presidencial. Ante la evidencia, el IFE se quedó cruzado de brazos y se negó a tomar medidas contundentes para prevenir el despilfarro (aquí mi análisis: http://bit.ly/Kmea35). Sin embargo, los ciudadanos lograron lo que la autoridad no pudo, ya que el viejo partido del Estado rápidamente retiró la mayor parte de la propaganda ante la exhibición de sus gastos en Internet.
Ahora que arrecia la compra y coacción del voto a lo largo y ancho del país, el IFE una vez más demuestra tanto su indolencia burocrática como su abierta parcialidad en favor del PRI. Todos Contamos (www.contamos.org.mx) recibe cada día más reportes de la sistemática comisión de delitos electorales, así como de la erogación de gastos excesivos. La gran mayoría de ellos señalan a Peña Nieto y el PRI como los responsables. Un informe preliminar se dará a conocer mañana martes a las 17 horas en el Club de Periodistas.
Ante esta evidencia, el IFE primero se hizo de la vista gorda. En respuesta a la exigencia del Frente Ciudadano en Defensa del Sufragio Efectivo y Libre, en su desplegado del 8 de junio, de que el Consejo General
forme inmediatamente una comisión especial para recibir informes y denuncias sobre compra y coacción del voto, los consejeros respondieron que estas irregularidades eran exclusivamente de la competencia de la Fepade y que no podían hacer absolutamente nada.
Tal actitud constituyó una vergonzosa abdicación de su responsabilidad de garantizar la legalidad y la equidad del proceso electoral. El hecho de que la Fepade deba intervenir en algunos casos de ninguna manera exime al IFE de también tener conocimiento de estas irregularidades, tanto para prevenir su propagación como para contabilizar los gastos correspondientes como parte de las campañas de los candidatos.
Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado, durante el proceso electoral federal 2011-2012. Lamentablemente, este acuerdo no es más que atole con el dedo.
El acuerdo se inicia con el descubrimiento del agua tibia:
Queda prohibida en todo momento la compra y coacción del voto. Posteriormente, los muy comprometidos y arrojados consejeros acuerdan
reforzar la difusión que se ha venido dandoa un listado de enunciados que explícitamente diluyen y suavizan la gravedad del problema.
El Código Penal Federal (artículo 403) señala sin titubeos que los operadores políticos pueden ir a la cárcel por
recoger credenciales para votar sin causa prevista por la ley,
solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensao
violar, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, por ejemplo exigiendo una fotografía de la boleta tachada o demandando que el ciudadano deposite una boleta previamente cruzada en la urna.
Pero, aparentemente preocupado por la tranquilidad de los delincuentes electorales, el IFE prefiere aconsejar a los votantes con mensajes suaves que minimizan la situación.
Nadie debe obligarnos ni presionarnos para votar por quien no queremos,
Nadie puede votar en su lugar, ni con su credencial ni con una fotocopia de ellay
Aceptar los regalos no nos compromete a votar por nadie que no queramos. En lugar de alarmar a la ciudadanía sobre la perversión a la democracia que implica la comisión de estos delitos, el IFE prefiere tranquilizar a los votantes al sugerir que en realidad no pasa nada grave.
Pero lo más preocupante es que los consejeros se quedan conformes con la mera enunciación de la ley, sin hacer absolutamente nada para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, en la sesión del jueves se negaron a prohibir la utilización de celulares a la hora de votar o siquiera invitar a los ciudadanos a dejar sus aparatos móviles en las mesas de recepción de votación o a colocar advertencias vistosas sobre el tema en las casillas. Tampoco tomaron medida alguna para prevenir o facilitar la denuncia de la
ruletao
carruseldonde el votante es obligado a depositar en la urna una boleta previamente tachada.
Ante las graves omisiones del IFE, una vez más será responsabilidad de la sociedad organizar un enorme operativo ciudadano para garantizar la legalidad del proceso electoral del 1º de julio.
Pd. El viernes, 29 de junio, a las 17 horas, en el IIJ-UNAM, Alberto Aziz, Eduardo Huchim y Dong Nguyen presentan mi nuevo libro Autenticidad y nulidad: por un derecho electoral al servicio de la democracia.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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