El domingo 1 de julio México elegirá a quien ocupará la residencia presidencial de Los Pinos en el sexenio 2012-2018. Casi 80 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger entre los cuatro candidatos registrados por partidos o coaliciones –uno de ellos, figura decorativa–, en una jornada electoral con particularidades de las que Proceso se ocupa en esta edición:
• El árbitro electoral, el IFE, ha mostrado ser un organismo
complaciente, sin dientes, sin garras, sin uñas siquiera para impedir
los abusos, la iniquidad y las violaciones a la ley en el curso de las
campañas.
• El partido en el gobierno, el PAN, con una
desfalleciente candidata que no supo poner distancia entre su nebulosa
propuesta de campaña y el lastre que el gobierno de Felipe Calderón
significó y las corruptelas de su propio partido y su líder nacional. La
torpeza del propio gobierno federal en el episodio del supuesto hijo
del Chapo Guzmán acabó por enterrar virtualmente sus aspiraciones.
•
El partido que pretende regresar al poder, el PRI, con un candidato
ostensible y documentadamente apoyado por Televisa, ha recurrido al más
viejo estilo de la coacción, la compra de votos, el aparato electorero
que lo caracterizó durante tanto tiempo, para culminar un proyecto de
muchos años con la pantalla de la televisión como centro de su poder de
atracción.
• La izquierda, con un candidato que reincide, en un
intento más por convertirse en una tercera opción viable pero con la
propia carga de corrupción y clientelismo de muchos de los organismos
que la integran y con el propósito de, ahora sí, disponer de
representantes y observadores en todas las casillas para, en todo caso,
impedir el fraude posible.
• El contexto de la guerra de Calderón
contra el crimen organizado, con decenas de miles de muertos y
desaparecidos, sin éxito apreciable y con un remate imprevisible: la
cacería brutal de generales del Ejército que participaron en ella por
parte de la PGR.
Complacencia es la palabra más suave para
describir la actuación del Instituto Federal Electoral durante el
proceso que culminará el domingo 1 de julio. Prácticamente todos los
partidos señalan una u otra de sus múltiples deficiencias para
fundamentar su escepticismo respecto del órgano al que, optimista él, su
presidente ve en cambio como garante de unos comicios sin
contingencias. Su posición contrasta con la percepción de muchos
mexicanos, y de académicos, expertos electorales y observadores
extranjeros, de que la imparcialidad está en duda y que es posible
incluso un fraude a escala nacional.
Justo a una semana
de la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio, el Instituto
Federal Electoral (IFE) no ha podido reducir el escepticismo de amplios
sectores de la población en el sentido de que puedan garantizarse
elecciones creíbles, justas y equitativas, con certeza en su legalidad y
certidumbre en sus resultados.Es decir, sigue permeando en millones de mexicanos el fantasma de la elección presidencial de 2006, de un IFE poco transparente y eficaz, presionado –doblegado inclusive– por el gobierno federal, los partidos políticos y los poderes fácticos, en particular por el duopolio televisivo.
No ha tenido, tampoco, capacidad para comunicar de manera efectiva y contundente a toda la sociedad los cambios que introdujo la reforma político-electoral de 2007-2008. Según el IFE, con estas modificaciones se hace difícil, al menos en teoría, una reedición del complejo de irregularidades e insuficiencias del proceso de 2006, las cuales llevaron a un conflicto poselectoral que puso en vilo al país.
Más aún, el instituto llega a la recta final del proceso acusado por el PRI de ser muy permisivo, por lo menos en lo que toca a la propaganda política y sobre todo a la “guerra sucia” a través de promocionales de radio y televisión, que han generado encono y división en la sociedad.
Carga también la autoridad electoral con el recurrente cuestionamiento del PRD –y de los otros dos partidos, PT y Movimiento Ciudadano, que también impulsan a Andrés Manuel López Obrador– sobre la poca aplicación del IFE para frenar el derroche de recursos económicos en las campañas y transparentar su origen, particularmente en el caso del priista Enrique Peña Nieto.
El PAN le reclama al IFE que no haya establecido, o no la haya difundido ampliamente, una acción conjunta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR para reducir al mínimo la presencia de las viejas prácticas de compra y coacción del voto, para evitar las famosas “mareas rojas” mediante las cuales grupos de priistas movilizan y/o atemorizan a grupos de votantes, para que sufraguen en su favor.
En otros frentes, el IFE también es víctima de imputaciones. Académicos, expertos en materia electoral y organizaciones civiles –que han realizado un estricto monitoreo del proceso electoral y de la actuación del IFE– le achacan deficiencias y omisiones. Por ejemplo, que ha sido complaciente con las principales televisoras del país al permitir por años su abierto respaldo a Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial del PRI.
También, que no hizo mayor esfuerzo por solicitar a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional para transmitir los debates de los candidatos presidenciales, hecho que dejó impune la arrogancia de los dueños de las principales televisoras. O bien, que ha sido laxo frente al evidente dispendio de recursos y probables rebases de los topes de gastos de campaña de Peña Nieto, o que ha hecho prácticamente nada para inhibir, controlar o castigar los miles de casos de compra y coacción de votos, que ya han sido denunciados.
El papel del árbitro
El consejero presidente
del IFE, Leonardo Valdés Zurita, está consciente de todas esas
imputaciones que se le hacen al instituto. Rechaza tajantemente unas,
discrepa de otras, matiza algunas, justifica otras…Pero, categórico, asegura que ni el proceso electoral de este año, la propia votación el 1 de julio, ni el escrutinio de los sufragios ni el proceso poselectoral serán iguales a la experiencia vivida en los comicios presidenciales anteriores.
“De ninguna manera se repetirá el 2006. La reforma de 2007-2008 modificó atribuciones en cuatro áreas del sistema electoral que son fundamentales para evitar que lo que falló en aquel año vuelva a suceder.”
Las enumera: un nuevo modelo de comunicación política, que evita que particulares y gobiernos puedan incidir en las preferencias electorales; mayores facultades de fiscalización de los recursos públicos para el financiamiento de los partidos, el origen de los mismos y su uso por parte de aquellos; un mayor arbitraje del IFE, para resolver quejas, agravios y hasta para sancionar a todo tipo de autoridad que pretenda intervenir en el proceso electoral y, finalmente, un sistema de escrutinio de los votos, que permite por ley el recuento voto por voto, casilla por casilla, distrito por distrito.
En entrevista con Proceso, Valdés Zurita las explica: El nuevo modelo de comunicación política está diseñado para darle equidad a la competencia de los partidos políticos; disminuye el costo de las campañas electorales; prohíbe a particulares, al gobierno federal y a los gobiernos estatales, incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Los partidos tienen acceso gratuito y equitativo a los tiempos del Estado en radio y televisión.
“Con ello –dice– se evita una zona de conflicto que en 2006 fue de enorme gravedad por la participación de los particulares que podían comprar promocionales (spots) en radio y televisión. También se evita que los gobiernos, por esos instrumentos, interfieran en la campaña electoral. Además, se evita la iniquidad en las contiendas, pues antes los partidos con mayor capacidad económica tenían ventajas sobre los demás.
“Ahora está perfectamente claro que solamente a través del tiempo oficial los partidos políticos pueden tener acceso a ese tipo de herramientas promocionales.”
–Fue virulenta la reacción de las televisoras, que se vieron despojadas de una extraordinaria fuente de ingresos. Y actuaron en consecuencia, enfrentándose a la autoridad electoral. Como el caso de Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, que se negó a transmitir el primer debate de los candidatos. ¿Cómo ha vivido las presiones de esos poderes?
–No me he dejado presionar por ningún tipo de poder. Fue complejo y difícil el arranque: el IFE no tenía la experiencia operativa, técnica, reglamentaria, para que el modelo se aplicara. Fue una empresa muy compleja el hacer la normatividad, echar a andar el sistema. Pero hoy podemos decir con certeza que al final el modelo se aplicó.
“Un dato duro de este proceso, de las campañas, es que no hemos tenido un solo tropezón en la aplicación del modelo, en la aplicación del reglamento. Las televisoras, a pesar de que no están a gusto con la reforma, han aplicado la ley y nosotros hemos vigilado que se aplique.”
Otro cambio relevante en la legislación electoral es el relativo a los dineros para los partidos políticos y la vigilancia de los mismos.
Dice el consejero presidente del IFE:
“El legislador ratificó lo que hemos experimentado desde la reforma electoral de 1991, en el sentido de que los recursos para el financiamiento de los partidos debe ser preponderante dinero público. Pero además le dio al IFE mayores facultades de fiscalización: se creó una Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que ahora es permanente y que tiene autonomía de gestión.
“También se incrementó el número de informes que deben entregar los partidos políticos. Las herramientas de auditoría crecieron significativamente: hoy no hay secreto fiscal, bancario, fiduciario. El IFE, a través de la Unidad de Fiscalización, puede conocer, por ejemplo, las cuentas bancarias y los movimientos financieros de los partidos, así como su situación en materia de impuestos.
“Esa parte, en 2006, fue muy compleja, aunque también en elecciones anteriores, como la del año 2000, en que se suscitaron los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate.
“Entonces, el legislador aprendió de esas experiencias y lo que hizo fue crear un marco normativo que hace que hoy el IFE sea mejor garante de la legalidad de los recursos que entran a los partidos y de la forma en que los gastan.”
–Sin embargo, en el tema de la fiscalización persisten dudas e inconformidades. El proceso fuerte de la fiscalización empieza después de los comicios, se hace efectivo hasta que los partidos informan de sus gastos e ingresos, y además no tiene efectos jurídicos: si un candidato, para cualquier puesto de representación popular, gana la elección con triquiñuelas, dinero irregular o exceso de gastos, de todas formas asume el cargo.
–Aquí hay dos cosas que debemos tener muy claras, que podemos o no estar de acuerdo con ellas. Primero: los sujetos obligados, beneficiarios del financiamiento público y obligados por la fiscalización, son los partidos políticos, no los candidatos. En otros países sí, como en Canadá; allá no se fiscaliza el gasto de campaña de los partidos, sino el de los candidatos. En Estados Unidos igual. Aquí, el legislador decidió que quien recibe la prerrogativa del financiamiento es el partido, quien está obligado a la fiscalización.
“Segundo, se decidió un modelo de fiscalización de auditoría. Esto quiere decir que sólo se puede fiscalizar en periodos que han sido cerrados, en procesos que han iniciado y concluido y a partir de los informes con los soportes que presenten los partidos. Hoy los informes de los partidos deben venir acompañados de las pólizas, cheques, de las facturas, de los proveedores… de toda la documentación soporte para hacer realmente una auditoría. Ese modelo de fiscalización por auditoría nos da la posibilidad de entrar muy a fondo a las cuentas de los partidos, a los gastos e ingresos de los partidos.
“Además, al auditar la campaña electoral a quien auditamos es al partido, no al candidato, de tal suerte que si el candidato ganó legítimamente la votación y rindió protesta, será gobernante o representante. Pero si el partido para financiar esa campaña obtuvo dinero ilícito o si el partido excedió los gastos de campaña de ese candidato, el partido será sancionado enérgicamente por la autoridad electoral.”
Un tercer cambio de envergadura, según Valdés Zurita, es la parte del arbitraje electoral. “En 2006 –dice –los partidos políticos presentaron más de 800 quejas, desde los contenidos de la propaganda hasta de la presunta intervención de quien era el presidente de la República. El IFE, entonces, resolvió sólo un poco más de 70 de esas 800 quejas.
“Eso quiere decir que los agravios que estaban incluidos en esas más de 700 quejas no habían sido resueltos en el momento en que se calificó la elección presidencial. Hoy, la reforma se hizo cargo de eso. Hoy tenemos un procedimiento especial sancionador. Se han presentado más de mil quejas en el Consejo General del IFE y en los 300 consejos distritales y llevamos resueltas más de 800 de esas quejas.
“Más todavía, en 2006 el Consejo General sesionó en 36 ocasiones; en 2012 llevamos sesionadas más de 65 ocasiones, más las que se acumulen de aquí a que se califique la elección. Ha sido muchísimo el trabajo, más visible la actuación del instituto, porque hoy podemos analizar y decir si el presidente de la República está violando las normas electorales, si los candidatos y los partidos lo hacen.”
–Aun así, es persistente la crítica hacia el IFE y sus consejeros, en el sentido de que trabajan poco… que la institución adolece de una pasividad que irrita.
–Unos dicen que hemos sido tibios, pero más bien hemos sido fríos. La autoridad electoral lo que tiene que hacer es aplicar la ley con frialdad, con ecuanimidad, con objetividad. El calor en estos tiempos se siente allá, en las campañas electorales. Ahí necesariamente se debate fuerte, pues ¡están luchando por el poder político en el país!
Finalmente, la cuarta aportación de la nueva legislación electoral, que dará un fuerte ingrediente de certeza y abonará en la limpieza a la hora de contar los votos, según el entrevistado, es el referente al conteo rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo distrital.
Dice Valdés Zurita:
“Hoy la ley dice que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual y el segundo lugar solicita el cómputo distrital, nosotros tenemos que abrir cada paquete, tenemos que recontar cada boleta. El voto por voto, casilla por casilla está normado y en la ley están establecidos los supuestos a partir de los cuales se tiene que realizar esa actividad. Por supuesto que es un ingrediente de certeza.
“En 2009 ya aplicamos esta norma, pero ahora la ley dice algo que no decía en ese año. Si la cantidad de votos nulos es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ese paquete hay que abrirlo y hay que recontar las boletas.
“Y dice más: si todos los votos en esa casilla fueron a favor de un mismo partido, hay que abrir el paquete y hay que recontar los votos.”
–El PRD no quería el conteo rápido, decía que era suficiente con el PREP.
–Impugnaron ante el tribunal electoral la metodología. Pero el tribunal ratificó que tenemos una metodología muy probada. Va a ser una muestra de 7 mil 559 casillas que representan a todas las entidades, los 300 distritos. Incluso están representadas las zonas urbanas y las no urbanas, de manera equilibrada, para que sea realmente una fotografía muy precisa de la voluntad de los ciudadanos.
“Un elemento que le da mucha certeza al conteo rápido es que los datos que se obtienen son de las actas de los cómputos que se levantan en cada una de las casillas. No es una encuesta de salida en la que se le pregunta al ciudadano, sino es un conteo de resultados oficiales que están asentados en las actas. Además, el conteo rápido sirve para frenar la especulación que generen las encuestadoras particulares.”
–¿A qué hora se darán a conocer los resultados del conteo rápido?
–La ley dice que antes de las 12 de la noche del día de la jornada electoral. Yo estoy pensando establecer como horario para la transmisión en cadena nacional las 11:45, para que no se apresuren de más los científicos y hagan su trabajo con la calma necesaria para estimar bien las tendencias y podamos salir a dar la información.
–¿El sentido del mensaje será sólo dar a conocer las tendencias o habrá posibilidad de dar ya un ganador?
–No. Como siempre, en estos casos hay que advertir a los ciudadanos que se trata de una estimación estadística, que son tendencias. Es más, ni siquiera se da a conocer un porcentaje por cada candidato. Lo que daremos a conocer es un intervalo, el rango en que se estima que –de acuerdo con este ejercicio estadístico– pudiera caer la votación final de cada uno de los cuatro candidatos. Pero vamos a dar a conocer la información de los cuatro candidatos, sea cual sea. Si los intervalos se cruzan daremos a conocer la información, y si hay que explicar qué significa eso, lo explicaremos ampliamente.
Los avances democráticos
En relación con el PREP, el consejero presidente del IFE asegura que hoy tiene “enormes avances” respecto al de 2006.“Mejoramos pantallas; ya no hay archivos ocultos, sino que todas las actas, incluso las que tengan algunas inconsistencias, se van a dar a conocer. El lunes 2, a las ocho de la noche, vamos a subir al PREP la imagen digitalizada de todas las actas que se hayan capturado, con el objeto de que los ciudadanos, los partidos, los medios… puedan confrontar el resultado de las actas levantadas a mano por los funcionarios de casilla, que ahí estará su imagen digitalizada con lo que se capturó en el PREP.”
En un documento con los datos y las acciones más relevantes del proceso electoral, que en breve difundirá el IFE, se desmiente la participación de la empresa Hildebrando –propiedad de un cuñado de Felipe Calderón–, que tanta polémica desató en 2006.
Dice el documento Proceso electoral federal 2011-2012: “Recientemente se ha señalado falsamente que la empresa Hildebrando participa en el desarrollo del PREP; sin embargo, debe aclararse que Hildebrando no ha tenido ni tiene relación alguna con los sistemas informáticos del IFE. Este instituto ha hecho públicos todos los contratos y toda la información relacionada con este programa. Se reitera que el PREP es desarrollado directamente por el IFE, supervisado y auditado por un comité de expertos de la UNAM”.
Finalmente, Valdés Zurita reitera su rechazo a la posibilidad de un fraude electoral:
–La gran participación de los ciudadanos –que no es de ahora– es el principal blindaje para que pueda ocurrir un fraude. Hay que ver los grandes números: tenemos 1 millón de ciudadanos como funcionarios de casilla, perfectamente capacitados.
“Tenemos 2 millones de ciudadanos que son representantes de los partidos en las casillas: en 99.9% de las casillas hay tres o más representantes de los partidos; ellos serán los más celosos vigilantes de la aplicación estricta de la ley, porque además la conocen y van a representar allí los intereses de sus partidos.
“Además, tenemos los observadores electorales nacionales, los visitantes extranjeros, los seis ciudadanos que son consejeros en cada uno de los consejos distritales, que son mil 800; hay 192 consejeros ciudadanos locales que están trabajando desde octubre para organizar esta elección.
“Yo diría, por último, que lo que garantiza a México que esta elección va a ser limpia, libre, apegada a derecho, es que son ciudadanos quienes tienen en sus manos la organización, la recepción del voto y, al final del día, el cómputo de la votación y el levantamiento de las actas.
“No hay lugar para fraude alguno. Mucho menos para que se repita la experiencia de 2006”, concluye Valdés Zurita.
Ante los focos rojos, compra de votos
Seis entidades del país tienen muy preocupado al PRI: Jalisco,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal. Sabe que en
ellas podría perder la elección su candidato presidencial, Enrique Peña
Nieto. Por lo tanto, el equipo de campaña elaboró estrategias y redactó
documentos para fortalecer “la promoción” del voto en ellas, a cargo
sobre todo de funcionarios de educación. Pero esa “promoción” en
realidad es un intercambio de sufragios por enseres domésticos y
material de construcción, sin mencionar el dinero en efectivo con el que
se paga a los “promotores”.
Debido a que “el PRI solo no gana (con su voto duro)” –como se reconoce en el documento Todos con Peña Nieto– el partido que postula a Enrique Peña Nieto creó una estrategia que recurre a la compra de sufragios para ganar la elección presidencial el próximo 1 de julio.
El plan es operado por funcionarios de los gobiernos de los estados en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (que controla Elba Esther Gordillo), gremios locales de maestros y algunas secretarías de las administraciones estatales.
Para ello un ejército de “operativos” o militantes del PRI han sido designados para cada uno de los 300 distritos del país. Todos han sido entrenados y se les han entregado formatos para que cada uno convenza a 10 personas de revelar los datos de su credencial de elector; a esas personas las deberán llevar el día de la elección para que sufraguen y a cambio reciban “desayunos y entrega de material”.
La estrategia llamada Todos con Peña Nieto arrancó en Veracruz, tercer estado en importancia por su número de votantes, debido a que según algunos de los operadores electorales del candidato presidencial del PRI, es una de las entidades con mayor riesgo de perderse por la mala administración del gobernador Javier Duarte.
El operador de Peña Nieto que accedió a hablar con este semanario y que labora en el sureste del país reveló que en toda la República se replicó el modelo de Veracruz y que sólo varía según las necesidades de los estados: por ejemplo, si la elección presidencial pasada se perdió, si el municipio es gobernado por la oposición o si el PRI ha mantenido una holgada ventaja en los últimos comicios.
Proceso habló con algunos de los operadores de la estrategia priista, quienes solicitaron el anonimato. Uno de ellos dijo: “Sí lo hay (el modelo en el resto de las entidades), pero ha sido lo que siempre se programa como parte de la promoción y movilización. En cada estado se ajusta a lo que se acostumbra”.
Fuentes del PRI confirmaron también que el jueves 7 de junio, en la casa de gobierno del Estado de México, con Eruviel Ávila como anfitrión se reunieron 16 de los 18 gobernadores priistas para analizar “las cuotas de votación por estado”, e incluso ahí estuvo Peña Nieto.
La mañana del jueves 21 el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a ese encuentro y a una parte del operativo montado por el PRI. Horas más tarde el gobernador Ávila aceptó que el encuentro tuvo lugar e incluso dijo que acudió Peña Nieto, pero rechazó que ahí se haya exigido a los ejecutivos comprometer un número de votos.
Entidades críticas
De los seis estados que concentran 30% de la votación nacional, el PRI ha puesto los focos rojos en por lo menos tres por considerar que ahí puede perder la elección presidencial y algunas de senadores o diputados federales.
De los 79 millones 454 mil 802 votantes del padrón nacional, en el Estado de México se concentran 10 millones 360 mil 537; le sigue el Distrito Federal con 7 millones 217 mil 943, Veracruz con 5 millones 330 mil 347, Jalisco con 5 millones 260 mil 991 y Puebla con 4 millones 144 mil 140.
Los operadores del PRI consultados por este semanario señalan que ese partido ha puesto la atención sobre todo en el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.
De éstas sólo dos están gobernadas por el PRI (Veracruz y Tabasco), aunque Puebla es considerado una cuota de apoyo a Peña Nieto pues el gobernador Rafael Moreno Valle –quien ganó bajo las siglas del PAN– ha sido desde hace por lo menos nueve años cercano colaborador de Gordillo. Incluso mantiene en su administración a personajes clave cercanos a Peña Nieto, como el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, exdirector de la AFI.
Según datos del Instituto Federal Electoral, los seis estados que preocupan al PRI concentran poco más de 20 millones de votantes, más de 25% del padrón nacional.
Por ser el Edomex el estado natal de Peña Nieto y estar controlado por el PRI, ese partido no lo considera un problema. No ocurre lo mismo en el Distrito Federal, donde poco puede hacer, ya que está bajo la férula del PRD. En cambio el tercer estado con mayor número de votantes, Veracruz, sí le representa un verdadero problema, por lo que establecieron ahí el programa piloto de Todos con Peña Nieto.
Según el documento Somos 10, obtenido por este semanario, la operación incluye un análisis de las tres elecciones federales pasadas en el distrito de Coatepec y sus municipios (17).
“Se porcentualizan (sic) los incrementos o decrementos del padrón electoral o los votos obtenidos por partido político; con esta información se hace una proyección de la votación meta que asegure la victoria del PRI en 2012”, se lee en el documento de 243 páginas que contiene la prospección de sufragios que se requieren para ganar e incluye la cartografía electoral y la cantidad de casillas. Estos elementos son utilizados para determinar la estructura llamada Sumamos 10 del Distrito. En este caso el distrito es el IX federal, con cabecera en Coatepec.
Luego se describen las funciones que en forma piramidal se van estableciendo con sus respectivos operadores.
“Se opera por medio de un coordinador distrital, quien a su vez designa a un coordinador en cada uno de los municipios que integran el distrito, quien nombra a un coordinador por sección electoral encargado de definir a un determinado número de subcoordinadores seccionales que se define en función de las colonias o localidades que la integren; cada uno de éstos busca a 10 operadores que se comprometen, cada uno, a llevar a votar a favor del PRI a 10 personas el día de la elección.”
Por ejemplo, en el caso de ese Distrito IX, que tiene 17 ayuntamientos, se indica que el padrón electoral –de 262 mil 808 votantes– necesita 9 mil 362 militantes priistas, quienes al final deberán llevar 83 mil 100 personas a votar; previamente tomaron los datos de su credencial de elector y los números telefónicos de todos esos votantes.
Dice el documento que se necesita un coordinador distrital, 17 municipales, 203 seccionales, 831 subcoordinadores seccionales y 8 mil 310 operativos encargados de obtener los 83 mil 100 votos para Peña Nieto.
Detalla el documento: “Con 31.62% de votos a favor del PRI del total del padrón electoral, se proyecta la victoria el día de la jornada”. El coordinador del Distrito IX es Nemesio Domínguez Domínguez, quien actualmente tiene el cargo de subsecretario de Desarrollo Educativo en la administración estatal de Javier Duarte, además de haber sido dos veces diputado federal por Veracruz.
En cada municipio se proyectan los votos que se necesitan para ganar, y quienes están al frente de toda la operación, según el documento, son funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Debido a que “el PRI solo no gana (con su voto duro)” –como se reconoce en el documento Todos con Peña Nieto– el partido que postula a Enrique Peña Nieto creó una estrategia que recurre a la compra de sufragios para ganar la elección presidencial el próximo 1 de julio.
El plan es operado por funcionarios de los gobiernos de los estados en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (que controla Elba Esther Gordillo), gremios locales de maestros y algunas secretarías de las administraciones estatales.
Para ello un ejército de “operativos” o militantes del PRI han sido designados para cada uno de los 300 distritos del país. Todos han sido entrenados y se les han entregado formatos para que cada uno convenza a 10 personas de revelar los datos de su credencial de elector; a esas personas las deberán llevar el día de la elección para que sufraguen y a cambio reciban “desayunos y entrega de material”.
La estrategia llamada Todos con Peña Nieto arrancó en Veracruz, tercer estado en importancia por su número de votantes, debido a que según algunos de los operadores electorales del candidato presidencial del PRI, es una de las entidades con mayor riesgo de perderse por la mala administración del gobernador Javier Duarte.
El operador de Peña Nieto que accedió a hablar con este semanario y que labora en el sureste del país reveló que en toda la República se replicó el modelo de Veracruz y que sólo varía según las necesidades de los estados: por ejemplo, si la elección presidencial pasada se perdió, si el municipio es gobernado por la oposición o si el PRI ha mantenido una holgada ventaja en los últimos comicios.
Proceso habló con algunos de los operadores de la estrategia priista, quienes solicitaron el anonimato. Uno de ellos dijo: “Sí lo hay (el modelo en el resto de las entidades), pero ha sido lo que siempre se programa como parte de la promoción y movilización. En cada estado se ajusta a lo que se acostumbra”.
Fuentes del PRI confirmaron también que el jueves 7 de junio, en la casa de gobierno del Estado de México, con Eruviel Ávila como anfitrión se reunieron 16 de los 18 gobernadores priistas para analizar “las cuotas de votación por estado”, e incluso ahí estuvo Peña Nieto.
La mañana del jueves 21 el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a ese encuentro y a una parte del operativo montado por el PRI. Horas más tarde el gobernador Ávila aceptó que el encuentro tuvo lugar e incluso dijo que acudió Peña Nieto, pero rechazó que ahí se haya exigido a los ejecutivos comprometer un número de votos.
Entidades críticas
De los seis estados que concentran 30% de la votación nacional, el PRI ha puesto los focos rojos en por lo menos tres por considerar que ahí puede perder la elección presidencial y algunas de senadores o diputados federales.
De los 79 millones 454 mil 802 votantes del padrón nacional, en el Estado de México se concentran 10 millones 360 mil 537; le sigue el Distrito Federal con 7 millones 217 mil 943, Veracruz con 5 millones 330 mil 347, Jalisco con 5 millones 260 mil 991 y Puebla con 4 millones 144 mil 140.
Los operadores del PRI consultados por este semanario señalan que ese partido ha puesto la atención sobre todo en el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.
De éstas sólo dos están gobernadas por el PRI (Veracruz y Tabasco), aunque Puebla es considerado una cuota de apoyo a Peña Nieto pues el gobernador Rafael Moreno Valle –quien ganó bajo las siglas del PAN– ha sido desde hace por lo menos nueve años cercano colaborador de Gordillo. Incluso mantiene en su administración a personajes clave cercanos a Peña Nieto, como el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, exdirector de la AFI.
Según datos del Instituto Federal Electoral, los seis estados que preocupan al PRI concentran poco más de 20 millones de votantes, más de 25% del padrón nacional.
Por ser el Edomex el estado natal de Peña Nieto y estar controlado por el PRI, ese partido no lo considera un problema. No ocurre lo mismo en el Distrito Federal, donde poco puede hacer, ya que está bajo la férula del PRD. En cambio el tercer estado con mayor número de votantes, Veracruz, sí le representa un verdadero problema, por lo que establecieron ahí el programa piloto de Todos con Peña Nieto.
Según el documento Somos 10, obtenido por este semanario, la operación incluye un análisis de las tres elecciones federales pasadas en el distrito de Coatepec y sus municipios (17).
“Se porcentualizan (sic) los incrementos o decrementos del padrón electoral o los votos obtenidos por partido político; con esta información se hace una proyección de la votación meta que asegure la victoria del PRI en 2012”, se lee en el documento de 243 páginas que contiene la prospección de sufragios que se requieren para ganar e incluye la cartografía electoral y la cantidad de casillas. Estos elementos son utilizados para determinar la estructura llamada Sumamos 10 del Distrito. En este caso el distrito es el IX federal, con cabecera en Coatepec.
Luego se describen las funciones que en forma piramidal se van estableciendo con sus respectivos operadores.
“Se opera por medio de un coordinador distrital, quien a su vez designa a un coordinador en cada uno de los municipios que integran el distrito, quien nombra a un coordinador por sección electoral encargado de definir a un determinado número de subcoordinadores seccionales que se define en función de las colonias o localidades que la integren; cada uno de éstos busca a 10 operadores que se comprometen, cada uno, a llevar a votar a favor del PRI a 10 personas el día de la elección.”
Por ejemplo, en el caso de ese Distrito IX, que tiene 17 ayuntamientos, se indica que el padrón electoral –de 262 mil 808 votantes– necesita 9 mil 362 militantes priistas, quienes al final deberán llevar 83 mil 100 personas a votar; previamente tomaron los datos de su credencial de elector y los números telefónicos de todos esos votantes.
Dice el documento que se necesita un coordinador distrital, 17 municipales, 203 seccionales, 831 subcoordinadores seccionales y 8 mil 310 operativos encargados de obtener los 83 mil 100 votos para Peña Nieto.
Detalla el documento: “Con 31.62% de votos a favor del PRI del total del padrón electoral, se proyecta la victoria el día de la jornada”. El coordinador del Distrito IX es Nemesio Domínguez Domínguez, quien actualmente tiene el cargo de subsecretario de Desarrollo Educativo en la administración estatal de Javier Duarte, además de haber sido dos veces diputado federal por Veracruz.
En cada municipio se proyectan los votos que se necesitan para ganar, y quienes están al frente de toda la operación, según el documento, son funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
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