Presas: política de Estado etnocida

Gilberto López y Rivas
La Jornada

En el desarrollo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, se realizará el 5 y el 6 de noviembre, en Temacapulín, Jalisco, la preaudiencia denominada “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, dentro de la mesa general en torno a la devastación ambiental y derechos de los pueblos. Durante este acto, diversas organizaciones presentarán demandas, documentos, pruebas y testimonios contra el Estado mexicano por violación sistemática de derechos fundamentales, bajo esquemas de simulación jurídica e impunidad que se ha intensificado con los tratados de libre comercio que han beneficiado a grupos oligárquicos y corporaciones extranjeras.

Se tratarán casos en los que existe un proyecto en marcha, como las presas Paso de la Reina, Oaxaca; La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit, y El Naranjal, Veracruz; en construcción, como El Zapotillo, Jalisco; ya construidas, como las presas La Yesca y Arcediano, Jalisco; El Cajón, Nayarit, y Cerro de Oro, Oaxaca-Veracruz; además de los proyectos de minihidroeléctricas de Veracruz, Puebla y Chiapas, relacionados con concesiones mineras y ciudades rurales. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente en Guadalajara el 8 de noviembre y al día siguiente se entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La construcción de presas en el mundo ha significado graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos específicos de los pueblos originarios. En México son precisamente poblaciones indígenas las que han sido mayoritariamente afectadas: mazatecos, chinantecos, tzotziles, nahuas, zoques, huicholes, pames, otomíes, yaquis, entre otras etnias de la geografía mexicana, sin que las autoridades se hagan cargo de evaluar, prevenir y mucho menos identificar, indemnizar o reparar los daños de quienes han sufrido los embates sociales, ambientales, económicos, culturales, que han constituido en su conjunto una forma de etnocidio como política de Estado. Las consecuencias que trae el desplazamiento forzado de comunidades implican la pérdida de tierras, trabajo, viviendas, así como marginalización, inseguridad alimentaria, incremento de la mortalidad, pérdida de acceso a la propiedad y recursos comunes, desarticulación comunitaria, afectación sicosocial y pérdida de identidad étnica.

En México, las presas construidas durante las últimas décadas envejecen y se encuentran trabajando muy por encima de su capacidad, y aunque todos estos años se ha demostrado la ineficiencia, lo obsoleto, la inutilidad y los grandes impactos de las mismas, actualmente hay muchísimas obras proyectadas y en construcción, y en todos los casos el discurso de “utilidad pública” es utilizado por los organismos constructores oficiales para minimizar los conocidos costos sociales, ambientales y económicos. Esto sólo puede entenderse como consecuencia de una condición estructural de un tipo de Estado trasnacionalizado subalterno que, como el mexicano, se convierte en gestor, desarrollador, protector y garante de los intereses capitalistas global-locales, tanto en la construcción como en la operación de presas, que además se han ido privatizando.

De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas, por lo menos 45 mil han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía. Hoy en día, casi la mitad de los ríos del mundo tiene al menos una gran represa. La mitad de estas grandes obras fueron construidas exclusiva o principalmente para la irrigación, y entre 30 y 40 por ciento de los 271 millones de hectáreas que se irrigan planetariamente dependen de represas que han fragmentado y transformado los ríos en el ámbito mundial, mientras que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción.

En todas las regiones de México donde se promueven estos megaproyectos hidráulicos, se encuentra presente la resistencia de los pueblos, muchos de los cuales se han aglutinado en el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que ha comenzado desde hace casi 10 años el recuento de agravios y la documentación de casos sobre la violación a sus derechos. Articulando a más de 60 organizaciones civiles y sociales, su objetivo es fortalecer un espacio de lucha y reflexión para defender los ríos, el agua, la tierra y sobre todo los pueblos, a través de la denuncia y planes de acción para evitar la construcción de presas en el país. Muchos pueblos afectados por estas obras de infraestructura se han organizado y ganado en las instancias legales para exigir al gobierno en algunos casos la cancelación de las obras y en otros una justa indemnización. En todos, se han topado con una cerrazón del Estado mexicano que busca a toda costa la imposición de las obras, sin respetar el derecho de los pueblos a la consulta y dejándolos en la indefensión total. Las organizaciones han constatado cómo se cierran los caminos del derecho para hacer valer sus demandas y enfrentan un creciente número de casos de criminalización, hostigamiento, represión, encarcelamiento y amenazas. Estamos frente a patrones de impunidad, desvío y abuso de poder, ya que las autoridades desacatan órdenes judiciales, no se hacen responsables de sus acciones ni del despilfarro de recursos públicos y daños sociales y ambientales que sus decisiones causan a las comunidades, sin ser al mismo tiempo una alternativa para la gestión de la energía y el agua.

La importancia del movimiento y de las redes que forman no sólo radica en la lucha que han llevado en casos concretos, sino en lo que significa haber puesto en el debate nacional las graves afectaciones que se generan por la construcción de presas, el tipo de modelo energético que el Estado promueve, el intento de privatización de agua y los impactos del cambio climático.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/texto/021a2pol.htm