Un gran día para la libertad de expresión

Pascual Serrano

Este 7 de diciembre vence en Argentina el recurso judicial interpuesto por el grupo de comunicación Clarín para impedir que entre en vigencia la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que fue aprobada el año 2009 con el objetivo de acabar con la concentración empresarial de medios que mantiene la información en manos de unos pocos impidiendo una adecuada pluralidad y democratización de la comunicación en Argentina. Este día es la fecha límite para que 21 grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones para adecuarse a la ley, algo a lo que se ha estado negando el grupo Clarín, que se ha convertido en el principal agente de oposición al gobierno de Cristina Fernández.
La fecha fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo de la ley de medios, la referida a la obligación de desinvertir para aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se encuentra muy extendido. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en Argentina el 10 de Octubre de 2009, sustituye la anterior normativa instaurada por la última dictadura cívico-militar. Esta nueva legislación, prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín ostenta, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 250 licencias. Ahora el Gobierno argentino adoptará las medidas necesarias para subastar las licencias que incumplan con la norma.

A Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200 medios, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo. Una de sus empresas, Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, mientras la norma solo permite contar con un máximo de 24. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley.

La norma establece también que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. Clarín viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino, Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.

Poder poner en práctica la ley aprobada por los poderes elegidos por los ciudadanos, aunque sea con varios años de retraso, es una victoria de la democracia argentina, y así lo han entendido los medios comunitarios y alternativos latinoamericanos que han convertido el 7 de diciembre de 2012 en una jornada global de apoyo a la puesta en vigencia de esta importante legislación que supone un paso importante para la democratización definitiva de los medios de comunicación en Argentina. “El 7 de diciembre representa una fecha clave para quienes entienden que la comunicación es un derecho inclaudicable de los pueblos y, por eso, es necesario que exista una pluralidad de voces y discursos en los medios que difunden las noticias que interesan a los sectores sociales, porque afectan a los mismos o porque ellos son los propios protagonistas de esas historias. Para que se garantice este derecho y esta necesidad, es fundamental diversificar la propiedad de los medios de comunicación, porque la concentración de ellos en pocas manos no permite visibilizar la multiplicidad de realidades que existen en el mundo”, han afirmado en un comunicado [1] .
El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Todo ello se cuidan mucho de presentarlo a través de sus cárteles empresariales -como la SIP- como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado. “Cuando la defensa de sus intereses económicos entra en contradicción con el interés general, los medios de comunicación son cualquier cosa menos modelos de virtud democrática”, resumen los investigadores Elisabeth Fox y Silvio Waisbord [2] .

Por ello es necesario que surjan gobiernos valientes y dignos que pongan coto a ese atropello. Argentina lo está haciendo, y no está sola. La necesaria reacción en defensa de la democracia mediática por parte de los gobiernos soberanos latinoamericanos requiere actuar en tres frentes. Primero, erradicar la impunidad para la mentira, la manipulación y la desinformación dominante; segundo, terminar con los latifundios mediáticos que dejan fuera de la oferta informativa a la gran mayoría de la sociedad; y tercero, garantizar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación mediante el desarrollo de una oferta pública y comunitaria participativa y democrática.

En el primer frente se encuadra el decreto de aplicación de la ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación (extendida a internet, en diciembre de 2010) que firmaba Chávez el 8 de diciembre de 2004. En él se regulaban algunos contenidos, además de fijar cupos mínimos de programas nacionales, el texto procuraba que Venezuela se ajustara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: controla la programación de imágenes de carácter sexual o violento (prohibidas entre las 7 y las 23 horas) y prohíbe la publicidad de alcohol y tabaco. Pero el dispositivo va más lejos. En el capítulo 7, artículo 28, penaliza los mensajes que “promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”, aquellos que “fomenten zozobra en la ciudadanía”, así como... la información “falsa”. En noviembre de 2010, La Paz adoptaba un texto de ley similar, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, mientras que la Constitución ecuatoriana de 2008 condena la información errónea susceptible de generar “conmoción social”.

También la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador establece el deber de la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas existentes en el país, así como el compromiso con la verdad y la responsabilidad social.

Argentina optó por el segundo frente, actuar contra los latifundios mediáticos, mediante la citada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que por fin será una realidad. Pero también desarrolla el tercero a favor del acceso a la ciudadanía al distribuir el espectro radioeléctrico en tres tercios: uno para el sector comercial, otro para el Estado y un tercero para el sector sin fines de lucro. De ahí que mientras los grandes grupos de comunicación mundiales se escandalizaban, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, vio “un paso importante en la lucha contra la concentración de los medios de comunicación” y calificó la ley argentina como una de las más avanzadas de América y un "modelo para el continente y para otras regiones del mundo" en materia de libertad de expresión [3]. De hecho ha inspirado a Ecuador y Uruguay. Argentina también ha puesto en marcha leyes que impiden la explotación cuasimonopolística del papel decretándolo de interés público.

No basta con actuar sobre la concentración, es necesario, como han entendido algunos gobiernos, asegurar que el gran capital no logre adueñarse de nuevo de ese bien público que es la información. Por ello, gobiernos como el de Ecuador primero y el de Venezuela después establecieron por ley que ni las entidades bancarias y financieras ni sus accionistas mayoritarios ni representantes podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En el caso de Argentina tampoco los políticos para evitar su utilización partidaria y en Ecuador tampoco los empleados públicos y miembros de consejos y directorios de órganos de reglamentación o concesión de licencias.

El tercer frente, desarrollar medios públicos y comunitarios, se ha materializado en Venezuela con la creación de una televisión fundamentalmente cultural como Teves y en Argentina con el canal también cultural Encuentro y otros infantiles y deportivos. También se han fundado diarios públicos en Ecuador, Bolivia y Venezuela. El proyecto multinacional de Telesur es otra iniciativa ambiciosa de desarrollar una televisión informativa con el apoyo de varios estados latinoamericanos que no se resignan a que la agenda informativa internacional esté en manos de televisoras como la estadounidense CNN. Existe otra batería de legislaciones destinadas a proteger y desarrollar la producción cultural independiente y nacional frente al dominio de las distribuidoras extranjeras, en especial estadounidenses. Se ha hecho en Argentina o en Venezuela con la Ley de Cinematografía Nacional que establece un mínimo de producciones nacionales que se deben exhibir en el país, medida que también se ha establecido en Brasil. Los países latinoamericanos han iniciado programas de integración regional sin fines de lucro que suponen intercambios informativos y audiovisuales entre agencias de noticias y canales de televisión estatales; coproducción, codistribución y reserva de mercado para películas, documentales y series televisivas. Brasil, Argentina y Venezuela han creado un fondo internacional de coproducción [4].

Los medios alternativos y comunitarios han logrado reconocimiento legal en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Una de las normas más audaces es reservar un tercio del espacio radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro, como ya hemos señalado que sucede en Argentina y también en Uruguay.

Por supuesto, queda mucho por andar para lograr que la democracia se instale en el sistema mediático. En Brasil, los dueños de medios de comunicación ocupan uno de cada diez escaños en la Asamblea y uno de cada tres en el Senado, el grupo Globo poseía en 2006 “el 61,5% de los canales de televisión” y “el 40,7% de la difusión total de los diarios” [5]. Con más de ciento veinte canales en el mundo, la red televisiva del magnate Roberto Marinho (cuyo fallecimiento “Lula” conmemoró decretando tres días de duelo nacional, en 2003) llega a más de ciento veinte millones de personas al día.

Mientras tanto en España bancos, grandes editoriales, empresas de telefonía, Berlusconi, familias franquistas y multinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios. Las licencias de televisión digital se han distribuido a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica, las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año, es decir, deben ser marginales por ley. Una anécdota que muestra el poder sobre los gobiernos que tienen los medios de comunicación: ningún gobierno se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita.

Blog del autor: www.pascualserrano.net