Bolivia: autonomías indígenas en camino

Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen.

IPS

Franz Chávez / IPS-Carta Voces de la Tierra

La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.


En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.

El Decálogo

Luis Javier Garrido

La supuesta reforma política” de Felipe Calderón, anunciada hace tres meses, que ahora envía en 10 puntos al Poder Legislativo exigiendo se le apruebe “al vapor”, es un bodrio que entraña gravísimos retrocesos para la vida democrática –en especial con vistas a 2012–, y que no logra ocultar sus pretensiones con su mañosa presentación como un paquete “progresista” o inocuo.

1. El paquete de 10 modificaciones constitucionales y legales en materia político-electoral, que el gobierno calderonista envió al Senado el 15 de diciembre, y que sería la decimonovena “reforma electoral” desde que Salinas de Gortari y el PAN pactaron en 1988 la que sería la “reforma electoral definitiva”, constituye una nueva regresión en materia de instituciones políticas, de partidos y de elecciones, que cancela múltiples derechos a los ciudadanos en aras de consolidar el modelo económico –y político– del neoliberalismo, pues busca establecer en vistas a las elecciones presidenciales de 2012 nuevos “candados” a los procesos electorales para hacer más difícil la expresión de la voluntad ciudadana.
2. El Decálogo de Calderón, como lo llaman los medios, pretende a) obstaculizar en 2012 la elección de un candidato presidencial que no sea del PRI o del PAN con la llamada “segunda vuelta”; b) consolidar el poder de la televisión al establecer el referendo y el plebiscito en un marco jurídico que permite impunemente a medios y a grandes empresarios manipular consultas y procesos, c) dar satisfacción al capital trasnacional que reclama desde hace años la relección indefinida como vía para consolidar una “clase política” estable funcional a sus intereses, d) consolidar un sistema de partidos políticos más restringido, controlado y menos representativo de la ciudadanía; e) hacer casi imposible candidaturas ciudadanas al permitírselas sólo a aquellos respaldados por los grandes poderes económicos, y f) fortalecer el presidencialismo despótico al pretender que se confiera al Ejecutivo preminencia absoluta sobre el Congreso para aprobar leyes a su antojo.
3. Las llamadas “reformas políticas” o “electorales” no han tenido nunca la aspiración real de instaurar en México una democracia política, como tampoco es el caso de ésta, elaborada al parecer por la parejita de asesores de Calderón en materia de elecciones, Juan Molinar Horcasitas (titular de la SCT) y Leonardo Valdés Zurita (presidente del IFE). Todas las aprobadas desde 1988 se han limitado a dar al régimen una apariencia de “modernidad” con el fin de legitimar el ejercicio del poder público por una minoría de mafiosos que se apoderaron del aparato estatal desde 1982 y evitar que éstos pierdan el control de los mecanismos electorales y la posibilidad de seguirle imponiendo a México el modelo neoliberal, que supone el desmantelamiento del régimen surgido de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en un proceso de reconversión no democrática del Estado, que ha agravado el empobrecimiento del pueblo y ahondado la crisis de ilegitimidad del poder.
4. Las “reformas electorales”, por ejemplo, han tendido en México de manera sistemática a limitar el sistema de partidos a fin de impedir que sea representativo de las fuerzas políticas y sociales que se manifiestan en el país, y ésta no es la excepción, pues ahora se pretende obstaculizar aún más la existencia de partidos independientes del Estado para favorecer a las fuerzas políticas oficiales con un sistema más restringido y controlado y menos representativo.
5. Las candidaturas ciudadanas, propuestas en los años 80 desde una perspectiva democrática, son viables en un sistema de campañas cortas que no esté fundado en el derroche del dinero, para que no haya un desfase enorme entre éstas y las provenientes de los partidos, pues de lo contrario sólo serían viables –como acontece con la propuesta calderonesca– para candidatos respaldados por los grandes poderes económicos o por recursos oscuros: que puedan gastar cientos de millones de pesos primero para reunir casi un millón de firmas que se les exige y luego para competir contra los partidos financiados por el Estado y respaldados por los medios.
6. La “segunda vuelta” tiene a su vez sentido en un régimen plural y democrático donde se busca sean electos candidatos respaldados con una mayoría absoluta, asumiéndose que no hay ahí partidos que prevalezcan por sobre los demás por su vinculación con el poder público, como es el caso en México del PAN y el PRI –el llamado PRIAN–, que con ella estarían obligados a aliarse aún más estrechamente. El actual bipartidismo oficial podría vencer las resistencias internas para presentar un candidato común en una onerosa segunda vuelta en 2012, con los panistas apoyando a Peña Nieto para tratar de cerrar el paso a López Obrador.
7. El plebiscito y el referendo son viables, de la misma manera, sólo en un régimen democrático, donde el pueblo puede estar bien informado, lo que no es el caso de México, ya que aquí el poder del duopolio televisivo manipularía a su antojo estos mecanismos de participación ciudadana, como lo hace con las elecciones, y consolidaría de esta manera su poder.
8. La defensa del principio de la “no relección” suscitó innumerables levantamientos en el siglo XIX, la Revolución Mexicana de 1910 y el asesinato de Obregón en 1928, y por ello el PRI de Carlos A. Madrazo se opuso en 1965 a que se le suprimiera, pero Calderón y la derecha mexicana, yendo contra la Historia, como vulgares provocadores, quieren satisfacer a los organismos financieros internacionales ansiosos de vincular a los integrantes de una “clase política” mexicana estable a los intereses del capital trasnacional, como acontece en Estados Unidos.
9. El fortalecimiento del presidencialismo despótico es, en fin, una broma de mal gusto de esta contrarreforma que festejan ya Héctor Aguilar Camín, Luis Carlos Ugalde y Jorge G. Castañeda, pues pretende se le confiera una preminencia absoluta al Presidente sobre el Congreso al dársele el privilegio de presentar iniciativas, llamadas “preferentes”, que de no ser dictaminadas serían consideradas “aprobadas” y que de dictaminarse en contra podrían ser presentadas vía un referendo promovido (y desde luego manipulado) por las televisoras a la ciudadanía, como de poder modificar las iniciativas vetadas que el Congreso insista en mantener.
10. En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se han producido en México decenas de contrarreformas político-electorales, pero hace falta que el pueblo empuje una: someter al Ejecutivo federal a la legalidad constitucional para impedirle viole las libertades electorales de los mexicanos, pues de lo contrario seguiremos teniendo en Los Pinos mapaches electorales que se sienten reformadores.