Emisor Oriente, adjudicación directa por 15.5 mil MDP a Carlos Slim e ICA

La Comisión Nacional del Agua adjudicó nueve contratos para la construcción del Túnel Emisor Oriente, que implican más de 15 mil 500 millones de pesos, sin convocar a licitaciones públicas. Entre los beneficiarios están Grupo Carso –propiedad del empresario Carlos Slim– e Ingenieros Civiles Asociados. José Miguel Guevara Torres, funcionario de la Conagua, “justifica”: “No vamos a estar haciendo concursos limpios y transparentes en lo que la gente se está ahogando”. Para la Auditoría Superior de la Federación, hay irregularidades en el uso del presupuesto de ese proyecto, que en total ascenderá a 19 mil 500 millones.

Isabel Argüello

Carso Infraestructura y Construcción (propiedad del empresario Carlos Slim), Ingenieros Civiles Asociados (de Bernardo Quintana Isaac), Construcciones y Trituraciones (de Enrique Lavin Higuera), Constructora Estrella (de Pedro López Vázquez) y Lombardo Construcciones (de Adrián Lombardo Aburo) son las cinco empresas beneficiadas con contratos directos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la construcción del Túnel Emisor Oriente.

Sin licitación de por medio, el consorcio integrado por esas compañías recibió nueve ajudicaciones directas de la dependencia que encabeza José Luis Luege Tamargo. Esos contratos implican, cuando menos, 15 mil 618 millones 992 mil 988 pesos, de los 19 mil 500 millones que han sido presupuestados para la obra.

La supuesta justificación de las adjudicaciones fue que sólo así se podría concluir el Túnel en 2012 y disminuir el riesgo inminente de inundaciones en el Distrito Federal; el argumento fue aprobado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), así como por la Auditoría Superior de la Federación.

Además, 131 millones 715 mil 123 pesos se han destinado a consultoría, promoción y difusión del Túnel. Estos contratos fueron firmados entre el 14 de mayo de 2008 y el 30 de mayo de 2011. Incluyen asesorías y supervisión técnica administrativa; spots en televisión; renta de salones, mobiliario, equipo de audio y video para eventos; traducción y subtitulaje de videos institucionales; gorras y plumas, de acuerdo con datos obtenidos del Portal de Obligaciones de Transparencia.

José Miguel Guevara Torres, coordinador general de Proyectos Especiales de Abastecimiento del Agua Potable y Saneamiento del Valle de México, en entrevista con Contralínea justifica la adjudicación directa al consorcio Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea (Comissa), integrado por Carso Infraestructura y Construcción, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Construcciones y Trituraciones, Constructora Estrella y Lombardo Construcciones.

“Hasta la lumbrera cinco, estamos haciendo el Túnel en lodo. Aquí tenemos arcillas mosmorinolitas. ¿Quién ha hecho túneles en el Valle de México? ¿Quiénes hicieron el Túnel Emisor Central? Compañías mexicanas. Además, ¿cuánto tiempo toma un concurso internacional? Nueve meses. Si la obra no se empezaba hoy en la tarde se nos colapsa el otro túnel y se nos inunda la Ciudad [de México]; las pérdidas serían inconmensurables. No vamos a estar haciendo concursos limpios y transparentes en lo que la gente se está ahogando.”

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establecen que las dependencias y entidades podrán adjudicar de manera directa cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

La Auditoría Superior de la Federación, órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados, revisó el gastó de 1 mil 952 millones 531 mil 900 pesos destinados a la adquisición de maquinaria y construcción del Túnel Emisor Oriente ?auditoría financiera y de cumplimiento 09-0-16B00-02-0315 y de inversiones físicas 09-0-16B00-04-0767?. Las conclusiones se integran en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

Antecedentes del Túnel

José Miguel Guevara Torres relata que el expresidente Ernesto Zedillo pactó con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el de Cooperación Internacional de Japón un crédito para impulsar un proyecto en materia hidráulica; sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas, recién electo jefe de Gobierno del Distrito Federal, se negó a firmar el convenio, por lo que “el fideicomiso que creó Zedillo se quedó sin ruedas (sin dinero)”, reitera.

El Fideicomiso 1928 es operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través de la Comisión Nacional del Agua. Se ha financiado, principalmente, por el pago del agua en bloque de los ciudadanos del Distrito Federal.

José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión, presentó al presidente Felipe Calderón el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, con aportes del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Ingenieros Civiles.

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Ramírez Soberón, contrataciones irregulares en ductos

La Secretaría de la Función Pública detectó que Pemex Gas y Petroquímica Básica violó las leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos para favorecer a la trasnacional Tuboscope con contratos para el mantenimiento de ductos. Al consorcio de origen estadunidense se le contrató, aunque en tres ocasiones la SFP observó que no cumplía los requisitos para los trabajos del área considerada de seguridad nacional.

Autor: Ana Lilia Pérez

El pasado 4 de enero, el presidente Felipe Calderón destituyó al director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Roberto Ramírez Soberón, para colocar en el cargo al subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener), Jordy Herrera Flores, uno de sus hombres de confianza desde sus días en Banobras y exsecretario particular en la Sener. Ramírez Soberón dejó en PGPB una administración de claroscuros, caracterizada por irregulares beneficios a corporativos nacionales y extranjeros, algunos de ellos documentados en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Su estancia en PGPB estuvo marcada por la tendencia a tercerizar la operación de la subsidiaria –desde el procesamiento del gas natural y sus líquidos, su transporte, almacenamiento y hasta la comercialización–, lo que además de incrementar los costos, ha generado una estructura paralela en diversas áreas, con la duplicidad de funciones y gasto. Pero en su afán por asignarle a compañías privadas el manejo operativo de Pemex Gas, la administración de Roberto Ramírez Soberón entregó los trabajos relativos a los gasoductos, considerados áreas de seguridad nacional, a empresas que, según la SFP, no acreditaron su capacidad para los trabajos encomendados.
Uno de estos casos es el de la compañía Tuboscope México, SA de CV, filial del corporativo Tuboscope Vetco International Inc, a la que se le asignó un contrato por 116 millones 263 mil pesos para el mantenimiento predictivo y correctivo en tres importantes gasoductos: DN Reynosa-Chihuahua, DN Estación Los Ramones y Cactus-Misterio, aun cuando en el proceso de licitación se acreditó que no tenía capacidad técnica.
Después de que se le otorgó el contrato, en tres ocasiones, en un lapso de dos años, la SFP le ordenó a PGPB rescindirlo y reponer la licitación, las mismas que los funcionarios encabezados por Ramírez Soberón se obstinaron en que Tuboscope tuviera ese contrato, aunque, según reconocieron ante la SFP, “nunca cumplió los requisitos de la licitación”. La secretaría concluyó que PGPB violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Una asignación sospechosa
Encargado del despacho de la Dirección General de PGPB desde abril de 2005, una de las primeras licitaciones que emitió Roberto Ramírez Soberón (en agosto) fue la 18577002-009-05 PGPB-GRM-029-IT/2005, para el “mantenimiento predictivo y correctivo para la integridad de los gasoductos de 24 pulgadas DN Reynosa-Chihuahua, 36 pulgadas DN Estación 19, Los Ramones y Cactus-El Misterio”, ubicados en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco; un tramo sustancial del Sistema Nacional de Gasoductos.
Las bases de la licitación estipulaban que para concursar, las compañías deberían “cumplir el requerimiento de experiencia o capacidad técnica demostrada mediante la documentación que compruebe su experiencia en trabajos similares en magnitud y naturaleza”, y que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podría ser negociada.
Los actos de juntas de aclaraciones y respuestas, y la presentación y apertura de propuestas (técnicas y económicas) se efectuaron en una oficina ubicada en la planta baja del edificio B-1, en Marina Nacional, sede de PGPB.
La subsidiaria le asignó el contrato a Tuboscope, aunque su propuesta económica era la más cara: 8 por ciento más que el resto de las propuestas. Pasados unos meses, la SFP abrió el expediente 646/2005 para revisar el contrato ante el indicio de supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
En marzo de 2006, Función Pública determinó que Tuboscope no cumplía con la capacidad técnica para el contrato, lo cual implicaba un riesgo para la subsidiaria dado que se trata de trabajos en sistemas de seguridad nacional. Comprobó también que su propuesta económica tampoco fue acorde a la licitación: SFP detectó que la compañía encareció el precio con el aval de PGPB, mediante la ficticia duplicación de personal y con la indebida cotización en dólares de los conceptos que pagaba en pesos, entre otras irregularidades. Por ello determinó que la asignación fue ilegal.
Tras detallar las supuestas violaciones a la ley por parte de los funcionarios de PGPB, les ordenó anular la licitación y el contrato correspondiente. El 16 de marzo, la subsidiaria levantó el acta de reposición de fallo del procedimiento de contratación. Aunque la SFP había ordenado al Órgano Interno de Control (OIC) especial atención en el procedimiento, dadas las irregularidades la contratación original, PGPB llevó adelante el nuevo proceso, prácticamente de forma exprés y sin la presencia de representante alguno de la contraloría.
El 7 de abril, sin que estuvieran presentes los representantes de la SFP ni del OIC, como marca la ley, Pemex Gas anunció el nuevo fallo otra vez a favor de Tuboscope. El contrato se firmaría el día 28, bajo el número PGPB-SD-GRM-0004/2006.
Cuando revisó el proceso de adjudicación, la SFP observó que en la propuesta de Tuboscope persistían las mismas irregularidades detectadas desde la primera licitación. Amén del incumplimiento técnico, en la parte económica cotizaba personal duplicado, por ejemplo, en el caso del gerente general del contrato cobraba el salario de dos gerentes que harían el mismo trabajo, y con honorarios tasados en dólares, aunque en realidad los pagaría en pesos. En general, advirtió SFP, Tuboscope cotizaba en dólares lo que pagaba en moneda nacional (a más bajo precio), desde los sueldos hasta los gastos menores de operación como la papelería, teléfono, correo, luz y gas.
En junio, mediante el oficio DGI/312/267/2006, la SFP determinó que por segunda ocasión, los funcionarios de PGPB actuaron en contravención a las leyes (LOPSRM y LFRSP), al otorgarle el contrato a la empresa que no cumplía los requisitos de la licitación, aunado a que PGPB tampoco acreditó la razón de su fallo. Por ello ordenó a la subsidiaria reponer otra vez el proceso y contratar a una empresa con la capacidad técnica y económica para dichos trabajos. Además instruyó al OIC fincar el procedimiento disciplinario a los funcionarios de PGPB.
Por tercera ocasión, PGPB supuestamente organizó un nuevo proceso de licitación, en el cual, otra vez se le adjudicó el contrato a Tuboscope. Tras analizar el nuevo proceso, la SFP comprobó que la sociedad mercantil incumplió de nuevo los requisitos de la licitación. El 12 de septiembre, le ordenó a PGPB “la reposición de los actos viciados”.
En el siguiente proceso, el contrato fue para la misma firma. En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/003/2007, la SFP resolvió que de nuevo PGPB “determinó adjudicar el contrato en materia de la licitación impugnada sin acreditar en apego a derecho que la propuesta del licitante ganador haya satisfecho plenamente la totalidad de los requisitos exigidos en las bases del concurso”. Instruyó de nueva cuenta al OIC “para que en términos de ley aplique las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de esas actuaciones contrarias a derecho”.
Finalmente, en octubre de 2007, la subsidiaria reconoció que la compañía no cumplía los requisitos. Determinó declarar desierta la licitación, “en virtud de que Tuboscope no cumple los requerimientos”.
La SFP concluyó que los funcionarios de PGPB incurrieron en “la falta de diligencia y observancia al mandato de autoridad, perdiéndose la debida transparencia y legalidad que deben revestir los actos de todo servidor público, y que violaron el artículo 8 de la LFRSP, que obliga a todo servidor público a “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
En el expediente 18/577/OIC/AR/UR/ER/0003/2007, el 25 de octubre, la SFP puso de manifiesto “la falta de responsabilidad y la deficiencia” con la que se condujeron los funcionarios de PGPB al acreditarse las violaciones a las disposiciones normativas relacionadas con ese servicio, “de donde deviene la necesaria conclusión que resulta conveniente suprimir de este tipo de prácticas que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, pues –subraya la SFP– los funcionarios de la subsidiaria reconocieron que en realidad Tuboscope “jamás cumplió con los requisitos de las bases”.
En su dictamen del expediente, cuya copia posee Contralínea, Función Pública destaca otros agravios en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de los funcionarios de PGPB. Se transgredió, dice, el principio de la lealtad, dado que la asignación a Tuboscope “refleja ausencia del más elemental sentido de cuidado para revisar ofertas de acuerdo con la normatividad dispuesta para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las menores condiciones para el Estado”.
Pero la opacidad en torno a esta contratación no cesó. Pese a que la SFP ordenó anular la contratación, en el portal de transparencia, PGPB asienta que por la contratación de Tuboscope para el “mantenimiento predictivo y correctivo” en los citados gasoductos, se pagaron 38 millones 122 mil 531 pesos a Tuboscope, mediante los contratos 5500000511, por 23 millones 993 mil 524.80 pesos, y 5500000512, por 14 millones 129 mil 007.
Contralínea buscó una entrevista con Roberto Ramírez Soberón para que explicara por qué en tres ocasiones, en contravención a la ley –según determinó la SFP–, se entregó contrato de ductos a Tuboscope, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Feria de adjudicaciones
Ser protagonista del polémico proceso de contratación no le impidió a la compañía –cuya sede se ubica en la ciudad de Houston– recibir diversos contratos tanto en PGPB como en Pemex Refinación, aunque uno de los motivos por los que la SFP descalificó a Tuboscope fue porque, de acuerdo con sus indagatorias, la compañía no demostró contar “con capacidad para realizar los trabajos de forma segura” y “sin interferir en la operación” del ducto.
En julio de 2008, Ramírez Soberón la contrató para que inspeccionara el interior del gasoducto Cadereyta-Estación 8 Chávez, por 12 millones 276 mil pesos (contrato número 5500000679). Y luego le pagó 23 millones de pesos para que realizara la certificación del mismo, mediante el contrato 5500000680. En diciembre, cuando supuestamente tendría que finalizar el trabajo, se negoció, mediante un convenio, el diferimiento del 31 de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2009.
En Pemex Refinación se le asignaron los siguientes contratos:
El número 4500208637, por 340 mil 967 dólares, para que inspeccionara el interior del poliducto DN Salamanca-León; el 4500180173, por 26 millones de pesos, para que rehabilitara el oleoducto Poza Rica-Estación Tepetitlán, mediante la inspección interior con equipo instrumentado.
También se le contrató, por 106 millones 196 mil 615 pesos, para que evaluara la integridad del corredor de ductos playeros de la refinería Antonio Dovalí Jaime a las boyas 1,2 y 3 en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el contrato GTD-UPLC-006/08; para que inspeccionara las líneas 16 DN (diésel), 16-14 DN (gasolina) y 16-12-14 DN (turbosina), del muelle a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Progreso, Yucatán, se le pagaron 39 millones de pesos mediante el contrato GTD-UPLC-007/08.
Luego se le contrató (GTD-UPLC-009/08) para que inspeccionara y certificara el interior del combustoleoducto DN Refinación Madero-CFE Altamira, por 22 millones de pesos. Y después, mediante el contrato GTD-UPLC-018/08, se le encargó que “evaluara” la certificación de la rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; se la pagaron 186 millones 271 mil 867 pesos.
Derroche y negligencia
Un alto directivo del área de ductos de PGPB, que pide el anonimato, explica a Contralínea que la paraestatal aún tiene contratado al personal capacitado para proporcionar el mantenimiento de ductos “como lo ha hecho en los últimos 70 años”, pero, por la contratación de privados para estas áreas, dicho personal está prácticamente congelado. La política tercerizadora, explica, encarece considerablemente la operación de los ductos.
?¿Cuánto se incrementa el costo de que sean empresas privadas las que le den mantenimiento a los ductos a que sea directamente Pemex el que haga esos trabajos?
?Al contratar el mantenimiento de ductos con empresas particulares tiene una costo mayor al doble, ya que por un lado asume los costos de la plantilla de su propio personal y, por otro, tiene que solventar los costos que le paga a la contratista; más costos por la administración y supervisión de los contratos.
En PGPB, la contratación de privados para el mantenimiento y operación de gasoductos no sólo ha duplicado las funciones y el gasto, sino que “multiplica exponencialmente las condiciones de riesgo, pues se está contratando a empresas que ni en los procesos de licitación pueden comprobar su capacidad”, concluyen los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por Contralínea.
La falta de vigilancia y control del contratismo en las áreas de ductos, explican, se ven reflejados en “hechos fatales que impactan no sólo a los propios trabajadores de Pemex, sino a las comunidades donde se ubican los ductos, particularmente de Tabasco y Veracruz, para lo cual basta recordar la fuga y explosión ocurrida en el gasoducto Dos Bocas-La Trinidad, en Cunduacán, Tabasco”.
Alfonso Hickman Sandoval, del Grupo de Ingenieros Constitución del 17 e integrante del CNEE, subraya la responsabilidad de los directivos de Pemex al contratar a empresas sin capacidad técnica, como ocurrió en el caso de Tuboscope: “Es procedente la responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 109, fracción III de la Constitución, el Congreso de la Unión ha expedido leyes de responsabilidades de los servidores públicos a efecto de sancionar a quienes, incurran en responsabilidad y, específicamente, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
Como se puede discernir con toda claridad, dice el analista, “de llegarse a acreditar objetivamente que servidores públicos de Pemex hayan realizado la contratación simulada de compañías que aseguraron contar con experiencia técnica sin ser así, se podría considerar que esto eventualmente representaría un ataque directo a las instituciones democráticas, como lo es el Poder Legislativo, violación del marco constitucional y legal, violaciones graves a los programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales”.

Contratos al margen de la ley en Pemex por 8 mil MDP

Con el esquema de proveeduría internacional, Pemex burla la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, su filial Integrated Trade Systems firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos de la paraestatal y sus subsidiarias. Los montos involucrados superan los 8 mil millones de pesos anuales, revelan auditorías. Además, descubren a ITS como prestanombre de la petrolera en cuentas bancarias, beneficiaria de millonarias transferencias y responsable de exceso de liquidez.

Nancy Flores

Los resultados de dos auditorías y documentos confidenciales de Petróleos Mexicanos (Pemex) –de los que Contralínea posee copia– revelan que el esquema de proveeduría internacional empleado por la paraestatal más importante del país omite atender los criterios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público referentes a las formas de contratación.
En materia de proveeduría internacional, Pemex omite convocar a licitaciones públicas internacionales o lo hace después de que su filial Integrated Trade Systems (ITS) acuerda la asignación de millonarios contratos con trasnacionales, entre las cuales se encuentran Solar Turbines, Siemens Industrial Turbomachinery, Geoquest Systems, Invemsys Systems, Nuovo Pignone Spa, Landmark Graphics Corporation.
Tan sólo en 2007, Pemex y cuatro de sus cinco subsidiarias firmaron 3 mil 63 contratos bajo estas condiciones, que involucraron recursos públicos por 8 mil 135 millones 971 mil 600 pesos, revelan los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120, “Gestión corporativa y financiera”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si el monto de las contrataciones de proveeduría internacional se hubiera sostenido a lo largo de los 14 años de existencia de ITS –creada en 1994–, sumaría ya 112 mil millones de pesos. La cifra equivaldría a 4.6 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para 2009, que este año asciende a 24 mil 337 millones 73 mil 934 pesos.
Los miles de servicios y bienes que Pemex ha obtenido de esta manera durante más de una década estarían al margen de la legislación, pues los contratos marco –que sustituyen o anteceden las licitaciones públicas internacionales– no están estipulados en el “Título segundo de los procedimientos de contratación” de la Ley de Adquisiciones. Ésta, en su artículo 26, enuncia sólo tres formas permitidas: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa.
Las asignaciones contractuales derivadas de la firma de los contratos marco que hace ITS han sido justificadas por las subsidiarias y el Corporativo bajo los siguientes rubros: por monto menor, por patente, por marca, por derechos exclusivos, por “pérdida imp” (sic).
Intermediación de ITS
ITS es una de las 25 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera mexicana, con sede en Estados Unidos, que no rinde cuentas a la hacienda pública por su carácter de no paraestatal, señala la ASF.
El documento confidencial Brief review of ITS / Pemex –elaborado en agosto de 2008 por el director de esa filial, Ramón Guerrero– indica: “En todo momento, ITS opera bajo el mandato específico de Pemex y de cualquiera de sus subsidiarias; negocia y administra los contratos marco; proporciona servicios de adquisiciones directas e indirectas, de identificación de proveedores (mercado, proveedores, bienes y servicios de inteligencia, compras, logística y finanzas); desarrolla y mantiene un directorio de proveedores activos de todo el mundo; proporciona un sistema de información con las mejores prácticas de negocios, designados específicamente para las necesidades de contratación de Pemex”.
En 2007 –el primer año de la gestión de Jesús Reyes Heroles en la paraestatal– esas “necesidades” llevaron a Pemex Exploración y Producción (PEP) a signar 2 mil 249 contratos, que implicaron recursos públicos por 6 mil 569 millones 226 mil 800 pesos, indican los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.

Información de PEP –proporcionada a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– constata que de esos 2 mil 249 contratos, para adquisiciones de bienes y servicios de importación directa, 1 mil 53 se hicieron, además, con líneas de crédito del exterior que la subsidiaria e ITS avalaron.
En ese mismo ejercicio, Pemex Refinación asignó 483 contratos derivados de las gestiones de Integrated Trade Systems, cuyo monto total alcanzó los 950 millones 308 mil 600 pesos. Datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia indican que, de 2000 a 2007, Refinación concedió 1 mil 550 contratos con líneas de crédito del exterior, a través de ITS.
Los resultados de la auditoría, practicada por la ASF a solicitud de los diputados de la LX Legislatura, descubren que en 2007 Pemex Petroquímica recurrió al esquema de proveeduría internacional en 144 ocasiones, con una erogación de 341 millones 6 mil 900 pesos.
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) lo hizo 103 veces, por 174 millones 53 mil 300 pesos; Pemex Corporativo, en 83 ocasiones, por 100 millones 987 mil 900 pesos en total; mientras que la empresa III Servicios, SA de CV –propiedad del Estado mexicano–, una vez, por 388 mil 100 pesos.
Trasnacionales beneficiadas
Los más de 3 mil contratos beneficiaron especialmente a 23 trasnacionales, entre las que destaca Solar Turbines, Incorporated, vinculada al exdirector de PEP y de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
Ésta obtuvo contratos de tres subsidiarias que involucraron 2 mil 137 millones 942 mil 855 pesos. Tan sólo en PEP obtuvo el 29.1 por ciento del monto total ejercido por dicha subsidiaria a través de ITS: 175 millones 349 mil 900 dólares, que a un tipo de cambio vigente en 2007 de 10.9043 pesos por 1 dólar equivalió a 1 mil 912 millones 67 mil 914 pesos.
De acuerdo con los datos que PEP entregó a Contralínea, Solar Turbines recibió el mayor número de contratos con el beneficio de las líneas de crédito del exterior, al contabilizar 230.
Además, obtuvo el 18.5 por ciento de los contratos que Pemex Refinación concedió, por lo que se agenció 16 millones 169 mil 800 dólares (176 millones 320 mil 350 pesos); y el 28.4 por ciento de PGPB, por 4 millones 544 mil 500 dólares (49 millones 554 mil 591 pesos).
Por montos, también sobresalen los contratos asignados por PEP a las empresas Geoquest Systems, BV, por 92 millones 880 mil dólares (1 mil 11 millones 919 mil 40 pesos); Invemsys Systems, Inc, por 90 millones 452 mil 800 dólares (986 millones 324 mil 467 pesos); Nuovo Pignone Spa, por 57 millones 861 mil dólares (630 millones 933 mil 702 pesos); y Landmark Graphics Corporation, por 52 millones 79 mil 500 dólares (567 millones 890 mil 491 pesos).
Anomalías financieras
Además de los contratos marco, ITS estaría involucrada en irregularidades financieras como el “préstamo” de su nombre a Pemex para el manejo de una cuenta bancaria, cuyas operaciones y saldo no son reportadas en los estados financieros de la filial ni de la paraestatal; las pérdidas acumuladas por miles de dólares; el exceso de liquidez en sus finanzas, y la transferencia de recursos públicos a arcas privadas.
En el primer caso, Integrated Trade Systems omitió enterar la existencia de la cuenta bancaria Citibank 36160372, con saldo de 58 mil 200 dólares al 31 de diciembre de 2007, en el catálogo de cuentas; tampoco registró su importe en la balanza de comprobación de ese ejercicio, descubren los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
El 3 y el 10 de febrero de 2009, la Gerencia de Control Presupuestal de Pemex, Subgerencia de PEP y Corporativo, señaló a la ASF que “la cuenta con el Citibank ha estado operando desde la incorporación de ITS. Dicha cuenta no ha sido reportada en el catálogo de cuentas vigente, debido a que los fondos de la misma corresponden a Pemex. La cuenta está a nombre de ITS simplemente porque es la forma en que los fondos pueden ser integrados y posteriormente distribuidos por las entidades de Pemex”.
Para la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de que ITS preste su nombre a Pemex para el manejo de esa cuenta contraviene el apartado “Información suficiente” de la Norma de Información Financiera A-4, “Característica cualitativa de los estados financieros”.
Al aclarar la situación, la paraestatal indicó a inicios de este año que “existe un plan en curso para comenzar el registro de la cuenta Citibank en los reportes financieros de ITS; sin embargo, conforme la opinión jurídica de nuestros asesores, no es recomendable incorporar la misma a los sistemas contables de ITS, por lo que es necesario esperar la opinión en materia contable por parte de nuestros asesores externos para que ITS se pronuncie al respecto”.

Transferencias de recursos
En materia financiera, la ASF también señala que Integrated Trade Systems registró en el ejercicio de 2006 pérdidas acumuladas por 741 mil 300 dólares, que fueron cubiertas con las utilidades, por 969 mil 100 dólares.
Además, al 31 de diciembre de 2007, el máximo órgano de fiscalización reporta exceso de liquidez en las finanzas de ITS por 8 millones 344 mil 400 dólares, equivalentes a 90 millones 989 mil 800 pesos. El exceso, identificado en el rubro “Caja y bancos”, “representó una inversión sin movimiento de efectivo que se ha acumulado por dos años y que Petróleos Mexicanos debió haber integrado en su tesorería, en cumplimiento del Primer informe de ejecución del plan nacional de desarrollo 2007-2012, que señala dentro de sus objetivos ‘adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora operativa’”.
No obstante la observación de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex respondió: “Es importante señalar que ITS no está obligado a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.
La cuarta irregularidad financiera detectada por la ASF está relacionada con el trasiego de recursos públicos de la paraestatal y sus subsidiarias a las arcas supuestamente privadas de Integrated Trade Systems.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, ITS expidió 133 facturas por los servicios otorgados a Pemex y sus subsidiarias, por un total de 134 millones 569 mil 900 pesos: 12 de PEP, por 71 millones 815 mil 700 pesos; 84 de Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos; 12 de Pemex Petroquímica, por 10 millones 588 mil 100 pesos; 12 de PGPB, por 9 millones 577 mil 200 pesos; 12 de Pemex Corporativo, por 3 millones 276 mil 700 pesos; uno de III Servicios, por 34 mil 900 pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF detectó que las 84 facturas emitidas por Integrated Trade Systems a Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos, no se indicaba el número del contrato que las originó. Además, en 11 de esas facturas, por 3 millones 660 mil 600 pesos, las fechas o los conceptos corresponden al ejercicio 2006.
Desde enero de 2009 entró en vigor un nuevo modelo de contrato por tarifas de servicio para los servicios de proveeduría de importación integral que presta ITS, dice la Memoria de labores 2008, elaborada por Pemex y dada a conocer a principios de este año. Sin especificar las causas ni los resultados, agrega que se realizó un taller de optimización del proceso de solicitud y recepción de servicios para proveedores con contrato preparatorio con ITS.

Pemex justifica a ITS
Emplazada por la ASF, en febrero pasado Pemex justificó el esquema de proveeduría internacional que por más de 14 años ha entregado contratos sin licitación de por medio. ITS “es un instrumento jurídico que busca negociar con proveedores primarios, propietarios de algún derecho exclusivo, que contiene las previsiones normativas necesarias para la adjudicación directa de contratos definitivos como excepción a la licitación pública”.

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