Servidumbre de expresidentes cobra 32 millones cada año

Además de una pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cinco expresidentes mexicanos tienen a su servicio a 154 empleados militares y civiles, desde choferes hasta directores generales. En la nómina, que cuesta al erario más de 32 millones de pesos anuales, hay 13 empleados en puestos de mando a pesar de que no cuentan con la preparación académica necesaria, de acuerdo con la ASF.

Mayela Sánchez

Desde choferes hasta directores generales, así como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cinco expresidentes de México tienen a su servicio a 154 empleados, que cuestan al Estado más de 32 millones de pesos sólo por honorarios, cada año.

La nómina del personal civil y militar a disposición de Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada se suma a las prebendas de las que gozan los exmandatarios: una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida. Todas, a costa del erario.

A pesar de ello, la Presidencia de la República no cuenta con los perfiles de los puestos del personal civil. En consecuencia, actualmente hay 13 empleados en plazas de mando que carecen de la formación académica correspondiente a esos cargos.

Se trata de dos jefes de departamento del expresidente de la Madrid Hurtado, Zeferino Ramírez y Alfredo Islas, quienes cuentan con estudios de primaria y secundaria, respectivamente; así como Efrén Trejo, subdirector de área al servicio de Zedillo, con estudios de bachillerato, y Juan Antonio Serna, jefe de departamento de Fox y que sólo concluyó la secundaria. En la oficina del panista también despacha como subdirector Alejandro Olalde, pasante de la licenciatura en trabajo social.

De los seis subdirectores de área adscritos al equipo de Salinas de Gortari, únicamente cinco cursaron el bachillerato o una carrera técnica: Armando Rojas Yáñez y Gustavo Gutiérrez Sánchez son contadores privados y María Guadalupe Gutiérrez Sánchez es secretaria ejecutiva bilingüe. Los primeros dos cobran 25 mil pesos y ella recibe cada mes casi 40 mil pesos por su trabajo.

Juan Flores Neria y Lorenzo Mejía también ocupan una plaza de subdirectores aunque sólo concluyeron el bachillerato. Uno de los jefes de departamento del exmandatario, Alejandro Aurelio López, también tiene ese grado de estudios, mientras que José Pascual Ramírez Pomposo y Julián Ramírez Rodríguez cursaron únicamente la educación básica pero despachan como jefes de departamento.

A pesar de que su formación académica no corresponde con el nivel requerido en los cargos que ocupan, estos empleados reciben mensualmente sueldos de entre 10 mil 200 y 31 mil 700 pesos. A esos montos se le suma una remuneración complementaria que oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, además de un apoyo para despensa de 77 pesos.

En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esta situación y recomendó a la Presidencia de la República que incluyera como requisito de dicho personal el cumplimiento de un perfil de puesto.

Para saber si la Presidencia de la República había atendido esta encomienda, así como para conocer en qué consiste el trabajo de los empleados civiles al servicio de los expresidentes, Contralínea solicitó una entrevista a través del área de comunicación social de la dependencia. Al cierre de edición, la oficina del director general en medios nacionales, Alejandro Caso Niebla, no había dado respuesta a dicha petición.

Mientras tanto, los empleados señalados por la Auditoría continúan en sus cargos, como constata el listado del personal civil al servicio de los expresidentes, entregado a este semanario a través de la solicitud de información folio 0210000037311.

Entre esos empleados se encuentra Zeferino Ramírez García, quien figura como jefe de departamento adscrito a la oficina del expresidente de la Madrid Hurtado. Por el nivel de su cargo, Ramírez García cobra cada mes 17 mil 46 pesos.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, las funciones de Ramírez García son de chofer y cuerpo de seguridad del exmandatario.

Su ficha curricular consigna que sólo estudió la primaria y que entre 1974 y 1996 fungió como chofer en el Primer Batallón de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde el 1 de julio de 1996 ingresó a la nómina de la Presidencia de la República con el mismo encargo, pero con el puesto de jefe de departamento.

Un caso similar es el de Efrén Trejo Hernández, quien aparece como subdirector de área en la oficina de Ernesto Zedillo.

Con estudios de bachillerato, Trejo Hernández fue chofer de Zedillo desde 1992, cuando éste ocupaba el cargo de secretario de Educación Pública. También lo acompañó durante la campaña presidencial de 1994 y mantuvo su puesto de conductor a lo largo de su sexenio.

El Registro de Servidores Públicos refiere que ahora forma parte del cuerpo de seguridad del exmandatario. Por su trabajo, el chofer de Zedillo recibe un sueldo de 17 mil 588 pesos al mes, además de una compensación por 7 mil 666 pesos y un apoyo para despensa de 77 pesos.

Contralínea buscó vía telefónica a Trejo Hernández en la oficina del expresidente Zedillo. Un vigilante, de nombre Miguel Sánchez, refirió que desde hace aproximadamente un año dicha persona no trabaja en ese lugar.

Oscar Frías, quien se identificó como asistente del exmandatario (aunque no figura en el listado entregado por la Presidencia), dijo que no tenía conocimiento de la situación de Trejo Hernández, por lo que no podía corroborar ni negar esa información.

Asimismo, expuso que la oficina del expresidente no se hacía cargo de las contrataciones de personal, por lo que tampoco podía hablar sobre la observación de la ASF.

En la oficina de Miguel de la Madrid, la encargada de comunicación social, Delia Amparo González, eludió hacer algún comentario sobre los señalamientos de la Auditoría ni con respecto del trabajo que desempeñan los empleados del exmandatario. Su argumento fue que no estaban autorizados para dar entrevistas.

Contralínea también buscó a Jorge Humberto Loyola Abogado, quien figura como director general del equipo de Fox en la información entregada por la Presidencia de la República, pero que despacha en el área de investigación del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC.

Loyola Abogado junto con otros ocho empleados de mando, pagados por el Estado para atender al expresidente, forman parte del personal del llamado Centro Fox, de acuerdo con la información consignada en el Registro de Servidores Públicos.

Actualmente, la asociación civil dedicada a “la formación de líderes”, es dirigida por la esposa del exmandatario, Marta Sahagún, y tiene la misma dirección que la oficina de “ayudantía” de Fox Quesada.

Al cierre de edición no se tuvo respuesta ni de Loyola Abogado ni de la oficina de comunicación social del Centro Fox, a cargo de Cristina Gómez Peralta, quien también forma parte del equipo del exgobernante.

A sus órdenes, señor expresidente

De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente hay 79 empleados civiles al servicio de los cinco exmandatarios vivos.

Con salarios que van de los 7 mil a los 120 mil pesos, el personal “de apoyo” de los exgobernantes cuesta al erario 1 millón 436 mil pesos mensuales, que se suman a las pensiones de 205 mil 122 pesos que se pagan a Echeverría, de la Madrid y Fox.

Salinas de Gortari y Zedillo son los únicos expresidentes que han renunciado a sus pensiones; sin embargo, mes tras mes se les entregan 6 mil 890 y 12 mil 320 pesos, respectivamente, como pago de la potenciación de sus seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y ninguno de ellos declinó del privilegio de contar con personal pagado por el Estado.

La entrega de tales canonjías tiene como único sustento el acuerdo presidencial 2763-Bis, expedido el 31 de marzo de 1987, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Previamente, el 25 de noviembre de 1976, Luis Echeverría Álvarez había emitido el acuerdo 7637, en el que se ponía a disposición de cada exgobernante a 78 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con el acuerdo 2763-Bis, las concesiones para quienes ocupasen el cargo de Presidente de la República aumentaron: desde entonces también disponen de una pensión vitalicia pagada por el Estado, así como un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida.

Asimismo, cada expresidente tiene a sus órdenes directas y de por vida a 25 empleados, para desempeñar “servicios generales”. Éstos se encuentran adscritos al personal de la Presidencia de la República.

El acuerdo 2763-Bis estipula que los empleados sean un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarias, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.

Actualmente, ninguno de los cinco exmandatarios dispone del total de empleados que el acuerdo respalda. Echeverría Álvarez es quien tiene a su servicio al mayor número de trabajadores (21), todos ellos considerados personal operativo y cuyos sueldos oscilan entre los 290 y los 1 mil 805 pesos,

aunque las percepciones totales de esos empleados alcanzan, en algunos casos, los 7 mil 255 pesos, y en otros llegan hasta los 9 mil 195 pesos. Ello se debe a que la mayor parte de su salario se les entrega como “compensación garantizada”.

Además, reciben 800 pesos como “compensación por desarrollo y capacitación”, 195 pesos por “ayuda de servicios”, 150 pesos como “previsión social múltiple” y 150 pesos más como despensa.

En la misma situación se encuentran los 11 trabajadores operativos del expresidente de la Madrid, uno de Salinas de Gortari y uno de Fox Quesada.

El guanajuatense también cuenta con nueve empleados en puestos de enlace, cuyos salarios provienen en gran medida de la “compensación garantizada”. Cuatro servidores públicos a disposición de Zedillo ocupan el mismo nivel.

De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo, por lo que no se consideran en la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, ni las cuotas y aportaciones de seguridad social.

De la Madrid también tiene a su servicio a un director general adjunto, cinco subdirectores de área y dos jefes de departamento; en total, su equipo cuesta al erario 4 millones 623 mil pesos al año.

La mitad de los empleados de Fox Quesada ocupa puestos de mando y él es el único de los expresidentes que tiene en su nómina a un director general, cuyo salario mensual alcanza los 119 mil 747 pesos.

Salinas de Gortari cuenta con una docena de empleados, de los cuales sólo uno ocupa un puesto operativo.

A la cabeza de su equipo se encuentra Adán David Ruiz Gutiérrez, quien fue secretario particular del expresidente desde el término de su mandato y hasta 1999; actualmente, es director general adjunto de la oficina de Salinas de Gortari, encargo por el que recibe 85 mil 965 pesos cada mes.

Zedillo tiene a su servicio a sólo seis personas, pero por ellas el Estado paga cerca de 1 millón de pesos anualmente.

Oficinas fantasma

Aunque los empleados al servicio de los exmandatarios están adscritos al personal de la Presidencia de la República, actualmente no figuran en el directorio de la dependencia.

Sin embargo, sí se encuentran inscritos en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde también se asientan las direcciones de las oficinas de los expresidentes.

En el caso de Salinas de Gortari aparecen tres direcciones, todas en la Ciudad de México.

Pero el número 1001 de avenida Constituyentes, en la delegación Álvaro Obregón, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque en dicha sede existe una oficina de la Presidencia, ninguna de sus áreas se encarga de atender los asuntos del expresidente.

Otra de las direcciones corresponde a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia en Palacio Nacional, donde uno de los vigilantes informó que tampoco existe un área al servicio de Salinas de Gortari.

La tercera sede, ubicada en la calle Dulce Olivia 157, en la delegación Coyoacán, dejó de fungir como oficina del exmandatario alrededor de hace seis años, de acuerdo con el conserje del edificio.

El encargado dijo también que la propiedad, que alberga departamentos y no oficinas, pertenece a los hermanos Salinas de Gortari.

Millonario gasto en militares

Respecto del número de empleados militares al servicio de los exmandatarios, la Presidencia de la República manifiesta en su respuesta a la solicitud de información 02100000373 que se trata de datos reservados, pues su difusión podría menoscabar la capacidad de respuesta de tales equipos de seguridad.

La dependencia únicamente refiere que los rangos del personal asignado a su seguridad van del de cabo al de teniente coronel en el Ejército y sus equivalentes en la Armada de México, y que “en su totalidad ejercen funciones operativas”.

Sin embargo, acota que “la cantidad de elementos es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que llevan a cabo los expresidentes y las comisiones propias del servicio que desempeñan” (sic).

Pero conforme al acuerdo presidencial 7637, cada exgobernante puede disponer de hasta 78 elementos militares: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 miembros de tropa del Ejército; un jefe, dos oficiales y ocho miembros de tropa de la Fuerza Aérea; y de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.

De acuerdo con información de la Auditoría, para 2009 los cinco expresidentes contaban con 75 elementos militares a su servicio: Salinas de Gortari, 19; de la Madrid, 18; Zedillo y Fox, 17 cada uno; y Echeverría, cuatro.

Aunque no detalla el rango de cada militar, la ASF anota que ese año se gastaron 32 millones 660 mil pesos en personal de apoyo, tanto civil como militar.

Es decir, que se estarían pagando alrededor de 15 millones y medio de pesos en personal militar, si se considera que en los salarios de los empleados civiles se gastan 17 millones 236 mil pesos anuales.

Privilegios ilegales

De acuerdo con el Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México, los acuerdos 7637 y 2763-Bis son inconstitucionales, ya que las leyes en las que supuestamente se fundamentan no contemplan que los expresidentes gocen de beneficios económicos, sociales o de apoyo administrativo, ni que puedan disponer de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Asimismo, el documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados señala que no hay ninguna ley que faculte al presidente de la República para conferir tales prerrogativas a los exmandatarios.

Cecilia Licona Vite, autora del estudio, refiere además que las leyes en las que supuestamente se cimentaron esos acuerdos ya fueron abrogadas.

En el caso del acuerdo 7637, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, fue sustituida por la de 1986, y la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, fue abrogada en 2002.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria remplazó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, sustento del acuerdo 2763-Bis.

Dado que los nuevos ordenamientos no contienen ningún precepto que disponga de ayudas a los expresidentes con cargo al erario, la investigadora sostiene que aun cuando los acuerdos hubieran tenido soporte en las anteriores leyes, éstos han quedado sin sostén al abrogarse tales ordenamientos.

Licona Vite agrega a su argumentación que los acuerdos ni siquiera fueron firmados por los presidentes en turno, a pesar de que era su facultad hacerlo.

Conforme con el estudio de Licona Vite, el acuerdo 7637 no fue signado por Echeverría Álvarez, sino únicamente por Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis Bravo Carrera, entonces secretarios de Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.

Tampoco de la Madrid firmó el documento que emitió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el acuerdo 2763-Bis cuenta únicamente con la rúbrica del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

La investigadora considera esto una “anomalía” que conduce a cuestionar la “constitucionalidad y validez” de tales acuerdos.

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011

Las pensiones de los ex presidentes

Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, ex presidentes con pensión vitaliciaFoto Marco Peláez.

Arnaldo Córdova

El servicio público desde un puesto de gobierno o de la administración pública o de la representación popular es un privilegio sólo en el sentido de que, en efecto, lo es servir a la sociedad. En un régimen democrático y republicano jamás debería constituir ese privilegio que significa adquirir canonjías indebidas o disponer de los dineros públicos o sacar provecho personal de una situación dada. Tampoco debería constituir un medio de prolongar los beneficios que el cargo proporciona mientras se le ejerce, como altos sueldos o los así llamados gastos de representación.

En un régimen político de verdad civilista y de derecho y siendo el servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que haya sido su investidura o su cargo. Desde la época de Echeverría, justo en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas. Ese sí ya de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en 1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático de dimensiones públicas, siendo privados.

Nadie nace siendo un funcionario o un servidor público. Se supone que el que es electo presidente de la República fue antes un político y que tiene ciertas habilidades profesionales. Se supone porque ésa es la verdad. Cuando, después de desempeñar su cargo, se debería suponer también que vuelve a las actividades que como ciudadano desempeñó antes. El presidente no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que, después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente. No hay nada que justifique que, después de ser presidente, se le siga tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal.

En alguna ocasión, el tonto de Fox dijo que necesitaba su pensión para poder vivir de algo. En estricta lógica republicana, debería suponerse que, antes de ser presidente, el ciudadano que llega a serlo vivía de un oficio o de un negocio. Luego de desempeñar su puesto, otorgado por la ciudadanía, debería volver a vivir de lo que vivía antes y no pretender que la sociedad, tan esquilmada ya de por sí, lo siga manteniendo como si todavía lo hiciera, siendo que eso resulta costosísimo. Que esos gravosísimos privilegios se mantengan sólo demuestra que la nuestra no es una República de ciudadanos, sino una sociedad de privilegios que anula la ley y la misma Constitución.

Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa, de un acto de un presidente puramente autoritario. No está establecido en ninguna ley ni, mucho menos, en la Constitución. Si el Congreso hubiera actuado como un poder soberano y no como un lamebotas de los presidentes, incluidos los panistas, habría reclamado al Poder Judicial la anulación de semejante monstruosidad y su sanción puntual como violatoria de la legalidad republicana. No es posible, se dice el ciudadano común y corriente, que muchas veces no sabe nada de leyes ni de procedimientos administrativos, que este país tan pobre se sacrifique para dar a unos auténticos zánganos que, además, han hundido al país, semejantes prerrogativas.

A un par de piadosos diputados priístas se les ha ocurrido disminuir a la mitad esas abusivas prerrogativas de los ex presidentes. Esas cabezas de chorlito son los representantes del pueblo Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana (muy conocidos en su casa). Debió haberles parecido un acto de justicia; pero no presentaron su iniciativa por eso, sino porque les preocupaba que ese fenómeno no estuviera regulado en ningún instrumento jurídico. Ignorantes de la historia y pienso que sin saber los abusos de Echeverría y De la Madrid, para ellos el asunto es someter a regulación esos privilegios inmundos. Ya veremos lo que implica la reducción a la mitad de esos privilegios y el asombro que causa saber la entidad de esos mismos privilegios.

En la UNAM, el rector Pablo González Casanova determinó que a los ex rectores (y no recuerdo si también a los ex directores de facultad, escuela o instituto) se les debía seguir pagando su sueldo de por vida. Su explicación fue que habían realizado un gran servicio a nuestra casa de estudios. Yo me preguntaba por qué estaba tan seguro de que habían realizado un buen servicio. Yo recuerdo que el desempeño de casi todos ellos fue pésimo. Debe ser la misma razón que se aduce con los ex presidentes (Echeverría y González Casanova fueron contemporáneos en sus mandatos). Por muy meritorio que sea el servicio prestado a la generalidad nunca debemos olvidar que ese servicio es un deber y no fuente de privilegios indebidos y vergonzosos.

No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario. Téllez descobijó en una conversación privada a Salinas, diciendo que se había robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia. Eso debió haber sido muchísimo dinero. Todos los presidentes nos han robado, aunque no se lo podamos probar. Todos se han llevado dinero público a sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios nos son desconocidos y siempre lo serán; pero lo han hecho. Basta ver el boato en que viven. Todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición.

La iniciativa de marras que un par de borricos ha propuesto para regular los privilegios de los ex presidentes es un ejemplo preclaro de la estulticia y el mal humor. La mayor puntada que se alcanzaron fue la de convertir a los ex presidentes en cuadros académicos de alguna de nuestras universidades. No entiendo qué harían en una universidad, como no fuera la de desahogar sus chismes. Ninguno de ellos ha podido ser un científico por razones obvias. Que nos vengan a contar las tonterías que han hecho en sus gobiernos y los desastres que han provocado, muy probablemente ni ellos mismos serían capaces de explicarlos. Eso lo mostró Salinas en su primer libro hablando del error de diciembre.

Ahora va la buena: se pensionará a los presidentes con el 85 por ciento de su sueldo y luego de seis años se reducirá a la mitad. Parece mucho, pero eso equivale a unos doscientos mil pesos mensuales, ya sin trabajar. Para preservar la seguridad personal de los ex presidentes, la Secretaría de la Defensa les asignará un general, dos jefes, seis oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y seis elementos de tropa. La Armada, dos jefes, dos oficiales y 10 elementos de tropa. Se les asignarán tres vehículos oficiales para ellos y sus familias. Se les darán 26 personas como personal administrativo. Todo ello implica que se reducirá 70 por ciento el personal hoy asignado. Saquen ustedes las cuentas. Y, todo ello, ¿a título de qué?

Esa iniciativa es una bofetada al pueblo. Los ex presidentes no tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir. No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex mandatarios vivan como reyes. Eso es absolutamente ilegal e inmoral.

Expresidentes: vida de ricos con dinero público

El encanto de ser expresidentes...

De los cinco expresidentes vivos, Vicente Fox es el más caro para el erario, seguido por Miguel de la Madrid, autor del decreto que les aseguró una vida regalada mediante millonarias pensiones. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no la cobran, pero sí gozan de seguros de gastos médicos mayores, empleados administrativos y escoltas militares. Como candidato a la Presidencia, Felipe Calderón prometió que no la aceptaría, pero aún no ratifica públicamente su compromiso.

Daniel Lizárraga*

El presidente Felipe Calderón ha preferido apretar el cinturón a la gente limitando el salario mínimo a un aumento de apenas 2 pesos con 58 centavos diarios; se ha arriesgado a incomodar a los industriales con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), y recientemente ha sacrificado a la burocracia reduciéndole el gasto corriente. Todo, antes que tocar a las familias presidenciales, cuya manutención histórica llegará este año a 438 millones 841 mil 787 pesos (unos 33.7 millones de dólares), cifra sin parangón en el mundo.

En ninguna otra parte de América Latina los exmandatarios cuentan con oficinas ocupadas por servidores públicos a sus órdenes y sostenidas con el erario, del tamaño que hay en México, donde los cuatro expresidentes vivos disponen de 89 funcionarios que han costado a los contribuyentes 229 millones 132 mil 248 pesos durante los últimos 32 años, de acuerdo con una investigación de Proceso.

Estos montos no consideran la nómina de los 78 elementos del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea asignados a los exmandatarios. El Estado Mayor Presidencial ha clasificado estos datos como confidenciales y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) aún no se ha pronunciado sobre la pertinencia de divulgar esa información.

Solamente la Fuerza Aérea aporta 11 miembros: un jefe, dos oficiales y ocho elementos de tropa. No se sabe con cuál expresidente fueron asignados ni tampoco qué papel desempeñan.

Privilegiados

Hay tres maneras de pertenecer a la socialité mexicana: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, pertenecer a las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes.

Mientras muchos empresarios –particularmente libaneses y judíos– han forjado sus fortunas mediante el trabajo de generaciones, las familias de los exmandatarios han alzado el vuelo gracias al erario. Por ejemplo, la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez durante 32 años ha significado 133 millones 605 mil 541 pesos distribuidos entre sueldos (81 millones 228 mil pesos), aguinaldos (1 millón 443 mil pesos) y nómina de 23 empleados (50 millones 933 mil pesos).

Hasta antes de su muerte en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52 millones 609 mil 494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida que pudo cobrar su familia estimado en 8 millones 204 mil pesos.

El fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Acimovic Popovic (conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras en la década de los ochenta), percibe una pensión de 102 mil 561 pesos y un aguinaldo de 21 mil 875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En seis años –y hasta el cierre de 2010–, ella habrá recibido 8 millones 553 mil pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por la Presidencia, a través de la Ley Federal de Transparencia.

La fortuna tampoco abandona a los descendientes de exmandatarios, y menos si emparentan entre sí. En la primera semana de marzo pasado, el suplemento Club del diario Reforma dio amplia cobertura a la boda entre Lorena Tovar y López Portillo, nieta del expresidente José López Portillo, con Gerardo Díaz Ordaz, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sobre el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, por cierto, no hay información confiable en los registros de Los Pinos, porque hasta antes de 1973 las pensiones no estaban reglamentadas. Lo que percibieron antes de esa fecha fue discrecional.

En el otro extremo de la escala social, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 43.9 millones de personas que no tuvieron empleo hasta diciembre de 2009, cerca de 5.9 millones, es decir, 13.36% perciben ingresos de un salario o menos de un salario mínimo.

El actual presidente, el panista Felipe Calderón, aún no anuncia si aceptará o no la jubilación presidencial. Proceso solicitó al coordinador de Comunicación Social de Los Pinos, Max Cortázar, una precisión sobre este tema, recordando que, durante su campaña electoral, Calderón dijo que renunciaría a ese derecho. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De aceptarla, a partir de diciembre de 2012 Calderón tendrá una pensión mensual de 215 mil pesos brutos, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos, un seguro de vida por más de 8 millones de pesos y un seguro de gastos médicos mayores con un tope máximo de 390 mil 609 pesos.

Su antecesor, Vicente Fox Quesada, el primer presidente surgido de la oposición panista, sí recibe la jubilación, herencia del viejo régimen priista, al cual juró sacar a patadas de Los Pinos.

Seis años más tarde, Vicente Fox no sólo gana lo mismo que los expresidentes priistas, sino que además tiene a su servicio 19 empleados, más que el equipo que disfrutan los expresidentes Carlos Salinas (13) y Ernesto Zedillo (11), quienes por cierto rechazaron la pensión.

De hecho, Vicente Fox tiene una nómina que cuesta 447 mil 207 pesos mensuales. Uno sólo de sus empleados, Jorge Humberto Loyola, tiene un sueldo de 119 mil pesos brutos. No existe otro salario similar en las oficinas de apoyo a los expresidentes. A cinco años de haber dejado el poder, los funcionarios que trabajan para el guanajuatense han costado 21 millones 465 mil 936 pesos.

Miguel de la Madrid tiene a su servicio a 23 personas. El costo de esa nómina es de 389 mil 176 pesos mensuales.

En contraste, en Ecuador, los exmandatarios devengan una pensión equivalente a 41 mil 600 pesos, sin ningún otro apoyo administrativo, prestaciones ni de guardia personal extra. En Francia, las pensiones presidenciales incluyen el sueldo de una secretaria. En Argentina, el expresidente Néstor Kirchner cobra lo equivalente a 91 mil pesos mensuales.

En Brasil, los expresidentes no tienen derecho a una pensión y su única prestación es una oficina con ocho empleados (cuyos salarios no pueden superar los 61 mil pesos mensuales) y dos automóviles. En Panamá están prohibidas las pensiones presidenciales.

Más cercanos al caso mexicano, en Colombia, los exmandatarios reciben una pensión de 136 mil 500 pesos (10 mil 500 dólares), una edecán y un escolta. En Chile, los expresidentes reciben una pensión de alrededor de 130 mil pesos netos (apenas 12 mil pesos menos que aquí), más gastos para oficina en general por 12 mil dólares, es decir, unos 156 mil pesos. En esta jubilación van incluida lo que puedan gastar en transportes.

Los privilegios para los expresidentes mexicanos son obra de Miguel de la Madrid, quien emitió un decreto que establece: Los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción.

Vida regalada

Felipe Calderón tendrá 49 años de edad cuando entregue la banda presidencial a su sucesor. Según el Consejo Nacional de Población, el promedio de vida de los mexicanos llega a 73 años. Si Calderón cumpliera esta expectativa, estará pensionado durante casi 24 años, lo que representaría más de 64 millones de pesos, tomando en cuenta sólo salario y aguinaldo actuales, sin considerar aumentos.

En contraste, a finales del año pasado, la administración de Felipe Calderón decretó un aumento de 4.85% al salario mínimo, que pasaron de mil 644 pesos a mil 723 pesos mensuales en la zona geográfica A; de mil 597 pesos a mil 675 en la zona B, y de mil 558 pesos a mil 634 en la zona C. Ni hablar de las pensiones que paga la seguridad social a los trabajadores con esos niveles salariales.

Los presidentes en funciones tienen otra prestación: pueden ahorrar una cantidad significativa gracias al seguro colectivo: el funcionario aporta de 2% a 10% de su salario, mientras que el gobierno aporta la misma cantidad.

Es decir, si el actual mandatario ahorrara 10% de sus salario neto obtendría 29 mil 200 pesos mensuales, mismos que al final de sexenio le representarían unos 2 millones 102 mil pesos. Esta cifra es sólo una estimación, ya que no existe manera de saber con precisión qué cantidad ahorra.
Calderón gozará también de un fondo de retiro individualizado que, para la mayoría de los funcionarios públicos, representa un fondo de resistencia cuando son despedidos. En el caso de los expresidentes, esta bolsa es ganancia pura, pues tienen garantizada una pensión de por vida.

Igual que el resto de los expresidentes, Calderón y su familia quedarán protegidos por un seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual. Esto significa 8 millones 204 mil 880 pesos. Además, cuentan con un seguro médico de gastos mayores por 390 mil 609 pesos.

En el decreto vigente aprobado por Miguel de la Madrid se estableció que las viudas de los expresidentes tendrán derecho a una pensión de 80% del sueldo total bruto de la jubilación de su marido fallecido, durante el primer año. Luego se va reduciendo hasta quedar en 50% después del cuarto año. La esposa y los hijos de los expresidentes están incluidos también en el seguro de vida –éstos hasta cumplir la mayoría de edad– y en el seguro de gastos médicos mayores por un monto equivalente a 60% del que tenía el expresidente.

Dos de los expresidentes emanados del PRI, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron a la jugosa jubilación, pero no a los seguros ni al personal de apoyo.

En los estados financieros de Los Pinos consta que a favor de la familia Zedillo se paga mensualmente un seguro de gastos médicos mayores por 6 mil 35 pesos mensuales, cifra que, a lo largo de 10 años, representa 724 mil 680 pesos, además de la nómina de personal administrativo que este año habrá ascendido a 1 millón 224 mil pesos.

Lo mismo ha sucedido con Carlos Salinas, por quien se devengan 805 mil 680 pesos para seguro de gastos médicos mayores. A lo largo de 15 años –de diciembre de 1994 a diciembre de 2010– los recursos públicos canalizados a la familia Salinas alcanzarán los 805 mil 680 pesos, sin contar los 57 millones 435 mil 480 pesos que ha costado la manutención de su oficina con 13 empleados.

* Con datos de los corresponsales internacionales de Proceso y de la Red de Periodistas de Investigación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Juicios a expresidentes latinoamericanos

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