Guarderías, otro negocio de la familia de Bours

Dos hermanos,primos, sobrinas, parientes políticos y allegados, en el padrón de dueños

Redacción

El Universal

Familia consanguínea y política, así como varios allegados del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, son propietarios de por lo menos 13 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló una investigación de EL UNIVERSAL basada en datos oficiales.
Cada estancia infantil subrogada tiene un promedio de 150 niños. Por cada uno de los menores se reciben 2 mil 100 pesos mensuales del gobierno federal. Sólo por estos 13 negocios detectados, la familia consanguínea y política de Bours Castelo capta más de 4 millones 95 mil de pesos al mes.
Las guarderías están a nombre de un hermano y una hermana, primos y varias sobrinas de Bours. En el padrón de propietarios de guarderías del estado proliferan apellidos como Hoeffer, Scheleske, Robinson, Bours, Velasco Ramos y Téllez Nieves, todos ellos relacionados en diferente grado con el mandatario.
Las estancias propiedad de los cercanos de Bours no sólo se encuentran en la capital, Hermosillo, sino también en otras localidades de Sonora como Navojoa, Ciudad Obregón o Nogales.
La información también revela que familiares de los dueños de la guardería ABC, que se incendió el pasado viernes 5 de junio provocando la muerte de 46 niños y otros 26 hospitalizados (algunos de ellos en estado crítico), tienen a su cargo otras estancias infantiles.
Un equipo de EL UNIVERSAL pudo verificar el 8 de junio, tres días después de la tragedia, que albañiles trabajaban en la Guardería del Río de Hermosillo, propiedad de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, esposo de Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la ABC, y cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, compadre del gobernador Bours.
Los obreros instalaban puertas de emergencia y rampas en esa guardería.
Las investigaciones señalan que la Guardería del Río (U-0939) y Desarrollo Infantil de Nogales (U-0300) tienen como representante legal a Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer.
Servicios Especializados Gno. Sonora (U-1234) y Guardería Norte (U-0934) están a nombre de Antonio Scheleske Moreno, esposo de María de los Ángeles Félix Bours, sobrina del gobernador. Esta última estancia infantil está cerrada desde hace algunos meses.
Guardería Participativa Canaco tiene dos inmuebles (U-801 y U-802). Su representante legal es Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador.
Estancia Infantil de Navojoa cuenta con tres guarderías (U-1190, U-1000 y U-1279). Están registradas bajo el nombre de Adrián Jesús Robinson Bours Cabrera, primo del mandatario estatal.
La Guardería del Centro (U-0785), de acuerdo con los datos oficiales obtenidos, tiene como representante legal a María de la Soledad Velasco Ramos, prima de Bours.
Pasitos Adelante (U-0933) tiene tres socias: Sandra Lucía Téllez Nieves, Ana Laura Gaxiola Araiza y María de la Soledad Velasco Ramos. La primera es esposa de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer; la segunda está casada con el hermano de Antonio Scheleske Moreno —casado con la sobrina del gobernador—, y la tercera es prima del mandatario local.
Guardería Reino Infantil (U-1235) registra a dos socias: María de los Ángeles Bours Castelo y María de los Ángeles Félix Bours. La primera es hermana del gobernador y la segunda es su sobrina.
Finalmente, la CD1 44 de Ciudad Obregón (U-0385), está bajo registro de María de los Ángeles Félix y Sonia Félix Bours, sobrinas del mandatario estatal.
Entre paréntesis se anota la clave de identificación de cada guardería.
Se desconoce, hasta el momento, si más familia consanguínea y política del gobernador está en el negocio de las estancias infantiles, o si los mencionados hasta el día de hoy tienen más.

Industria venenosa

JENARO VILLAMIL

Industrias Bachoco, la joya de la corona del grupo empresarial de la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, no sólo controla 70% del mercado de producción avícola y porcícola en México, junto con las trasnacionales Pilgrim’s Pride y Tyson, sino que se ha convertido en una de las compañías insistentemente señaladas como generadora de desechos tóxicos agroindustriales cuya contaminación es uno de los posibles factores del brote epidémico de la influenza humana. Con 700 centros de producción y distribución en todo el país, las protestas contra Bachoco se han agudizado en los últimos años, particularmente en La Rosa Mística, comunidad del municipio de Perote, Veracruz, donde el alcalde Esteban Escamilla denunció un incremento de 15% de enfermedades diarreicas y respiratorias por la emisión de desechos de las granjas avícolas.

También en Acatlán, Puebla, donde una extensa nube de humo gris fue identificada como la causante de un brote de enfermedades respiratorias desde noviembre de 2008. En cinco colonias de Coatzacoalcos, Veracruz, denunciaron en septiembre de 2006 a Bachoco por las emanaciones contaminantes que generan sus procesos de quema de vísceras y plumas de pollos. Lo mismo en las comunidades de Torrecillas y Los Ángeles, en Villagrán, Guanajuato, que acusaron en abril de 2008 a las granjas de cerdo de Bachoco de arrojar durante una década desechos orgánicos a cielo abierto, lo que genera fauna nociva, principalmente moscas. Y en Crespo, en el municipio de Celaya, los habitantes se han quejado por la contaminación de las aguas y porque Bachoco tira residuos pestilentes y peligrosos en el basurero de Tinajitas. La respuesta invariable de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante las numerosas quejas en contra de Bachoco es que “están investigando”, que “son procesos largos”. El 4 de marzo de 2009, la delegación de la Profepa en Celaya informó que ya han “sancionado” a la empresa de la familia Bours por el mal manejo de sus residuos tóxicos, pero la contaminación prosigue. En San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó que esta entidad posee la tercera parte de los 31 sitios más contaminados del país y señaló entre los responsables a la planta de Bachoco en el Periférico Sur; el sitio de confinamiento La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, y el basurero de Peñasco. San Luis Potosí fue uno de los estados más afectados al inicio de la epidemia de influenza A/H1N1. En las colonias Nueva e Independencia, de Apatzingán, Michoacán, los pobladores demandaron en marzo de 2006 la reubicación de granjas avícolas, cansados de los fétidos olores que deja la quema de plumas. El cabildo acordó citar a los propietarios, pero la regidora perredista María Guillermina Albarrán Martínez las defendió porque “las granjas de pollos llegaron primero a esos lugares que los vecinos”. En general, “hay poco conocimiento sobre los efectos de sus desechos agroindustriales en la población; los habitantes siempre se quejan por los olores fétidos y la respuesta de las autoridades invariablemente ha sido proteger a las empresas y no hacerle caso a los vecinos”, subraya Iván Restrepo, periodista y ambientalista que desde hace cinco años denunció el caso de Granjas Carroll, filial de la estadunidense Smithfield Foods, en Perote. “Una de las grandes lagunas en nuestra normatividad es el destino de los desechos agroindustriales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) nunca dice nada al respecto en entidades como Sonora, Michoacán, Jalisco o Veracruz, donde están los sitios más contaminados”, asegura Restrepo, consultado por Proceso. Apenas el 29 de abril, en plena emergencia sanitaria por la epidemia de influenza todavía llamada porcina, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz, declaró que las granjas porcícolas no tienen ningún problema de contaminación y rechazó que el virus de influenza tuviera su origen en México. “Las características nos indican que tiene cortes genéticos de cerdos euroasiáticos, pero no tenemos precisión de cómo llegó al país; lo que sí se descarta es que sea transmitido por cerdos mexicanos”, sostuvo el funcionario federal. Restrepo reprocha que ni siquiera existan estudios epidemiológicos sobre el efecto de los desechos agroindustriales en la población. “Es fundamental el seguimiento. Lo ocurrido en Perote con la influenza es un ejemplo de lo que no debe suceder. Esta es una gran oportunidad para que la gente demande a las autoridades que investigue a fondo”, sentencia el colaborador del periódico La Jornada y ganador en 2005 del premio al periodismo ambiental otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara.

La ruta contaminadora

El año pasado, en Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew emitió un informe sobre la producción animal en las granjas industriales y destacó el peligro de que “el continuo reciclaje de virus en grandes manadas o rebaños incrementará las oportunidades de generación de virus novedosos, mediante mutación o eventos combinados, que podrían propiciar una transmisión más eficaz de humano a humano”. La misma comisión advirtió que el uso intensivo de antibióticos en las fábricas de cerdos favorecía el incremento de estafilococo dorado, resistente a los antibióticos, y los lixiviados de los desagües producían brotes de ecolli y pfisteria. La producción intensiva de aves y puercos se concentra en grandes trasnacionales de la agroindustria, como son Smithfield Foods, Tyson Foods, Pedue Farms, ConAgra Poultry, GoldKist Inc. y Bachoco, uno de los 10 principales productores de pollo a nivel mundial. Pilgrim’s, Pride y Bachoco recurren al uso intensivo de estimulantes para el crecimiento, inyecciones de hormonas y vacunas para aumentar la velocidad de maduración, generando un severo problema con los desechos provocados por estas gigantescas granjas. Tyson Foods, la mayor procesadora de carne de pollo, res y puerco en el mundo, es un corporativo trasnacional con ingresos de 26 mil millones de dólares al año. Con 114 mil empleados en 300 plantas distribuidas en todo el mundo, fue una de las industrias que más ganaron en 2005 con el escándalo internacional provocado por la epidemia de gripe aviar que brotó en Tailandia y China. El investigador William Engdahl, entrevistado por la agencia Acción Ecológica, afirmó que “sería importante saber si alguno de los casos de gripe aviar documentados en China en los últimos años podría haber sido originado por importaciones de pollos de Estados Unidos de productores gigantes como Tyson Foods o por granjas de producción de pollos locales de esas compañías en China o en otros lugares de Asia”. Para Iván Restrepo, lo grave son las prácticas contaminantes que realizan en países como México, mismas que no les permiten en otras naciones como Canadá o Estados Unidos. “Nos ven como un auténtico traspatio”, afirma. En México, Tyson Foods tiene plantas en La Laguna, Puebla, Nuevo León y Sinaloa. “El problema es que emplean químicos de manera intensiva y tienen más libertad para su uso aquí que en Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades federales no tienen ni siquiera un inventario de las sustancias tóxicas y peligrosas que se utilizan en esta industria”, señala Restrepo. En el caso mexicano, la empresa Bachoco, productora de huevo, pollos, carne de cerdo y alimentos balanceados, ha sido señalada en varias comunidades como una de las principales agroindustrias contaminadoras. Por ejemplo, en agosto de 2006, Humberto Nájera Ramírez, de la Red Ciudadana para el Bienestar Integral A.C., denunció la contaminación que desde hace años Bachoco vierte a la atmósfera en Coatzacoalcos, Veracruz. “Es una peste horrible. Si un día te toca ir por allá saldrás con náuseas y dolor de cabeza porque no se soporta”, aseguró. La compañía Fertilizantes Tepeyac, también propiedad de la familia Bours, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias en Sonora por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín, según anotó la reportera Jesusa Rodríguez (Proceso 1581). Esas auditorías se realizaron entre 2004 y 2006 en las plantas ubicadas en Cajeme, Hermosillo, Caborca, Guaymas y Benito Juárez. El vacío regulatorio es grave. La última norma oficial para “la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal” fue publicada el 28 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma no prohíbe explícitamente arrojar los desechos de la industria avícola y porcícola y sólo se les ordena instalar “una planta de rendimiento, de acuerdo con lo indicado en esta norma”.