Insuficiente la labor del DIF ante el trabajo infantil

Más de 3 millones de niños trabajan en México; sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sólo atiende a los del sector urbano-marginal, que representa el 3 por ciento del total. Jazmín Mártir Alegría, subdirectora de Vinculación Interinstitucional del DIF, señala que sólo reinsertando a los menores a la escuela se podrá evitar que sean explotados. María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados, demanda “un esfuerzo” de los tres niveles de gobierno para contrarrestar el problema.

Isabel Argüello

Tres millones 90 mil 746 niños, niñas y adolescentes trabajan en México, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo tiene la capacidad de atender a los 94 mil 795 del sector urbano-marginal. Jazmín Mártir Alegría, subdirectora de Vinculación Interinstitucional de la dependencia, señala: “Por un mejor México, quisiéramos que no hubiera niños trabajando ni en las calles ni el sector formal, ni en los campos agrícolas; pero se está haciendo un esfuerzo interinstitucional”.

El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero y Nuevo León son las entidades federativas con mayor número de niños que trabajan. En conjunto, suman 2 millones 38 mil 127 menores: el 66 por ciento de la población económicamente activa ubicada entre los 12 y 19 años de edad.

Mártir Alegría asegura que hay más de 94 mil niños que trabajan en el sector informal de la economía y realizan actividades en calles, avenidas y parques; niños que no tienen una protección social ni edad para trabajar, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123), la Ley Federal del Trabajo (artículos 22, 23, 173-180, 362, 372 y 995) y la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas Niños y Adolescentes.

“Ese número nos da un panorama a nivel nacional. Sin embargo, es importante que los estados monitoreen la evolución del fenómeno, las zonas expulsoras y los factores que los atraen. Los más de 3 millones a los que hace referencia el Módulo de trabajo infantil 2009 son de agricultura, pesca, prestación de servicios, minería…”, explica.

Mártir Alegría comenta que una “situación multifactorial” obliga a 94 mil 795 niños del sector urbano-marginal a trabajar. Destaca dos factores: la pobreza en la que viven y la creencia de los padres de que el trabajo es formativo. “Para nosotros, como Sistema Nacional, nuestra gran apuesta es que el niño tenga acceso a la educación, pues rompería el círculo de la pobreza que puede mantenerlo trabajando en el sector informal de la economía toda su vida”.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia del DIF se ha desarrollado en los estados y municipios de todo el país. Busca reinsertar a los niños en la escuela, como pilar de desarrollo para ellos y su familia. “Se han obtenido buenos resultados. El 97 por ciento de los niños becados aprobó el ciclo escolar 2009-2010 de manera satisfactoria, a pesar de las adversidades que puedan tener. Quisiéramos que no hubiera niños trabajando, por lo que se está haciendo un esfuerzo interinstitucional”.

En el Informe de evaluación específica de desempeño 2009-2010, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se explica que durante 2009 el programa del DIF aplicó estrategias de prevención y atención a 1 millón 668 mil 113 niños en situación de riesgo. Los temas que se trataron fueron derechos de la niñez, freno a las adicciones en la infancia, embarazo en adolescentes, trabajo infantil urbano-marginal, migración infantil, menores en situación de calle y explotación sexual comercial infantil.

La representante del DIF señala que la estrategia de intervención comunitaria que desarrollan implica conocer el lugar de origen de los niños que trabajan y el tipo de problemáticas que enfrentan, además de un diálogo con sus familiares. “El objetivo es brindar acciones y servicios asistenciales en materia de prevención de riesgos sociales y problemáticas específicas. Por un mejor México, quisiéramos que no hubiera niños trabajando ni en las calles ni el sector formal, ni en los campos agrícolas”.

Hay una estrategia nacional entre las diferentes secretarías –del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Educación Pública y Salud– para abordar la problemática de los niños que laboran, explica Jazmín Mártir. “No se podría decir que las políticas públicas encargadas de proteger a la niñez mexicana están fallando, pues debe analizarse el contexto social del niño, ya que la familia pondera si va a la escuela o trabaja”.

María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados, exhorta a que haya un esfuerzo del gobierno federal para asegurar el respeto de los derechos de la niñez. “Un niño que deja de estudiar por el trabajo se va a quedar rezagado en las oportunidades de desarrollo. Creo que la cifra en la que nos debemos de basar como oficial es la que maneja el Inegi, que en el último conteo el número de niños trabajadores sobrepasa los 3 millones, aunque lo que nos preocupa es que una cuarta parte no va a la escuela y otros no perciben una remuneración”, señala.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

El gobierno federal invisibiliza la explotación sexual infantil. Sin que existan políticas públicas, datos confiables, legislación adecuada, atención a las víctimas ni programas de prevención, la cifra de niños que caen en las redes del crimen organizado con fines sexuales sigue aumentando. “Un Estado que no atiende a su infancia es un Estado que se autoaniquila”: especialistas.

Paulina Monroy

En México, entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente, según cifras de organizaciones no gubernamentales. El delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal. No existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, atención a las víctimas y, ni siquiera, datos confiables. Los especialistas observan que la omisión refleja que los niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) equivale a una forma contemporánea de esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo la define como una violación de derechos humanos y una forma de explotación que ocurre cuando se engancha o utiliza a los menores en actividades sexuales para satisfacer necesidades.
Las modalidades de la ESNNA son la prostitución y la pornografía infantil, el turismo sexual, el abuso sexual y la trata y venta de niños, niñas y adolescentes para actividades sexuales.
La asociación civil Infancia Común expone que la ESNNA ocupa el segundo lugar en generación de recursos en México, ubicados en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales por encima de la venta de armas y sólo superada por el narcotráfico.
Mayra Rojas Rosas, directora de la asociación civil que trabaja contra la explotación sexual infantil, señala que es un problema poco visibilizado que no se atiende debidamente, pese a la gravedad del fenómeno, sus vínculos con el crimen organizado y las violaciones a los derechos de las víctimas.
“No se ha tomado con suficiente seriedad porque los niños no cuentan en el presente, cuentan como futuro. Es una verdadera desgracia porque quien no atiende a su presente, no tiene futuro. Un Estado que no ve por sus niños no tiene sentido de existir; se autoaniquila. Es absurdo que sea tan ciego a una problemática de tales dimensiones”, señala la activista.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declara que la ausencia de un sistema integral de protección de los derechos de los niños, un Estado que no reconoce la voz de niños y niñas, que inhibe la denuncia, la impunidad y actuación del crimen organizado impiden saber cuál es el estado de esta situación, cómo afrontarlo, qué atacar y cómo prevenirlo.
Sin que el Estado combata un problema que crece, el especialista menciona que, puesto que los menores de edad representan al 30 por ciento de la población del país, el Estado no considera a la tercera parte de su población como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. “El gobierno no está colocando en el centro de sus decisiones a los niños. Pareciera que no existieran”.

Limitada información sobre explotación sexual infantil
Desde 2005, se reporta un aumento visible, pero difícil de cuantificar, de la explotación sexual en el país, apunta la Redim en su informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad. La razón, atribuye la organización, es la inexistencia de políticas integrarles y de recursos públicos suficientes y específicos dirigidos a enfrentar y combatir el problema. El reporte señala que la cifra oficial de 16 mil niñas y niños envueltos en la ESNNA presenta limitaciones y se encuentra desactualizada y sin estudios comparativos recientes.

Abuso sexual en silencio

Hasta el III Congreso Mundial contra la Explotación de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, se incluyó al abuso sexual como modalidad de la ESNNA. Infancia Común indica que, en los últimos 30 años, el abuso sexual se incrementó 200 por ciento. El 74 por ciento de las víctimas es menor de 14 años y el 81 por ciento es niña. El 93 por ciento de los casos ocurre al interior de la familia. En la mayoría, la agresión continúa por meses o hasta años.
Se considera abuso sexual a cualquier clase de placer sexual que ejerce un adulto con un niño, utilizando su posición de poder o autoridad. En México, señala la Redim, es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor. Mientras no existe información estadística sobre la incidencia del delito, tampoco se conoce qué cantidad de niños, niñas y adolescentes han sido atendidos y puestos a disposición de las autoridades.

Trata con fines de explotación sexual
La Redim advierte que, pese a la falta de información, hay un incremento en la trata con fines de explotación sexual en la medida en que México es un país que a la vez es fuente, tránsito y destino de diversas formas de trata. Infancia Común calcula que, en este país, 80 mil personas de ambos sexos y de todas las edades son víctimas de trata.

“El Estado no combate la explotación sexual”
Desde que se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en 2007, sólo un caso de denuncia de explotación sexual infantil ha sido llevado a juicio, denuncia Infancia Común. “Los casos –refiere Mayra Rojas Rosas, directora de Infancia Común– se caen por cómo está constituida la legislación. Se anteponen los intereses económicos al bienestar de los niños. Se cosifican a las personas en aras de ganar”.

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La impunidad de los influyentes. Caso Guardería ABC en Sonora.

http://www.youtube.com/watch?v=SvwBq3DX1hM

Artistas y ONG anuncian plan de apoyo a padres de víctimas

*Los asesorarán para presentar demandas por el incendio en la guardería

*Abren una cuenta bancaria donde se recibirán donativos de la sociedad

Fernando Becerril, Begoña Lecumberri, Ofelia Medina, Carmen Huete, Teresa Ruiz, Humberto Ruiz y Víctor Carpinteiro, durante el anuncio de la iniciativa de apoyo a padres de las víctimas de la guardería ABC, en Hermosillo.

Angélica Enciso L.

Hasta el momento, los padres de diez de los 47 niños que murieron en la guardería ABC en Hermosillo están dispuestos a presentar una demanda penal, dijo la actriz Ofelia Medina, al anunciar una iniciativa para apoyar económicamente a las familias que decidan iniciar esos procedimientos legales.
En conferencia de prensa, dijo que el colectivo Mujeres sin Miedo, así como los actores Fernando Becerrril, Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro, luego de dialogar con familiares de los menores que murieron a raíz del incendio del pasado 5 de junio, determinaron impulsar esta iniciativa y para ello abrieron una cuenta en Banorte con la CLABE 072180006213124382, a nombre de María del Carmen Huete y/o Ofelia Medina, en la cual podrán hacer depósitos quienes deseen apoyar a los afectados.
Las familias podrán contactar a los abogados que elijan en Hermosillo y contarán con la asesoría de otros en la ciudad de México, explicó la actriz. Los padres afectados que aún no han tomado la decisión de presentar las demandas, porque carecen de recursos económicos, ahora lo podrán hacer, ya que con lo que se recaude en la cuenta podrán pagar el proceso.
Medina dijo que se ha visto que las procuradurías estatal y general de la República, encargadas de hacer las investigaciones, han cometido errores e ilícitos, “protegen y encubren a los verdaderos culpables”. Indicó que el suceso se “está volviendo un pleito de autoridades, las cuales evaden la responsabilidad y buscan la causa del incendio, no del homicidio”.
Acompañada por integrantes del colectivo y de actores que apoyan la iniciativa, Ofelia Medina explicó que hay urgencia de que en este caso se haga justicia, porque las condiciones de esa guardería se repiten en otras.
Manifestó su rechazo porque en el sitio donde se encuentra la bodega que albergaba la estancia infantil, ahora “el gobierno estatal pretenda levantar un parque dedicado a los angelitos”, pero esto no debe ocurrir, ya que se deben mantener todas las evidencias del siniestro hasta que concluyan las investigaciones del caso.
En un comunicado que leyeron en la conferencia, hicieron una invitación a “quienes sin otro afán que se haga justicia, y sin ninguna implicación partidista, quieran contribuir a que las familias denuncien y en su momento demanden castigo ejemplar y reparación del daño a quienes resulten culpables del homicidio de 47 infantes y los daños a los demás afectados en estos terribles hechos”.
Pidieron que una vez realizado el depósito lo reporten a justiciaguarderiabc@gmail.com o a los teléfonos 5665-9190 y 5171-3705, del Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México.
Ahí también se hizo una convocatoria para la “marcha contra la impunidad”, el 4 de julio a las 10 de la mañana, que saldrá de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, con rumbo a la representación del estado de Sonora, en Goldsmith 228, colonia Polanco. A los asistentes les pidieron llevar objetos simbólicos que utilizan los niños para depositarlos en este lugar.