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sábado, febrero 19, 2011

Cancela Slim publicidad con Televisa

Carlos Slim, empresario.

La Redacción

MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- Las empresas de Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, dejarán de anunciarse en la cadena de televisión Televisa, informó el vocero del consorcio, Arturo Elías Ayub, quien argumentó que la alza de precios de la televisora los orilló a tomar la decisión.

Grupo Carso controla las empresas Teléfonos de México, Telcel, Sanborns y Sears, entre otras.

De acuerdo con declaraciones hechas por Elías Ayub al diario estadunidense The Wall Street Journal, Grupo Carso está dispuesto a considerar su postura si Televisa decide bajar sus tarifas publicitarias.

En México, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia, confirmó la decisión de Grupo Carso, sin embargo, consideró que ésta no impactará en los ingresos por publicidad, los cuales, estimó, crecerán un dígito este año.

El año pasado, las empresas de Slim representaron 3.8% de los ingresos por publicidad y casi 1.5% de los ingresos totales de la televisora.

Según estimaciones de la propia Televisa, dejará de percibir unos 75 millones de dólares.

En su edición 1789, la revista Proceso publicó que el grupo de Slim pagó en 2009 alrededor de 2 mil 500 millones de pesos en publicidad televisiva, de los cuales 70% correspondieron a Televisa.

Televisa ha acusado a Slim de ser el principal socio de la empresa de televisión privada Dish, competencia directa de Sky. Sin embargo, éste asegura que sólo presta servicios de cobranza a través del recibo telefónico.

martes, diciembre 28, 2010

En riesgo de quiebra, 978 bancos “rescatados” por EU


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- Pese a que las autoridades estadunidenses pregonan el éxito del programa de rescate bancario, mediante el cual se inyectaron 4,200 millones de dólares, al menos 98 instituciones están en riesgo de caer en una “situación de quiebra”, advirtió hoy el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con un estudio elaborado por el diario, basado en un análisis de los resultados financieros del tercer trimestre de los bancos que entraron al plan de rescate, dichas entidades bancarias registran “erosión de sus niveles de capital y préstamos de alto riesgo, lo que ha generado serias advertencias de las entidades reguladoras.

Conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por sus siglas en inglés), el plan de rescate incluyó la canalización de 4 mil 200 millones de dólares para su capitalización. Sin embargo, reportó el diario neoyorquino, 98 bancos enfrentan “condiciones delicadas” y advierte que “peligra” la continuidad de esos negocios.

El plan de ayuda fue aprobado por el Congreso estadunidense en 2008, durante el gobierno de George W. Bush, para que pudieran enfrentar la crisis financiera, derivada por la acumulación de activos “tóxicos”, como las hipotecas de altos riesgo.

La mayor parte de esos bancos, destaca el diario, están "plagadas de préstamos caprichosos de los que puede que no se recuperen".

El estudio afirma que a pesar de que el plan de rescate estaba dirigido a bancos con buena salud financiera, "el alcance de los problemas que tienen hoy en día estas instituciones sugiere que un buen número de ellas se encontraban en un estado lamentable desde el principio".

Ese mismo diario realizó un estudio similar en el segundo trimestre de este año en el que detectó a 86 entidades en situación "delicada", aunque hasta ahora sólo han sido siete los bancos que han entrado en bancarrota desde que se implementó el plan de ayuda hace dos años.

A mediados de este mes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, defendió el éxito del programa de rescate financiero y afirmó que "se situará como uno de los programas de respuesta a una crisis más efectivos jamás puesto en marcha".

miércoles, agosto 05, 2009

The Wall Street Journal publica editoriales del dictador Micheletti

Chevige González
LibreRed

El reconocido periódico financiero estadounidense publicó hoy una editorial del dictador hondureño Roberto Micheletti, bajo el título, “El camino delante para Honduras: La salida del poder de Zelaya fue un triunfo para el estado de derecho.” El artículo comienza destacando a Honduras como “uno de los aliados más leales” de Estados Unidos en América Latina, y lamenta que “los hechos claves de la crisis [en Honduras] han sido ignorados por los líderes estadounidenses.”
Luego, el usurpador Micheletti relata una serie de puntos, que según él, son “hechos fundamentales que no pueden ser negados”. Estos incluyen a las acusaciones que han venido haciendo los golpistas en contra del Presidente Zelaya, como la decisión de la Corte Suprema sobre la “ilegalidad” de la encuesta popular que hubiese tomado lugar el 28 de junio pasado, el día del golpe, y la supuesta órden de la Corte Suprema sobre la detención de Zelaya por parte de las fuerzas armadas hondureñas.

Micheletti no explica el secuestro violento y el exilio forzado del Presidente Zelaya por parte del ejército hondureño, ni el hecho de que esa acción es un crimen bajo el derecho internacional y también bajo la propia Constitución de Honduras, que específicamente dice que un ciudadano no puede ser expulsado de su país.

En su editorial, el dictador Micheletti intenta jusificar las acciones de la Corte Suprema y el Congreso hondureño, luego del secuestro del Presidente Zelaya, diciendo que tales decisiones fueron tomadas por “una mayoría de los miembros del partido Liberal, que es el partido del señor Zelaya.” Pero no explica que igualmente, sin importar su afiliación política, sus acciones violaron la Constitución de Honduras, la cual no permite destituir a un presidente legítimamente electo por su pueblo. Micheletti intentó jusificar ésta acción criminal diciendo que Zelaya estaba “intentando extender su mandato con un referéndum ilegal”. Sin embargo, no explica tampoco que la encuesta popular se trataba de incluir una cuarta urna durante las elecciones en noviembre sobre una posible reforma constitución para el año que viene. El mandato del Presidente Zelaya termina en enero 2009, y a partir de noviembre, el pueblo hondureño hubiese ya elegido a un nuevo presidente. Asi que, no existía ninguna posibilidad por parte del Presidente Zelaya de “extender a su mandato”. El miedo de Micheletti y los golpistas no se trataba del mandato del Presidente Zelaya, se trataba de la posibilidad de que el pueblo hondureño tuviera mayor participación en su proceso político.

Por otro lado, el artículo de Micheletti acusa al Presidente Zelaya de robar “millones de dólares” del Banco Central de Honduras “en efectivo” días antes de su “arresto”. Es primera vez que se escucha ésta grave acusación contra el Presidente Zelaya, la cual no está fundamentada con ninguna evidencia. ¿Dónde están los millones de dólares en efectivo? ¿Cómo pudo retirarlos del Banco Central sin ninguna restricción? Tal acusación constituye una difamación peligrosa contra el Presidente Zelaya y debe ser corregida lo antes posible.

Finalmente, en su editorial, el dictador Micheletti habla de la necesidad de trabajar con la propuesta del Presidente de Costa Rica, Oscar Arías, para llegar a una solución. Sin embargo, Micheletti dice que el Presidente Zelaya “no es confiable y no obedecerá la ley” y entonces, “debe ser detenido y enjuiciado” en caso de volver a Honduras. Obviamente con está declaración, el líder del régimen golpista está reafirmando su rechazo a la propuesta del Presidente Arías, porque la base fundamental de dicha propuesta es el regreso del Presidente Zelaya al poder.

Micheletti termina su artículo suplicando al pueblo y al gobierno estadounidense para que no impongan sanciones económicas contra su país, ya que esa medida “principalmente haría daño a los más pobres”. Agrega que “en lugar de imponer sanciones, EEUU debería continuar las políticas sábias de la Sra. Clinton”. Esa última frase hace clara que los golpistas consideran que Washington está a su lado.

El Wall Street Journal ha abogado a favor del golpe en Honduras desde el primer día, e incluso ha publicado una seria de artículos que intentan acusar aVenezuela y al Presidente Hugo Chávez por haber causado la crisis en el país centroamericano. La articulista quien más ha promovido esta posición es Mary Anastasia O’Grady, conocida por sus múltiples escritos en contra de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Honduras. O’Grady ha publicado decenas de artículos que intentan vincular a Venezuela con el terrorismo y el narcotráfico, sin presentar ni una sóla prueba o evidencia que fundamenta sus graves acusaciones. Ella se ha convertido en una vocera extrémamente reaccionaria que atenta contra los gobiernos no subordinados a los intereses de Washington.

El Wall Street Journal forma parte de la empresa noticiosa Dow Jones News Corporation. Su dueño es el poderoso multi-millonario Rupert Murdoch, quien a través de su monopolio mediático, News Corporation, controla a cientos de periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio a nivel mundial. Murdoch es muy conocido por su canal estadounidense Fox News Channel, que promueve la visión imperialista y neoconservadora de Estados Unidos. Algunas de sus otras empresas medíaticas incluyen a National Geographic Channel, The Film Zone, todos los canales y estudios FOX, Cine Canal, MySpace (internet), HarperCollins (editorial de libros), New York Post (periódico), The Sunday Times (Reino Unido), The Sun (Reino Unido), entre muchos otros.

http://www.librered.net/wordpress/?p=5900

domingo, enero 11, 2009

The Wall Street Journal writes: "Israel is Commiting War Crimes"


Hamas's violations are no justification for Israel's actions.

Israel's current assault on the Gaza Strip cannot be justified by self-defense. Rather, it involves serious violations of international law, including war crimes. Senior Israeli political and military leaders may bear personal liability for their offenses, and they could be prosecuted by an international tribunal, or by nations practicing universal jurisdiction over grave international crimes. Hamas fighters have also violated the laws of warfare, but their misdeeds do not justify Israel's acts.

The United Nations charter preserved the customary right of a state to retaliate against an "armed attack" from another state. The right has evolved to cover nonstate actors operating beyond the borders of the state claiming self-defense, and arguably would apply to Hamas. However, an armed attack involves serious violations of the peace. Minor border skirmishes are common, and if all were considered armed attacks, states could easily exploit them -- as surrounding facts are often murky and unverifiable -- to launch wars of aggression. That is exactly what Israel seems to be currently attempting.

Israel had not suffered an "armed attack" immediately prior to its bombardment of the Gaza Strip. Since firing the first Kassam rocket into Israel in 2002, Hamas and other Palestinian groups have loosed thousands of rockets and mortar shells into Israel, causing about two dozen Israeli deaths and widespread fear. As indiscriminate attacks on civilians, these were war crimes. During roughly the same period, Israeli forces killed about 2,700 Palestinians in Gaza by targeted killings, aerial bombings, in raids, etc., according to the Israeli human rights group B'Tselem.

But on June 19, 2008, Hamas and Israel commenced a six-month truce. Neither side complied perfectly. Israel refused to substantially ease the suffocating siege of Gaza imposed in June 2007. Hamas permitted sporadic rocket fire -- typically after Israel killed or seized Hamas members in the West Bank, where the truce did not apply. Either one or no Israelis were killed (reports differ) by rockets in the half year leading up to the current attack.

Israel then broke the truce on Nov. 4, raiding the Gaza Strip and killing a Palestinian. Hamas retaliated with rocket fire; Israel then killed five more Palestinians. In the following days, Hamas continued rocket fire -- yet still no Israelis died. Israel cannot claim self-defense against this escalation, because it was provoked by Israel's own violation.

An armed attack that is not justified by self-defense is a war of aggression. Under the Nuremberg Principles affirmed by U.N. Resolution 95, aggression is a crime against peace.

Israel has also failed to adequately discriminate between military and nonmilitary targets. Israel's American-made F-16s and Apache helicopters have destroyed mosques, the education and justice ministries, a university, prisons, courts and police stations. These institutions were part of Gaza's civilian infrastructure. And when nonmilitary institutions are targeted, civilians die. Many killed in the last week were young police recruits with no military roles. Civilian employees in the Hamas-led government deserve the protections of international law like all others. Hamas's ideology -- which employees may or may not share -- is abhorrent, but civilized nations do not kill people merely for what they think.

Deliberate attacks on civilians that lack strict military necessity are war crimes. Israel's current violations of international law extend a long pattern of abuse of the rights of Gaza Palestinians. Eighty percent of Gaza's 1.5 million residents are Palestinian refugees who were forced from their homes or fled in fear of Jewish terrorist attacks in 1948. For 60 years, Israel has denied the internationally recognized rights of Palestinian refugees to return to their homes -- because they are not Jews.

Although Israel withdrew its settlers and soldiers from Gaza in 2005, it continues to tightly regulate Gaza's coast, airspace and borders. Thus, Israel remains an occupying power with a legal duty to protect Gaza's civilian population. But Israel's 18-month siege of the Gaza Strip preceding the current crisis violated this obligation egregiously. It brought economic activity to a near standstill, left children hungry and malnourished, and denied Palestinian students opportunities to study abroad.

Israel should be held accountable for its crimes, and the U.S. should stop abetting it with unconditional military and diplomatic support.

Mr. Bisharat is a professor at Hastings College of the Law in San Francisco.