Nada más pa' exhibir una vez mas cómo funciona la justicia en nuestro país.
gloria leticia díaz y raúl monge
Primera Parte
La súbita excarcelación de Carlos Ahumada Kurtz, el martes 8 de mayo, estuvo precedida por una extraña concatenación de hechos que se produjeron, sobre todo, en la recta final del proceso penal medular, el del presunto quebranto por 31 millones de pesos en perjuicio de la delegación Gustavo A. Madero –investigado desde enero de 2004, antes de la difusión de los videoescándalos– y que lo mantuvo en prisión 37 meses siete días.
Esta cadena de sucesos comenzó el 18 de octubre de 2006, dos meses antes de la renovación de poderes en la capital, cuando Ahumada despidió a sus abogados, incluido el defensor de oficio Mauro Reyes Luna, y en su lugar designó --“por así convenir a mis intereses”, alegó-- al penalista José Luis Izunza Espinosa, según el oficio entregado al Juzgado 11 Penal.
Días después, el 23 de octubre, Ahumada hizo otra promoción ante el mismo juzgado –donde inicialmente se desahogó el juicio–, pero esta vez para “nombrar de manera indistinta”, como sus defensores particulares, a los abogados Antonio Maluf Maloff y Gabriel Benjamín Espinosa Becerril, y como “personas de confianza” a José Diego Ibarra Sánchez, Faustino Enrique Saldaña Baranda y Alejandro Ramírez Verdugo.
En dicho oficio, el empresario de origen argentino acota que los nombramientos de los defensores particulares y las personas de confianza no revocan el nombramiento hecho con anterioridad en la persona de José Luis Izunza Espinosa, a quien además nombró representante común en la defensa.
Como dio a conocer en su momento este semanario (Proceso 1579), curiosamente Izunza Espinosa y Maluf Maloff fueron socios del actual procurador general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, en el despacho Félix, Izunza & Maluf, S.C., uno de los más caros del país y cuyas oficinas se encuentran en la colonia Lomas de Chapultepec.
Además, la disolución de dicha sociedad se formalizó apenas dos meses antes de que José Luis Izunza y Maluf asumieran la defensa de Ahumada y tres meses antes de que el propio Félix Cárdenas tomara posesión como titular de la PGJDF.
En seguida, Ahumada robusteció su defensa y contrató también los servicios de otro afamado abogado, Enrique Ostos Garza, quien, coincidentemente, defiende a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún de Fox, contra las investigaciones sobre presunto tráfico de influencias que heredó la anterior Legislatura a la recién instalada tercera comisión especial de la Cámara de Diputados.
Ahumada y la familia Fox-Sahagún son viejos conocidos. La relación surgió cuando el empresario era dueño del equipo de futbol León. Pero pronto se estrechó, de acuerdo con las revelaciones que hizo Raymundo Rivapalacio, a quien Ahumada contrató para dirigir su periódico El Independiente.
El 23 de junio de 2006, Rivapalacio escribió en su columna Estrictamente Confidencial, del diario El Universal, que cinco semanas antes de que estallaran los videoescándalos, el 1 de marzo de 2004, Carlos Ahumada se reunió con Marta Sahagún en Los Pinos “para forjar una alianza en contra de López Obrador”.
Con base en datos obtenidos de personas allegadas a su expatrón, Rivapalacio aportó más información nunca desmentida. Señaló que Sahagún, en coordinación con el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, le ofreció a Ahumada protección y dinero, como este último confirmó el 17 de agosto de 2006.
A la sazón, Ahumada aseguró, por medio de un video, que Juan Collado (su primer abogado) sirvió de enlace entre él y Diego Fernández de Cevallos para la entrega de los videos, por los cuales el empresario pidió 30 millones de dólares y protección para él y su familia.
Cambios sospechosos
A esa feria de coincidencias se añadió otra en diciembre de 2006, ya en funciones el gobierno de Marcelo Ebrard. En ausencia del titular del Juzgado 11 Penal, el secretario del mismo, Everardo Espinosa Romo, resolvió acumular a las causas penales 59/04 (caso GAM) y 67/04 (caso Tláhuac), instruidas contra Ahumada y coacusados –Carlos Álvarez Cardoso, Luis Rey Ángeles Carrillo y Juan Carlos Chavira– por el presunto delito de fraude genérico en agravio del GDF, dos procesos penales más derivados de la misma averiguación previa FAE/DT3/9/04-01.
En estos dos últimos procesos –67/04 y 223/04– aparecen como inculpados por el mismo delito Martha Delgado Arroyo, exsubdirectora de Programación, Planeación y Presupuesto en la GAM y una de las piezas de la maquinaria de corrupción que Ahumada construyó en el gobierno de la ciudad durante el gobierno de Rosario Robles, y el exdelegado de la GAM Octavio Flores Millán, en cuya gestión precisamente se cometió el quebranto patrimonial, ya que su voluntad fue comprada por el empresario a cambio de financiar su campaña electoral y cederle espacios en la demarcación en las áreas de Administración y Obras.
Inconforme por la decisión del secretario del Juzgado 11 Penal, la defensa de Ahumada, encabezada por José Luis Izunza, apeló el acto dictado el 29 de diciembre de 2006 por medio del cual se buscaba resolver todos los casos relacionados con Ahumada y coacusados de un solo golpe.
Esgrimió en su escrito que se reservaba el derecho de presentar los agravios que dicha resolución le causaba y señaló que los ofrecería en la siguiente audiencia de vista.
Contra los mismos hechos, Ostos Garza interpuso otro recurso de apelación el pasado 9 de enero.
Segunda Parte
El 25 de enero el titular del Juzgado 11 Penal, Casiano Carlos Morales García, renunció a seguir con el caso de Carlos Ahumada, después de haberlo llevado a lo largo de dos años.
Con el argumento de que mantenía una “amistad familiar” con una de las defensoras de Ahumada, Silvia Puebla –cuyo nombre no aparece en la última relación de defensores acreditados–, turnó el expediente al juzgado consecutivo.
El 13 de febrero, el entonces titular del Juzgado 12 Penal, Manuel Horacio Cavazos López, admitió la endeble excusa de su homólogo, el juez Morales García.
Sobre este punto en particular, el fiscal de Asuntos Especiales de la PGJDF, Rafael Mateos, explica en entrevista que existen fundadas dudas sobre si la designación de Silvia Puebla fue una estrategia de la defensa para cambiar de juzgado el caso.
Un día después, el 14 de febrero, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Carrera Domínguez, presentó al Consejo de la Judicatura una petición para realizar cambios de adscripción en algunos juzgados.
En el acuerdo 28-08/2007, Carrera Domínguez incluyó, en primer lugar, curiosamente, el nombre del juez Cavazos López. Sin fundamentar su petición, propuso transferirlo al Juzgado 66 Penal, y al titular de éste lo reacomodaron, a su vez, en el Juzgado 12 Penal.
El cambio de adscripción fue aprobado por el pleno del Consejo de la Judicatura y surtió efectos dos días más tarde, el 16 de febrero.
En entrevista, el exprocurador capitalino y actual secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo”, Bernardo Bátiz, tiene otra versión: Asegura que el juez Cavazos López se negó a cumplir alguna instrucción y en represalia lo castigaron.
También le parece extraño que el juez Alberto Rubalcava haya dictado sentencia a las 10 de la noche del lunes 7 para excarcelar a Ahumada en la madrugada del martes 8. Y alega que el fraude quedó acreditado.
El pasado jueves 10, el presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, tuvo que cortar de tajo las suspicacias generadas por la rotación del juez 12 penal. En un comunicado, fundamentó la decisión adoptada el 14 de febrero: según Carrera Domínguez, la readscripción del juez Cavazos López estuvo motivada en las siguientes razones: existencia de rezago en instrucción y archivo, altas y bajas constantes de personal (63 movimientos) y “mala actuación y relación con el personal a su cargo, lo cual contrasta con la estrategia de cambio de actitud de los funcionarios judiciales, ordenada por el Consejo de la Judicatura del TSJDF”.
Sin embargo, el expediente profesional del juez Alberto Rubalcava Ramírez no es mejor. Está manchado por 16 quejas acumuladas de 1999 a la fecha, la última de las cuales –la número 220/2007– está pendiente de resolverse.
De todas las quejas, sólo una, de 2003, concluyó la ruta legal, con un apercibimiento, pero Rubalcava interpuso un amparo y lo ganó. De esa forma, consiguió limpiar su expediente profesional.
Absolución exprés
A partir de la rotación de jueces, el quinto y último proceso penal que mantenía en la cárcel a Ahumada comenzó a avanzar con una celeridad inusitada.
Tres días después de haber tomado posesión como titular del Juzgado 12 Penal, Rubalcava Ramírez recibió de la Oficialía de Partes una promoción de Carlos Ahumada, en la cual solicita la acumulación de la partida 115/05, radicada en el Juzgado 34 Penal, cuando antes había promovido un recurso de inconformidad por la decisión del titular del Juzgado 11 por haber acumulado dos causas más a la de Ahumada.
En dicha partida, Ahumada fue exonerado, a finales de 2005, por desvanecimiento de pruebas. Este caso estaba relacionado con otro presunto fraude cometido en perjuicio de la delegación Tláhuac, en la época en que Rosario Robles fungió como jefa de Gobierno del Distrito Federal.
Bernardo Bátiz sostiene que con la acumulación de causas se busca que todos los procesos derivados de la misma averiguación previa se resuelvan en una sola exhibición.
El pasado 21 de febrero se efectuó la audiencia incidental de acumulación dentro de la partida 38/07, en donde las partes ratificaron sus respectivos escritos.
Un par de días después, el 23 de febrero, a las 13:45 horas, el juez Rubalcava Ramírez resolvió acumular la causa penal 115/05 radicada en el Juzgado 34 Penal a las causas 38/07 y 39/07 (ambas por el delito de fraude genérico en la GAM). La fiscalía protestó la decisión del juez y 10 minutos antes de que cerraran la ventanilla de la Oficialía –lo que ocurre a las 15:00 horas– presentó un recurso de apelación.
Sin embargo, el juez Rubalcava Ramírez no lo admitió. Adujo que dicha reclamación debió hacerse en el acto de la notificación y, más aún, que el trámite había sido extemporáneo porque la Oficialía de Partes cierra los viernes a las 14:30 horas.
El sábado 24 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal certificó que no se presentó recurso alguno dentro de la causa penal que tenía en ese momento a Ahumada en prisión.
El desenlace del juicio sobrevino el 19 de abril: la fiscalía presentó sus conclusiones considerando culpable a Ahumada, y un día después, el 20 de abril, la defensa de Ahumada presentó las suyas, declarando inocente a su cliente y solicitando fecha para la audiencia de vista.
Cubierto ese trámite de ley, el juez Rubalcava Ramírez fijó fecha para la audiencia de vista: el 23 de abril.
A partir de ese momento, el juzgador tenía de plazo hasta principios de junio para dictar sentencia, pero inexplicablemente Rubalcava Ramírez decidió acortar el período y lo hizo la madrugada del pasado martes 8 al absolver a Carlos Ahumada del delito de fraude genérico. En sólo 14 días, el juez leyó 76 mil 500 fojas contenidas en 153 tomos.
Tercera ParteEn entrevista, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y el fiscal de Asuntos Especiales, Héctor Carreón y Rafael Mateos, respectivamente, consideran que la rapidez con que emitió su sentencia el juez Rubalcava Ramírez no tiene precedentes.
“Nosotros conocemos cómo trabajan los jueces. En un caso así, con 153 tomos, los impartidores de justicia se toman hasta el último minuto y, en ocasiones, hasta se exceden del tiempo límite, pues se los permite la ley, antes de dictar sentencia”, dice Carreón.
Mateos secunda: “Es un mundo de papel. Al juez del Juzgado 11 le tomó dos años conocerlo”.
En su sentencia, el juez Rubalcava Ramírez consideró que la fiscalía no logró acreditar el delito de fraude genérico cometido contra la delegación Gustavo A. Madero.
Sin embargo, en el mismo expediente existe una resolución judicial que sostiene todo lo contrario. El 17 de enero de 2006, el X Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó, en efecto, el amparo que, en 2005, le había otorgado a Ahumada la juez María Elena Leguízamo Ferrer contra el auto de formal prisión decretado por el juez 11 penal, Carlos Casiano Morales.
En dicha resolución, cuya copia obra en poder de los reporteros, los magistrados Jorge Ojeda Velázquez, Carlos Enrique Rueda Dávila y Juan Wilfredo Gutiérrez Cruz sostuvieron, en forma unánime, que “sí se encuentra acreditado el elemento del engaño”.
Es más, establecieron que el delito de fraude genérico cometido en agravio de la delegación “se perpetró desde el momento en que materialmente se realiza la transferencia de fondos a las cuentas de las empresas involucradas, mismas que –acotaron– no tienen ninguna relación contractual por prestación de servicios con la delegación Gustavo A. Madero ni se encuentran en el padrón de proveedores de la misma, y mucho menos realizaron trabajos de desazolve para que, con ese motivo, les fueran pagadas las 18 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que son órdenes de pago”.
Con base en tales argumentos, los magistrados revocaron, por unanimidad, el amparo otorgado por la juez Leguízamo Ferrer a Carlos Ahumada contra el auto de formal prisión dictado por el Juzgado 11 Penal el 10 de diciembre de 2004.
Promesa cumplida
El esposo de la juez Leguízamo Ferrer, quien amparó por default a casi todos los coacusados de Ahumada por el fraude cometido en la Gustavo A. Madero, es nada menos que Moisés Moreno Hernández, un sobreviviente del equipo de Ignacio Morales Lechuga –y, posteriormente, de Antonio Lozano Gracia– que ahora se desempeña como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF.
Morales Lechuga fue el notario público de cabecera de Ahumada y hasta fue su socio en el club de futbol León, donde el hijo del actual director de la Escuela Libre de Derecho era directivo, cuando el equipo estaba bajo el control del empresario.
Un hecho más que cierra todo el círculo: Días antes de que el juez Rubalcava tomara su determinación, llegó al escritorio del autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, una tarjeta proveniente del TSJDF, pero sin remitente, anticipándole la inminente liberación de Carlos Ahumada.
Dice la tarjeta:
“El juez 12 penal, Lic. Manuel Horacio Cavazos López, fue cambiado el 16 de febrero de 2007 al Juzgado 66 Penal. En su lugar, fue designado el Lic. Alberto Rubalcava Ramírez. Éste último le prometió al Sr. Carlos Ahumada su libertad en entrevista que tuvieron a solas en la rejilla de prácticas del Juzgado 12 Penal, fuera de horas de oficina”.
Para dejar claro el asco.
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