Campaña de miedo

Ejecuciones y levantones. Cosa de todos los días

Alberto Osorio Méndez

Los municipios del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas padecen una inusitada actividad de la delincuencia organizada, que fuentes de inteligencia policial atribuyen a una lucha de varias bandas, como Los Zetas, para dominar la zona donde confluyen esos dos estados, además de Durango y Aguascalientes. Tan evidente es la ofensiva de los criminales que la gente la califica como una “campaña de miedo”. La tarde del 12 de agosto, en el municipio de Huejuquilla El Alto, en el norte del estado, un grupo de supuestos zetas atacó al propietario de un hotel y saqueó un rancho de su propiedad, lo que desató un tiroteo entre sicarios y policías rurales.En el primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que tres policías estatales habían sido levantados y varios asesinados, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de militares. Aunque la fuerza combinada peinó la zona por tierra y aire (se utilizaron tres helicópteros), no se localizó a los atacantes. Los policías reconocieron que los maleantes lograron huir después de bloquear la carretera y emboscar a sus perseguidores a dos fuegos.El hecho puso en estado de alerta a otros poblados del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, quienes desde hace dos semanas demandan la urgente presencia del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP).El alcalde de Huejuquilla, Miguel Ángel Medina, aseguró que, “por la magnitud del problema y sus alcances, el caso quedó en manos de las autoridades federales y del Ejército”, instancias a las que se les pidió apoyo para acabar con la “campaña de miedo” que padecen pobladores y autoridades de la región.Dos meses antes, la madrugada del 14 de junio, Huejuquilla El Alto amaneció con la noticia de que fue secuestrado Antonio Castañeda Cruz, de 63 años y recién llegado de Estados Unidos. Un grupo de aproximadamente 20 hombres armados, que se identificaron como policías judiciales federales, lo sacaron de su domicilio, a un costado del centro histórico. Uno de sus hijos, Miguel Ángel Castañeda Carrillo, pidió a los extraños que se identificaran. En respuesta, una serie de detonaciones de armas de grueso calibre se impactaron en la chapa y en la puerta de su casa. Padre e hijo fueron arrastrados violentamente a uno de los cuatro vehículos de lujo que estaban afuera y se los llevaron con rumbo a Valparaíso, Zacatecas.Antonio Castillo, familiar de los secuestrados, siguió a los captores en su coche a una distancia prudente, pero los perdió de vista cuando entraron a Zacatecas.Miguel Ángel fue puesto en libertad horas después. Seis días más tarde, el 20 de junio, Antonio Castañeda Cruz fue liberado, supuestamente después de que su familia pagó un millón y medio de pesos. Se ha difundido que los responsables del plagio fueron Los Zetas. El secuestro atemorizó a la población y puso en alerta a la policía; sin embargo, la familia afectada no lo denunció ante el Ministerio Público. Antonio Castañeda Cruz murió al segundo día de su liberación, según fuentes policiacas por los golpes que recibió en su cautiverio.El diagnóstico de fuentes de inteligencia consultadas por Proceso Jalisco es que en los límites de Zacatecas, Durango, Jalisco y Aguascalientes se formó un corredor en el que hacen sentir su poder tanto Los Zetas como la gente de El Chapo Guzmán. Explican que, además de disputarse la zona, están reforzándose con exmilitares, expolicías y expresidiarios deportados de Estados Unidos y que buscan insertarse en un grupo de la delincuencia organizada.El comerciante Juan Figueroa, que vive en la zona limítrofe de Jalisco con Zacatecas, está convencido de que autoridades de todos los niveles de gobierno están coludidas con la delincuencia:“¿Cómo pues, se puede entender todo lo que pasa sin que nadie ponga orden? ¿Cómo puede usted entender que esos cabrones pongan sus propios retenes por el rumbo de Juchipila o Moyahua, en plena zona poblada, sin que nadie los detenga? “Lo que pasó en el famoso puente de El Remolino a inicios de agosto pone la carne de gallina a todos, porque se identifican como autoridad federal y ahí estaban robando a sus anchas y levantando gente con todo y carros. Hasta después se supo que se trataba de sujetos fuertemente armados que estaban tumbando camionetas de lujo y pertenencias a los paisanos. Aquí nunca se veía eso”.Asegura que varias personas de poblaciones cercanas ya se preparan para irse y que otras ya solicitaron permiso de la autoridad para portar armas. La ola de inseguridad afecta ya incluso las fiestas patronales en varios municipios, a las que llegan menos visitantes que de costumbre.En San Cristóbal de la Barranca e Ixtlahuacán del Río, en los límites de Zacatecas y Jalisco, los vecinos se advierten entre sí: “Cuídate que no te agarren los de la última letra del silabario porque te van a chingar”, comenta un carnicero al reportero, y ofrece ejemplos de vecinos que han recibido llamadas telefónicas para extorsionarlos.
Amenazas a funcionarios
El asesinato de siete policías estatales en Jerez, Zacatecas, el 28 de diciembre de 2007, una balacera registrada en mayo, en Fresnillo, un enfrentamiento de presuntos zetas con soldados donde murieron tres civiles, el mencionado secuestro en Huejuquilla El Alto, más la instalación de retenes por delincuentes armados que se hacen pasar como agentes de la AFI, mantienen a comunidades enteras a la expectativa.“¿Qué es lo que sigue?”, se pregunta un policía de Colotlán que pide no publicar su nombre.Relata que en este municipio se han visto desde hace varias semanas hombres de pelo corto con tatuajes en el cuello y parte de la cabeza (con apariencia de miembros de la Mara Salvatrucha, dicen los vecinos), quienes circulan en un Ford blanco de modelo atrasado y con placas de Zacatecas.“No se puede hacer nada contra esas personas por parte de la policía porque no se tiene ningún tipo de reporte de actos ilícitos”, dice el agente entrevistado.El síndico del ayuntamiento, Alejandro Gordiano, asegura que incluso las autoridades de la comunidad han sido amenazadas, por lo que hace dos meses se tuvo que reforzar la vigilancia en torno del presidente municipal, Enrique Álvarez. Sin embargo, admite que esto no se le informa a la población para no alarmarla.Lo mismo les ha sucedido a las autoridades de Colotlán, Mezquitic, Huejuquilla y Bolaños. El temor es tal que muchas veces los policías rurales de la Secretaría de Seguridad son reticentes a internarse en la sierra para cumplir sus labores.Samuel Salvador, uno de los regidores del ayuntamiento de Mezquitic e indígena huichol, asegura que desde hace varios meses algunas comunidades están inquietas, si bien corporaciones policiacas federales y el Ejército han realizado algunos operativos después de la muerte de los siete policías en Jerez, Zacatecas. La misma situación describen las respectivas autoridades de municipios zacatecanos como Tlaltenango, Tepechitlán, Juchipila, Apozol, Fresnillo, Jalpa y Jerez.Durante la reciente temporada vacacional, en este último municipio se redujo en más de 30% la llegada de paisanos desde Estados Unidos, a causa de la crisis económica del país vecino pero también por la percepción de inseguridad que impera en la zona.Y a pesar de los grandes riesgos que existen en toda la franja limítrofe de Jalisco y Zacatecas, en Jerez encabeza la policía municipal Jorge Muñetón, un joven de 24 años, estudiante de una maestría del Tec de Monterrey, que no tiene el reconocimiento de director y al que los propios policías no quieren en el puesto. Es el tercer responsable de la seguridad que se nombra en menos de 10 meses.Desde mayo de 2007 se observa una severa crisis en el manejo de la seguridad pública del ayuntamiento de Chimaltitán, lo que ha dado como resultado la renuncia de casi todos los policías del municipio.Los gendarmes se quejan de las malas condiciones en que trabajan, como la gran desventaja adicional que implica el incremento de bandas del crimen organizado.Como ejemplo, cuentan que el año pasado solamente patrullaban en una camioneta, que en realidad les prestaba un particular, y que sus armas son obsoletas y hasta peligrosas en una confrontación. Por eso, entre otras causas, en la región prevalece una especie de toque de queda que nadie impuso, pero que cientos de pobladores cumplen para reducir las posibilidades de caer en manos de grupos de criminales. La “campaña de miedo” también se siente en las poblaciones zacatecanas de Jerez, Monte Escobedo, Tlaltenango, Fresnillo, Momax, Moyahua y Apozol, donde se han registrado amenazas de secuestro contra comerciantes, ganaderos, empresarios e incluso autoridades, tanto estatales como municipales. l

Escasez de servicios y delitos al alza

Sin beneficio social

Gloria Reza M Y Víctor M. López Álvaro

La construcción de la presa hidroeléctrica de La Yesca, con su cortina de 220.5 metros –la más alta de México y América Latina– y un costo estimado de 880 millones de dólares, cambió la faz de los municipios cercanos, pues de pronto llegaron miles de trabajadores que hicieron insuficientes los servicios de agua, vivienda y seguridad. Ahora los ayuntamientos tienen que batallar con la federación y con las empresas para que realicen obras compensatorias y encontrar la forma de aprovechar la derrama económica –menor que la prometida por el presidente Calderón– para que la economía local no se colapse cuando los trabajos concluyan.

HOSTOTIPAQUILLO.- Hace siete meses el presidente Felipe Calderón anunció que con el arranque de la construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca habría una importante derrama económica y social en los linderos de Jalisco y Nayarit; pero hasta el momento sólo se han incrementado los índices delictivos y el costo de la vida, sobre todo en este municipio y en el de Magdalena. Autoridades de ambos ayuntamientos coinciden en que, con la inmigración de trabajadores de la construcción, no se dan abasto para brindar servicios de salud, agua, drenaje, recolección de basura y vialidades. No obstante, dicen que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está realizando fuertes inversiones en obras compensatorias para las cabeceras municipales, como son nuevos colectores, drenaje y rehabilitación de vialidades. Además, apuestan a que se incrementará el turismo dentro de cuatro años, una vez que se concluya la presa.El proyecto de la presa hidroeléctrica La Yesca está a 23 kilómetros de este municipio, en el cañón que ha formado el cauce del río Santiago. Del otro lado está el municipio de La Yesca, Nayarit, pero el 80 ciento del vaso estará del lado jalisciense. La cortina de la represa será la más alta del mundo: medirá 220.5 metros de altura (equivalentes a 12 veces la pirámide del Sol en Teotihuacan). Así mismo, es 32 metros más alta que las de El Cajón y Aguamilpa, que están en el mismo río y eran hasta ahora las más elevadas de México y América Latina. El costo estimado de la presa es de 880 millones de dólares y, según cálculos de la CFE, almacenará un volumen de 7 mil millones de metros cúbicos, cantidad que equivale al consumo de agua de la Ciudad de México en dos años. La generación de energía será de 750 megawatts, es decir, la misma capacidad que la de El Cajón, pero menos que la de Aguamilpa, que genera 960 megawatts, es decir, una cantidad equivalente a 1.5 veces el consumo de Nayarit durante un año y 15% del consumo anual de Jalisco.
“No estábamos capacitados”
En entrevista, el presidente municipal de Magdalena, el priista Gonzalo Bañuelos Riestra, admite que el ayuntamiento no estaba preparado para enfrentar el gran impacto social que implica la gigantesca obra.Al crecer la población de 14 mil a 17 mil personas, los servicios de salud pública son insuficientes, dice, y “necesitamos apoyo para aumentar la seguridad”.El súbito incremento de habitantes “acarreó que las faltas administrativas se incrementen los fines de semana, cuando los trabajadores se vienen a descansar. Si antes había ocho detenidos, ahora agarramos a 40 por beber alcohol, por andar orinando o por riña en la vía pública”.Creció de igual modo el robo a transeúntes y a casas habitación. El alcalde menciona que “de haber uno, hay dos, pero se están controlando porque tenemos a la policía del estado aquí y cada 15 días entran los militares a hacer rondines. Eso ayuda a que la gente no ande robando”.Otro inconveniente es que el hospital de la Secretaría de Salud “está saturado, y más con el seguro popular que te inscribes en un lugar, pero puedes hacer uso de él en otras partes. Es por ello que se pidió a ICA –constructora encargada del proyecto de la presa– que amplíe la clínica, por lo que, de tener cuatro camas para urgencias, habría seis. En lo interno no sé cuántas camas más serían”, indica Bañuelos.Añade que, debido a la obra, “las personas que rentaban su casa a gente de aquí mismo se la pidieron para rentársela a las compañías porque (éstas) pagaban más. En consecuencia, se incrementaron las rentas de mil 500 pesos a 6 mil”.Además, prosigue el alcalde, como ICA aún no ha terminado su campamento en el poblado Mesa de Flores, a dos kilómetros de la presa, alrededor de 3 mil trabajadores tuvieron que asentarse en bodegas, salones de baile y establos cercanos a la cabecera municipal, y en consecuencia el parque vehicular se triplicó.Este incremento y la lentitud con que circulan los camiones de carga provocan congestionamientos viales, además del mayor desgaste del pavimento. Para solucionar este problema, agrega, “estamos en negociaciones para hacer un libramiento en Magdalena”.La edificación de la presa también afectó el servicio municipal de recolección de basura. Antes de la llegada de trabajadores de la construcción se generaban 70 toneladas por día, y ahora son 120 toneladas. Por esa razón, el municipio “consiguió un camión nuevo para la recolección y se aumentó el personal en la cabecera municipal”, apunta Bañuelos.Sin embargo, aclara que la presa La Yesca también beneficios, como la inversión de 17.5 millones de pesos –3.5 millones aportados por la CFE y el resto por el municipio y la federación– para instalar dos colectores de agua, hacer funcionar a toda su capacidad la planta de tratamiento de aguas residuales y construir ocho kilómetros de infraestructura hidráulica.Dentro de todo, afirma, “sí se ve más afluencia económica”, aunque “a lo mejor no como se esperaba”, pues 200 personas oriundas de Magdalena tienen empleo en la obra, así como seis transportistas. De igual forma, “se abrieron algunos negocios de comida, y los de ropa surtieron más su tienda”.
No más “pueblo fantasma”
La CFE, que ejecuta la obra de La Yesca, prometió que apoyará en la gestión de recursos para construir corredores turísticos en el municipio Hostotipaquillo, asegura en entrevista el síndico Juan Manuel Rodríguez García. Él ha observado también la insuficiencia de los servicios municipales: “Las escuelas están saturadas por los hijos de los trabajadores. Tienen al menos 30 alumnos en cada grupo, en los distintos niveles. Los servicios de salud también nos rebasaron; si antes daba 10 consultas diarias, ahora son más de 20.“Teníamos la idea de que vendría un mundo de gente, pero no estábamos preparados para los servicios básicos que se necesitan”, admite el síndico. Además, comenta que la canasta básica se encareció hasta en 10%.
–¿Cuántas personas del pueblo están empleadas en la construcción?
–Son pocas, unas 150, de las más de 3 mil (que trabajan en la obra). La mayoría vienen del resto del país, quizá por la mano de obra barata. Al principio pensamos que habría una derrama económica pero no fue así. No había casas suficientes y los trabajadores de fuera mejor buscaron otro lugar.Ante la demanda de vivienda, la renta de una casa con dos cuartos, baño, cocina y comedor, subió en 3 mil pesos. Antes no superaba los 500 pesos al mes.
–¿Qué planes tienen para cuando se concluya la presa?
–Se pretende que la actividad económica se mantenga, no sólo por la construcción de la presa. Por ejemplo, planeamos apostarle al ecoturismo para reactivar la economía. Eso nos dijeron los de la CFE. Hay mucho que ofrecer, como las visitas a lugares antiguos. Tenemos una hacienda, un sitio prehispánico en La Coronilla, a escaso medio kilómetro, y tendremos la presa más grande del país. Tenemos lugares preciosos, naturales, para construir algunos miradores desde los cuales se verá una parte de la Sierra Madre Occidental. Y todo para no quedar peor que antes.
–¿Hubo alguna oposición al proyecto hidráulico?
–La gente de la CFE ha presentado el proyecto en maquetas y videos aquí en la cabecera municipal. Al principio, hace un año, se juntaban unas 20 personas que estaban en contra de la presa, pero al parecer platicaron con la CFE y se convencieron.
–¿Por qué se oponían?
–Decían que la presa traería graves consecuencias en el medio ambiente, que modificaría el clima.Lo cierto es que las tierras que serán inundadas son fértiles; actualmente se siembra ahí maíz, frijol, calabaza, jamaica y trigo.Otro aspecto que ha cambiado en el municipio, dice el síndico Rodríguez García, es el de la seguridad: “Antes podíamos caminar sin miedo a que nos atropellaran; (ahora) se ocupan calles más amplias, hay mucha circulación vehicular”. Así mismo, el consumo de bebidas alcohólicas se incrementó, al igual que las detenciones por faltas administrativas: antes se sancionaba a dos personas en promedio durante los fines de semana, y ahora son más de 15. En Hostotipaquillo hay tres billares y cuatro expendios de cerveza.“Y habrá más movimiento. Ahora trabajan en la obra más de 3 mil personas, pero llegarán a 5 mil cuando empiecen a construir la cortina”, prevé el síndico.A su vez, el cronista David Rodríguez, médico de profesión, considera que el pueblo será saqueado como en el siglo pasado, cuando empresas mineras explotaban los yacimientos de ópalo y plata.En aquel entonces, cuenta, “se acabó la mina y se fueron, no dejaron nada para el pueblo. Pienso que nos sucederá lo mismo ahora, con la presa hidroeléctrica. Puede traer muchos beneficios a la región por el turismo, siempre y cuando el agua esté limpia. Actualmente el río Santiago está contaminado. No me atrevo a bañarme en esa agua”. Matiza: “Al menos habrá beneficios durante los cinco años que dure la construcción de la obra, pero no creo que veamos más ventajas importantes. Una de las cosas positivas es que están reparando las brechas”. El cronista comenta que el río Santiago ha perdido caudal, y por eso pregunta: “¿De donde saldrá tanta agua para una presa tan grande como la Yesca, si además en ese mismo río construyeron las presas El Cajón y Aguamilpa?”
Obras compensatorias
El director de obras públicas de Hostotipaquillo, el arquitecto Gustavo Castañeda González, señala que desde el inicio de la construcción del embalse aumentaron las faltas administrativas, pero aclara: “Contrario a lo que se espera, las detenciones no se hacen a los albañiles, sino a los ingenieros de la obra”.Afirma que en la cabecera municipal no “existe ningún antro ni se han dado licencias para abrir giros negros. Hay menos derrama económica, pero son menos los problemas”. Aun así, por recomendación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ayuntamiento está construyendo, con recursos federales y estatales, un edificio de 2 mil metros cuadrados para la Dirección de Seguridad Pública municipal, donde estarán las oficinas del juzgado y el consultorio médico, el área de barandilla, un aula de capacitación, así como celdas para mujeres y menores infractores. Además, la Secretaría de Seguridad estatal dispuso que ante el incremento poblacional el municipio debe aumentar gradualmente el número de policías: el año pasado había 20, actualmente son 31 y deben llegar a 55 en tres años. A decir del arquitecto Castañeda, el ayuntamiento acordó con ICA que debía cubrir el sueldo de los nuevos agentes contratados, pero la constructora ha incumplido.El entrevistado agrega que, con la llegada de las constructoras, el año pasado una tercera parte de la población de Hostotipaquillo (aproximadamente mil personas) se quedó sin agua porque las líneas de conducción de agua eran insuficientes. En vista de ello, se invirtieron 4 millones de pesos para traer más agua al pueblo.Ahora, dice, el problema es con el drenaje, pues cuando circulan vehículos pesados por las calles empedradas “destruyen los tubos que están instalados a 30 centímetros de profundidad, por lo que se está negociando con la CFE la construcción de un libramiento”.En una situación similar está el centro de salud, que fue insuficiente para atender a los trabajadores provenientes de Veracruz, Baja California, Chiapas y Monterrey, por lo que el ayuntamiento acordó con la CFE instalar una clínica prefabricada con un costo de 2.3 millones de pesos, para la cual enviará más personal la Secretaría de Salud.En opinión del director de obras públicas, uno de los efectos positivos de la construcción de la presa es que Hostotipaquillo “dejó de ser un pueblo fantasma; ahora mucha gente está regresando para invertir su dinerito en un negocio. Al menos se abrieron tres negocios de comida, una lavandería y varios tendejones”.Sin embargo, el arquitecto aceptó que los beneficios económicos no son los esperados, puesto que de las 5 mil personas que participarán en la obra, sólo alrededor de 600 buscarán conseguir vivienda y comida en el municipio.Por otro lado, el ayuntamiento y la CFE acordaron que como obras compensatorias se va construir la Casa de la Cultura con una inversión de 2 millones 225 mil pesos en las dos primeras etapas, se renovará la carretera con un costo de 3 millones de pesos, e ICA donará concreto con un valor de 3.6 millones de pesos para mejorar vialidades.Finalmente el funcionario recordó que en 2007 la CFE se negó a saldar la licencia municipal de construcción y “quería intercambiarlo por obras compensatorias, pero al final tuvo que pagar 3.2 millones pesos. Para este año hizo la misma propuesta e insistimos en que pagaran 4.3 millones de pesos; sin embargo, por recomendación de la subsecretaría de Asuntos del Interior aceptamos que se canalizaran a obras públicas, y además deberán hacer obras compensatorias”. l

Lo por Venir...

Salvo los que viven en Foxilandia continuada o sólo saben lo que dice Televisa o la iglesia, a los mexicanos les preocupa la descomposición del Estado mexicano en su vertiente de gobierno de tres caras --ejecutiva, legislativa y judicial-- y una sola expresión (presidencial). Se deshace todo... ¿y luego?

Por Fausto Fernaqndez Ponte

I

Como suélese hacer con frecuencia en este espacio, acúsase hoy recibo de los mensajes enviados por los caros leyentes acerca de asuntos tratados aquí. El tema que mayor número de reacciones ha concitado es el de la descomposición del Estado mexicano.

La leyente Esther Gálvez González, quien dice leernos desde El Bajío en un sitio de Internet que no identifica, afirma: "Es de muy osado valor su afirmación de que el Estado mexicano está en un proceso de descomposiciòn y que va hacia su desintegración".

La leyente Josephine Martínez, quien nos lee también en un periódico de Internet desde Hialeah, Florida, Estados Unidos, dice: "Es terrible lo que está pasando en México: un país en descomposición, desintegrándose. ¿Qué vendrá después?"
Y el leyente José Ramírez Estudillo, quien nos lee --informa-- en Tijuana, B. C., reprocha: "No he leído a ningún columnista que diga, como usted, que México se está cayendo a pedazos y la verdad (es que) no me cuesta mucho esfuerzo creerle; lo estoy viendo".

Luisa María Garcia García, leyente de Monterrey, N. L., señala que "todos sabemos lo que usted señala que está pasando en nuestro México, pero nos comportamos como si no estuviera pasando nada, confiando en la ilusión de que Dios proveerá".

II

El leyente José Marín, quien nos lee --subraya-- en Chicago, Illinois, EU, escribe: "Toda las noches leo en Internet los periódicos mexicanos y me pintan un panorama de México que es muy parcial, y luego lo leo a usted y me quedo muy conturbado...

"Mi conturbación se vuelve preocupación y angustia pues aunque llevo varios años viviendo en EU, tengo muchos familiares en México (mis padres, hermanos, sobrinos, primos, etcétera) que sufren lo que usted califica de descomposición...
"Mis familiares en México (yo voy y ellos vienen) me hablan de una situación muy fea que los periódicos no reflejan, pero ellos, como millones de mexicanos más, no pueden traducir en palabras ni en conceptos la descomposición que usted bien identifica...

"Hasta donde sé, son muy pocos (y yo digo que ninguno de los que leo) los periodistas que se han dado cuenta como usted de la descomposición del Estado mexicano y que han identificado el problema y lo hacen del conocimienbto público...

"Pero al identificar y describir usted la descomposición que ahoga al Estado mexicano, nos siembra una inquietud tan perturbadora como la descomposición misma: ¿Qué pasará cuando el Estado mexicano se haya desintegrado? ¿Qué porvenir nos espera?"

III

Los planteamientos presentados por los leyentes aludidos no son, hágase la salvedad, los de todas las personas destinatarias de los pergeños de este escribidor, pero sí son los más representativos del sentir y el parecer del lectorado.
En su misiva, la señora Gálvez --quien considera valiente osadía afirmar que el Estado mexicano está en descomposición-- aduce: "Y bien, ¿qué va a pasar con México, una vez que el Estado se haya desintegrado? ¿Vamos a desaparecer o qué?"

A la señora Martínez --quien identifícase mexicana-- esa misma incertidumbre acucia sus dudas: "No sabemos qué vendrá después, pero no es difícil imaginarlo: mayor caos social y político, condición favorable para una revolución".

El señor Ramírez Estudillo abunda en el tema revolucionario: "A millones de mexicanos nos caerá de sorpresa el surgimiento de un movimiento armado general en gestación, pues no queremos aceptar que el Estado mexicano está cesando o ya cesó".

La señora García García sincretiza una subyacente percepción generalizada: "La desintegración del Estado mexicano creará un gran vacío que, predeciblemente, será llenado por otros políticos pillos e ineptos y traidores a México".

ffp@gmail.com

Glosario:

Acucia: del verbo acuciar. Estimular, dar prisa, impulsar a alguien a ejecutar una acción.

Lectorado: conjunto de lectores.

Sincretiza: resumir. Sintetizar.

Las ratas

Pemex adquirió buque mediante una tercera empresa: AMLO

Expuso que en ella figura quien fue coordinador de asesores en dos gestiones de la estatal.

Andrés Manuel López Obrador acusó que en la compra de El Señor de los Mares participó una empresa mexicana, y que uno de los socios de esta compañía fue coordinador de asesores de los ex directores generales de Pemex Rogelio Montemayor y Raúl Muñoz Leos en los gobiernos, respectivamente, de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Además, socios y apoderados de filiales de esa empresa son a su vez accionistas de Oceanografía, que es investigada por posibles vínculos con los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, señala un comunicado del llamado gobierno legítimo.

López Obrador explica que el director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, aseguró que el contrato de compra del buque fue directamente fincado con la compañía noruega Bergesen Worldwide Ltd.

“Esta afirmación es falsa”, asevera el político tabasqueño, y revela que la transacción fue resuelta a partir de que socios de la contratista mexicana Blue Marine, Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand, invitaron a funcionarios de Pemex a Guinea Ecuatorial, donde la trasnacional de origen noruego Bergesen opera un barco para la empresa estatal GEPetrol.

López Obrador sostiene que Antonio Juan Marcos Issa fue coordinador de asesores de Rogelio Montemayor y Raúl Muñoz Leos.

Luego de ese “viaje”, los servidores públicos se habrían convencido de las bondades del buque tanque y habrían organizado la licitación pública internacional para adjudicar los servicios del barco, convocatoria que ganaron Bergesen y Blue Marine.

Agregó que estas dos empresas siguen recibiendo contratos de Pemex. “Inclusive el primer pago por la compra de El señor de los mares se hizo el año pasado por 379 millones de dólares y Oceanografía recibió el año pasado y en lo que va del presente 17 contratos de Pemex por cerca de mil 300 millones de dólares”, explica.

¿Por qué fuimos injustamente arrestados sin motivo?

Por Amy Goodman


SAINT PAUL, Minnesota. – La represión a los periodistas practicada por el gobierno es una auténtica amenaza a la democracia. Durante la Convención Nacional Republicana, que se está celebrando esta semana en St. Paul, Minnesota, la policía está sistemáticamente atacando a los periodistas. Fui arrestada junto a dos de mis compañeros, los productores de Democracy Now! Sharif Abdel Kouddous y Nicole Salazar, cuando estábamos haciendo la cobertura informativa del primer día de la Convención. He sido injustamente acusada de un delito menor. Mis colegas, que simplemente estaban informando, podrían ser acusados de provocar disturbios, un delito mucho más serio.

Las Convenciones Nacionales demócrata y republicana se han convertido en caros y prolongados eventos de teatro político, básicamente, cuatro días enteros de publicidad para promocionar a los principales candidatos a la presidencia. Del otro lado de las rejas de seguridad, se han convertido en importantes encuentros para los movimientos de base, para que la gente se reúna–en medio de las banderas, banderines, banderolas y guirnaldas–para expresar los derechos enumerados en la Primera Enmienda de la Constitución: “El Congreso no aprobará ninguna ley que establezca la adopción de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios.”

Detrás de toda la hipérbole patriótica que acompaña a las Convenciones, y los miles de periodistas y trabajadores de los medios que acuden a cubrir los eventos organizados para la ocasión, ocurren serias violaciones del derecho básico a la libertad de prensa. Aquí, en las calles de St. Paul, la prensa tiene la libertad de informar sobre los eventos oficiales de la Convención Nacional Republicana, pero no la libertad de informar sobre la violencia policial y los arrestos generalizados llevados a cabo contra aquellos que han venido a hacer una petición a su gobierno, manifestándose.

El 1º de septiembre era el Día del Trabajo (celebrada en EE.UU.), y se estaba llevando a cabo una manifestación contra la guerra que contaba con una gran asistencia de gente, con familias de esta misma ciudad, estudiantes, veteranos y gente de todo el país que se había dado cita para oponerse a la guerra. Los manifestantes superaban enormemente en número a los delegados republicanos.

Había un ambiente positivo y festivo, unido a una creciente ansiedad por la trayectoria que estaba tomando el huracán Gustav, y por si Nueva Orleans sería devastada una vez más. Más tarde, durante ese mismo día, se produjo una manifestación espontánea no autorizada. Los policías – uniformados con equipamiento antidisturbios, con cascos, protectores para la cara, porras y latas de gas pimienta—cargaron contra la manifestación. Condujeron a manifestantes, peatones que pasaban por ahí y periodistas que estaban trabajando hasta un estacionamiento; allí los rodearon y empezaron a esposarlos.

Nicole estaba grabando la escena. La grabación de su propio arresto, muy violento, resulta escalofriante. Policías con uniforme antidisturbios la atacaron, y le gritaron: “Contra el suelo”. En la grabación se puede escuchar la voz de Nicole, repitiendo claramente “¡Prensa! ¡Prensa! ¿A dónde se supone que vamos?” Estaba atrapada entre los coches estacionados. La cámara cae al suelo en medio de los gritos de dolor de Nicole. Le golpearon la cara contra el asfalto, estaba sangrando por la nariz y tenía la bota o rodilla de un pesado agente sobre su espalda. Otro agente le tiraba de la pierna. Sharif fue lanzado contra una pared y pateado en el pecho; su brazo estaba sangrando.

Yo me encontraba en el Xcel Center, sede de la Convención, entrevistando a los delegados republicanos. Acababa de entrevistar a la delegación de Minnesota, cuando recibí una llamada telefónica que me informaba que Sharif y Nicole habían sido brutalmente arrestados, en todo sentido. El cineasta Rick Rowley, de Big Noise Films, y yo fuimos caminando hasta donde se suponía que estaban mis compañeros. Sin aliento, llegamos al estacionamiento. Me acerqué a la barrera de policías antidisturbios y pedí hablar con el oficial a cargo, diciéndoles que habían detenido a periodistas acreditados.

No habían pasado unos segundos cuando me agarraron, me arrastraron hacia el otro lado de la barrera policial, me retorcieron los brazos, poniéndomelos a la fuerza tras la espalda, y me esposaron con unas rígidas esposas de plástico que se me clavaban en las muñecas. Pude ver a Sharif con el brazo cubierto de sangre y su acreditación de prensa colgándole del cuello. Volví a decir que éramos periodistas acreditados, y fue ahí que un agente del Servicio Secreto se acercó y me arrancó del cuello mi acreditación de prensa para la Convención. Me llevaron al garaje de la policía de St. Paul, donde se habían habilitado jaulas para detener a los manifestantes. Se me acusó de obstrucción a las tareas de un oficial de paz. Nicole y Sharif fueron llevados a prisión, acusados de provocar disturbios.

El ataque y posterior arresto contra mi persona y los productores de Democracy Now! no fue un suceso aislado. Una organización de videastas llamada I-Witness Video (Video soy testigo) había sufrido una redada dos días antes. Integrantes de otro grupo de documentalistas, el Colectivo Glass Bead, fueron detenidos, y sus cámaras y computadoras fueron confiscadas. El miércoles, I-Witness Video sufrió otra redada y finalmente fueron obligados a abandonar la casa en la que habían montado su oficina. Cuando le pregunté al jefe de policía de St. Paul, John Harrington, cómo se supone que deben trabajar los periodistas en semejante atmósfera, sugirió: “Incorporando a los periodistas como acompañantes de nuestra fuerza de patrullaje.”

La noche del lunes, horas después de que fuéramos arrestados, y después de una gran protesta pública, Nicole, Sharif y yo fuimos liberados. Así fue nuestro Día del Trabajo. Gajes del oficio.

AMLO en Tamaulipas

Nadie quiere el derrocamiento de Felipe Calderón, porque él se cae solo, aclara López Obrador

Tampico, Tamaulipas
Jueves 04 de septiembre de 2008

* El supuesto intento de derrocamiento responde a una estrategia política diseñada desde Los Pinos afirma el presidente legítimo de México

* La adquisición del buque-tanque “El Señor de los Mares” se hizo de manera irregular e ilegal, informa Andrés Manuel López Obrador


“Nosotros no queremos el derrocamiento de Felipe Calderón, porque el presidente pelele se cae sólo. Se acaba de caer de una bicicleta”, aclaró Andrés Manuel López Obrador, desde este importante puerto petrolero.

Sin embargo, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón Hinojosa es un inepto y que el supuesto intento de derrocamiento responde a una estrategia política diseñada desde Los Pinos, con la deliberada intención de manipular una situación.

En entrevista que concedió a los representantes de los medios de comunicación a su arribo al Aeropuerto Internacional “Francisco Javier Mina”, López Obrador precisó que el movimiento de transformación de México, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de México no están apostando al derrocamiento de Calderón, pero dejó en claro que después de la contienda presidencial de 2006 le hizo saber personalmente a Calderón, a través de una carta de le envió, que la mancha de un fraude no se quita ni con el agua de todos los océanos y que era mejor que se revisará todo el proceso y que se contarán los votos.

Calderón optó por sentarse de manera ilegal e ilegítima en el cargo y, por encima de que usurpó un cargo, “el presidente pelele ha demostrado que no tiene capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”.

Sólo falta –dijo en tono irónico— que “me vayan a echar a mi la culpa de que los potentados impusieran a un pelele y que yo también tengo la culpa de que este gobernando un usurpador”.

Aquellos que impusieron a Calderón son los responsables de la situación de violencia e inseguridad que está ocurriendo en el país y también son responsables de mantener la actual política económica injusta y de empobrecimiento que mantiene en condiciones de sobrevivencia a millones de familias mexicanas, puntualizó.

Ante los micrófonos de radio y televisión, el presidente legítimo de los mexicanos consideró que la minoría rapaz, que impuso a Calderón a la Presidencia, está realmente arrepentida, porque el presidente pelele carece de autoridad moral y política para gobernar. “Los de arriba –señaló— ya le empezaron a quitar el apoyo a Calderón. Para empezar ya no le dicen Felipe, lo llaman Lipe, porque ya le perdieron la fe”.

Pero, aclaró que si le dejan de llamar Felipe, “ese es un asunto de ellos, de los potentados, y que no nos metan a nosotros en sus argüendes”.

Durante la entrevista, López Obrador reiteró que los mexicanos no permitiremos la privatización de la industria petrolera y que detrás del afán de entregar los recursos naturales a empresas extranjeras, está el interés de un grupo de corruptos y de traficantes de influencias, que desean hacer negocios ilícitos al amparo del poder público.

Un reportero le pidió que diera los nombres de este grupo de políticos corruptos y de traficantes de influencias. Vicente Fox, Felipe Calderón, Alfredo Elías Ayub, Juan Camilo Mouriño y César Nava son algunos de los integrantes de esa pandilla, respondió el presidente legítimo de México.

Por otra parte, informó que el pasado domingo denunció públicamente nuevos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos, particularmente en la adquisición del buque-tanque “El Señor de los Mares”.

Toda la transacción se hizo de manera irregular e ilegal, desde la licitación hasta la entrega del mencionado navío.

Inicialmente el concurso se hizo por 300 millones de dólares, luego la cantidad subió a 500 millones de dólares y finalmente se pagaron mil 136 millones de dólares por dicha plataforma petrolera, detalló.

Dijo tener pruebas de que la empresa mexicana que participó en la venta del citado barco, la firma Blue Marine, está vinculada a otra compañía que se llama Oceanografía, que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por mantener vínculos con la familia Fox.

Cinco luceros cubanos

Ángel Guerra Cabrera

Al cumplirse 10 años del encarcelamiento en Estados Unidos de los cinco jóvenes antiterroristas cubanos resulta útil hacer una breve recapitulación. Es fácil comprender que Cuba, en un acto de legítima defensa, necesita de ojos y oídos en Miami por un imperativo de seguridad nacional, toda vez que allí se encuentra la guarida de los grupos terroristas que la han agredido por décadas con la absoluta tolerancia y estímulo de la potencia autoproclamada campeona de la lucha contra ese flagelo.

En junio de 1998, La Habana entregó oficialmente a solicitud de Washington abultadas pruebas sobre los trajines de esos grupos con las que la FBI reconoció sentirse impresionado. Tanto, que lejos de utilizarlas para prevenirlos, tres meses más tarde detenía y enjuiciaba en la ciudad floridana a los integrantes de la red cubana generadora de la información. Mientras, sus agentes se derretían en zalamerías con los personeros principales de la violencia contra Cuba. La ausencia de ética exhibida por el imperio en estos hechos es difícilmente superable en la historia de las relaciones entre Estados, por más adversarios que sean.

Lo que siguió fue un juicio en el que se vulneraron groseramente las disposiciones constitucionales y legales estadunidenses que regulan el derecho al “debido proceso”. No se aceptó por el tribunal la solicitud de cambio de sede presentada por la defensa, basada en amplia jurisprudencia y plenamente justificada, pues se sabe que Miami es el lugar menos indicado para ventilar imparcialmente algún asunto relacionado con Cuba. Así lo confirmaría el proceso, realizado en un ambiente de histeria anticubana amplificado por la prensa local controlada por la contrarrevolución. Fue seleccionado un jurado de incondicionales del gobierno y así y todo alguno de sus miembros admitió haber recibido presiones para votar por la petición fiscal. Se redujo a casi nada la comunicación entre los cinco y sus abogados, que, además, no tuvieron acceso al grueso de los documentos por ser “clasificados”. Las penas impuestas no guardan proporción con los delitos imputados y nunca probados. Salvo los cargos –menores en la legislación estadunidense– de actuar como agentes extranjeros y utilizar documentos falsos, que los acusados admitieron desde un inicio, la fiscalía vio cómo su caso era demolido por las pruebas y los testimonios que presentó la defensa, incluyendo el del general jefe de la inteligencia militar estadunidense hasta unos meses antes, quien reconoció que en el expediente no existía evidencia de que la actividad de los cubanos hubiese implicado riesgo alguno para la seguridad nacional de Estados Unidos. A lo largo del juicio y las ulteriores vistas de apelación ha quedado claro que su accionar se limitó a infiltrar a la contrarrevolución emigrada e informar a Cuba sobre sus planes terroristas, sólidamente justificada por la “defensa de necesidad”, principio consagrado en la propia doctrina jurídica estadunidense que establece el derecho a violar la ley cuando el daño que se va a impedir es mayor que el derivado de su incumplimiento. Aun aceptando, sin conceder, que en este caso fuese delito no registrarse como agentes extranjeros, la sanción que correspondería es un lustro de cárcel, ya cumplida doblemente por los cinco.

Estos hombres han resistido estoicamente presiones y ofertas para doblarlos, largos meses de confinamiento solitario, impedimento de visitas familiares, negativa de visa a dos de las esposas porque supuestamente constituyen un “peligro para la seguridad nacional” de la potencia. Son cinco luceros refulgentes en el corazón del pueblo de Cuba que han recibido una cálida y creciente solidaridad internacional.

Nada justifica que permanezcan un día más en prisión, pero la única forma de lograr su libertad es haciendo que esta injusticia sea conocida y rechazada por muchos más en el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde los medios le han tendido una espesa cortina de silencio.

aguerra_123@yahoo.com.mx

El barco sí costó 1,134 millones de dólares

■ Difunde el “gobierno legítimo” el documento, que desmiente información de la paraestatal

Pemex firmó contrato por mil 134.7 mdd para la compra de El señor de los mares
■ Octavio Romero Oropeza cuestiona la legalidad de la operación con la naviera Bergesen

Jaime Avilés

El “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, por medio de la secretaría para la austeridad y la honestidad republicana, que encabeza Octavio Romero Oropeza, dio a conocer anoche el contrato que Pemex Exploración y Producción (PEP) y la naviera noruega Bergesen Worldwide Ltd. firmaron por mil 134 millones 693 mil 18 dólares para el arrendamiento, con opción a compra a 15 años, del buquetanque japonés El señor de los mares.

En un comunicado de prensa publicado ayer por La Jornada, Pemex afirmó que el “costo total” de la operación fue de 758 millones de dólares, de los cuales el año pasado pagó 50 por ciento y se comprometió a cubrir el resto en 180 mensualidades (15 años), con una tasa de interés de 12 por ciento anual.

Sin embargo, el contrato en cuestión –cuya copia obra en poder de La Jornada– revela que la paraestatal pactó los siguientes pagos: 266 millones 600 mil dólares por el costo del buquetanque y su transformación en planta procesadora de diversos tipos de crudo; 346 millones 500 mil dólares por “gastos administrativos”; 131 millones 300 mil dólares por “utilería marina”, y 376 millones 693 mil dólares por “costos de operación y mantenimiento”. La suma de estas cantidades arroja un total de mil 134 millones 693 mil 18 dólares. Pemex calificó de “irrisoria” la denuncia que al respecto, el domingo pasado, hizo pública López Obrador durante un mitin en el Monumento a la Revolución. Anoche, Romero Oropeza comentó que (a los directivos de la paraestatal) “seguramente les causó mucha risa, pero de nervios, porque hay cosas que no le pudieron explicar a la Auditoría Superior de la Federación, que efectivamente auditó la operación, pero con muchas observaciones negativas para ellos”.

El funcionario del “gobierno legítimo” dijo desconocer cuándo presentará el Frente Amplio Progresista la denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por los delitos que pudieran desprenderse de la investigación que se siga.

Entre los presuntos responsables directos, según consta en el expediente en que se fundará la demanda, figuran el ex director general de Pemex Luis Ramírez Corzo; el entonces (y ahora) titular de Pemex Exploración y Producción Carlos Morales, y el actual director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, durante cuya gestión se cerró el contrato con Bergesen Worldwide Ltd.

Anclado en altamar

Aunque Pemex lo adquirió como si fuera un barco nuevo, El señor de los mares en realidad fue en su origen un barco-cisterna construido hace más de 25 años en Japón, que Bergesen consiguió en 2005 en Singapur, donde lo reconvirtió en una fábrica flotante que almacena y mezcla diversos tipos de crudo para producir un petróleo de calidad superior que se vende a mejor precio en el mercado internacional.

En un anexo del multicitado contrato que la naviera celebró con PEP, que se llama “cédulas sobre el país de origen de los bienes o servicios”, se describe todo lo que Pemex se comprometió a pagar para que la planta operara en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap, considerado el segundo más prolífico del país, después de Cantarell, localizado como éste frente a las costas de Campeche.

He aquí el desglose: el viejo buque cisterna japonés costó 36.3 millones de dólares (mdd). Su transformación en fábrica mezcladora de crudos, 53.5 mdd. La instalación de un sistema de anclaje (porque no navega, sino que permanece fijo en alta mar), 25 mdd. En seguida, el contrato detalla los nombres y costos de los equipos que el cacharro tiene a bordo:

“Giratoria, 67.6 mdd. Compresores de gas ing para la planta de proceso, 39.8 mdd. Sistema de control DCE, 2.1 mdd. Patines de medición, 2.4 mdd. Bombas de transferencia, 4.3 mdd. Bombas de descarga de crudo, 1.3 mdd. Equipo generador de energía, 21.5 mdd. Sistema de recuperación de calor, 2.1 mdd. Sistema de calentamiento de crudo, un mdd. Bomba de circulación de agua para enfriamiento, 500 mil dólares. Paquete de calentamiento medio, 3.5 mdd. Motores eléctricos de 500 caballos de fuerza, 4.5 mil dólares. Balsas salvavidas y pescantes, 600 mil dólares. Bomba de emergencia contra incendio, 500 mil dólares. Bomba de agua contra incendio, 100 mil dólares.”

Para gastos fantasmas, 131 mdd

Hasta este punto, según consta en el contrato, la conversión del buque-cisterna en un FPSO (floating production strage and offloading system, siglas en inglés de “sistema flotante de producción, mezcla y descarga”) era de 266 millones 600 mil dólares. Pero aquí, añade Romero Oropeza, “los señores de Pemex comenzaron a despacharse con la cuchara grande, porque a renglón seguido reportaron ‘otras utilerías y equipo marino’ por 131 millones 300 mil dólares, sin especificar en qué consisten”.

Agregó: “¿Cómo es posible que por comprar el barco, reconvertirlo y equiparlo hayan pagado 266 millones de dólares y 131 millones extras por concepto de ‘otros’, así nada más, a secas? Tampoco dijeron nada acerca de los 346 millones 500 mil dólares que el contrato estipula para gastos administrativos, ni mencionaron que hay otro pago por 376 mdd por costos de operación y mantenimiento, que cubrirán durante 15 años en 180 mensualidades, a razón de un millón 751 mil 88 dólares cada mes para Bergesen y 3 millones 980 mil 234 pesos, también mensuales, para una empresa mexicana”, cuyo nombre prefirió reservarse por ahora.

Yucatán El horror

Rosa Santana

La escalada de violencia en el país alcanza grados indecibles. Impulsada por las organizaciones criminales, llegó a su clímax en Yucatán, donde el hallazgo de 12 cuerpos decapitados le recuerda al gobierno de Felipe Calderón su fracaso en materia de seguridad. Ahora los cárteles extienden su campo de batalla a la península yucateca, y al parecer nadie puede frenarlos…

MÉRIDA, YUC.- La tarde del jueves 28 fueron localizados 12 cadáveres decapitados en esta ciudad, de los cuales 11 estaban en el ejido Chichí Suárez de la capital meridense y uno más en el municipio ganadero de Buctzotz.En este último, el único cuya cabeza estaba junto al cuerpo, se encontró un mensaje dirigido al secretario de Seguridad Pública: “Por no respetar los tratos, tú eres el culpable de lo que pase, Luis Felipe Saidén Ojeda”, señalaba el texto.Aunque al principio las autoridades intentaron negar el hallazgo, terminaron por reconocer los hechos luego de que las fotografías fueron difundidas por los medios de comunicación, incluida la del cadáver que tenía la cartulina dirigida a Saidén.De acuerdo con fuentes policiacas, algunos de los cuerpos decapitados también tenían recados; en uno de éstos, por ejemplo, el mensaje decía: “Rafael, tú sigues”, al parecer en alusión al subprocurador de Averiguaciones Previas, Rafael Acosta Solís; otro más tenía como destinatario al propio secretario de Seguridad Pública: “Saidén, este es tu espejo”.Dos días antes del hallazgo, el martes 26, en las inmediaciones del aeropuerto de Cancún fue colocado un par de mantas de 7.00 x 1.20 metros con la siguiente leyenda: “Para todo el gobierno federal, estatal y municipal. Si quieren que la violencia acabe, dejen de encubrir y de apoyar al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a Nacho Coronel y a Óscar Valencia. PD: Di no al Chapo Guzmán y a todos los traidores”.Ese mismo martes aparecieron mantas con mensajes similares en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; San Luis Potosí; Saltillo y Piedras Negras, Coahuila, y en Poza Rica, Veracruz.El comisionado interino de la policía municipal de Cancún, Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, restó importancia al mensaje aparecido en este destino turístico; incluso dijo que puede tratarse de una broma, pues en las mantas se aludió a un grupo que no tiene presencia en el sureste. Según él, Nacho Coronel opera sólo en el norte del país.La madrugada del viernes 29 la policía de Cancún detuvo a tres de los presuntos verdugos de los yucatecos decapitados. Fueron identificados como Manuel Jesús Poot Ku, de 28 años, originario de Tizimín, Yucatán; el regiomontano Jan Camacho Coronado, de 25, y el veracruzano Víctor López García, de 22, quienes viajaban en una camioneta Ford Escalade blindada. La captura se realizó luego de una persecución que comenzó cuando intentaron evadir un retén federal situado a la entrada de esta ciudad portuaria.En el vehículo fueron encontradas dos armas largas tipo M-16 con 23 cargadores, una pistola escuadra calibre 9 milímetros con dos cargadores y más de mil cartuchos útiles de diferentes calibres. También había una espoleta de granada, un par de hachas y dos palas.El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, manifestó su temor de que en su entidad ocurra el desenlace de la historia que tiene expectantes a las autoridades en toda la península, acerca del sitio donde podrían aparecer las cabezas de los 11 ejecutados.Hasta el cierre de esta edición aún no se localizaban las 11 cabezas de los cuerpos hallados en Chichí Suárez, aunque mediante pruebas dactiloscópicas fue posible establecer a quiénes pertenecían los cadáveres. Todos tenían antecedentes penales por ataques en pandilla, robos, homicidio e incluso delitos contra la salud. Uno de ellos llevaba un récord de más de 20 ingresos al penal. Otro más, el de Buctzotz, era menor de edad, según los estudios forenses.En torno a los decapitados, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, dijo: “Seguramente tratarán de que sea algo espectacular porque quieren espantar a la sociedad yucateca para que presione a las autoridades”. También reveló que desde hace tres meses su gobierno comenzó a recibir intimidaciones del crimen organizado, las cuales arreciaron durante los últimos 12 días, con la exigencia de que se relajara la vigilancia. Admitió que las amenazas fueron cumplidas y enfatizó que su gobierno no dará “ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia”.También refrendó su apoyo a Saidén, y con respecto al narcomensaje dirigido a éste sostuvo: “Son intentos para desprestigiar a nuestro director de Seguridad Pública”. Sin embargo, no es la primera ocasión en que se relaciona a Saidén con narcoejecuciones.Su nombre se mencionó en 2004 en el denominado Caso Cancún, por el que fueron procesados varios exfuncionarios de la Procuraduría General de la República, así como policías estatales y municipales.En esa época, Saidén era director de la policía municipal de Cancún y fue implicado, según el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04, en las narcoejecuciones de 13 personas, entre éstas tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). En aquel momento se dijo que los asesinatos ocurrieron por un ajuste de cuentas entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Al funcionario se le procesó por delitos contra la salud, delincuencia organizada y como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas. La orden de aprehensión en contra de Saidén fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito de esa ciudad.Las imputaciones contra Luis Felipe Saidén Ojeda –quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública por primera vez durante el sexenio de Víctor Cervera Pacheco– las hizo el entonces director de la policía de Cancún, Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo, quien a su vez fue procesado como presunto implicado en los asesinatos de los tres afis. El Rayo fue detenido por elementos al mando de Saidén.El nombre de Saidén salió a la luz durante una diligencia que se practicaba en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida, cuando la juez que llevaba el caso leyó los delitos a los primeros 26 detenidos, quienes estuvieron arraigados durante 90 días.En mayo de 2007, Saidén fue absuelto por el Juzgado Colegiado de Circuito en Cancún.El procurador estatal José Carlos Guzmán también dio su espaldarazo a Saidén en esta ocasión: “No comprendo el sentido del mensaje, porque nuestro único compromiso es con la seguridad de la ciudadanía”.

Del país imaginario a la brutal realidad

Los capos FECALES en accion

Proceso

En la semana previa a la entrega del segundo informe de gobierno de Felipe Calderón, mientras el presidente de la República utilizaba a la televisión para presentar un país imaginario, el crimen organizado hacía explícito su desafío al Estado mexicano y al propio presidente de la República. En vísperas de las grandes marchas en repudio a la violencia que tuvieron lugar el sábado 30 de agosto, de extremo a extremo del territorio nacional fueron colocadas visiblemente –en una acción coordinada a la perfección, sin tropiezo alguno– mantas con mensajes que denunciaban la complicidad de las autoridades –el primer mandatario, gobernadores y comandantes del Ejército incluidos– con algunos de los grandes capos del narcotráfico. Al mismo tiempo, las ejecuciones, los degollados y los secuestros se elevaban a cifras inconcebibles hace apenas algunos meses. A la retórica de “México Unido contra la Delincuencia” parece responder una realidad brutal: La delincuencia unida contra la sociedad. Todo en medio de un escenario en el que la economía está muy lejos de confirmar el optimismo presidencial y, por el contrario, se mueve al borde del despeñadero...

El Mr."spot"

Promoción personal

El MITOMANO FECAL

Jesús Cantú

Con el pretexto de que ahora existe un nuevo formato para rendir el informe de gobierno, y al amparo de una disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) cuya constitucionalidad es cuestionable, el presidente Felipe Calderón invade las pantallas televisivas durante dos semanas para promocionar su imagen y sus acciones de gobierno.Tras la reforma constitucional de 2007, que prohíbe en el artículo 134 la promoción personalizada de cualquier servidor público, los legisladores suavizaron la disposición en una modificación al Cofipe que concede a los funcionarios públicos 13 días anuales para difundir su imagen en relación con su “informe anual de labores o gestión”.La norma constitucional señala contundente: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.Inclusive precisa en su último párrafo que “las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.A su vez, el párrafo 5 del Cofipe, en lugar de garantizar el estricto cumplimiento de la prohibición de hacer propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, señala: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del período de campaña electoral.”El Cofipe modifica una disposición constitucional al decidir que los promocionales difundidos con motivo de un informe de gobierno –eufemísticamente llamados mensajes– no son propaganda. Ninguno de los actores facultados para cuestionar la constitucionalidad de la norma –es decir, cualquiera de los partidos políticos que votaron en contra de la reforma electoral–, lo hizo, y, en consecuencia, hoy la norma está vigente y los gobernantes aprovechan sus 13 días de fama pública para saturar el espectro radioeléctrico.Además de aprovechar esta cuestionable norma reglamentaria, el presidente Calderón confunde dos conceptos fundamentales de la democracia: rendición de cuentas y estado de derecho. En el primer caso, él utiliza como sinónimos informar y rendir cuentas; en el segundo, limita el estado de derecho al combate a la delincuencia.En el primer promocional de nueve minutos, difundido el lunes 25 de agosto, Calderón señala textualmente: “En México están ocurriendo muchos cambios; uno de ellos consiste en que el Congreso de la Unión aprobó un nuevo formato para el informe de gobierno, el cual será entregado únicamente por escrito, y ahora rendiré cuentas a los ciudadanos de manera diferente. Es por ello que ahora te hablaré, en los próximos días, sobre los temas más importantes en la vida del país. Mi propósito es informarte sobre la situación y el rumbo de México y también sobre lo que estamos haciendo para que tú y tu familia puedan vivir mejor”.Al margen de que la promoción de las acciones de gobierno –eso son en realidad los “mensajes diarios”– se da en forma de información sesgada e incompleta, cabe subrayar que la información es simplemente el primer elemento indispensable de la rendición de cuentas. Para convertirse en rendición de cuentas es preciso que, por lo menos, el presidente también justifique sus decisiones y acciones, es decir, explique las razones que lo llevaron a actuar o a decidir de una determinada manera, cuáles eran las alternativas disponibles y por qué considero que su opción era mejor que las otras.Del mismo modo, la rendición de cuentas no abarca únicamente la obligación de los servidores públicos de informar y justificar sus actos, sino también el derecho de los ciudadanos de solicitar la ampliación de la información y cuestionar las decisiones, con la posibilidad de sancionar a políticos y funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades.Así, aun concediendo que el presidente está informando a los mexicanos, faltaría que justificara sus actos, que respondiera las demandas de los ciudadanos y que fuera susceptible de ser sancionado por sus errores u omisiones.En el promocional transmitido el miércoles 27, identificado por la Presidencia como “Estado de derecho”, Calderón dedica seis minutos a hablar de las reformas legislativas para combatir la delincuencia organizada y mejorar la procuración e impartición de la justicia, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y de las acciones de su gobierno en la lucha contra la delincuencia, para concluir: “Al consolidar el estado de derecho estamos contribuyendo a dejarle a nuestros hijos un México más ordenado y seguro en donde todos podamos vivir mejor”.Confunde, pues, la vigencia plena del estado de derecho con el combate a la delincuencia organizada. Y aunque éste sin duda es parte de aquélla, olvida que la esencia del mantenimiento de un estado de derecho es controlar y limitar el ejercicio del poder público y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos.Para confirmar el carácter promocional de sus mensajes, Calderón introduce –al menos en los cuatro mensajes difundidos hasta el jueves 28– el término vivir mejor, que es el programa estandarte del sexenio. De modo que una vez concluido el rito presidencialista que se realizaba en el Congreso de la Unión, ahora el 1º de septiembre se aprovecha para promocionar la imagen y el discurso presidenciales en los medios de comunicación, particularmente en la radio y la televisión. l

Los Amigos de Calderón

El EXCREMENTO de Los Pillos: Francisco Ramírez Acuña, Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño

josé gil olmos

MÉXICO, DF, 3 de septiembre (apro).- La incapacidad de gobernar de Felipe Calderón se ha hecho evidente en su segundo informe, pero también la urgencia de cambios en su gabinete, pues el amiguismo ha sustituido al compadrazgo priista, aunque con la agravante del fracaso.Desde que arrancó su gobierno y se conformó su gabinete legal y ampliado, en toda la estructura oficial se hizo patente la llegada de los amigos de Calderón, sin importar que éstos tuvieran experiencia para desempeñar las funciones en sus respectivas áreas, como fue el caso del exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que tomó el puesto sólo por haber lanzado la candidatura presidencial de Calderón antes que cualquier otro panista.El relevo del exgobernador jalisciense por Juan Camilo Mouriño confirmó el estilo de gobernar de Felipe Calderón, es decir, apoyarse en sus amigos más cercanos antes que en personajes capaces de resolver los distintos retos a los que se enfrenta el país.Las lealtades de los amigos no son la mejor fórmula para gobernar; al contrario, ello revela la inseguridad con la que Calderón arribó a la silla presidencial, pues apunta a que prefiere la incondicionalidad o el comentario gratuito, al análisis crítico del que sabe en qué situación nos encontramos y que evita anticipar falsas salidas.Además de Mouriño, el gobierno calderonista colocó a sus amigos en puestos clave, a los que arribaron sin ninguna experiencia o sin el conocimiento necesario. Uno de ellos es Jordi Herrera, quien fue colocado al frente de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía sin tener ninguna base para este puesto.Jordi Herrera apenas rebasa los 30 años y su gran logro fue haber sido secretario particular y amigo de Calderón en su efímero paso por la Secretaría de Energía y en Banobras.En la campaña del 2006 fue el coordinador de las redes de Calderón. Antes que por sus capacidades, se le reconoce su gran cercanía con Felipe Calderón, con quien compartía la vida bohemia.Javier Lozano es otro caso. Cuando estaba en el PRI nunca brilló y, cuando Francisco Labastida Ochoa perdió y en la dirigencia nacional priista hubo cambios, se enquistó en la secretaria de prensa del partido, donde su único rasgo fue la prepotencia y la incapacidad para relacionarse con los medios. También fue subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación con Diódoro Carrasco y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; fungió, así mismo, como subsecretario de Comunicaciones y oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.¿Y qué méritos tuvo para llegar a la Secretaría de Trabajo?, se preguntarán, pues ninguno, salvo que brincó al PAN y ha defendido ciegamente a Calderón ante cualquier intento de crítica por parte del PRD. Del caso de Mouriño se ha escrito mucho, pero lo principal para que alcanzara los niveles más altos de la política nacional fue haber acompañado a Calderón en su última etapa como funcionario público y amarrar sus negocios en Pemex, cuando el michoacano precisamente pasó por la Secretaría de Energía. Lo mismo ocurre con otros secretarios como Salvador Vega Casillas, quien llegó a la Función Pública gracias a las buenas relaciones con la familia Calderón; o el caso del titular de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, con quien hizo amistad en las aulas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y por ello lo colocó al frente de esta institución clave para el combate a la pobreza, no obstante carecer de antecedentes sobre el tema.Gerardo Ruiz Mateos es otro ejemplo más. Ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con apenas una especialidad en economía y finanzas, fue designado hace apenas un mes por Calderón como nuevo secretario de Economía sólo por la amistad que iniciaron hace unos cuantos años.En la campaña del 2006, fue el primero en aportar recursos al equipo de Calderón –donó 214 mil 288 pesos–, y luego se hizo cargo del área administrativa del equipo del candidato presidencial panista.De ahí saltó a coordinar el área de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia, y sin más experiencia ahora es nada más y nada menos que el responsable de manejar la economía nacional.La lista de amigos de Calderón que han asumido una responsabilidad pública, carentes de conocimiento o de experiencia, es larga.Dos casos más son el joven Salomón Chertorivski, que está al frente de Diconsa únicamente porque fue compañero de aulas y fiestas de Calderón cuando éste hizo un curso en Harvard.En Liconsa colocó a Jesús Galván Muñoz, un abogado que únicamente ha tenido algunos cargos en el partido y cuyo conocimiento en la comercialización y distribución de la leche se resume en una tienda de quesos que tiene como negocio familiar.Con este gabinete es que Calderón ha tratado de hacer frente a los grandes retos que tiene el país, y con él ha fracasado en todo: en la creación de empleos y el combate a la pobreza, en la lucha contra la inseguridad y la injusticia, en la aprobación de la reforma energética y en el mejoramiento a la educación. Cuatro años le faltan para que termine su administración, aún es tiempo de que se dé cuenta que no basta con la amistad para gobernar un país y que en su gabinete falta gente experimentada y con conocimientos para salir lo mejor posible de la crisis en la que ya nos encontramos.

Club hípico, en peligro de desaparecer

raúl ochoa

MEXICO, D.F., 2 de septiembre (apro).- Luego de los hechos ocurridos el pasado 25 de agosto, cuando un caballerango y 60 caballos pura sangre murieron ahogados en el Club Hípico La Barranca, autoridades de la delegación Miguel Hidalgo clausuraron el lugar y realizan una investigación, debido a que, al parecer, el club funciona ilegalmente en un terreno propiedad del gobierno federal.Ese día, el club se inundó a causa de las torrenciales lluvias que cayeron en el lugar, lo que provocó la muerte del caballerango Emilio Campos Ballesteros, de 61 años de edad, y de 60 equinos. Tras lo ocurrido, la delegación Miguel Hidalgo, a la que corresponde la mayor parte del predio donde se ubica el club hípico, presume que éste opera irregularmente ese terreno, propiedad del gobierno federal.Sin embargo, lo que agrava aún más la situación es la falta de registros y constancias que acrediten a sus “propietarios” la legalidad de la tenencia del terreno, ubicado en el fondo de una cañada, con una extensión de aproximadamente una hectárea.La delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, advierte que si el dictamen de Protección Civil resulta desfavorable al club de equitación, estarán en riesgo sus instalaciones, que dan servicio desde hace 50 años.Afirma que la decisión será “revocar la concesión. Desde luego, si el dictamen demuestra que representa un riesgo para la población, pediríamos la intervención de las autoridades competentes, en este caso también las del Distrito Federal, el cual tiene ingerencia en el tema de las barrancas a través de la Secretaría del Medio Ambiente, y entre todos tomaremos cartas en el asunto”.Añade: “Tenemos que emprender una estrategia conjunta y, desde luego, llegar al fondo de este caso, sobre todo por el problema de Protección Civil”, precisa Cuevas.Entrevistada por Apro, Cuevas Barrón sostiene: “La decisión que vamos a tomar no sólo estará basada en la ley, sino en la seguridad de las personas. Mucho dependerá de lo que veamos en el estudio de Protección Civil. Ya iniciamos una investigación, y no me gustaría precipitarme, pero tenemos abiertos distintos escenarios y el firme compromiso de preservar la protección de las personas que asistan a ese lugar”.
--¿Cuándo concluirá el peritaje?
--No hay un plazo definido. Lo único que tiene un plazo definido es que, a partir del viernes pasado, corren los 10 días hábiles para que los particulares manifiesten lo que a su derecho convenga, presenten los documentos que amparen el correcto funcionamiento del club y se abra todo un proceso que regula la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal.Por lo pronto, el pasado jueves, cuatro días después de la tragedia ocasionada por las intensas lluvias que inundaron un sector de la colonia Bosques de las Lomas, la delegación Miguel Hidalgo ordenó la suspensión de las actividades en el Club Hípico La Barranca.Cuevas confirma que hay irregularidades en el Club Hípico La Barranca, como el hecho de que el predio donde se ubica no aparece zonificado ni figura en el Plano Oficial de Alineamientos, Números Oficiales y Derechos de Vía.Además, en el Sistema de Información Geográfica (SIG), de la página de internet de Seduvi, “la zonificación de dicho terreno corresponde a Área Verde (AV), permitido únicamente para parques y jardines”, señaló la delegación el martes pasado a través de un comunicado.Según la información, conforme al padrón de giros mercantiles vigentes en la delegación Miguel Hidalgo, “no se tiene el registro de la declaración de apertura para el funcionamiento de un club hípico en la fracción de terreno del club que se encuentra en Miguel Hidalgo, por lo que estaría operando de manera irregular”.Además, precisa que la delegación “no tiene registros de quejas vecinales en contra del club hípico que pudieran motivar la verificación administrativa en la parte que se encuentra en territorio de la delegación”.De acuerdo con la delegación, una fracción del predio se localiza en su demarcación y otra parte pertenece a Naucalpan, estado de México. Añade que el acceso es por la avenida Ahuehuetes, número 317, “en la parte que corresponde al estado de México”.Sin embargo, la dirección de Protección Civil de Naucalpan se deslinda y asegura que todo el territorio está en la delegación Miguel Hidalgo. Además, su titular, Carlos González López, testigo presencial de los hechos, niega a Apro que el caballerango Emilio Campos Ballesteros, de 61 años de edad, haya fallecido la noche de la intempestiva inundación del club hípico “en cumplimiento de sus funciones, salvando a los caballos en medio de la tormenta”, como fue dado a conocer por medios de comunicación.
--Dicen que el caballerango falleció porque quería rescatar a los caballos. ¡Mentira! Al difunto lo vi recargadito, como si estuviera sentado.
Como ya era una persona grande, creo que no le dio tiempo de levantarse y le ganó el nivel del agua… Nosotros atendimos a gente de entre los 32 y 34 de edad e, incluso, a una niña de cuatro años que también estaba en el techo.
El regalito
Hace 50 años, el mayor de caballería Víctor Manuel Saucedo Carrillo
--quien formó parte del equipo mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 48, junto con Humberto Mariles-- recibió del entonces presidente Adolfo López Mateos la concesión gratuita por 99 años del predio donde se levanta el Club Hípico La Barranca.Eran los tiempos dorados de la equitación mexicana, y aunque Saucedo Carrillo no ganó una medalla olímpica, bastaron sus éxitos en competiciones internacionales para ganarse la confianza de López Mateos.Gracias al beneficio presidencial e intocable por las autoridades, Saucedo Carrillo ha lucrado con el predio de propiedad federal.Según el folio de personas morales número 58274, del Registro Público de la Propiedad, el Club Hípico La Barranca Sociedad Civil está constituido por la familia del propio Víctor Manuel Carrillo: su esposa Emilia Mester Filipovich, con capital de mil pesos, y sus hijos Ana María Saucedo Mester, con 48 mil pesos, así como Víctor Manuel Saucedo Mester, con mil pesos de las acciones.Entre los usuarios del club hay un socio de nuevo ingreso: Pamela Franco, propietaria de Vincent, el caballo que montó Bernardette Pujols en los Juegos Olímpicos de Beijing. Pujols terminó en la novena posición en la prueba de adiestramiento.De acuerdo con el número de escritura 108045, de fecha 11 de abril de 2002, “el objeto de la empresa es la prestación de toda clase de servicios de capacitación, desarrollo profesional, adiestramiento tendientes a divulgar e impulsar especialmente el deporte hípico”.En la actualidad, este club ha constituido el primer “Pony Club” en México. Cerca de 100 niños toman clases de equinoterapia y otros 300 de equitación. También realizan actividades personas con problemas de anorexia, bulimia y parálisis cerebral.Sin embargo, las reglas de operación del Club Hípico La Barranca son toda una incógnita para la delegación Miguel Hidalgo, cuya titular, Gabriela Cuevas, acepta que la única constancia que tienen son los planos de lineamiento, “porque no hay una declaración de apertura”.Esta agencia solicitó una entrevista con el director del club, Luis Loustalot (nieto del mayor Saucedo Castillo). Argumentaron que ni el “propietario” ni los usuarios están en condiciones de emitir comentario alguno, temerosos por la actual situación del lugar y, sobre todo, debido a que salieron a la luz pública los precios de los caballos muertos, cuyo valor se estima en varios millones de pesos.
La concesión, en riesgo
Cuevas Barrón insiste que no tiene mayores antecedentes de ese club: “Hemos encontrado, primero, que este club hípico viene, al parecer, de una concesión o permiso de alguna naturaleza que otorgó el gobierno federal hace alrededor de 50 años. Un presidente premió a los que asistieron a unos Juegos Olímpicos con un equipo de equitación. A cada uno le dieron diferentes concesiones en ciertos lugares para hacer clubes hípicos. A esta familia le dieron el Club Hípico La Barranca. Sin embargo, no tiene ningún permiso al menos en la parte de la delegación Miguel Hidalgo, porque otra parte del predio está del lado de Naucalpan”.Dice que, al menos, ese club debería contar con dos licencias: “una para Naucalpan y otra para la Miguel Hidalgo. De Miguel Hidalgo no la tienen”, aunque acepta: “Todavía no estamos al 100 por ciento seguros porque se hizo una verificación administrativa y los particulares tienen derecho, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, a 10 días hábiles para contestar lo que a su derecho convenga y entregar sus permisos, si es que los tuvieran”.Señala: “Al menos en nuestro padrón de Establecimientos Mercantiles no encontramos ninguna autorización… estamos actuando conforme a la ley. No sé qué estrategias estén previendo los dueños de ese lugar. Pero nosotros tenemos que actuar en todo momento conforme a la ley, y en este caso más importante todavía conforme a las Normas y Manuales de Protección Civil, para evitar algún problema posterior.“Cada temporada de lluvias tenemos que tomar medidas muy serias para que no existan asentamientos irregulares. Hay asentamientos humanos, invasiones en muchas barrancas, como por ejemplo en la delegación Álvaro Obregón, y aunque en este caso se trata de un club hípico, tampoco debe haber ese tipo de asentamientos, porque son los cauces naturales de las barrancas”, añade.Y asegura que las tareas de limpieza de las barrancas se iniciaron hace tres meses, “porque además constituyen no sólo este problema de riesgo, viéndolo por el lado negativo, sino también un posible pulmón para la ciudad. Por eso es importante darles mantenimiento”.Sobre los hechos ocurridos el lunes pasado, explica que, en términos técnicos, la cantidad de granizo que cayó fue atípica. “No es lo que sucede frecuentemente en la delegación Miguel Hidalgo. Saturó las coladeras, lo que evitó que se fuera el agua, pero además al estar en un cauce de barranca, el agua retoma los caminos naturales. Eso propició el reblandecimiento de la tierra y la inundación que se presentó”.

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El franquismo bajo investigación

Baltasar Garzón

alejandro gutiérrez

MADRID, 2 septiembre (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inició hoy la primera diligencia para allegarse de información del gobierno español, de la Conferencia Episcopal, de ayuntamientos y de la Universidad de Granada y conformar así un censo sobre los fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil española y la dictadura de Francisco Franco, informaron hoy los principales periódicos de España.La diligencia –confirmada por Apro en la Audiencia Nacional--, pretende recabar la información necesaria para determinar si es competente investigar las denuncias que le fueron presentadas por 13 asociaciones para la recuperación de la “memoria histórica” en comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad gallega de Ponteareas, así como el Sindicato CNT y particulares.En las denuncias se exige esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicado a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.Esta es la más importante iniciativa que una autoridad toma en España desde la entrada en vigor de la nueva Ley de la Memoria Histórica, que fue aprobada por las Cortes (el Parlamento español) en diciembre pasado, encaminada a la reparación de daños de las familias de las víctimas del franquismo.Aprobada el pasado 31 de diciembre, dicha ley dispone que las administraciones públicas están obligadas a proporcionar mapas, así como toda la información y recursos disponibles a las asociaciones de la “memoria histórica”, y a las familias de las víctimas, para la mejor búsqueda de las personas desaparecidas, fusiladas y enterradas en los caminos e inmediaciones de sus territorios.Desde entonces, la acción del juez Garzón es la iniciativa legal de mayor relevancia en este sentido, la recuperación de los restos de los españoles desaparecidos, fusilados y enterrados en las carreteras o en las inmediaciones de muchas poblaciones de España, en los años aciagos de la dictadura.La decisión de Garzón ha provocado airadas reacciones, algunas en contra, como la del Partido Popular (PP), así como las de algunos jueces y, en particular, del periódico El Mundo, cuyo editorial principal tituló “Truculenta Garzonada”, que llevó hoy, a primera hora, a reaccionar a los jueces de la Audiencia Nacional en apoyo de Garzón, debido a que las expresiones de ese diario “ponen en entredicho” la integridad profesional del juez.Con esta diligencia, que movilizaría la estructura de administraciones públicas, la Iglesia Católica –acusada de apoyar a la dictadura durante el franquismo-- y una universidad, podría arrojar miles de nombres de personas desaparecidas.A partir de recabar la información, Garzón tomará la determinación de si acepta o no la denuncia de las 13 asociaciones. En tanto, la fiscalía pidió al juez que archive la causa.Los principales medios de comunicación españoles señalan que el juez quiere saber el número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, jornada previa al denominado día del “alzamiento nacional”, como llaman los ganadores de la guerra, las identidades y las circunstancias de su fallecimiento.Se pide se identifique en la medida de lo posible y si han existido denuncias por las desapariciones.El juez también ha convocado a participar en el recuento de victimas de la represión al Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar si tiene a su disposición los ficheros del Tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo.El periódico El País señaló que Garzón también pidió a la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos y comunique a todos los registros civiles de España que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.A la Conferencia Episcopal le pide que comunique a todas y cada una de las parroquias de España que permitan la entrada a los agentes para su investigación, dice el matutino. En este caso, también se dirige a la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo donde Franco se hizo enterrar y donde dispuso también el entierro de un gran número de republicanos; es decir, el bando enemigo.Los ayuntamientos que se verán involucrados en las pesquisas de Garzón son los de Granada, Sevilla, Córdoba y Madrid, así como el rectorado de la Universidad de Granada, que conserva un gran archivo sobre la época.El País sostiene que el hispanista Paul Preston calculó en 180 mil los muertos en la retaguardia franquista y en los años de la dictadura. Y el historiador Santos Juliá, con base en estudios en 36 provincias, calculó en 90 mil los muertos.El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dijo hoy que no era “partidario de abrir las heridas del pasado”, y consideró que “no conduce a nada lo haga quien lo haga”.El eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja calificó lo dicho por Rajoy como un “disparate”, mientras que Juan Pablo González, vocal del Consejo General del Poder Judicial, opinó que las “investigaciones históricas” no estaban dentro de las competencias del juez Baltasar Garzón.Sin embargo, la Junta de Jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional defendió “la integridad profesional” de su compañero, el juez Garzón, luego de las críticas del periódico El Mundo, cuyo director, Pedro J. Ramírez, ratificó sus severas críticas sobre el juez.

Amenazados 60 alcades de Veracruz

Sergio López Esquer

regina martínez

JALAPA, Ver., 2 de septiembre (apro).- El secretario de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, admitió hoy que unos 60 alcaldes en la entidad han recibido amenazas de muerte del crimen organizado.Según el funcionario, los delincuentes también venden protección. “Les exigen a los presidentes municipales que depositen cierta cantidad de dinero a una cuenta bancaria y, de no hacerlo, atentarán en su contra o de sus familias”.Agregó que la dependencia ha proporcionado asesoría y seguridad a los ediles que lo han solicitado, “porque efectivamente han recibido llamadas para intimidarlos y extorsionarlos, aunque son pocos los casos críticos”.Por separado, el gobernador Fidel Herrera comentó que el pasado lunes 1 se reunió con los ediles para analizar el tema de la seguridad en sus municipios y las amenazas que han recibido los alcaldes.En la reunión, seis ediles confesaron que pagaron para no ser víctimas de la delincuencia.Para acabar con ese tipo de amenazas, Herrera Beltrán adelantó que pedirá al Congreso local permiso para liberar recursos de los fondos de la bursatilización del impuesto vehicular, y con ese dinero comprar “patrullas, equipamiento, armamento y mejorar sueldos de los policías”.También solicitará a la Federación que anticipe las participaciones del Fondo de Seguridad Pública correspondientes a los municipios.Sin embargo, Fidel Herrera se negó a hablar sobre ‘narcomensaje” depositado junto al cuerpo de un ejecutado abandonado en la periferia de esta capital.El texto, presuntamente de Los Zetas, iba dirigido al gobernador y advertía, “¿no que me iban a cuidar?”.“No voy a abordar ningún tema que sea de autoridad judicial. Una de las cuestiones que yo he atendido, y les he dicho de la apología del delito, del alcance de la información, de la revelación, como hacen muchos correos y periódicos electrónicos, de las averiguaciones, (que eso) afecta a la seguridad”.La víspera Nelson Votte Ramos, alcalde de Ixtaczoquitlán, denunció en medios de Orizaba que a pesar de la queja que interpuso por el delito de tentativa de extorsión, ha seguido recibiendo llamadas de intimidación exigiéndole dinero.Según el edil, cada vez que lo llaman le ofrecen “protección” a cambio de dinero, y le advierten que de no aceptar, su seguridad y la de su familia estarán en riesgo. De momento el edil es custodiado de manera preventiva por policías de ese municipio.

Emplaza AMLO a Pemex

Andrés Manuel López Obrador

rosalía vergara

MÉXICO, DF, 2 de septiembre (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador emplazó al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, a “confrontar públicamente los documentos que acreditan la comisión de actos ilícitos en la adquisición del buque-tanque El Señor de los Mares”.El domingo pasado en el Monumento a la Revolución, López Obrador denunció ante sus seguidores un nuevo presunto caso de corrupción en Pemex.En diciembre de 2004, reveló, la paraestatal solicitó a la Secretaría de Hacienda una autorización por 207 millones de dólares para la adquisición de un buque-tanque. Meses después pidió una ampliación de recursos por 300 millones. La SHCP tardó en responder a la petición, y por ello funcionarios de la paraestatal lanzaron la licitación tomando recursos de un fideicomiso de Pemex en Nueva York. “En un principio –abundó López Obrador-- la licitación era para la operación y el mantenimiento de un buque-tanque, pero Pemex terminó adquiriendo un barco usado con 28 años de antigüedad.“Este barco japonés fue bautizado con el nombre del Señor de los Mares, que había sido reconfigurado para transportar hidrocarburos, pero que incumple con las normas internacionales de seguridad”, indicó. Destacó que en los informes financieros de la empresa Bergensen, la firma noruega que vendió el barco, El Señor de los Mares registraba un valor de 227 millones de dólares.Entonces la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo su propia cotización y encontró que buques similares rondaban los 230 millones de dólares. “Sin embargo, Pemex acabó pagando mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones de dólares por la compra del barco y 377 millones más para su mantenimiento”.El político tabasqueño dijo que “lo más escandaloso del caso es que del dinero destinado al barco, 346 millones 500 mil dólares, fueron para gastos administrativos. O sea que erogaron más en los trámites que en el barco mismo, que tuvo un costo neto de 266 millones 600 mil dólares, según la propia información de Pemex”. Y este martes, el político tabasqueño aseguró en un comunicado que puede probar los señalamientos y añadió que también hubo tráfico de influencias en ese proceso de compra-venta.Puntualizó que “todo el proceso de compra-venta estuvo plagado de irregularidades y que Pemex pagó mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones por la compra del barco y 375 millones más para su mantenimiento”.Denunció que durante el proceso de adquisición del buque se incumplió con la normatividad vigente, además que se incurrió en tráfico de influencias.Por ello propuso al director de Pemex cotejar documentos para verificar la veracidad de sus señalamientos.López Obrador pidió a Octavio Romero Oropeza, “secretario para la Honestidad y Austeridad Republicana, mantenerse atento a una eventual respuesta del titular de Pemex sobre “día y la hora del encuentro”.
“Plataforma, no buque”
La víspera, la paraestatal respondió a las imputaciones de López Obrador sobre las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición del viejo buque-tanque.En un comunicado, la dependencia aseguró que no se trata de un buque, sino de “una plataforma anclada”, y agregó que las acusaciones carecen de sustento y buscan confundir.Subrayó que el precio del Señor de los Mares, ofertado efectivamente por la compañía noruega Bergesen, “es equivalente a 455 millones de dólares, y que en total el costo de toda la adquisición, incluyendo mantenimiento, combustible y operaciones, asciende a 758 millones de dólares, cifra menor a los más de mil 134 millones” que denunció López Obrador.La paraestatal insistió en que todas las etapas del proyecto fueron públicas y contaron con la supervisión de las autoridades.