Ante la ambigüedad de la política internacional de Obama, quien no puede o no quiere frenar los proyectos que encabezó Bush, la ultraderecha estadunidense sigue practicando sus estrategias usuales para apoyar o desestabilizar gobiernos.
Desde hace años, las fuerzas derechistas que operan en América Latina, con el apoyo y patrocinio de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, han tratado de legitimar a los gobiernos de esa filiación y desacreditar a los de tendencia progresista, organizando misiones de supuestos “observadores electorales” que actúan de acuerdo con esas consignas.
También es conocido el papel que en la época de Bush, y con el respaldo de éste, jugaron organizaciones como el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
Ahora, personajes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), lo mismo que organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) –que también ha sido muy importante en la geopolítica de la ultraderecha–, IRI, NED y otras estuvieron brindando apoyo a las elecciones organizadas por el golpista Micheletti, que en junio pasado encabezó el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, quien se opuso a esas elecciones, por ser una maniobra del gobierno de facto.
El pacto de la embajada
Como trascendió en algunos círculos de la derecha internacional, a mediados de noviembre, en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Simon Henshaw, segundo jefe de esa representación e identificado como agente de la CIA en ese país (véase Ingo Niebel, “La segunda intentona de Obama, otra vez con ayuda alemana”, en www.taringa.net/…/Honduras:-Ataque-al-ALBA-descubre-a-los-agentes-de-la-CIA.html), convocó a una reunión para garantizar el éxito de los comicios organizados por Honduras.
A la misma fueron invitados representantes de la USAID, IRI, NED, Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), National Democracy Institute, la Fundación Arias (creada en 1987 por el político Óscar Arias, actual presidente de Costa Rica) y “Hagamos Democracia” (integrada principalmente por grupos religiosos de Honduras: Pastoral Social de la Iglesia Católica-Caritas de Honduras; Confraternidad Evangélica de Honduras; así como la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras y la Universidad Metropolitana de Honduras).
La Fupad es una organización no gubernamental cuyos mayores ingresos proceden de la USAID y que “trabaja bajo las directrices estratégicas del Departamento de Estado” (véase “FUPAD, ONG auspiciada por trasnacionales”, de Nydia Egremy, en Contralínea 121, 1 de marzo de 2009 y http://contralinea.info/archivo-revista/?p=1146).
En esa reunión, Henshaw instruyó a los asistentes a organizar una misión “independiente” de observación electoral, para las elecciones del 29 de noviembre, y que estaría en realidad manejada por el IRI a través de Alex Sutton, director regional de ese instituto para América Latina y el Caribe.
Sutton ha desarrollado proyectos del IRI para Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, y de 1992 a 1996 trabajó en países de Europa del Este en la destrucción de las estructuras socialistas, eufemísticamente llamada la “democratización” de esa zona (www.iri.org/bio_sutton.asp).
Franquistas, gusanos, mapaches, Fox
Como parte de las maniobras del gobierno golpista de Honduras para legitimar las elecciones del domingo 29, el Tribunal Supremo Electoral de ese país estuvo invitando a políticos derechistas de otros países en calidad de “observadores electorales”.
Entre ellos se contaron por lo menos cuatro figuras del Partido Popular (PP) español, como el eurodiputado Carlos Iturgaiz, quien antes de que terminaran las votaciones ya estaba proclamando que habían sido una “fiesta democrática” y que al presidente venezolano Hugo Chávez y a sus partidarios “no les estará gustando lo que están viendo en Honduras” (según difundió EFE en la web desde Tegucigalpa el 29 de noviembre de 2009).
Los otros “observadores” del PP fueron la diputada nacional de ese partido por la provincia de Valencia, Teresa García Sena, y Eugenia Nasarre e Ignacio Cosido.
Desde Estados Unidos, Adolfo Franco, administrador de la USAID en la época de Bush, acusado de desviar fondos de esa dependencia a sectores radicales del exilio cubano, también acudiría a respaldar las elecciones de Honduras.
Como era de esperarse, participaron en el apoyo a las elecciones hondureñas organizaciones como la Fundación Heritage, uno de los principales think tanks de Bush y promotora de los proyectos derechistas en todo el mundo; así como la organización ultraderechista UnoAmérica, vinculada a la CIA y financiada por el NED (véase www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?27277).
El 25 de noviembre, medios alternativos de Honduras denunciaron el ingreso a ese país de 14 mexicanos involucrados en fraudes electorales, incluido el perpetrado en 2006 contra López Obrador, y señalaron que el hotel en que se hospedaron, en Tegucigalpa, estaba intervenido por las fuerzas de seguridad para brindarles protección (honduras.redeshn.com/…/terrorismo-electoral-y-apoyo-del-fascismo-internacional/).
Pero el apoyo más visible que el gobierno golpista ha recibido por parte de la derecha mexicana ha sido el del expresidente Fox, quien encabezó el fraude electoral de 2006.
Fox ha estado apoyando al gobierno golpista; fue uno de sus principales invitados a los comicios del domingo. Ese día, desde Lisboa, donde participó junto con Marta Sahagún en un encuentro empresarial iberoamericano, criticó al depuesto presidente Manuel Zelaya, a quien comparó con Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. Dijo, según reportó la agencia EFE, que con la “elección democrática” organizada por el gobierno golpista de Micheletti, Honduras podría volver a la “normalidad democrática”.
Mientras tanto, en Honduras, desmintiendo la retórica derechista acerca del “retorno a la democracia”, las fuerzas armadas dispersaban violentamente a grupos de opositores, arrestaban activistas, allanaban sus viviendas y golpeaban a los inconformes. Es el caso de un hombre llamado Fausto Arrazola, quien fue agredido por policías cuando repartía folletos con el emblema “No a las elecciones”, en los alrededores de un centro de votación (“Militares dispersan con gases lacrimógenos a simpatizantes de Zelaya que protestaban contra las elecciones”, Europa Press, Tegucigalpa, 29 de noviembre de 2009).
*Maestro en filosofía con especialidad en estudios acerca de la derecha política en México
miércoles, diciembre 23, 2009
Inocua, la reforma de Calderón
Manuel Bartlett asegura a Proceso que la propuesta de reforma política de Felipe Calderón es inocua y adelanta que no sólo no va a mejorar la relación entre el Ejecutivo y los diputados, sino que también existe el riesgo de que los poderes fácticos, es decir, las televisoras, se fortalezcan. Priista de viejo cuño, el exsecretario de Gobernación, exgobernador de Puebla y exsenador califica de mediática y fantasiosa la iniciativa del Ejecutivo, y adelanta: los partidos no la van a comprar.
MÉXICO, DF, 23 de diciembre.- Aun cuando se halla fuera del ámbito donde se toman decisiones y distanciado de la nueva generación de priistas empecinados en recuperar la Presidencia de la República en 2012, Manuel Bartlett Díaz no pierde de vista el tablero del ajedrez político.
“Felipe Calderón es un presidente sin autoridad, que da golpes mediáticos, uno tras otro, sin concretar uno solo. Parece un náufrago tratando de salvarse”, dice el poblano en su faceta de analista, tarea que ejerce desde hace 24 años y aún lo mantiene en forma.
Dos veces secretario de Estado, gobernador de Puebla, senador y precandidato a la Presidencia, este priista de viejo cuño es sensible a los vaivenes de la administración de Felipe Calderón.
“Esas ideas del presidente fortalecerán a los poderes fácticos, a la televisión y a los empresarios agrupados en la extrema derecha. Por ejemplo, cualquier candidatura ciudadana que no pase por la televisión será igual a nada”, dice, en referencia a los que considera “defectos” de la propuesta de reforma política lanzada por el Ejecutivo.
Bartlett vivió su momento más crítico como servidor público en 1988, cuando se le acusó de operar el presunto fraude electoral mediante el cual Carlos Salinas se entronizó en Los Pinos, en perjuicio del candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, 21 años más tarde, el poblano es uno de los políticos vetados por el duopolio televisivo por su oposición a la llamada Ley Televisa, que fue frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde su pequeño despacho ubicado en un viejo edificio de la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde recibe a Proceso, Bartlett reitera: “Felipe Calderón hizo una propuesta de reforma política que los partidos no van a comprar, al menos no completa. Eso se supo en menos de 24 horas. Pero, eso sí, escuchamos un discurso grandilocuente, difundido ampliamente por los medios afines al régimen”.
Y agrega: “Si nos fijamos con calma, veremos que los anuncios espectaculares los hace cada rato. El día de su mensaje por el tercer informe de gobierno (el pasado 2 de septiembre) se montó un espectáculo en Palacio Nacional para darnos a conocer los 10 mandamientos de Felipe Calderón. Pero el presidente aprendió a recitar la agenda y no a cumplirla.
“Dijo que era el momento de cambiar a México; pero a tres meses de distancia no ha podido cumplir ninguno de esos 10 puntos. Ni reforma laboral ni la reforma energética de segunda generación.”
–¿Es sólo falta de oficio político del grupo en el poder o estamos ante un sistema que ya no funciona y en el cual la voz de Calderón no provoca cambios de fondo?
–El decálogo del tercer informe, y nada; luego vino la agenda legislativa, el cambio de fondo en México anunciado el viernes 1 de diciembre (cuando se cumplieron tres años de su gestión), y tampoco pasó nada. Y dos semanas después anuncia una reforma política que muere al día siguiente...
“Los partidos (se mostraron poco receptivos)... Quizá tomen algunas cosas –como las candidaturas independientes–, pero en general fue un recibimiento tibio, a pesar del despliegue mediático.”
–¿Piensa usted que las propuestas de Calderón están alejadas de la realidad del país?
–Son temas que se han discutido por años y no han salido. El PRI estuvo siempre en contra de la reelección de legisladores y de alcaldes. Eso lo discutimos en el Senado. Echamos abajo esa propuesta por razones ideológicas y por los riesgos que conlleva.
Juegos pirotécnicos
Bartlett relata que durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el líder de la Cámara de Diputados aprobó la reelección en los términos que se plantea ahora; el PRI la echó abajo.
–¿Puede calificarse la propuesta de Calderón como golpe mediático sólo porque no hubo cabildeo? –se le pregunta.
–¡Claro! En su exposición de motivos, Calderón dice que la gente está harta de los partidos; tiene razón. Seamos realistas: la reducción de los diputados y senadores no la van a aceptar los partidos. Por eso es un juego mediático. Es otra tomadura de pelo.
–¿Como secretario de Gobernación, usted qué habría hecho?
–No se puede lanzar al presidente de la República (con una propuesta de ese tipo) sin amarres previos. Por esos errores, por jugar con los golpes mediáticos, Felipe Calderón es un presidente sin autoridad política.
–¿Pero eso es una constante en su gobierno o fue sólo un error?
–Un día Calderón criticó a los grandes empresarios porque no pagan impuestos. Las cámaras de industriales se quejaron por el trato, pero en lugar de sostenerse la Presidencia matizó la crítica en un boletín de prensa en el que aclaró que no quiso ofenderlos. Esos vaivenes le van restando autoridad.
“Como secretario de Gobernación, primero se analizan las reformas; luego se les da sustento, de acuerdo con la ideología que profesamos, y después medimos la capacidad de salir adelante. Pero no puedes mandar al presidente a la nada.”
–¿Juegos pirotécnicos?
–Es un gobierno sin autoridad. Nada sacó del decálogo del 1 de septiembre. Han pasado más de tres meses y no mandó una sola de las iniciativas de las que habló ese día. ¿Qué pasó con los cambios que iba a hacer para transformar a México? Está buscando autoridad equivocadamente, porque su reforma política no saldrá adelante, al menos en los términos en que fue planteada.
–¿Por qué el regateo, cuando se trata de temas que ya están probados en otros países? ¿Qué es lo que no encaja?
–La reforma política de Calderón no acotará el poder fáctico de las televisoras en México para imponer candidatos; al contrario. El candidato independiente que no aparezca en la pantalla televisiva no ganará nunca; y el candidato ciudadano a alcalde que sea atacado por las televisoras seguramente perderá.
“Mientras esos poderes permanezcan sin control, habrá riesgos al intentar abrir el sistema electoral de par en par. Baste recordar que hace unos días las televisoras obtuvieron una exención de impuestos por mil 600 millones de pesos sobre las concesiones que ya tienen apalabradas.”
–¿Pero cuál es la diferencia con respecto al PRI de los viejos tiempos?
–El PRI era hegemónico. Televisa era del PRI. Hoy ya no es la misma televisión, pues ha crecido de forma descomunal, en buena parte debido al avance tecnológico.
–¿Cuando usted era secretario de Gobernación, se enfrentó a Televisa para sacar adelante proyectos de gobierno?
–Claro que lo hicimos. Emilio Azcárraga, El Tigre, me agredió brutalmente cuando le dije que el gobierno iba a meter un canal estatal: Imevisión. El encuentro fue en la casa de Azcárraga y no le gustó nada. Se trataba de tener un sistema mixto, como en Francia o España.
“Azcárraga me insultó. Él sentía que nadie podía tocarlo porque era un soldado del presidente. Pero lo hicimos. Cuando Azcárraga vio que había firmeza, que estaban dos concesiones pendientes porque ya se vencían el Canal 4 y el Canal 2, se calló.”
–¿Ahora están arriba del presidente?
–No, pero si yo fuera secretario de Gobernación, los pongo en orden. ¿No es una infracción grave que usen recursos públicos para hacer propaganda disfrazada a favor de su candidato a la Presidencia? ¿De verdad no se puede hacer algo cuando el espacio radioeléctrico le pertenece al país? El gobierno es ahora su socio.
Los riesgos
Cuando se le pregunta sobre los peligros que puede tener la propuesta presidencial ante los poderes fácticos, Manuel Bartlett responde: “Pensemos en esto: si una candidatura independiente no la pasan por la televisión, ni quién se entere. Una iniciativa ciudadana para nuevas leyes que no sube a la televisión se queda sin apoyo. Un candidato ciudadano para alcalde va a caer si a los dueños de la tele no les parece”.
Y se explaya: “El hilo conductor es el dinero. Beatriz Paredes, la líder del PRI, va a tener casi 900 millones de pesos el año entrante y no le dará cuentas a nadie. Los demás partidos tendrán de 500 millones de pesos para arriba. Es una mafia que a nadie le da cuentas. Si no rompemos ese círculo vicioso, la reforma política a favor de los ciudadanos será sólo una vacilada”.
–¿El mismo riesgo se corre entonces con la reelección?
–Los argumentos que da Calderón se han manejado hasta el cansancio. La tesis ahora es responsabilizar a senadores y diputados. Los que trabajen bien, dijo Calderón, serán reelectos. Pero la verdad es que será reelecto quien no se oponga a la televisión y a los poderes fácticos que operan en su región.
“Es cierto que la gente está cansada de los partidos actuales, pero tampoco compremos esa idea impulsada por la iniciativa privada si antes no acotamos a los poderes fácticos.
“En las circunstancias actuales, la reelección de legisladores y alcaldes hasta por 12 años generará cacicazgos. El argumento en el sentido de que la gente votará libremente por sus diputados es una fantasía.”
–¿Cómo lo hacen?
–Lo hacen con sus dos mejores instrumentos: el dinero y los medios de comunicación. Los intereses son poderes. Es decir: el que va a una reelección necesita que los factores de poder de su zona lo apoyen. Pensar que en México vivimos en una democracia en la cual la gente va elegir a los legisladores sin que intervengan esos intereses, es falso.
–¿Regresarle el poder a la gente es una falacia?
–Por la manera en que operan, los poderes fácticos –las televisoras, por ejemplo– dominarían las reelecciones. El candidato que sea apoyado por la tele llegará a la Cámara de Diputados; quienes no defiendan los intereses de esos consorcios serán vetados. Mientras esta situación no cambie de raíz, no se puede pensar en una reelección. No es cierto que la gente sea la que vaya a decidir.
–¿Qué no se trata de que los diputados vayan a sus distritos, con la gente?
–La mayoría de los asuntos que atienden los legisladores federales poco tienen que ver con sus distritos. Ese argumento de ir con la gente, de apoyar sus demandas ciudadanas, es utópico. En las circunstancias actuales esa reelección va a generar caciques.
Lo que debe cambiar
Proceso le pregunta a Bartlett si la reelección terminará con la vieja práctica de los legisladores que sólo levantan la mano durante las sesiones para aprobar lo que les ordenan sus líderes.
El entrevistado matiza. “Ese argumento es general –dice–. En las condiciones actuales, si se aprueban esos cambios, los candidatos ciudadanos y la posibilidad de una reelección ciudadana auténtica serán eliminados o corrompidos.
–¿Qué intereses entrarían en juego con un candidato independiente o en una reelección para la alcaldía de Puebla, por ejemplo?
–En Puebla hay un sector privado muy fuerte, reaccionario, y la Iglesia católica. ¿Te imaginas un alcalde atado durante 12 años a eso?
–¿No es poco tiempo tres años para desarrollar un buen proyecto en cualquier ciudad?
–Lo que se ha discutido es la ampliación del mandato de los alcaldes. Cuatro o cinco años para que puedan realizar un proyecto serio. Tres años es demasiado corto.
“Pero veamos los candidatos independientes. Yo quise ser candidato interno de mi partido para la candidatura presidencial. Salí en contra de (Roberto) Madrazo y de (Francisco) Labastida. El primero de ellos se gastó una millonada en televisión. Labastida incluso era apoyado por la cúpula del PRI. Entonces, digamos que yo peleaba contra el dinero y contra el poder.
“El candidato independiente deberá depender de algo o de alguien. Un ejemplo fue el caso de Jorge Castañeda, quien hizo campaña e intentó ser candidato a la Presidencia. Y aunque tuvo recursos para hacer una caravana, su propuesta no prendió…
“No puede haber condiciones de igualdad entre un candidato independiente sin dinero y otro al que respaldan las redes de poder.”
–¿Y la iniciativa ciudadana para presentar leyes?
–Suena maravilloso que cualquier ciudadano que pase por la calle pueda presentar una iniciativa de ley. Pero es un tema igual de peligroso, por las razones que le mencioné.
–¿Pesan los mismos argumentos sobre la segunda vuelta presidencial?
–En general sí, pero en este caso vamos a ver cómo se reglamenta. Es una cuestión de cálculo político, de intereses de los partidos.
“Por otro lado, la Suprema Corte tiene poder de iniciativa de ley de facto. Para cualquier tema relacionado con la justicia normalmente se le piden opiniones y estudios (a los ministros). Hubo proyectos completos hechos por ellos. Pero no hay garantía de que (alguna iniciativa) pase por el simple hecho de que lo presenten ellos.”
–¿En este contexto, qué piensa de la reducción del número de senadores y diputados? Dicen que nos vamos a ahorrar una buena cantidad de recursos públicos…
–El dinero no está en los sueldos, que no se hagan tontos. El problema está en la forma en que opera la Cámara, en la forma en que las cúpulas distribuyen el dinero en las comisiones.
–¿Pero cómo es que esas reformas funcionan o se apoyaron en otros países?
–El caso de la democracia estadunidense es muy especial porque los dos partidos son muy parecidos. Por eso, en un tema como el de la segunda vuelta presidencial, es importante analizar tu sistema político, tu historia electoral, tu abanico de partidos.
–¿Las iniciativas preferentes? Es decir, que el presidente diga lo que se debe votar, para evitar que entren en vigor de manera automática.
–Lo que va a provocar es que los diputados voten esas iniciativas en contra del gobierno para evitar que sean aprobadas en automático. Pero eso tampoco va a solucionar el fondo del problema. Es sólo una manera de perder el tiempo. Esta propuesta no va a mejorar la relación entre el Ejecutivo y los diputados. La propuesta (de Calderón) es inocua, como su gobierno.
Gobiernos panistas: alta corrupción y baja transparencia
Desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique, señalan organismos no gubernamentales. Los mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. Por el contrario, las entidades responsables son omisas y la corrupción se convierte en un “fenómeno estructural”.
Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.
El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.
El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.
Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.
Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.
Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Función Pública deficiente para atacar corrupción
El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.
“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.
Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.
La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.
Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.
Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.
También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.
La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.
De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.
El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.
Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.
Corrupción en América
El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.
Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.
En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.
Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.
Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.
“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.
Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.
Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.
Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”
Baja en transparencia
“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.
La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.
“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.
Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.
A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.
El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.
Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.
Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.
El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.
A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.
“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.
Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.
Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.
En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.
Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.
La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.
Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.
Corrupción, problema estructural
Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.
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Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.
El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.
El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.
Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.
Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.
Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Función Pública deficiente para atacar corrupción
El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.
“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.
Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.
La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.
Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.
Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.
También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.
La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.
De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.
El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.
Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.
Corrupción en América
El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.
Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.
En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.
Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.
Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.
“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.
Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.
Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.
Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”
Baja en transparencia
“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.
La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.
“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.
Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.
A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.
El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.
Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.
Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.
El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.
A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.
“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.
Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.
Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.
En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.
Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.
La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.
Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.
Corrupción, problema estructural
Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.
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México en la OCDE: 15 años de dispendio y corrupción
México tiene la última posición entre los 30 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en capacidad de “inventiva” y en inversión en ciencia y tecnología; ocupa los lugares 26 y 30 en atención educativa y seguridad infantil, respectivamente. Sólo la mitad de su población tiene acceso a la salud y sectores clave como las telecomunicaciones presentan una “débil competencia”. Pero el gobierno mexicano gasta decenas de miles de millones de pesos en membresías y en viajes y comidas de los funcionarios que invariablemente se justifican como “dar seguimiento a los compromisos” de México con los países de la OCDE.En febrero de 1994, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari decidió incorporar a México como miembro número 23 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México dispuso su retiro del Grupo de los 77 al que pertenecía como economía en desarrollo; 15 años después, y luego de millones de pesos derramados en membresías, estudios y viajes de funcionarios a ese organismo, se confirma que se trató de “un gravísimo error estratégico de efecto multiplicado” que afectó al sector agropecuario, su planta industrial, su capacidad exportadora y al nivel de vida de su población, manifiesta el exsenador y exdiplomático Humberto Hernández Haddad.
La magnitud del desembolso por pertenecer al “club de los ricos” se ilustra en un primer caso: de 2001 a agosto de 2009, la Secretaría de Economía (SE) erogó 52 millones 648 mil 957 pesos en actividades vinculadas con el llamado “club de París”, de los cuales 27 millones 361 mil 267 pesos se destinaron a sueldos y prestaciones para empleados de la representación permanente de México, situada en el número 8 de la rue de Berri, 75008 en París, Francia, y que encabeza el embajador Agustín García López Loaeza.
En 2007 ese funcionario presentó su programa de trabajo ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado. Señaló que para ese año, “México será el onceavo contribuyente al presupuesto de la OCDE”, y aunque participa de manera desigual en ella, “su reto es lograr un mejor aprovechamiento de su membresía”, por lo que propuso trabajar en temas cuyo tratamiento tuvieran un valor agregado y que la capacidad institucional del gobierno de México aprovechara las mejores prácticas y lecciones de esa organización.
De modo indirecto, el gasto público en viajes, proyectos e investigaciones que se mantienen con la OCDE parece cumplir el primer deseo del diplomático, como muestra la respuesta a la solicitud de información pública que formuló Hernández Haddad, entre otras, a las secretarías de: Economía, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), que erogó 679 mil 888.44 pesos en viáticos y pasajes al extranjero para que sus funcionarios viajaran a reuniones de la Organización Internacional del Transporte, y 50 mil euros por concepto de membresía a la misma organización.
Vaivén de funcionarios
La respuesta de esas dependencias al solicitante de información pública se traduce en un conjunto de documentos que describen cómo subsecretarios, coordinadores, directores generales y asesores, entre otros más, se trasladan varias veces al año desde México a destinos en el extranjero –como Varsovia, Polonia; Turín y Trento, Italia; Kansas, Estados Unidos; Tokio, Japón; Atenas, Grecia; Brasilia, Brasil; Estambul, Turquía; Montreal, Canadá; Wellington y Auckland, Nueva Zelanda; Budapest, Hungría, y Ginebra, Suiza– para asistir a reuniones ministeriales, grupos de trabajo, comités, sesiones especiales y seminarios con sus pares de los 30 miembros de la OCDE.
Ahí se muestra que, en el curso del presente año, Iván Ornelas Díaz, director de Vinculación Internacional de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de Economía, viajó a Turín, Italia, y a la capital de Polonia para “cumplir con los compromisos internacionales de México en su calidad de miembro y vicepresidente del Grupo de Pymes”, así como compartir mejores prácticas internacionales en diversos temas de apoyo a esa materia, al mismo tiempo que “dar seguimiento a los compromisos y proyectos conjuntos”.
Este funcionario comenzó sus giras el 11 de junio de 2001 en Montreal, Canadá, y el 4 de diciembre viajó a París, Francia, donde regresó el 19 de febrero del año siguiente; el 23 de junio fue a Ginebra, Suiza, y el 9 de diciembre volvió a París. La redacción que describe su misión siempre es la misma, lo único que cambia es el destino y la fecha de su viaje. En 2003, Ornelas Díaz acudió a tres reuniones internacionales: 12 de mayo en Wellington y Auckland, Nueva Zelanda; 2 de septiembre en Budapest, Hungría, y 1 de diciembre en París, Francia.
El año siguiente registra tres viajes al exterior del director de Vinculación Internacional de la SE: 29 de marzo a París, Francia; 4 de junio a Estambul, Turquía, y 13 de diciembre a París; 2005 fue parco en reuniones oficiales en el marco de la OCDE para Ornelas, quien sólo asistió a dos: el 21 de junio a Trento, Italia, y el 7 de noviembre a París, Francia, ambas con el objetivo de “cumplir con los compromisos internacionales de México”.
En 2006 realizó viajes a Brasilia, el 26 de marzo; el 5 de junio lo hizo a París acompañado de Alejandro González Hernández, y el 5 de noviembre a Atenas, Grecia, en compañía de Esperanza Gómez. El 19 de marzo del año siguiente volvió a París; el 29 de mayo estuvo en Tokio, y el 12 de noviembre regresó a la capital francesa. El 6 de mayo de 2008 acudió a Kansas City y asistió una vez más a París el 26 de octubre.
En 2008, Eduardo Sojo Garza Aldape se trasladó a la sede de la OCDE (del 3 al 8 de abril); también acudió a la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel México-Francia, casi en la misma fecha que lo hicieron José Gerardo Trasloheros Hernández y Alberto Manuel Ortega y Venzor, con el mismo objetivo. José Gerardo Trasloheros asistió en dos ocasiones más como delegado al foro OCDE, del 3 al 6 de junio y el 29 de noviembre, a la reunión del grupo de Política Regulatoria.
Jesús Orta Martínez figura como uno de los funcionarios de la Secretaría de Economía que más reuniones ha atendido con la OCDE, ya sea en su carácter de director general adjunto de Economía Digital o como subsecretario de Planeación Financiera. En 2004 asistió a tres reuniones ante ese organismo (marzo, mayo y octubre) cuyo tema central era la política informática; en marzo de 2005 participó en la segunda sesión del Grupo Anti-Spam. Otras reuniones celebradas ese año (junio y diciembre) tuvieron la presencia de la directora de Economía Digital, Claudia Ivette García Romero.
El registro de los viajes de ambos servidores públicos a reuniones de la OCDE revela que García Romero comenzó en 2006, cuando viajó del 4 al 11 de marzo a la reunión de trabajo del Comité de Política de Información de la OCDE, y del 29 de mayo al 3 de junio estuvo en la 20 sesión del Working Party on the Information Economy, misma reunión a la que asistió Orta Martínez. Este funcionario acudió a la sede de la OCDE, del 14 al 18 de mayo, a la 20 sesión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad en la Información y Privacidad; volvió a París del 30 de septiembre al 7 de octubre.
El 2007, Orta Martínez asistió a dos reuniones, del 10 al 17 de marzo y del 3 al 6 de octubre; su colega García Romero sólo viajó una ocasión, del 20 al 26 de mayo, pues Víctor Hugo Estrada de la O, director de Economía Digital de la SE, asistió a la sede de la OCDE del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Este funcionario regresó a París el 1 de marzo de 2008 a participar en el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información y Privacidad para Integrar y Detallar el Contenido de la Declaración del Futuro de internet. A las reuniones subsecuentes acudieron el nuevo director de Comercio Interior y Economía Digital, Sergio Carrera Riva Palacio (15 al 19 de junio), y la subdirectora de Mercado Interno de Tecnología de Información de la SE, Elizabeth Argüello Maya (15 al 21 de noviembre).
En 2009, otros representantes de esa dependencia que han viajado a la sede de la OCDE para asistir a las reuniones en materia informática y de cómputo son: Meney de la Peza Gándara (9 y 10 de marzo, así como 11,12 y 13 del mismo mes) y Julio César Vega Gómez, quien fue subdirector de Normatividad de Comercio Electrónico y que ahora funge como director general de la Asociación Mexicana de Internet.
Las otras dependencias
La presencia de la Sedesol en actividades de la OCDE en el exterior es profusa. En el curso de 2009, Juan Carlos Zentella Gómez, director adjunto de Ordenación del Territorio, asistió a la 11 sesión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Territoriales en Aguas Urbanas, así como al Taller sobre Ciudades Verdes realizada en Las Palmas, Gran Canaria, del 11 al 12 de junio; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, Sara Topelson Fridman, acudió a la reunión del Reporte Territorial de Venecia, del 25 al 28 de mayo.
El subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, Gustavo Merino Juárez, y la jefa de la Unidad de Desarrollo Regional, Ligia González García de Alba, asistieron a la reunión ministerial sobre políticas de desarrollo territorial en París, del 30 de marzo al 1 de abril. En febrero anterior, Ligia González estuvo en la reunión preparatoria de la reunión ministerial de París, y un mes antes, el 15 de enero, ella con Sara Topelson y Ricardo Pérez Schetchtel, director adjunto de Planeación Microrregional, viajaron a Washington para asistir al taller Inversión para el desarrollo: Construcción de Regiones Innovadoras.
En 2008, el destino de los funcionarios de Sedesol cubrió tres ciudades europeas: Oporto, Roma y París. Desde 2003 a 2007, el rastro de subsecretarios, asesores y jefes de unidad se encuentra desde París hasta Washington y Martigny, Suiza. Otros servidores públicos más de esa secretaría se desplazaron a Siena, Italia, Bucarest, Rumania, Estambul, Turquía, aunque París siguió siendo la sede de reuniones favorita de todos ellos. Del monto total erogado por esas actividades en el exterior no se dio constancia al solicitante.
A su vez, la Secretaría de Turismo (Sectur) respondió a Hernández Haddad, el 24 de agosto de 2009, que participa en la OCDE a través del Comité de Turismo y que sus erogaciones son el “equivalente a 55 mil euros por concepto de contribuciones voluntarias”. Aclara la institución que en 2005, el Comité de Turismo estuvo en peligro de desaparecer, aunque tal situación “fue revertida gracias a la intervención concertada de México, Japón y Suiza”, por lo que el comité permaneció.
Entre los logros recientes de esa relación, se cita la presentación a nivel mundial de la publicación El impacto de la cultura en el turismo en enero de 2009, con la participación de Enrique Norten, presidente de la National Geographic Society; el chelista Carlos Prieto; los secretarios de Turismo y Educación Pública, entre otros.
La Sectur describe que de acuerdo con los archivos y registros históricos, “a través de la U-100, de 2004 a 2009, ha realizado contribuciones voluntarias al Comité de Turismo de la OCDE por la cantidad de 883 mil 100 pesos, equivalentes a 55 mil euros”. Por su parte, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Planeación Turística informa que José I Casar Pérez, a la sazón director de Información y Análisis, realizó un viaje a París, Francia, del 22 al 27 de junio de 2004, que generó un gasto de 26 mil 289.97 pesos y 16 mil 631.95 por concepto de viáticos y pasajes, respectivamente.
La respuesta de la Subsecretaría de Transporte informa que sólo cuenta con información a partir de 2007 sobre erogaciones realizadas con la OCDE, que corresponden a 27 mil 190.64 pesos por pasajes aéreos y 25 mil 974.58 pesos por viáticos. En 2008, esa dependencia erogó 26 mil 475.15 pesos por pasajes por los dos años.
Otro ejemplo de aportes a la OCDE es el de la Semarnat. En una lista que comprende cinco años, el único nombre que figura es el de Veronique Deli Meadows, representante de Semarnat en la OCDE, que en 2004 recibió un total de 103 mil 662.50 pesos (equivalentes a 7 mil 125 euros de entonces). Un año después, Deli Meadow recibió 71 mil 999.88 pesos, en 2006 se le asignaron 110 mil 106.84 pesos; en 2007 realizó cinco actividades por la que se le asignó un total de 81 mil 411.31 pesos, y en 2008 participó en cinco actividades por las que se erogó un total de 125 mil 592.38 pesos.
Es decir, que en cinco años, la Semarnat gastó en Veronique Deli Meadows 411 mil 361.60 pesos que, al agregarse a la cuota que paga a la OCDE, totaliza 742 mil 561.60 pesos.
Los mexicanos de la rue Berri
La información pública que Humberto Hernández Haddad obtuvo revela que, desde 1997 a 2009, la SE erogó la suma total de 63 millones 735 mil 714 pesos para la Representación Permanente de México ante la OCDE, con sede en París. Ese monto incluye las partidas denominadas “asignaciones por radicaciones en el extranjero”, “gastos contingentes para el personal radicado en el extranjero”, “pasajes internacionales”, “viáticos en el extranjero”, “mobiliario”, “equipo de administración”, “equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones”, así como “vehículos y equipos terrestres”, entre otros.
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Funcionarios hipotecan a la SRE en la OCDE
En 2009, México aportó más de 6.6 millones de euros a la OCDE, pese al llamado a la austeridad en el gasto público que hace el Ejecutivo federal. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las dependencias que mantiene vínculos muy activos con el llamado “club de los ricos”: su titular afirma que el país “ha capitalizado los beneficios de esa entidad al participar en todos los temas de interés nacional”.Nydia Egremy
El pasado 22 de junio, la canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano abordó un avión que la condujo a la capital francesa para participar en la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su pasaje tipo business class le costó al erario 51 mil 139.14 pesos. Además, erogó 860 euros (unos 15 mil 987 pesos) por concepto de viáticos. Igual suma recibió su secretaria privada Marcelina Yolanda Cruz Mimila, cuyo objetivo fue “asistir como comitiva”.
En su informe de misión, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dice que en ese encuentro logró “reiterar la invitación para que el próximo foro global sobre transparencia e intercambio de información en materia fiscal se lleve a cabo en México” –que su empleada reproduce textualmente en su informe respectivo–. El gasto de ambas servidoras públicas en esa visita fue de 6 mil 684.855 euros.
Así lo revela el documento UDE2440 expedido por la Unidad de Enlace de la SRE en respuesta a la solicitud de información pública 500091409, formulada por el abogado Humberto Hernández Haddad, coordinador de un grupo multidisciplinario de analistas que evalúa el balance del actual modelo económico del país.
“Salvo honrosas excepciones, las secretarías de Estado del gobierno de México vienen haciendo pagos de cientos de miles de euros a la OCDE anualmente por concepto de viajes, estudios, proyectos y membresías”. Sin embargo, esto no se traduce en beneficio de la mayoría de los mexicanos, señala el exdiplomático y primer mexicano egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard.
Las erogaciones de la SRE a la organización que desde 2006 dirige el excanciller mexicano José Ángel Gurría Treviño no coinciden con el espíritu de austeridad que proclama el gobierno federal. La contribución estatutaria anual de México a la OCDE consiste en tres rubros: los programas Parte I –que incluyen gastos relacionados con la operación diaria de esa organización–, que se agrupan en objetivos estratégicos que van desde la cooperación al desarrollo hasta las políticas de inversión de los países; los programas Parte II –que operan con apoyo de la OCDE con membresías y distintos niveles de autonomía presupuestal–; y los Presupuestos Anexos, que incluyen pago de pensiones, aportes al programa de inversiones, publicaciones y costos relativos a la renovación del edificio principal (Marshall Building) y la construcción del nuevo centro de conferencias.
De acuerdo con la información que liberó la SRE, en 2009, la contribución de México representa el 2.39 por ciento del presupuesto total asignado al programa Parte I de la OCDE (estimado en 161 millones 900 euros); es decir, la contribución del gobierno de México representó 3 millones 872 mil 97 euros que se clasifican bajo la denominación “general expenditure” (o gastos generales). Para los programas Parte II, México asignó 1 millón 8 mil 489 euros, y para los Presupuestos Anexos, contribuyó con 1 millón 804 mil 269 euros, con lo que sus contribuciones totalizan 6 millones 684 mil 856 euros.
El reporte de la cancillería indica que el gobierno federal aporta recursos al Programa Parte II a través de la Agencia de Energía Nuclear (269 mil 144 euros), del Banco de Datos de la Agencia de Energía Nuclear (1 mil 626 euros), del Centro para la Investigación e Innovación Educativa (86 mil 372 euros), del Programa sobre Acero (16 mil 740 euros) y del Foro Global de Ciencias (14 mil 417 euros).
Asimismo, aportó 8 mil 460 euros para los Códigos Agrícolas y Esquemas para Tractores, Semillas, Frutos y Vegetales; 27 mil 500 para el Programa de Acción Cooperativa sobre Desarrollo de la Economía y Empleo Locales, y 218 mil 299 euros al Centro de Desarrollo. En el rubro de Presupuestos Anexos, México contribuyó con 1 millón 238 mil 177 euros para el Presupuesto de Pensiones y el Fondo de Reserva; además, dotó de 47 mil 401 euros a los Gastos de Inversión; 35 mil 868 euros al Presupuesto Anexo de Publicaciones, y 482 mil 823 euros al Proyecto del Sitio Electrónico.
De esas aportaciones, la SRE cubre en su totalidad las correspondientes al Programa Parte I y las descritas en el Programa Parte II. Asimismo, la cancillería cubre todos los aportes correspondientes a los Presupuestos Anexos.
De acuerdo con la respuesta de la cancillería a la solicitud de información pública, lo que México eroga para cada programa de la OCDE (Parte I, Parte II y Presupuestos Anexos) se estima “con base en una fórmula acordada por la totalidad de los países miembros, conforme a una decisión del consejo (de la OCDE)”. Agrega la SRE que ese cálculo incorpora información estadística de cada país con base en variables como el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio y la población, por lo que la determinación de la contribución anual “no es resultado de una negociación” entre las partes, sino conforme a un procedimiento acordado por todos los miembros.
Alto costo para los mexicanos
A las aportaciones que realiza la SRE a la OCDE se suman los recursos que eroga por viáticos y pasajes de sus funcionarios a las reuniones de esas entidades en distintos puntos del planeta. De acuerdo con la información proporcionada por la SRE, al mes de agosto de 2009 se había ejercido un presupuesto de 641 mil 349 euros.
La mayor parte de ese total, 614 mil 924 euros, se destinó a sueldos del personal local (286 mil 917 euros) y a la renta de inmuebles (242 mil euros por concepto de pago de internet, teléfono, energía eléctrica, entre otros). Por pago de materiales de consumo, la cancillería pagó 21 mil 808 euros; destinó 10 mil 581 euros a la reparación y seguros de automóvil y 9 mil 572 euros al mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo.
Destaca que esa secretaría destinó 13 mil 883 euros para financiar “actos oficiales y sociales” tan sólo de enero a agosto de 2009, lo que representa un promedio de 1 mil 543 euros por mes. Si se estima que en enero, la moneda común europea se cotizaba en 17.9831 pesos, se tiene una cantidad equivalente a 252 mil pesos. Por otra parte, esa dependencia gastó en ese período 12 mil 542 euros en “Actividades de promoción” ante la OCDE.
En relación con las comisiones realizadas por personal del Servicio Exterior Mexicano a actividades de la OCDE, la SRE reporta una erogación total de 1 mil 550 dólares en viáticos y 565.66 euros por pasajes. Agustín García López Loaeza, quien dirige la delegación permanente de México ante ese organismo en París, Francia, viajó a México el 15 de junio; se le asignaron 173.84 euros para viáticos. Una semana después, el mismo funcionario regresó a París, por lo que recibió 550 euros para viáticos. El 4 de febrero, Gerardo Bracho Carpizo viajó a Túnez y recibió 930 dólares de viáticos; el 29 de abril viajó a Roma y se le asignaron 255 euros de viáticos, y su pasaje costó 330 euros; finalmente, Bruno Figueroa Fischer viajó el 9 de marzo a Moscú, por lo que recibió 620 dólares de viáticos, y su pasaje costó 565.66 euros.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 asignó 5 mil 945 millones de pesos para el gasto programable de la SRE, que representa un incremento real de 6 por ciento a su ejercicio del año anterior (5 mil 604 millones de pesos).
Un mes antes de que se definiera el PEF 2010 y el ejercicio que correspondería a cada dependencia, mediante un comunicado la SRE manifestó que acataba las medidas de austeridad y disciplina dictadas por el Ejecutivo federal, aunque aseguró que la promoción y defensa de los intereses requieren de una presencia “adecuada” en otros países, lo que “exige incurrir en gastos” para el sostenimiento de inmuebles y el uso de vehículos, entre otros “servicios indispensables” para la operación de embajadas y consulados. El boletín del 5 de octubre de la cancillería destacaba que, en cuanto a las representaciones diplomáticas en el exterior, México “tiene una presencia menor que la que mantienen otros países con un nivel de desarrollo similar”.
Finalmente, el comunicado hizo constar que tanto en México como en el exterior, la cancillería “se ha abocado a hacer un uso óptimo de los recursos que la sociedad pone a su disposición” para la importante tarea de defender y promover los intereses de México en el mundo. El 18 de noviembre, cuando era inminente la aprobación del PEF 2010, Patricia Espinosa dio a conocer que analizaba el cierre de algunas representaciones diplomáticas. Hasta ahora, México tiene 195 embajadas en el exterior cuyos gastos son parte sustantiva de los egresos de esa secretaría.
En contraste con esas afirmaciones, la documentación que acompaña la respuesta a la solicitud de información pública de la propia SRE muestra que de enero a agosto de 2009 el gasto ejercido por la delegación de México ante la OCDE (en su sede de la rue Berri de París, Francia) representaba la cantidad de 641 mil 345 euros. De ese total, 13 mil 883 euros corresponden al rubro “Actos oficiales y sociales”, a los que se suman 12 mil 542 euros por concepto de “actos de promoción”.
La mayor parte (614 mil 924 euros) se destina a renta de inmuebles (242 mil 156 euros), sueldos del personal local (286 mil 917 euros), pago de servicios básicos (43 mil 887 euros), más 21 mil 808 euros por “materiales de consumo” y 10 mil 581 euros para reparación y seguros de automóvil, a los que se suman 9 mil 572 euros por mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo.
Entre los 588 bienes que custodia esa representación en la capital francesa, se encuentran 50 microcomputadoras (portátiles y de escritorio), un conmutador telefónico automático, una fotocopiadora, un horno para cocina eléctrico, dos hornos de microondas, dos impresoras, una lavadora de ropa, tres lectores magnéticos, 18 escritorios, 25 lámparas de mesa y 24 de pie; así como distintas mesas, dos microcomputadoras portátiles marca Vostro, un molino de carne, 26 libreros, dos protectores de pantalla, un pizarrón electrónico, una podadora, un ruteador, dos escáner, una secadora de ropa, 72 sillas, 62 sillones, taburetes, cuatro televisiones, una trituradora de papel, 25 ventiladores, dos videocaseteras, dos videoproyectores, 10 extinguidores y cuatro calculadoras eléctricas
Para leer articulo completo AQUI.
Periodistas crean frente nacional
México es el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo: 17 por ciento de los asesinatos en contra de profesionales de la comunicación se perpetuó en este país. Tan sólo en las administraciones panistas, 58 periodistas han sido ultimados y nueve más, desaparecidos. Las autoridades no han esclarecido uno solo de esos crímenes. En este contexto, trabajadores de diversos medios de comunicación, reporteros y organizaciones civiles crean el Frente de Periodistas por la Libertad de Expresión.Ante la ineficiencia del gobierno para salvaguardar los derechos de los comunicadores mexicanos, sindicatos de cinco medios de comunicación, periodistas, publicaciones y organismos profesionales se unieron para crear el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (FNPLE), que promoverá la denuncia de las agresiones a periodistas y la defensa de los comunicadores que sean agraviados en el desempeño de su trabajo.
México es considerado como el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, 17 por ciento de los asesinatos en contra de comunicadores de todo el continente americano se han cometido en esta nación.
La formación del frente de periodistas se dio a conocer el pasado 10 de diciembre en el monumento a Francisco Zarco, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Previo al anuncio formal de su creación, integrantes del frente protestaron a la entrada de la Procuraduría General de la República por la indiferencia del gobierno para resolver los casos de periodistas asesinados y agredidos.
Mediante una carta, los sindicatos Nacional de Redactores de La Prensa, de Trabajadores de La Jornada, El Sol de Puebla, Notimex, la delegación sindical D-III de Radio Educación, trabajadores de las revistas Contralínea y Zócalo, así como la Fundación Manuel Buendía, la Federación Internacional de Periodistas y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, junto con 15 periodistas de diversos medios nacionales e internacionales reclamaron al procurador general, Arturo Chávez Chávez, su indiferencia y silencio ante los problemas de inseguridad que padecen los periodistas en el ejercicio de su profesión.
De enero de 2000 a diciembre de 2009, la omisión del gobierno se ha traducido en la desaparición de nueve periodistas y el asesinato de otros 58. En los tres años de la administración de Felipe Calderón, se reportan cinco desapariciones y 28 homicidios; 12 de ellos se cometieron en 2009.
“Más de medio centenar de organizaciones internacionales, entre las que destacan la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido numerosas recomendaciones para investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de periodistas y establecer mecanismos para su protección. Pero esto aquí no se atiende”, señala el documento del FNPLE.
Por ello, demanda que cese la impunidad en los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas y exige al procurador general que “preste atención al tema”. Desde el 30 de septiembre los periodistas mexicanos solicitaron una audiencia para abordar la problemática; no obstante, Chávez Chávez no ha ofrecido aún respuesta alguna.
En el monumento a Francisco Zarco, Judith Mariscal –líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor)– habló a nombre del FNPLE y dijo que además de impulsar la denuncia de las agresiones a periodistas y pugnar por su defensa jurídica, el frente también promoverá su refugio en casos de persecución y amenazas, la legislación en defensa de los periodistas y establecerá una red permanente de información sobre agravios a periodistas.
La secretaria general del Sitrajor hizo un recuento de las agresiones que han sufrido periodistas mexicanos, que van desde amenazas, persecuciones y acusaciones de daño moral, hasta asesinatos. Estos últimos han ocurrido sobre todo en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
En el evento, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa señaló la incapacidad del gobierno para poner en práctica mecanismos legales que respondan a los agravios contra periodistas. Asimismo, celebró la creación del frente y destacó que los periodistas no pretenden tener privilegios a través de él, sino exigir que no prevalezca la impunidad en los delitos cometidos en contra de los comunicadores.
La diputada perredista Aleida Alavéz anunció la aprobación de un punto de acuerdo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó para crear una mesa de trabajo a favor de acciones para periodistas, y dijo que se crearía una casa para apoyar a los comunicadores que estén en situación de riesgo.
México es considerado como el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, 17 por ciento de los asesinatos en contra de comunicadores de todo el continente americano se han cometido en esta nación.
La formación del frente de periodistas se dio a conocer el pasado 10 de diciembre en el monumento a Francisco Zarco, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Previo al anuncio formal de su creación, integrantes del frente protestaron a la entrada de la Procuraduría General de la República por la indiferencia del gobierno para resolver los casos de periodistas asesinados y agredidos.
Mediante una carta, los sindicatos Nacional de Redactores de La Prensa, de Trabajadores de La Jornada, El Sol de Puebla, Notimex, la delegación sindical D-III de Radio Educación, trabajadores de las revistas Contralínea y Zócalo, así como la Fundación Manuel Buendía, la Federación Internacional de Periodistas y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, junto con 15 periodistas de diversos medios nacionales e internacionales reclamaron al procurador general, Arturo Chávez Chávez, su indiferencia y silencio ante los problemas de inseguridad que padecen los periodistas en el ejercicio de su profesión.
De enero de 2000 a diciembre de 2009, la omisión del gobierno se ha traducido en la desaparición de nueve periodistas y el asesinato de otros 58. En los tres años de la administración de Felipe Calderón, se reportan cinco desapariciones y 28 homicidios; 12 de ellos se cometieron en 2009.
“Más de medio centenar de organizaciones internacionales, entre las que destacan la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido numerosas recomendaciones para investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de periodistas y establecer mecanismos para su protección. Pero esto aquí no se atiende”, señala el documento del FNPLE.
Por ello, demanda que cese la impunidad en los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas y exige al procurador general que “preste atención al tema”. Desde el 30 de septiembre los periodistas mexicanos solicitaron una audiencia para abordar la problemática; no obstante, Chávez Chávez no ha ofrecido aún respuesta alguna.
En el monumento a Francisco Zarco, Judith Mariscal –líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor)– habló a nombre del FNPLE y dijo que además de impulsar la denuncia de las agresiones a periodistas y pugnar por su defensa jurídica, el frente también promoverá su refugio en casos de persecución y amenazas, la legislación en defensa de los periodistas y establecerá una red permanente de información sobre agravios a periodistas.
La secretaria general del Sitrajor hizo un recuento de las agresiones que han sufrido periodistas mexicanos, que van desde amenazas, persecuciones y acusaciones de daño moral, hasta asesinatos. Estos últimos han ocurrido sobre todo en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
En el evento, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa señaló la incapacidad del gobierno para poner en práctica mecanismos legales que respondan a los agravios contra periodistas. Asimismo, celebró la creación del frente y destacó que los periodistas no pretenden tener privilegios a través de él, sino exigir que no prevalezca la impunidad en los delitos cometidos en contra de los comunicadores.
La diputada perredista Aleida Alavéz anunció la aprobación de un punto de acuerdo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó para crear una mesa de trabajo a favor de acciones para periodistas, y dijo que se crearía una casa para apoyar a los comunicadores que estén en situación de riesgo.
México, reprobado en trasparencia presupuestaria
Carencia de información presupuestaria, contralorías ineficientes en el combate a la corrupción y la nula inclusión de los ciudadanos en la discusión presupuestaria son las causas de la deficiente transparencia presupuestaria en México. Las consecuencias: obstaculización para exigir una rendición de cuentas, proclividad al manejo discrecional de recursos públicos y uso político de las instancias oficiales de vigilancia.La falta de información sobre los indicadores en los que se basan las asignaciones presupuestarias y las estimaciones macroeconómicas, la ineficiencia de la Secretaría de la Función Pública y las limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar y hacer rendir cuentas a la administración pública federal, así como la ausencia de mecanismos de consulta ciudadana en la formulación presupuestaria son elementos que abonan para que México tenga una baja calificación en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el informe de 2009 del Índice latinoamericano de transparencia presupuestaria (ILTP).
El documento, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, señala que la crisis económica evidenció las deficiencias de la política pública, particularmente la presupuestaria, “pues resaltó los problemas sistémicos de la política fiscal y la falta de información disponible para explicar las decisiones presupuestarias”.
Parte de estas fallas son los errores en las estimaciones macroeconómicas, cuya base de cálculo no se da a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el ILTP, lo que acarrea problemas para la planeación y cumplimiento de los objetivos de política pública a mediano y largo plazo. De 2003 a 2008, el cálculo incorrecto del precio del petróleo generó ingresos excedentes por cerca de 1 mil 536 millones de pesos, que fueron distribuidos “a discreción del Ejecutivo” sin que se reportaran mejoras sustanciales en los indicadores de crecimiento y pobreza. “Por ello, durante 2009, cuando los ingresos del sector público cayeron drásticamente, se evidenció el mal ejercicio de estos recursos, ya que los fondos de reservas no fueron suficientes para mitigar el impacto de la crisis”, detalla el documento.
Para José María Marín, investigador de Fundar y coordinador del ILTP 2009, el presupuesto es la cristalización de la política pública, ya que en ella se definen “con pesos y centavos” las prioridades del gobierno, por lo que es de suma importancia conocer a fondo la información presupuestaria: cómo se elabora, cómo se determina, cómo se fiscaliza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no publica los indicadores en los que se basan las asignaciones presupuestarias anualmente; tampoco hay claridad respecto de cómo incide la información de su Sistema de Evaluación de Desempeño para determinar los montos presupuestales de los programas del gobierno.
En su informe de 2008, un estudio de la Open Budget Initiative, llamado Índice de presupuesto abierto, señaló que en México es difícil dar seguimiento a la información sobre gasto, recolección de impuestos y préstamos durante el año, pues el gobierno provee sólo “alguna información” presupuestal a los ciudadanos, lo que obstaculiza la exigencia de rendición de cuentas. A pesar de que en el país sí hay una publicación periódica de informes detallados, el índice considera que el informe semestral “carece de detalles importantes”, al igual que el informe anual, lo que impide comparaciones útiles entre lo que se presupuesta y lo que en realidad se recolecta y se gasta.
Contralorías sin control
Este año México obtuvo 48 puntos en el ILTP, su calificación más baja en las cinco ediciones que se han realizado de este estudio. No obstante, los datos disponibles muestran que de 2003 a 2009 no ha habido un progreso importante en transparencia presupuestaria en el país, pues su nivel más alto ha sido de 53.7 puntos en 2005, mientras que Costa Rica pasó de 67 puntos en 2007 a 69 puntos este año, y Colombia creció 8 puntos en el mismo periodo.
En los resultados de México, una de las variables con menor puntaje fue la evaluación de la contraloría interna, que obtuvo sólo 10 por ciento de aprobación. Esta calificación alude al trabajo de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control interno de la administración pública, que “ha demostrado ser incapaz de combatir la corrupción, transparentar y hacer rendir cuentas al gobierno de manera oportuna y eficiente”, señala el índice.
De haberse aprobado la iniciativa –propuesta por Felipe Calderón– de suprimir esta secretaría y convertirla en una contraloría que dependiera directamente del presidente de la república, se habría profundizado su falta de autonomía frente al Poder Ejecutivo y mermaría su margen de acción y efectividad, menciona el ILTP. Aunque la propuesta fue rechazada por el Senado el pasado 3 de diciembre, la posible vulneración a la autonomía de la secretaría no fue discutida en la impugnación, sino que ésta fue motivada por el nulo impacto económico que su desaparición implicaba.
Para la doctora Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta secretaría no sólo depende ideológica, programática y políticamente de las decisiones del Ejecutivo, sino que ha servido como “trampolín político” para que sus dirigentes salten a otras posiciones dentro del partido en el gobierno.
ASF baja puntuación
En cuanto a la evaluación del órgano de control externo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) retrocedió nueve puntos en el ILTP, al pasar de 43 por ciento en 2007 a 34 por ciento este año, debido a la poca evidencia de su efectividad para combatir la corrupción y aumentar la rendición de cuentas.
Marín atribuye lo anterior a las limitadas capacidades de la auditoría, pues aunque “hace su trabajo bien”, no tiene la facultad de obligar a las dependencias auditadas a acatar las observaciones hechas en los informes de revisión de la Cuenta Pública.
Aunque el índice no lo señala, el desempeño de la auditoría también se ha visto empañado por la acusación que hicieron integrantes de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF en contra del auditor, Arturo González de Aragón, por el conflicto de intereses en que incurrió, ya que el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC (fundado por él y operado actualmente por sus hijos), ha sido contratado por diversas dependencias del gobierno federal que también han sido auditadas por la ASF en la gestión de González de Aragón.
El auditor superior de la federación también omitió investigar el desvío de recursos de Lotería Nacional a la fundación Vamos México, presidida entonces por la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún. Tampoco investigó el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, para que dependencias federales favorecieran con contratos a la empresa Construcciones Prácticas, con la que estaban vinculados.
Además, pesan cuestionamientos sobre las supuestas recuperaciones que la ASF habría hecho a dependencias de la administración pública federal, que para 2007 sumarían más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del informe del ILTP. Sin embargo, Contralínea documentó en mayo pasado (número 133) la simulación de dichos resarcimientos a la hacienda pública, como argumento esgrimido por la auditoría para exigir más presupuesto.
Presupuesto y participación ciudadana
La participación de los ciudadanos en la formulación del presupuesto es el aspecto “peor evaluado” del ILTP 2009, con sólo 5 por ciento de aprobación. El documento concluye que en México no existe una práctica sistemática de consulta a la población, impulsada por los legisladores o el Ejecutivo. En opinión de Marín, el que la discusión presupuestaria sea una negociación a puerta cerrada constituye un mecanismo de exclusión, y sólo en la medida en que éste desaparezca habrá un presupuesto más transparente e incluyente.
Marín y Sandoval coinciden en que la formalización de la participación ciudadana en la formulación presupuestaria es posible, y ponen como ejemplo las experiencias de otros países. Desde el año pasado, Ecuador ha emprendido reformas en sus finanzas públicas y ha favorecido la transparencia y la participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya función es promover el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, el establecimiento de mecanismos de control en asuntos públicos e incluso la designación de algunos cargos.
Un mecanismo de mayor incidencia ciudadana en las decisiones sobre gasto público ha sido el presupuesto participativo, mediante el cual las personas colaboran directamente en la definición del destino del presupuesto. Esta fórmula fue adoptada desde finales de la década de 1980 en comunidades de Brasil, y de acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para 2004 había 250 ciudades en Latinoamérica que aplicaban este sistema, la mayoría de ellas brasileñas. Actualmente Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú impulsan a nivel local proyectos de esta naturaleza.
En México, la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo está prevista en los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Planeación. En ellos se estipula “la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan”. De acuerdo con la ley, a las comunidades indígenas se les consultarán previamente los asuntos que las afecten directamente.
Transparencia, no sólo es una cuestión de leyes
“Aunque un marco normativo sólido es un requisito necesario, no es suficiente para garantizar la transparencia”, sentencia el informe del ILTP. Para la doctora Sandoval, especialista en transparencia y rendición de cuentas, la transparencia no es sólo una cuestión técnica que mide la eficacia de la administración pública o el manejo de los recursos, sino que es, sobre todo, una cuestión de convicción y voluntad política que ningún actor político ha intentado comprender. La especialista lamenta que en México predomine una transparencia “de aparador”, que da un “uso legitimador y político del término, pero no una práctica a conciencia para la rendición de cuentas”.
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Dinero del pueblo como botín de la elite
Es un hecho que tres personajes se pasean al conjuro festivo de la elite gobernante (“que se ha hecho indigna de gobernar”, según Tocquevielle, al advertir el estallido de la Revolución de 1848 que provocó la caída de la monarquía). Ellos son: Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, con motivo de las luces de bengala de los partidos en la oposición complaciente (con todo y las pullas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, el cortar distancias del partido bisagra, el Partido Revolucionario Institucional, y las facciones del Partido Acción Nacional, PAN, que apoyan o no a Calderón).
No quieren darse cuenta los integrantes de la elite oligárquica y el mismísimo Calderón (que los caricaturistas de La Jornada presentan como un lilliputiense al que le quedan grande la banda presidencial, la silla “embrujada” que rechazaron Villa y Zapata; el uniforme militar, etcétera), los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial del peligro latente.
Esa elite, completada por los empresarios rejegos, que en pisa y corre critican a Calderón; los banqueros llorones que limpian sus lágrimas con sus multimillonarias ganancias, sigue saqueando a la nación con el alza de impuestos y precios de bienes y servicios, la sangrienta inseguridad, la mentira de dizque adquirir 30 millones de vacunas antigripales, cuando apenas llegarán tres millones.
Desempleo, bajísimo consumo y salarios a la baja, por su pérdida de poder de compra; hambruna de 40 millones de mexicanos y otros 40 sobreviviendo en la pobreza a secas; enfermedades, violaciones y feminicidios (más de nueve de los que se tiene registro, sobre todo en Chihuahua, Estado de México, el Distrito Federal, Sonora, Baja California, Veracruz, etcétera); casi 18 mil homicidios de la guerra: narcotraficantes, paramilitares, policías, soldados y civiles; impunidad, corrupción y transas; miedo de la población a las policías; sobornos exigidos en cualquier trámite burocrático administrativo…
Todo esto en un botín de los desgobernadores priistas y la Presidencia de Calderón, y migajas para los del PRD y PAN. Piratas de la elite que nos desgobierna han asaltado los escasos dineros del pueblo que, por el aumento a los impuestos vigentes y los nuevos, empobrecerá aún más.
Y esto es una provocación para su rebelión, ya que los legisladores federales no se apiadaron de la nación que sufre la peor crisis, y su pésimo manejo no da soluciones. Por todos lados las voces advierten que se han tensado de más las cuerdas de la cohesión a raíz del renacimiento de la lucha de clases en un país donde 430 familias (no más de 1 millón en total de personas) son dueñas de la riqueza.
Para 2010 (bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución), sacarán del pueblo los ingresos sacrificando a los trabajadores, campesinos e integrantes de los 40 millones en la pobreza extrema y la hambruna, y los otros 40 millones que a duras penas sobreviven en el contexto de la falta de crecimiento económico, inflación galopante, desempleo crónico más los que están siendo echados a la calle, porque los empresarios bajan costos despidiendo empleados.
Los contribuyentes como consumidores de bienes y servicios públicos y privados generan los ingresos de los gobiernos y las ganancias de banqueros y empresarios del sector privado. Con esos dineros del pueblo, por la corrupción pública (los rateros disfrazados de servidores públicos) y la voracidad privada, están haciendo un botín que, de izquierda y de derecha, se reparten, como acaban de hacerlo al aprobar los presupuestos de ingresos y egresos.
A lo mejor el pueblo se deja saquear (pronto querrán cobrar por ventanas, puertas, perros e hijos que para esto, dicho sea de paso, 18 congresos estatales han aprobado legislación antiaborto) para que la elite política tenga billones de pesos para pagar sus fabulosos sueldos y prestaciones. Tal vez no pase nada y como mansos corderos se dejan esquilmar los 80 millones de mexicanos inmersos en la ruina, el hambre, el desempleo y las enfermedades.
No es que se repitan los capítulos de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, como una farsa. ¡Qué bueno fuera! Pues la historia no es un escenario donde “los grandes hechos y personajes… se (crean y reproducen) como si dijéramos, dos veces… una vez como tragedia y otra como farsa” (Carlos Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte).
Lo que sucede es que la sociedad mexicana es víctima de una elite que nada aprendió de los abusos del poder para el alza de impuestos de Santa Anna; de la opresión autoritaria de Porfirio Díaz, y del alcoholismo y militarismo de Victoriano Huerta, en la conducción del gobierno. Hay similitudes entre Calderón, los senadores, diputados y elite política-judicial-administrativa con el Quince Uñas y cojo de Santa Anna, el decadente porfirismo y la ineficacia y mal gobierno del ilegítimo Victoriano Huerta.
Calderón sintetiza a los tres personajes. Y, como dijo Lenin, en la historia siempre hay un elemento de sorpresa (J H Plumb, La muerte del pasado). Y el desarrollo histórico hizo que la derecha panista con Calderón sea la de la “fiesta” de los centenarios de las dos revoluciones contra el mal gobierno, irrumpiendo entre ellas la caída de Santa Anna, quien aumentó los impuestos en momentos de pobreza y carestía.
Y si lo único que parece una constante es la de “el terreno ganado por una generación puede ser perdido por la siguiente”, como fundamenta en su obra magna Herbert A L Fisher, entonces los mexicanos estamos en esa coyuntura política, económica y social.
Los panistas son la gota que derramó la crisis alimentada por De la Madrid, Salinas y Zedillo, para estar ahora en el umbral de la alternativa: deshaceros (como propone Karl R Popper) por la vía institucional-constitucional, pacífica y sin derramamiento de sangre del mal gobernante que es Calderón o ejercer el derecho de alterar o modificar nuestro gobierno por la violencia en sus diversas modalidades.
Y es que con el estira y afloje para diseñar el presupuesto de ingresos ya aprobado como una ley con obligaciones draconianas contra el pueblo, obtendrán billones de pesos de los mexicanos, a los que “en concreto, si las clases trabajadores y pobres superan el nivel de subsistencia (el poder vivir al día) y tienen algo que perder además de sus cadenas o, mejor dicho, si tienen acceso a una cantidad mayor de lo habitualmente necesario para subsistir, tal como también lo formuló Karl Marx (aunque lo hiciera necesario para la hipótesis contraria), querrán evitar revueltas y revoluciones que comporten niveles importantes de violencia y destrucción” (Joseph M Colomer, Ciencia de la política, Ediciones Ariel).
De lo contrario, los mexicanos entrarán a una espiral de protestas anunciadas contra una elite que continúa abusando de los poderes político y económico. Y entonces sí, la acción popular “puede correr por cauces que, al desbordarse, quieran correr por lo imprevisto y lo previsto”.
cepedaneri@prodigy.net.mx
No quieren darse cuenta los integrantes de la elite oligárquica y el mismísimo Calderón (que los caricaturistas de La Jornada presentan como un lilliputiense al que le quedan grande la banda presidencial, la silla “embrujada” que rechazaron Villa y Zapata; el uniforme militar, etcétera), los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial del peligro latente.
Esa elite, completada por los empresarios rejegos, que en pisa y corre critican a Calderón; los banqueros llorones que limpian sus lágrimas con sus multimillonarias ganancias, sigue saqueando a la nación con el alza de impuestos y precios de bienes y servicios, la sangrienta inseguridad, la mentira de dizque adquirir 30 millones de vacunas antigripales, cuando apenas llegarán tres millones.
Desempleo, bajísimo consumo y salarios a la baja, por su pérdida de poder de compra; hambruna de 40 millones de mexicanos y otros 40 sobreviviendo en la pobreza a secas; enfermedades, violaciones y feminicidios (más de nueve de los que se tiene registro, sobre todo en Chihuahua, Estado de México, el Distrito Federal, Sonora, Baja California, Veracruz, etcétera); casi 18 mil homicidios de la guerra: narcotraficantes, paramilitares, policías, soldados y civiles; impunidad, corrupción y transas; miedo de la población a las policías; sobornos exigidos en cualquier trámite burocrático administrativo…
Todo esto en un botín de los desgobernadores priistas y la Presidencia de Calderón, y migajas para los del PRD y PAN. Piratas de la elite que nos desgobierna han asaltado los escasos dineros del pueblo que, por el aumento a los impuestos vigentes y los nuevos, empobrecerá aún más.
Y esto es una provocación para su rebelión, ya que los legisladores federales no se apiadaron de la nación que sufre la peor crisis, y su pésimo manejo no da soluciones. Por todos lados las voces advierten que se han tensado de más las cuerdas de la cohesión a raíz del renacimiento de la lucha de clases en un país donde 430 familias (no más de 1 millón en total de personas) son dueñas de la riqueza.
Para 2010 (bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución), sacarán del pueblo los ingresos sacrificando a los trabajadores, campesinos e integrantes de los 40 millones en la pobreza extrema y la hambruna, y los otros 40 millones que a duras penas sobreviven en el contexto de la falta de crecimiento económico, inflación galopante, desempleo crónico más los que están siendo echados a la calle, porque los empresarios bajan costos despidiendo empleados.
Los contribuyentes como consumidores de bienes y servicios públicos y privados generan los ingresos de los gobiernos y las ganancias de banqueros y empresarios del sector privado. Con esos dineros del pueblo, por la corrupción pública (los rateros disfrazados de servidores públicos) y la voracidad privada, están haciendo un botín que, de izquierda y de derecha, se reparten, como acaban de hacerlo al aprobar los presupuestos de ingresos y egresos.
A lo mejor el pueblo se deja saquear (pronto querrán cobrar por ventanas, puertas, perros e hijos que para esto, dicho sea de paso, 18 congresos estatales han aprobado legislación antiaborto) para que la elite política tenga billones de pesos para pagar sus fabulosos sueldos y prestaciones. Tal vez no pase nada y como mansos corderos se dejan esquilmar los 80 millones de mexicanos inmersos en la ruina, el hambre, el desempleo y las enfermedades.
No es que se repitan los capítulos de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, como una farsa. ¡Qué bueno fuera! Pues la historia no es un escenario donde “los grandes hechos y personajes… se (crean y reproducen) como si dijéramos, dos veces… una vez como tragedia y otra como farsa” (Carlos Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte).
Lo que sucede es que la sociedad mexicana es víctima de una elite que nada aprendió de los abusos del poder para el alza de impuestos de Santa Anna; de la opresión autoritaria de Porfirio Díaz, y del alcoholismo y militarismo de Victoriano Huerta, en la conducción del gobierno. Hay similitudes entre Calderón, los senadores, diputados y elite política-judicial-administrativa con el Quince Uñas y cojo de Santa Anna, el decadente porfirismo y la ineficacia y mal gobierno del ilegítimo Victoriano Huerta.
Calderón sintetiza a los tres personajes. Y, como dijo Lenin, en la historia siempre hay un elemento de sorpresa (J H Plumb, La muerte del pasado). Y el desarrollo histórico hizo que la derecha panista con Calderón sea la de la “fiesta” de los centenarios de las dos revoluciones contra el mal gobierno, irrumpiendo entre ellas la caída de Santa Anna, quien aumentó los impuestos en momentos de pobreza y carestía.
Y si lo único que parece una constante es la de “el terreno ganado por una generación puede ser perdido por la siguiente”, como fundamenta en su obra magna Herbert A L Fisher, entonces los mexicanos estamos en esa coyuntura política, económica y social.
Los panistas son la gota que derramó la crisis alimentada por De la Madrid, Salinas y Zedillo, para estar ahora en el umbral de la alternativa: deshaceros (como propone Karl R Popper) por la vía institucional-constitucional, pacífica y sin derramamiento de sangre del mal gobernante que es Calderón o ejercer el derecho de alterar o modificar nuestro gobierno por la violencia en sus diversas modalidades.
Y es que con el estira y afloje para diseñar el presupuesto de ingresos ya aprobado como una ley con obligaciones draconianas contra el pueblo, obtendrán billones de pesos de los mexicanos, a los que “en concreto, si las clases trabajadores y pobres superan el nivel de subsistencia (el poder vivir al día) y tienen algo que perder además de sus cadenas o, mejor dicho, si tienen acceso a una cantidad mayor de lo habitualmente necesario para subsistir, tal como también lo formuló Karl Marx (aunque lo hiciera necesario para la hipótesis contraria), querrán evitar revueltas y revoluciones que comporten niveles importantes de violencia y destrucción” (Joseph M Colomer, Ciencia de la política, Ediciones Ariel).
De lo contrario, los mexicanos entrarán a una espiral de protestas anunciadas contra una elite que continúa abusando de los poderes político y económico. Y entonces sí, la acción popular “puede correr por cauces que, al desbordarse, quieran correr por lo imprevisto y lo previsto”.
cepedaneri@prodigy.net.mx
¿Sucesión o sustitución presidencial?
En este dramático sexenio que va para su cuarto año, necesario para accionar la sustitución presidencial a causa de la renuncia por causa grave (según la Ingeniería constitucional de Sartori) del inquilino de Los Pinos, es necesario volver a las páginas escritas por Francisco I Madero: La sucesión presidencial en 1910, donde se deduce que, sin que esto quiera decir que la historia se repite, las circunstancias analizadas por Madero son muy semejantes a las que hoy imperan. Y que al avanzar el tiempo del binomio gobierno-administración, se anuncian días de tormenta social con conjuro de lo que representan para los mexicanos más conscientes las fiestas de elite para celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, ocurridos por hambre, desempleo e injusticias sociales.
Este alegato contra el mal gobierno porfirista de más de 30 años y su insistencia en prolongarse (Ramón Corral, impuesto en la vicepresidencia, era el heredero de Porfirio Díaz,), no es meramente histórico. Hoy, con motivo del anticipado final del nuevo porfirismo (del foxismo al calderonismo), es espejo de viejos-nuevos males sociales.
Madero redactó, a toro pasado, el acta de defunción del porfiriato y el testamento de un dictador que pasó de liberal en lo político a conservador derechista; que impuso una modernización económica sobre casi la esclavitud del pueblo, entonces más campesino que urbano, volcado al semindustrialismo por su mano de obra regalada.
No supo conciliar desarrollo económico con republicanismo democrático. Fue la dictadura que se corrompía a la par de su senilismo hacia la decadencia. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro son una magistral disección política del cadáver porfirista. Madero sintetizó el presente y vislumbró cómo deshacerse pacíficamente del mal gobierno.
Es un retrato hablado del porfirismo, y según nuestro presente, un espejo donde miramos reflejado el resto descompuesto de la alternancia panista con su conservadurismo derechista fanáticamente religioso.
Torpe, que en lugar de gobernar, como el porfirismo, cayó en el desgobierno, ante el cual no había más que la renuncia del porfirismo o la Revolución. Son siete capítulos de un libro editado una y otra vez desde que se publicó en 1908.
Madero nació en 1873 y fue asesinado en 1913 por el golpe de Estado del alcohólico y militarista (¿alguna semejanza con el actual inquilino de Los Pinos?) Victoriano Huerta.
La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, por Francisco I Madero, San Pedro, Coahuila, diciembre de 1908, es una reedición muy bien presentada de más de 300 páginas. Nos muestra que hoy la nación tiene problemas parecidos a los del porfiriato, pero con más agravantes: una población 10 veces mayor a la de entonces, alarmante desempleo, elites económicas más enriquecidas, elites políticas como los “científicos” del porfirismo, sin conciencia de la realidad y hambruna, y empobrecimiento masivos.
Ficha bibliográfica:
Autor: Francisco I Madero
Título: La sucesión presidencial en 1910
Coedición: Clío-Historia para todos-Taurus-Conaculta
cepedaneri@prodigy.net.mx
Madero redactó, a toro pasado, el acta de defunción del porfiriato y el testamento de un dictador que pasó de liberal en lo político a conservador derechista; que impuso una modernización económica sobre casi la esclavitud del pueblo, entonces más campesino que urbano, volcado al semindustrialismo por su mano de obra regalada.
No supo conciliar desarrollo económico con republicanismo democrático. Fue la dictadura que se corrompía a la par de su senilismo hacia la decadencia. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro son una magistral disección política del cadáver porfirista. Madero sintetizó el presente y vislumbró cómo deshacerse pacíficamente del mal gobierno.
Es un retrato hablado del porfirismo, y según nuestro presente, un espejo donde miramos reflejado el resto descompuesto de la alternancia panista con su conservadurismo derechista fanáticamente religioso.
Torpe, que en lugar de gobernar, como el porfirismo, cayó en el desgobierno, ante el cual no había más que la renuncia del porfirismo o la Revolución. Son siete capítulos de un libro editado una y otra vez desde que se publicó en 1908.
Madero nació en 1873 y fue asesinado en 1913 por el golpe de Estado del alcohólico y militarista (¿alguna semejanza con el actual inquilino de Los Pinos?) Victoriano Huerta.
La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, por Francisco I Madero, San Pedro, Coahuila, diciembre de 1908, es una reedición muy bien presentada de más de 300 páginas. Nos muestra que hoy la nación tiene problemas parecidos a los del porfiriato, pero con más agravantes: una población 10 veces mayor a la de entonces, alarmante desempleo, elites económicas más enriquecidas, elites políticas como los “científicos” del porfirismo, sin conciencia de la realidad y hambruna, y empobrecimiento masivos.
Ficha bibliográfica:
Autor: Francisco I Madero
Título: La sucesión presidencial en 1910
Coedición: Clío-Historia para todos-Taurus-Conaculta
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Reforma política y engaño ciudadano
John M. AckermanMÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.
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