domingo, abril 04, 2010

¿Nuestros datos en poder de la delincuencia?

Dinero
Se va a pique el registro de celulares

Temor y desconfianza lo derrotan

¿Nuestros datos en poder de la delincuencia?





Auna semana de que expire el plazo, 65 por ciento de las 2 mil 105 personas que contestaron nuestra encuesta no ha registrado su celular y tampoco piensa hacerlo. El 27 por ciento ya realizó el trámite, 4 por ciento todavía no, pero tiene en mente hacerlo en los días que faltan, y otro 4 por ciento no tiene móvil.

Metodología

Enviamos 2 mil 500 cuestionarios y hasta ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 84 por ciento. Un número importante de participantes acompañó su voto con una opinión. Algunos fragmentos aparecen enseguida. Todos los textos en su versión original pueden leerse en el foro, en la sección Encuestas.

Opiniones

Por supuesto que no lo he hecho, y no voy a hacerlo. Lamentaré mucho si me cancelan mi celular, pero estoy convencido de que se puede sobrevivir sin él y, desde luego, invito a todos a que no lo hagan, les aseguro que unidos haríamos una gran fuerza y podría ser un precedente para otros grandes temas que afectan al país.

Pedro F. González Gallegos/Distrito Federal

Creo que sería buen registro si de verdad el gobierno y las empresas involucradas tuvieran la voluntad de llevar a buen fin este asunto para combatir el crimen organizado, pero no parece haber dicha intención, así que evitemos contribuir a la corrupción y desorden que fomenta el gobierno, no registrando los celulares.

Juan A. Acevedo Rescalvo/Distrito Federal

¿Cómo es posible que con sólo un mensaje te puedas registrar? Los malhechores que están en las cárceles, así como la delincuencia organizada que está en las calles, podrán registrar sus teléfonos con la información de cualquier ciudadano. ¿Qué veracidad tendrá la información del Renaut? Si cometen extorsiones con mis datos, ¿qué pasará?

Sarah G. García/Colima

Lo registré obligada porque recientemente lo adquirí, y de no hacerlo no tendría el servicio. Por supuesto, no es de esperar nada bueno.

Rosa M. Chavero Rosas/Morelia

No lo he registrado, pero estoy dudando entre hacerlo o no. Me parece una injusticia que quieran obligarme a realizar algo de lo cual desconfío total y absolutamente. Y más que comenzaran a publicitar tan insistentemente en los noticieros de televisión el tan mentado registro. ¡Eso de utilizar a la tele como medio de propaganda me da revoltura de tripas! En fin, lo pensaré de aquí al 10 de abril.
Catalina Sánchez Chávez/Distrito Federal

Hasta ahora he vivido bien sin un móvil, pero si lo tuviera estaría en el dilema de ser cliente vigilado y hasta espiado o perder el servicio. Pero aun sin ser usuario me tomo el derecho a opinar: no al registro.

Marco A. Aguilar Gálvez/Tuxtla Gutiérrez

No sé si los ingenuos que ya registraron su celular piensen que vivimos en un país como Dinamarca o Suecia, como si aquí en México no supiéramos que el gobierno y la delincuencia organizada forman parte de una ecuación.

Octavio Zepeda Rodríguez/Distrito Federal

La delincuencia va a seguir, ya que el programa se limita a ligar un usuario con un chip, mas no a un dispositivo celular. No olvidemos que la reforma para controlar cada teléfono con su dueño mediante el IMEI fue rechazada, ya que sencillamente no conviene a las compañías telefónicas. En cambio, el Renaut sólo liga el chip, haciendo esto un perfecto engaño, pero lo peor es que registra nuestros datos en bases oficiales que, por experiencia en México, el gobierno siempre ha vendido al mejor postor, o ¿qué pasó con la base de datos del IFE?

Oscar Yani Miguel/Distrito Federal

Y hago una pregunta: ¿si los delincuentes en las cárceles registran su celular, ya son legales sus extorsiones? ¡La unión hace la fuerza!

Tere Estaragues Vidales/Distrito Federal

¿Cómo sobrevivíamos antes sin celular, y hasta sin teléfono? Ahora veo que la paranoia y el negocio van de la mano.

Luis Arrellano García/Distrito Federal

Por fortuna, en la zona rural donde resido no entran los celulares y no tengo uno, así que esa terrible decisión se las dejo a otros. Sin embargo, si me viera en la necesidad no lo registraría, pues es otra arma que utilizan para tenernos bajo control fascista.

Jaime Rafael Segura Millán/Xalapa

Con tanto desaparecido, con tantos inocentes encarcelados, con tantos periodistas muertos; ¿cómo darle más herramientas a nuestros opresores para que coarten aún más las pocas libertades que nos quedan?

Erika Saavedra Hernández/Distrito Federal

Los textos completos aparecen en el foro

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/

Lo que callamos los narcos

Tomado de Revista Proceso
Domingo 4 de abril 2010

En la guarida del Mayo Zambada
Crónica de un encuentro insólito
Julio Scherer García

Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio
del capo. No agregaba una palabra.

A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego. Sin embargo, en momento alguno pensé en un atentado contra mi persona. Me sé vulnerable y así he vivido. No tengo chofer, rechazo la protección y generalmente viajo solo, la suerte siempre de mi lado.

La persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje, pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator.
Me hizo bien recordar a Octavio Paz, a quien alguna vez le oí decir, enfático como era: “Hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre.”

Una mañana de sol absoluto, mi acompañante y yo abordamos un taxi del que no tuve ni la menor idea del sitio al que nos conduciría. Tras un recorrido breve, subimos a un segundo automóvil, luego a un tercero y fi nalmente a un cuarto. Caminamos en seguida un rato largo hasta detenernos ante una fachada color claro. Una señora nos abrió la puerta y no tuve manera de mirarla. Tan pronto corrió el cerrojo, desapareció.
La casa era de dos pisos, sólida. Por ahí había cinco cuadros, pájaros deformes en un cielo azuloso. En contraste, las paredes de las tres recámaras mostraban un frío abandono. En la sala habían sido acomodados sillones y sofás para unas diez personas
y la mesa del comedor preveía seis comensales.
Me asomé a la cocina y abrí el refrigerador, refulgente y vacío.
La curiosidad me llevó a buscar algún teléfono y sólo advertí aparatos fijos para la comunicación interna. La recámara que me fue asignada tenía al centro una cama estrecha y un buró de tres cajones polvosos. El colchón, sin sábana que lo cubriera,
exhibía la pobreza de un cobertor viejo. Probé el agua de la regadera, fría, y en el lavamanos vi cuatro botellas de Bonafont y un jabón usado.
Hambrientos, el mensajero y yo salimos a la calle para comer, beber lo que fuera y estirar las piernas. Caminamos sin rumbo hasta una fonda grata, la música a un razonable volumen.
Hablamos sin conversar, las frases cortadas sin alusión alguna a Zambada, al narco, la inseguridad, el ejército que patrullaba las zonas periféricas de la ciudad.
Volvimos a la casa desolada ya noche. Nos levantaríamos a las siete de la mañana. A las ocho del día siguiente desayunamos en un restaurante como hay muchos. Yo evitaba cualquier expresión que pudiera interpretarse como un signo de impaciencia o
inquietud, incluso la mirada insistente a los ojos, una forma de la interrogación profunda. El tiempo se estiraba, indolente, y comíamos con lentitud.
Las horas siguientes transcurrieron entre las cuatro paredes ya conocidas. Yo llevaba conmigo un libro y me sumergí en la lectura, a medias. Mi acompañante parecía haber nacido para el aislamiento. Como si nada existiera a su alrededor, llegué a pensar que él mismo pudiera haber desaparecido sin darse cuenta, sin advertirlo. Me duele escribir que no tenía más vida que la servidumbre, la existencia sin otro horizonte que el minuto que viene.
“Ya nos avisarán –me dijo sorpresivamente–. La llamada vendrá por el celular.”
Pasó un tiempo informe, sin manecillas. ‘Paciencia’, me decía.
Salimos al fin a la oscuridad de la noche. En unas horas se cruzarían el ocaso y el amanecer sin luz ni sombra, quieto el mundo.

Viajamos en una camioneta, seguidos de otra. La segunda desapareció de pronto y ocupó su lugar una tercera. Nos seguía, constante, a cien metros de distancia. Yo sentía la soledad y el silencio en un paisaje de planicies y montañas.
Por veredas y caminos sinuosos ascendimos una cuesta y de un instante a otro el universo entero dio un vuelco. Sobre una superficie de tierra apisonada y bajo un techo de troncos y bejucos, habíamos llegado al refugio del capo, cotizada su cabeza
en millones de dólares, famoso como el Chapo y poderoso como el colombiano Escobar, en sus días de auge, zar de la droga.

Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida:

–Tenía mucho interés en conocerlo.
–Muchas gracias –respondí con naturalidad.

Me encontraba en una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, según pude comprobar en los minutos que me pude apartar del capo para lavarme. Al exterior había una mesa de madera tosca para seis comensales, y bajo un árbol que parecía
un bosque, tres sillas mecedoras con una pequeña mesa al centro. Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma. Percibí un pequeño grupo de
hombres juramentados.
A corta distancia del narco, los guardaespaldas iban y venían, a veces los ojos en el jefe y a ratos en el panorama inmenso que se extendía a su alrededor. Todos cargaban su pistola y algunos, además, armas largas. Dueño de mí mismo, pero nervioso, vi en el suelo un arma negra que brillaba intensamente bajo un sol vertical. Me dije, deliberadamente forzada la imagen: podría tratarse de un animal sanguinario que dormita.

–Lo esperaba para que almorzáramos juntos–, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente.

Observé de reojo a su emisario, las mandíbulas apretadas.

Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado.

Al instante fuimos servidos con vasos de jugo de naranja y vasos de leche, carne, frijoles, tostadas, quesos que se desmoronaban entre los dedos o derretían en el paladar, café azucarado.

–Traigo conmigo una grabadora electrónica con juego para
muchas horas–, aventuré con el propósito de ir creando un ambiente
para la entrevista.

–Platiquemos primero.

Le pregunté al capo por Vicente, Vicentillo.
–Es mi primogénito, el primero de cinco. Le digo “Mijo”. También es mi compadre.
Zambada siguió en la reseña personal:
–Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto.
Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no.

–No le entiendo.

–A veces el cielo niega la lluvia.

Hubo un silencio que aproveché de la única manera que me fue posible:

–¿Y Vicente?
–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.

–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?

–Hoy no voy a hablar de “Mijo”. Lo lloro.

–¿Grabamos?

Silencio.

–Tengo muchas preguntas–, insistí ya debilitado.

–Otro día. Tiene mi palabra.

Lo observaba. Sobrepasa el 1.80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de una barriga apenas pronunciada.

Viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y el bigote recortado es de los que sugieren una sutil y permanente ironía.

–He leído sus libros y usted no miente–, me dice.

Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados.

–Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente.

–Señáleme un caso.

–Reseñó un matrimonio que no existió.

–¿El del Chapo Guzmán?

–Dio hasta pormenores de la boda.

–Sandra Ávila cuenta de una fiesta a la que ella concurrió y en la que estuvo presente el Chapo.

–Supe de la fiesta, pero fue una excepción en la vida del Chapo. Si él se exhibiera o yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado.

–¿Algunas veces ha sentido cerca al ejército?

–Cuatro veces. El Chapo más.

–¿Qué tan cerca?

–Arriba, sobre mi cabeza. Huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos,
me voy.

–¿Teme que lo agarren?

–Tengo pánico de que me encierren.

–Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida?

–No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría.
Advierto que el capo cuida las palabras. Empleó el término arrestos, no el vocablo clásico que naturalmente habría esperado.

Zambada lleva el monte en el cuerpo, pero posee su propio encierro. Sus hijos, sus familias, sus nietos, los amigos de los hijos y los nietos, a todos les gustan las fiestas. Se reúnen con frecuencia en discos, en lugares públicos y el capo no puede
acompañarlos. Me dice que para él no son los cumpleaños, las celebraciones en los santos, pasteles para los niños, la alegría de los quince años, la música, el baile.

–¿Hay en usted espacio para la tranquilidad?

–Cargo miedo.

–¿Todo el tiempo?

–Todo.

–¿Lo atraparán, finalmente?

–En cualquier momento o nunca.

Zambada tiene sesenta años y se inició en el narco a los dieciséis. Han transcurrido cuarenta y cuatro años que le dan una gran ventaja sobre sus persecutores de hoy. Sabe esconderse, sabe huir y se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y medio muere a salto de mata.

–Hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor–, expresa de pronto para sí. Lo imagino insondable.

–¿Cómo se inició en el narco?

Su respuesta me hace sonreír.

–Nomás.

–¿Nomás?

Vuelvo a preguntar:

–¿Nomás?

Vuelve a responder:

–Nomás.

Por ahí no sigue el diálogo y me atengo a mis propias ideas: el narcotráfico como un imán irresistible y despiadado que persigue el dinero, el poder, los yates, los aviones, las mujeres propias y ajenas con las residencias y los edificios, las joyas como cuentas de colores para jugar, el impulso brutal que lleve a la cúspide. En la capacidad del narcotráfico existe, ya sin horizonte y aterradora, la capacidad para triturar.

Zambada no objeta la persecución que el gobierno emprende para capturarlo. Está en su derecho y es su deber. Sin embargo, rechaza las acciones bárbaras del Ejército.
Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas.

El resultado es el número de víctimas que crece incesante.

Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos.

–¿Qué son entonces? –pregunto.

Responde Zambada con un ejemplo fantasioso:

–Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile.

Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.

–¿Nada, caído el capo?

–El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos?

En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.

A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó
en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores.
Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida.

–¿Por qué perdida?

–El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.

–Y usted, ¿qué hace ahora?

–Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago.

Yo pretendía indagar acerca de la fortuna del capo y opté por valerme de la revista Forbes para introducir el tema en la conversación.
Lo vi a los ojos, disimulado un ánimo ansioso:

–¿Sabía usted que Forbes incluye al Chapo entre los grandes millonarios del mundo?

–Son tonterías.

Tenía en los labios la pregunta que seguiría, ahora superflua, pero ya no pude contenerla.

–¿Podría usted figurar en la lista de la revista?

–Ya le dije. Son tonterías.

–Es conocida su amistad con el Chapo Guzmán y no podría llamar la atención que usted lo esperara fuera de la cárcel de Puente Grande el día de la evasión. ¿Podría contarme de qué manera vivió esa historia?

–El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República. No se me ocurriría.

–Zulema Hernández, mujer del Chapo, me habló de la corrupción que imperaba en Puente Grande y de qué manera esa corrupción facilitó la fuga de su amante. ¿Tiene usted noticia acerca de los acontecimientos de ese día y cómo se fueron desarrollando?

–Yo sé que no hubo sangre, un solo muerto. Lo demás, lo desconozco.

Inesperada su pregunta, Zambada me sorprende:

–¿Usted se interesa por el Chapo?

–Sí, claro.

–¿Querría verlo?

–Yo lo vine a ver a usted.

–¿Le gustaría…?

–Por supuesto.

–Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve.

La conversación llega a su fin. Zambada, de pie, camina bajo la plenitud del sol y nuevamente me sorprende:

–¿Nos tomamos una foto?

Sentí un calor interno, absolutamente explicable. La foto probaba la veracidad del encuentro con el capo.

Zambada llamó a uno de sus guardaespaldas y le pidió un sombrero. Se lo puso, blanco, finísimo.

–¿Cómo ve?

–El sombrero es tan llamativo que le resta personalidad.

–¿Entonces con la gorra?

–Me parece.

El guardaespaldas apuntó con la cámara y disparó. ●

Ecuador: defensa soberana y contrastes preocupantes

Editorial de La Jornada

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer que propondrá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –de la que el propio mandatario ejerce la presidencia pro tempore– la creación de un frente común para paliar el creciente poder de las trasnacionales, que nos creen todavía su patio trasero, (su) colonia; que creen que pueden pisotear nuestra dignidad y soberanía. El correlato de tales señalamientos es un fallo emitido por la Corte Penal de Arbitraje de la Haya, en Holanda, que obliga al gobierno de Quito a pagar 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense Chevron –la cual enfrenta una demanda millonaria por daños ambientales en territorio ecuatoriano– luego de determinar supuestas violaciones al tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador.

Este escenario de confrontación entre los intereses de una nación y los de una trasnacional tiene su origen en el desconocimiento, cada vez más recurrente, de los principios básicos de la soberanía de los estados por parte de las grandes corporaciones, y permite ponderar el enorme peso y la capacidad de presión y de chantaje que éstas han alcanzado en años recientes como consecuencia de su vasto poder económico, en un contexto mundial en que el volumen de ventas de las empresas más grandes del mundo supera el tamaño de las economías de muchos estados. Por no ir más lejos, debe mencionarse que las ganancias totales de Chevron durante 2009 –unos 10 mil 500 millones de dólares– resultan muy superiores al producto interno bruto de Haití –ubicado en 7 mil millones de dólares, según cifras de 2008–, el país más pobre del hemisferio occidental y actualmente devastado por el terremoto del pasado 12 de enero.

En ese sentido, el discurso del presidente ecuatoriano constituye un contrapeso por demás saludable al potencial depredador de multinacionales que, como Chevron, actúan de espaldas a las sociedades y al bien común, en función de los intereses económicos de sus accionistas, y con plena desatención de los principios soberanos.

Por otro lado, el conflicto que hoy vive Ecuador debiera constituir un referente alarmante para nuestro país, cuya industria petrolera se encuentra, como lo advirtó el Comité Nacional de Estudios de la Energía, bajo la amenaza que representa la firma de tratados internacionales y las obligaciones que éstos pudieran significar en términos de resoluciones de controversias ante instancias internacionales, cuyas reglas sustantivas y procesales tienden a favorecer sistemáticamente a los capitales privados. Hoy día, y contrariamente a lo que ocurre de Ecuador –que con expresiones como las comentadas da pasos en firme para consolidar su soberanía–, México enfrenta un riesgo adicional de sufrir un retroceso en cuanto a las potestades del Estado sobre los hidrocarburos, si se toma en cuenta que el actual grupo en el poder ha dejado entrever nuevamente sus intenciones de entregar total o parcialmente la industria petrolera nacional a los intereses privados, nacionales y extranjeros, como ocurrió el pasado miércoles en el contexto del Foro Internacional de Energía que se desarrolló en Cancún.

En suma, es deseable y necesario que las autoridades mexicanas vean el conflicto actual entre Ecuador y Chevron como un precedente nefasto y como un llamado de atención, y que cesen en sus intentos por ceder girones de la soberanía nacional a particulares.

sábado, abril 03, 2010

Janet Napolitano, México se postra ante ti

¿Quién manda en México?

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, habla después de una reunión con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el contexto del encuentro que sostuvieron funcionarios de México y EU en marzo pasado ReutersFoto Foto.

Jaime Avilés

¿Quién manda en México? El 31 de enero, en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, 15 estudiantes de secundaria son ametrallados por sicarios en una fiesta. Tras tacharlos de pandilleros” y suscitar indignación nacional por la ligereza de sus palabras, Felipe Calderón viaja a esa población fronteriza, el 11 de febrero, para disculparse con los padres de las víctimas y “oír” sus reclamos. Recibe una petición unánime: que se vaya el Ejército. Su respuesta es no. Y no y no. Y la repite en todos los tonos.

El 13 de marzo, tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez son eliminados por sicarios. El 16 de marzo, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Hogareña (Homeland Security) de la Casa Blanca, afirma ante los medios que la presencia del Ejército en aquella frontera “no ha ayudado” a combatir el narcotráfico. Calderón se sulfura, Fernando Gómez Mont (“testigo de honor” para acuerdos secretos y vergonzantes) trata de contradecirla. ¿Y? El 31 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que el Ejército se retira en forma “paulatina” de Juárez.

Jueves 19 de abril de 2007: la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en la que tienen mayoría los legisladores del PAN, aprueba un dictamen para someter al pleno del Congreso la derogación de la Ley Federal de Neutralidad, que el gobierno de Manuel Ávila Camacho promulgó en 1942, cuando México le declaró la guerra a Hitler. “Ya es obsoleta”, pretextan.

Esa ley prohíbe que tropas extranjeras se estacionen en tierras y mares mexicanos. Pero Calderón ordena a sus diputados intentar suprimirla, para que militares de Estados Unidos vengan a sumarse a su supuesta guerra “contra” el narcotráfico, que en realidad es contra el pueblo. PRI y PRD rechazan la maniobra, por burda. Sin embargo, el 24 de marzo de 2010, casi tres años más tarde, Janet Napolitano revela, en entrevista radiofónica, que Calderón pidió a Barack Obama la presencia del ejército estadunidense en nuestro país. Y la obtuvo.

En consecuencia, ahora lo sabemos todas y todos, el Comando Norte del Pentágono, bajo la dirección del general Victor Eugene Renuart, coordina ya las tareas que militares del vecino país desempeñan ilegalmente en el nuestro, capacitando a soldados, marinos y policías mexicanos para que realicen aquí “operaciones muy parecidas” a las que las tropas de Obama efectúan en Irak y Afganistán. Esa, aplaudirán algunos, es una buena noticia. La mala, opinarán otros, es que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán y ni se diga en Irak, de donde los marines no hallan por dónde salirse.

Pero si Miguel de la Madrid achicó el Estado mexicano (“es muy obeso”, decía) y sentó las bases para que floreciera la pujante industria del narcotráfico; si Salinas de Gortari vendió a sus amigos las principales empresas públicas y entregó a la mafia el control de las instituciones; si Zedillo remató lo que quedaba del Estado, excepto Pemex, y creó una nueva aristocracia a la que pagaremos tributo hasta el fin de los tiempos mediante el Fobaproa; si Fox destruyó deliberadamente los yacimientos petroleros, sobrexplotándolos para reventarlos, y obtuvo los mayores ingresos de la historia por este concepto, mismos que dividió entre él, Marta y la nobleza zedillista, reconvertida en oligarquía, ahora resulta que Calderón fue incrustado en Los Pinos por esa oligarquía, para desatar la guerra contra el pueblo (con el pretexto del narco), aumentar el precio de las drogas y el volumen de la economía informal, elevar exponencialmente los ingresos de los cárteles, sumergir al país en un baño de sangre y crear una violencia tan insoportable que justificara al fin lo que se propuso desde el inicio de su sexenio: la intervención militar de Estados Unidos y la entrega de Pemex a británicos, canadienses y estadunidenses.
Gracias a De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, México dejó de ser una aparente república (con una supuesta “división de poderes” que nunca funcionó en realidad), para convertirse en un protectorado, hoy por hoy bajo el mando provisional de Janet Napolitano, a quien no le ruboriza dar órdenes que Los Pinos, como acabamos de atestiguar, obedecen en seguida.

En Nuevo León, mientras tanto, un joven gobernador se tambalea. Tras el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, a quienes el Ejército disfrazó de narcos para presentarlos como trofeos de guerra, y en el contexto del mayor despliegue de fuerza de los cárteles de aquellos rumbos, que han bloqueado un día sí y otro también las principales ciudades fronterizas y la capital industrial del noreste, el priísta Rodrigo Medina organizó una manifestación contra la inseguridad pública, es decir, contra su propia ineficacia, pero no logró convocar a más de 10 mil personas.

Su debilidad política es patente: en diciembre, cuando los rayados de Monterrey ganaron el campeonato de primera división del futbol mexicano, más de 400 mil personas festejaron esa victoria en las calles de la Sultana del Norte; a Medina, por lo tanto, no lo apoya nadie, tal vez ya ni siquiera Alberto Anaya, quien en las más recientes elecciones para la gubernatura de aquella entidad envió a las bases del Partido del Trabajo a votar por el priísta, para impedir que triunfara el abanderado del PAN.

Hundida en una de las peores crisis políticas, económicas y de seguridad pública de su historia, la oligarquía neoleonesa intentó desviar la atención de su auditorio calumniando a las comunidades zapatistas de Chiapas, a las que acusó de recibir financiamiento de ETA, mediante la falsa “delación” de un imaginario “desertor” del EZLN, que un medio de comunicación vinculado a Monterrey ilustró con fotos de indígenas y cooperantes europeos, tomadas, evidentemente, por cámaras del Ejército desde vehículos militares a su paso por la selva. Además, la publicación exhibió el retrato de un ciudadano italiano que responde al nombre de Leuccio Rizzo, a quien presentó como el subcomandante Marcos “sin capucha”. ¡Ajá! ¡Qué ridículo del neomacartismo!

Pero mientras las cuentas de ahorros de los mexicanos registraron una caída de 62 mil millones de pesos en el año reciente, y la recaudación fiscal mediante el impuesto a los depósitos en efectivo se redujo 58 por ciento con respecto a 2009, y 38 millones de usuarios se niegan con toda razón a registrar sus celulares, la gasolina Magna volvió a subir hoy otros ocho centavos y el porro mayor del gabinete, Javier Lozano, siguió ladrando en defensa de su reforma patronal en contra de sindicatos y trabajadores, que Jesús Ortega y los chuchos del PRD esperan aprobar en julio después de las elecciones en 12 entidades.

Y ya que de elecciones se habla, la próxima semana Manuel Camacho, el PRD y el PAN lanzarán como candidato a gobernador de Quintana Roo al fanático religioso Gregorio Sánchez, incluso después de que uno de sus más importantes aliados, el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, miembro distinguido de los legionarios de Cristo, rogara a sus fieles que “perdonen a los curas pederastas porque no saben lo que hacen”. Se necesita cara dura para decir tal cosa, mientras en toda la cristiandad crece el clamor para que Benedicto XVI renuncie y sea juzgado por proteger a sacerdotes que abusaron sexualmente de los niños.

Pero, en fin, si México es ya un protectorado de Estados Unidos, quien debe sentirse feliz por ello es Enrique Peña Nieto, pues en caso de quedar como sustituto de Calderón sólo tendrá que sonreír debajo de su copete, ya que el verdadero gobierno de nuestro ex país despachará, como ya sucede actualmente, en Washington.

jamastu@gmail.com

Carstens la hizo... Cordero la paga

Felipe Calderón y Ernesto Cordero Jesusa Cervantes

Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 2 de abril (apro).- A cinco meses de haber sido designado secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo acudirá a la Cámara de Diputados para explicar el “batidero” financiero en que incurrió su antecesor, Agustín Carstens, durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.

En su comparecencia ante los diputados, entre el 5 y el 10 de abril, Cordero Arroyo detallará cómo le hará el gobierno federal para poner en marcha el programa de “reducción de gasto público” exigido por el Poder Legislativo el pasado 15 de noviembre.

El titular de Hacienda tendrá que desmenuzar el programa mediante el cual la administración de Felipe Calderón pretende ahorrar en tres años 40 mil 100 millones de pesos. O sea, que deberá explicar a los legisladores de qué manera el Ejecutivo recortará a su engordado aparato burocrático 13 mil 400 millones de pesos este año y una cantidad similar en 2011 y en 2012.

Se espera que el día de la comparecencia, los diputados, priistas en su mayoría, con la anuencia del Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza –y quizá el PRD–, le reclamen a Cordero el insulto al mandato del Poder Legislativo, debido a que el gobierno pretende disminuir sólo una “mínima cantidad” para mantener el inoperante aparato burocrático del país.

Además, aprovecharán el escenario para que el funcionario federal explique el erróneo manejo de las finanzas públicas durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.

Y lo harán así porque en estos momentos, justamente, la Auditoria Superior de la Federación revisa junto con los diputados la cuenta pública federal de 2008, y los hallazgos han sido “escandalosos”, “insultantes”, según los priistas. Es “prueba de un fraude a la nación”, según los petistas.

Para arreciar sus críticas contra el calderonismo y dar una muestra de que éste sí es un gobierno fallido, por lo menos en cuanto al manejo de las finanzas se refiere, los legisladores empezarán por reclamarle a Cordero cómo es posible que Calderón ofrezca un plan de austeridad donde se compromete a disminuir sus gastos por 13 mil millones de pesos por año, cuando tan sólo en 2008 gastó 6 mil 500 millones de pesos para el pago de salarios de secretarios, subsecretarios y directivos de la alta burocracia.

Esos mismos directivos, que en 2008 le costaron a los mexicanos 6 mil 500 millones de pesos, son los mismos que hoy tienen al país en una crítica situación económica.

¿De dónde proviene esta aseveración, además de lo que se vive y ve diariamente? De los datos duros que el propio gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados en su cuenta pública de 2008, pero aún debe explicar cuánto dinero entró a la nación y cuánto dinero se gastó.

Los documentos en cuestión son analizados por la Auditoria Superior de la Federación y por los propios legisladores. Y los primeros hallazgos realmente provocan indignación.

Por ejemplo, Agustín Carstens, el primer secretario de Hacienda del calderonismo, dilapidó no solamente los millonarios recursos adicionales que la administración federal obtuvo gracias al elevado precio del petróleo, sino que además recurrió a la llamada “ingeniería financiera” para que, al ser analizados esos recursos por parte de la Congreso, no se supiera dónde quedaron.

Un dato más: En 2007 el gobierno obtuvo recursos adicionales por 247 mil 400 millones de pesos. Ese dinero, según la Cámara de Diputados, debe ser utilizado para promover la inversión del país, que a su vez debe generar empleos. Lo que hizo Agustín Carstens, y de lo que hasta ahora se enteran los legisladores, dado que apenas están revisando la cuenta pública de 2008, es que parte de esos recursos de 2007 estuvieron congelados y luego fueron usados para “nivelar” las finanzas públicas de 2008. Es decir, Carstens mezcló ingresos de 2007 con los de 2008.

Lo anterior no sólo es grave porque va en contra de toda política financiera, sino, además, porque hace casi imposible saber en qué se usaron los recursos. Se incurrió, pues, en un desvío de dinero.

Otro dato: En 2008 hubo ingresos excedentes de recursos por 315 mi 500 millones de pesos, pero hasta ahora los legisladores se dan cuenta de que gran parte de ese dinero fue a parar al sostenimiento del ineficiente aparato de la alta burocracia.

Para no perderse en cifras estratosféricas de las finanzas públicas, basta con entender que de los casi 3 billones de pesos que obtiene el gobierno, ya sea mediante pago de impuestos o por venta de petróleo, el 85% se tiene que aplicar de manera ineludible para ciertas áreas, como el sostenimiento de escuelas, la manutención de programas sociales y el pago de intereses de la deuda, entre otros.

El otro 15% que maneja el gobierno debe aplicarlo para promover el crecimiento del país, generar empleos y hacer todo lo posible para que la economía no caiga, que las tasas de interés no aumenten, que la gasolina no se incremente mes con mes, que la inflación no se dispare y que, en suma, cada mexicano pueda tener acceso a una vida digna, que para ello paga sus impuestos y se emplea diariamente.

Sin embargo, hoy los legisladores descubren que de ese 15%, equivalente a aproximadamente 434 mil millones de pesos, 315 mil millones fueron mal gastados, mal utilizados, redistribuidos, congelados, o simplemente desaparecieron.

En contraparte, se tiene claramente detectado y contabilizado que en 2008 el gobierno federal utilizó 185 mil millones de pesos para mantenerse a sí mismo, es decir, para el pago de salarios de la alta burocracia, para el pago de teléfono, luz, papelería, parque vehicular y todo lo necesario para que funcione la gran oficina de la administración federal.

Pero el problema no es que el aparato sea inmenso, sino que no funciona, es inoperante, y son justamente ellos, la gente del gobierno, quienes hoy traen perdidos 315 mil millones de pesos.

En tiempos electorales y a tan sólo tres meses de que arranquen las 15 elecciones para renovar gobernadores en el país, los partidos de oposición tienen la duda de si ese dinero no ha sido manipulado con toda la intención de hacer “guardaditos” para los procesos electorales; para comprar no únicamente al ciudadano común y corriente, sino también a empresarios, a cambio de los rescates financieros o la entrega de apoyos económicos para reactivar sus empresas.

Y esto es apenas una parte de lo que el secretario de Hacienda tendrá que explicar a los diputados en los próximos días.

Ernesto Cordero deberá dar la cara por las operaciones que realizó Agustín Carstens y toda la administración calderonista en sus dos primeros años de gobierno. Pero con solo echar un vistazo a la cuenta pública de 2008 se puede entender por qué también en materia económica somos un Estado fallido.

Gobiernos abusivos y cínicos, como ayer lo fue el de Vicente Fox y hoy lo es el de Felipe Calderón, que no han sabido administrar los exorbitantes ingresos excedentes generados por el elevado precio del petróleo, han encontrado la fórmula de la alquimia financiera para desaparecer recursos y aumentar el número de pobres.

Esto es lo que tendrá que explicar Ernesto Cordero, quien si bien no fue titular de Hacienda en los dos primeros años de gobierno de Calderón, sí fungió como encargado de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que no sólo no supo abatir la pobreza, sino que la incrementó.

mjcervantes@proceso.com.mx


Simulaciones en educación

Alonso Lujambio y Elba Esther Gordillo.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 2 de abril.- Cuando las peores cosas pasan en el entorno cotidiano de las familias, siempre tienen la esperanza de que sus hijos encontrarán en la escuela –por encima de las iniquidades y diferencias étnicas, sociales, etcétera– a un buen maestro que les ayude a superar su situación.

En México, sin embargo, se ha organizado de tal manera la profesión del magisterio que ya no podemos contar con la certidumbre de una buena educación. Esto sucede porque, desde 2008, se acordó sustituir la puesta en marcha de una política de Estado para la profesionalización y el mejoramiento de la labor docente por un engendro que da poder y sostiene intereses particulares, denominado Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Se trata, efectivamente, de una “alianza”, entre las cúpulas del SNTE y de la SEP, que dispone del control de las plazas del magisterio –que antes se otorgaban bajo la forma de un pase automático al culminar los estudios normalistas– con fines electorales y de negociación con los gobiernos federal y de los estados, en donde lo educativo o la labor del docente tienen muy poco que ver.

Hace unos días se dieron a conocer los resultados del segundo Concurso de Plazas Docentes para 2010 –el primero se produjo a nivel nacional en el curso escolar 2008-2009–, sólo de cuatro estados del país: Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Nuevo León. Este tipo de pruebas, con 110 reactivos, pretenden evaluar cuatro áreas: dominio de contenidos curriculares, competencias didácticas, habilidades intelectuales específicas y normatividad, y ética docente.

Por el método del concurso, por quienes lo organizaron y por quienes en él participaron, los resultados arrojaron una realidad desastrosa. En Aguascalientes, de los 354 aspirantes a una plaza de nivel federal en primaria, sólo 80 alcanzaron un puntaje de “aceptable”; en Baja California, hubo 39 de 345; en Hidalgo, 186 de 671, y en Nuevo León, 293 de 503.

Esto significa que la gran mayoría de los aspirantes a plazas docentes deberán someterse ahora a un “proceso de nivelación académica”, mientras los que alcanzaron un puntaje de “aceptables” serán “elegibles” sólo en función de la disponibilidad de las plazas en cada entidad federativa. No se informa, sin embargo, de dónde salió el padrón de concursantes, quiénes ni con qué criterios se definieron las preguntas del examen, ni de qué manera se evaluó porque, para variar, el grupo que comanda la ACE no rinde cuentas de lo que hace.

Se trata de una simulación que no tiene un impacto importante para el mejoramiento de la profesionalización del magisterio, y los organizadores violan sus propios mecanismos operacionales. Por ejemplo, se dijo que para la promoción e ingreso a todas las nuevas plazas y vacantes definitivas se organizarían concursos nacionales –y no “intermedios”–, convocados y dictaminados por un órgano independiente, pero no se ha publicitado ni transparentado la integración o funcionamiento del mismo; además, esta vez no se invitó como observadores a organizaciones de la sociedad civil, como se había previsto. (Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de la Educación en el diario El Universal del 15 de marzo.)

En muchos países se ha desechado la realización de ese tipo de exámenes para dar paso a sistemas de evaluación más completos: con la observación directa de la práctica del maestro en el salón de clases, la referencia de sus pares, la demostración de sus habilidades de comunicación y escritura, su desempeño en el tiempo y sus capacidades de actualización. Los resultados de esa evaluación se relacionan con la puesta en marcha, de manera programada y articulada, de cambios curriculares, de mejoramiento de la infraestructura, de innovación con nuevas tecnologías educativas, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Aquí, las escuelas Normales están abandonadas desde hace años. La formación que reciben sus docentes no se corresponde con los actuales paradigmas del aprendizaje; las nuevas generaciones de profesores aprenden lo mismo que las anteriores, y, por si fuera poco, mientras se realizan las pruebas, la SEP está impulsando una reforma curricular en la educación básica (que ha sido profusamente criticada por expertos e investigadores) basada en el desarrollo de “competencias”, mientras los maestros siguen formándose en la práctica del enciclopedismo y de la repetición.

Así, todo va por distintos caminos, con lógicas divorciadas de una verdadera planeación académica de los procesos educativos y de enseñanza; con cambios en los planes de estudio sin que se discutan sus programas; con millones libros de texto que se distribuyen a pesar de las críticas sobre su contenido, y sin saber si cuadran o no con la nueva propuesta curricular; con plazas que se otorgan a una minoría a través de pruebas de contenidos genéricos, mientras que a la gran mayoría de docentes se les exige ahora dedicar horas y horas a preparar a sus alumnos para la próxima prueba ENLACE, Excale o PISA, para mantener esta simulación generalizada; al tiempo que se les convoca a incorporarse a la movilización política para apoyar a los candidatos de La Maestra, como ocurre ahora en Veracruz de forma muy evidente, pero que pasa en todos los estados con elecciones en puerta. ¿Así cómo…?

Las tres K en México

Mariana Gómez del Campo, titular del PAN D.F.


MÉXICO, D.F., 1 de abril (apro).- La persecución y el odio contra una parte de la humanidad, sólo por el hecho de ser diferentes de quienes enarbolaron como un sistema de vida el autoritarismo, la dominación y la discriminación, es decir el nazi-fascismo, autor de las mayores crueldades que nos hubiéramos podido imaginar, parece estar de vuelta.

Mi generación conoció buena parte de esa tremenda experiencia a través de la difusión en libros, el cine y hasta en carteles propagandísticos. Las películas de la Segunda Guerra Mundial nos hicieron tomar conciencia de cómo un ser humano puede odiar a tal grado a otro ser humano, sólo por profesar religión e ideas distintas a su campo de control y sus intereses. Probablemente no a sus creencias.

Lo grave es que rápidamente esa enseñanza sobre la crueldad consciente se topó con las realidades de los militarismos y los crímenes, éstos ejecutados por los jefes de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay y el conservadurismo “democrático” de otra decena de países.

Nada más aleccionador y tremendo que los descuartizamientos en Guatemala, hace poco más de 20 años, y los crímenes arteros que aún no cesan ahí y en otros escenarios. Sólo el feminicidio cotidiano nos estremece.

Recordando cómo estas dictaduras trataron a las mujeres, puedo identificar las acciones de políticas que se piensan democráticas o comunes que ya se llevan a cabo o que se proponen en nuestro entorno.

Hace unos días se publicó en los diarios capitalinos que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se prepara una iniciativa elaborada por la fracción del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), para crear la Ley de Fomento a la Maternidad, considerando a ésta como una institución de orden público.

El argumento de la coordinadora panista, Mariana Gómez del Campo, es contundente: se trata de “proteger la maternidad” y garantizar a las mujeres beneficios médicos y asistenciales desde el momento en que empiece el embarazo. A las madres, dijo en rueda de prensa, debe benefíciaseles en todo, incluso con servicio de transporte, sobre todo cuando nazcan sus hijos. Porque se necesita en la ciudad de México un ordenamiento legal que “proteja a la familia”, agregó.

A la legisladora del PAN, Gómez del Campo, se le califica de arribista, cuyo único interés es el poder. Pero ella sabe más de los hilos culturales que mantienen dominadas a las mujeres, es la autora de las encuestas fallidas contra el aborto legal, además de ser la vocera y jefa panista en el Distrito Federal. Todo un caso.

No sé, pero esta iniciativa me animó a escribir este texto. Me recordó al nazi-fascismo encabezado entre 1933 y 1945 por el Partido Nacionalista Obrero Alemán (NSDPA, por sus siglas en alemán), que enarbolaba el control de las mujeres bajo la trilogía de las tres “K”: Kinder, Küche, Kirche (niños, cocina e Iglesia).

Las tres K en definitiva fueron la visión pragmática para el control de las mujeres durante el poder nazi. Quizá por esta inspiración en todas las dictaduras recientes y antiguas, apenas se toma el poder se prohíbe cualquier posibilidad de control natal, aborto legal, libertades e igualdades entre hombres y mujeres.

Aunque debemos reconocer el arraigo mexicano acerca de la maternidad como eje de la familia tradicional, desde la visión virginal de las mujeres y sin ápice de voluntad y decisiones propias, pensar en definir la maternidad como una institución de orden público, además de enviarnos a las tragedias griegas de Edipo (profundamente estudiadas por Segismundo Freud), nos remite a la tentación autoritaria de exaltar a la maternidad como destino único e indivisible para las mujeres.

Detrás está la urgencia económica, porque sujetas a la cocina y envueltas en la visión mística de la religiosidad y no de la trasgresión, las mujeres han podido detener el desastre de la crisis capitalista actual. Por sus hijos son –las mujeres– capaces de detener al mundo.

Se trata de ir al fondo en la estrategia panista de dar al traste con el aborto legal --por violación, peligro de vida de la madre, malformaciones congénitas y otras excepciones recogidas en nuestras leyes. Se trata de cimbrar a la ciudad de México, de buscar a fondo el sentimiento guadalupano –bien respetable– de nuestra idiosincrasia.

La propuesta de la panista me recordó un escándalo sucedido en España en 2007, cuando se dio difusión a la periodista Eva Herman Echan en su campaña antifeminista ligada a relativizar los efectos del nazismo y sus campos de exterminio. Eva Herman Echan, famosa conductora de TV, encendió la polémica cuando criticó al feminismo promoviendo la idea de que "la mujer debe estar en la casa", al considerar que la mujer feliz y de familia está por encima de la vida laboral.

Herman sugería en una entrevista al diario Bild am Sonntag que en el Tercer Reich "hubo cosas muy malas, por ejemplo Hitler", pero que también puede hallarse alguna buena, "como por ejemplo el aprecio y valoración de la figura de la madre".

Al hablar en televisión, esta mujer, autora de uno de los libros más vendidos de Alemania, Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit (El principio de Eva. Por una nueva femineidad), alcanzó un rating récord (2.65 millones de espectadores, 18.1%).
En septiembre de 2007, Eva Herman defendió los valores familiares que durante el Nacionalsocialismo fueron instrumentalizados y utilizados con fines políticos y sociales, en la presentación de su segundo libro Das Prinzip Arche Noah. Warum wir die Familie retten müssen (El principio del Arca de Noé. Por qué tenemos que salvar la familia).

Estos principios hablan sobre el amor, la familia y los niños, como si tuviéramos que admitir que los padres no existen y que los niños y las niñas sólo dependen de las madres.

La iniciativa de Gómez del Campo presentada en marzo, cuando se ratifica la necesidad de reflexionar sobre la condición de las mujeres, es una de las intentonas más obvias de un grupo de mexicanos que no saben ni quieren averiguar que en la época del capitalismo salvaje --desde hace 30 años-- las mujeres fueron arrojadas del pie de la cuna para ir a trabajar a las empresas maquiladoras de exportación que se instalaron en la frontera norte.

Gómez del Campo y ese grupo de personas no saben que desde 1916 las mujeres de la Revolución Mexicana buscaron sus identidades y plantearon las maternidades compartidas con los padres y el Estado; desconocen que este capitalismo ha fracturado la idea del padre proveedor, porque ningún salario alcanza y junto a la propaganda de atención hospitalaria a las madres de Felipe Calderón, se hallan precisamente las tres K.

Se evidencia el deseo de que para las mujeres su destino manifiesto es sólo la maternidad, queriendo meter al redil a más de 50 millones de mexicanas.

La realidad es toda otra, sin duda.

saralovera@yahoo.com.mx

Nuevas identidades católicas

El Papa Benedicto XVI.
MÉXICO, D.F., 1 de abril.- Hace tiempo, el cardenal Carlo Maria Martini, consciente de la urgencia de una puesta al día de las tesis católicas sobre la sexualidad y la reproducción humanas, propuso revisar la Encíclica Humanae Vitae a la luz de los descubrimientos científicos. Martini no es la única figura católica, pero tal vez sí la más destacada, que ha reflexionado sobre por qué la mayoría de los fieles conduce sus vidas lejos de los preceptos católicos. En México la voz cantante de dicha preocupación ha sido Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Interesada por conocer los valores y prácticas de la feligresía mexicana, así como sus expectativas sobre el papel público de esa Iglesia en el contexto del Estado laico, esa organización encargó, junto con el Population Council, la aplicación de una encuesta nacional que ambas agrupaciones dieron a conocer el miércoles 24.

La encuesta la llevó a cabo Beltrán & Asociados en noviembre y diciembre de 2009 en hogares de las 32 entidades de la República Mexicana, para lo cual seleccionó de manera aleatoria a 3 mil personas católicas: 52% mujeres y 48% hombres. Los jóvenes de 18 a 25 años integraron el 25% de la muestra; los adultos jóvenes de 26 a 40 años el 36%, y los adultos de 41 a 60 años el 28%. Mayormente se entrevistó a personas casadas o unidas (60%), seguidas por las solteras (29%). El 67% de la población tenía estudios medios (secundaria el 32% y preparatoria o equivalente el 35%). El margen de error para toda la muestra es de +/- 1.9 con un nivel de confianza de 95%.

No tengo espacio para dar cuenta de todos los resultados (se pueden consultar en www.catolicasmexico.org), pero destaco algunos. Por ejemplo, 7 de cada 10 católicas y católicos brindarían un apoyo significativo a su Iglesia si ésta aceptara que las escuelas públicas den educación sexual a adolescentes para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad (72%); si admitiera que la feligresía utilice cualquier método anticonceptivo (71%) y el uso del condón para prevenir el VIH/sida (70%).

Existe un amplio consenso en lo tocante a que los libros de texto gratuito de la SEP incluyan diversos contenidos de educación sexual basados en evidencia científica. Alrededor de 8 de cada 10 católicos manifiestan su acuerdo con que estos libros de texto ofrezcan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres, para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH/Sida (85%); y sobre el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad (78%). También 7 de cada 10 católicas y católicos apoyan que dichos textos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto (71%), así como que se hable del derecho de todas las personas a vivir libremente su sexualidad, incluyendo a lesbianas y homosexuales (68%).

En el aspecto de la separación Estado/Iglesia, 7 de cada 10 feligreses no quieren que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular (70%); una proporción similar rechaza o está poco de acuerdo con que se realicen cambios constitucionales para que la Iglesia católica pueda opinar sobre asuntos públicos (67%), y que pueda ser dueña de medios de comunicación (66%). Al mismo tiempo, 6 de cada 10 fieles no quieren que se modifique la Constitución para permitir la intervención de su Iglesia en las políticas públicas, particularmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres (64%). Resulta interesante ver que la mayoría rechaza o está poco de acuerdo con que la Iglesia católica obtenga mayores espacios de participación en la vida pública y política del país. También la mayoría (78%) opina que los funcionarios deben gobernar y basar sus decisiones sobre políticas públicas y leyes tomando en cuenta la pluralidad de opiniones que existen en el país, y sólo el 22% considera que los funcionarios deben gobernar de acuerdo con sus creencias religiosas.

La encuesta, diseñada para explorar posturas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la laicidad y el respeto a la diversidad, muestra un claro posicionamiento en la modernidad de la mayoría de la población católica mexicana. El 70% defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y rechaza los intentos de la jerarquía católica de influir en la vida política del país. Podría cantarle loas a ese alto porcentaje (70-80 %) de la población católica si no fuera porque temo la influencia que tiene el otro 20-30%, que cuenta con representantes de peso en puestos de decisión política.

Una de las principales conclusiones de la directora de CDD, María Consuelo Mejía, es que van en aumento nuevas formas de identidad católica. Estas nuevas identidades corresponden a católicos que viven su fe sin negar sus necesidades y deseos y que, además, no piensan dejar su Iglesia. Encuestas como ésta de CDD y el Population Council ofrecen sólidos elementos para vislumbrar que a la larga el Vaticano perderá la irracional batalla que ha emprendido contra una de las expresiones de la modernidad: la voluntad de los ciudadanos de tomar decisiones soberanas sobre su cuerpo. Mientras tanto, el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir proyecta un panorama alentador de real libertad de conciencia entre la población católica frente a la cerrazón dogmática de Ratzinger.

Narcobloqueos

Bloqueo por presuntos narcotraficantes en la carretera a Reynosa.


MÉXICO, D.F., 31 de marzo (apro).- Primero fueron los “tapados”, aquellos jóvenes pagados por el crimen organizado para protestar en ocho entidades y exigir la salida del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora son los “narcobloqueos”, acciones de guerrilla que los grupos criminales realizan en Monterrey y Reynosa como parte de una estrategia bien definida para obstaculizar el apoyo a la policía y el Ejército, mientras se llevan a cabo enfrentamientos en las calles de esas ciudades.

El poder del narcotráfico crece cada vez más en todo el país y se expresa lo mismo con ejecuciones masivas a jóvenes, niños y adultos, que con ataques a instalaciones policiacas y militares, en un pleno desafío a los gobiernos federal y estatal, que han perdido la brújula en una guerra predestinada al fracaso.

Los grupos del narcotráfico aplican ciertas tácticas de grupos insurgentes para atacar al Ejército y a la policía. Pegan y retroceden, marcan territorio, provocan miedo y terror, y así reafirman su poder y dominio.

Como células guerrilleras se mueven y hacen actos de presencia o de ataque, pero con una diferencia hacia los movimientos insurgentes: no pretenden un cambio social, sino mostrar su poderío.

Y así lo vienen haciendo desde que integraron en sus filas a grupos militares de México (Los Zetas), Guatemala (Kaibiles) y El Salvador (Maras Salvatrucha). Utilizan tácticas y estrategias militares para atacar a plena luz del día en centros urbanos del país, con tal impunidad que sólo puede ser explicada por la corrupción que hay entre las autoridades que han permitido esas acciones.

Monterrey, Nuevo León, es la segunda ciudad del país –la primera es Ciudad Juárez, Chihuahua– donde el narcotráfico se mueve con entera libertad, haciendo de sus barrios y colonias sus zonas de control y dominio.

Fue ahí donde por primera vez se manifestaron, con el rostro cubierto, los jóvenes de los barrios más pobres, de ahí el apodo de los “tapados”. Ellos se hicieron pasar como grupos sociales, exigiendo que se fuera el Ejército de la capital neoleonesa.

Y es precisamente ahí donde un grupo de hombres armados realizó la acción más increíble en cuanto a expresión de poder del narcotráfico: tomar bajo su mando las principales vías de comunicación de la ciudad, bloqueándolas en ocho puntos, mientras se daban enfrentamientos con soldados y policías en los municipios de Apodaca y Guadalupe.

Desplegaron, pues, una estrategia militar, una expresión de la guerra de guerrillas urbana, para que no llegaran refuerzos militares y policiacos.

Diez días después, el martes 30, repitieron la misma operación, pero en Reynosa, Tamaulipas. La intención fue la misma: impedir que llegaran refuerzos policiales mientras había enfrentamientos cerca de la línea fronteriza.

Este tipo de acciones militares del narcotráfico no se habían visto anteriormente en el país, y ello nos habla de una evolución ascendente del poder que ahora tienen, no sólo en algunas comunidades rurales alejadas, sino en centros urbanos importantes.

Su capacidad de infiltrarse en las propias corporaciones policiacas y militares va acompañada de mayores márgenes de maniobra en las calles de las ciudades donde se mueven sin que los detengan, pese a que sus convoyes son de diez o más camionetas repletas de hombres armados.

Estas acciones de bloquear calles y avenidas con camiones, autos y camionetas, nos muestran con toda claridad que cada vez es más alto el edificio de su imperio de poder, pues además de cobrar impuestos a cambio de seguridad, así como derecho de uso de suelo, el narcotráfico en México controla la producción de películas y discos compactos de música pirata, así como la venta de ropa, autos y artículos electrónicos en las calles, haciendo de la violencia una industria que le genera millones de dólares anuales.

Y todo ello ante los ojos de las autoridades.

Celulares: la estulticia como política

De que se rie el cabron de Fernando Gómez Mont, titular espurio de la Segob.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 31 de marzo.- Uno de los méritos de los gobernantes mexicanos es encontrar un problema a cada solución. No podía ser la excepción el establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una ocurrencia de cómo se gasta más el dinero público para resolver menos los problemas de la sociedad. En efecto. Veamos.

Primero. El 9 de febrero del 2009 el Congreso de la Unión aprobó una conspicua reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que dio vida al Renaut y amplió la burocracia en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deben registrar su equipo y chip en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que éste les sea suspendido sin posibilidad de reactivación. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y delincuencia organizada cometidos con el concurso de dichos aparatos. El quid del asunto reside en saber si esas medidas pueden ser los medios razonables para llegar a los fines buscados. Esto en realidad no es así.

Segundo. No es factible en el corto plazo adoptar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital, en virtud de que esto haría sumamente costoso el servicio del celular, en perjuicio, paradójicamente, de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera dicho costo, surgiría otro problema igual o mayor: que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no sería como las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino un sistema que incluye los relieves del terreno y puede determinar si el celular se halla en un inmueble de un piso o en un edificio de 15 o 40 niveles, diferencia que, para propósitos de seguridad, puede representar la vida o la muerte. Hoy, sin reforma alguna, se utilizan las radio-bases existentes para efectos de identificación aproximada. Aunque tienen un menor nivel de precisión que el GPS, ayudan cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión.

Tercero. Supongamos que se reorientara el presupuesto para adoptar un sistema GPS y mantener un proceso permanente de cartografía en todo el país. Este esfuerzo presupuestal mayúsculo nada garantizaría. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los teléfonos celulares de las víctimas u otros robados. De modo que puede saberse quién es el propietario del teléfono del que se habla y cuál es su domicilio, pero esto poco ayuda a combatir los delitos de alto impacto.

Cuarto. Por si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. No se toma en cuenta la existencia de la comunicación telefónica por internet, que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos, donde no se requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, estadunidense o de cualquier país distinto a México? Eso no es todo: Los datos personales de los titulares de los teléfonos celulares carecen de la mínima garantía de protección.

Como se puede observar, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil servirá sólo como un mecanismo que podría brindar seguridad psicológica a una reducida parte de la población. En épocas electorales es entendible que el Poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo, en este tema tan sensible para todos, dándole gato por liebre. Más que en carencias tecnológicas, el problema reside en la cultura de la corrupción e impunidad que prevalece, sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.

Desde un punto de vista formal, los usuarios de celulares pueden recurrir al amparo contra esta medida restrictiva de los datos personales y del derecho a la vida privada de los mexicanos. Y es que, en realidad, será materialmente imposible que a los usuarios de celulares que no acudan al registro se les elimine el servicio e imponga la sanción de que jamás tendrán otro de esos aparatos a su nombre. ¡Por favor! Estamos en México.

Si no se garantiza lo básico, que es la seguridad pública, y si no se recupera el espíritu remunerador del salario mínimo, entre una enorme cantidad de pendientes, ¿se va a aplicar selectivamente la ley para afectar a los mexicanos, a la industria nacional y los empleos que genera, a las comunicaciones y a la libertad de expresión, sin que por ningún lado se vea un verdadero interés público superior que justifique tal medida? l

www.ernestovillanueva.blogspot.com

Piden gobernadores de EU militarizar la frontera con México

Arrecia presión en EU para militarizar la frontera
“Necesitamos más Patrulla Fronteriza y más Guardia Nacional”, afirma Bill Richardson

Riesgo de provocar la ira de latinos si se cede ante apremios

El asesinato de un ranchero en Arizona detona la situación
Iniciativa Mérida: colocan ambos países grupos especiales de seguridad

La Universidad de Texas llama a sus estudiantes en el Tec a que regresen
Ataque al penal de Reynosa; fallecen tres reos; 20 muertos en seis estados

Soldados mexicanos vigilan una zona de Tijuana, Baja California, donde fue encontrado un túnel de unos 300 metros que conecta con territorio estadunidense y era utilizado por narcotraficantes. Activistas latinos del país vecino comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre Mexico y Estados Unidos se construya una gran vallaFoto Notimex.


David Brooks

Nueva York, 2 de abril. Con un solo asesinato en la frontera de Arizona, está en jaque todo el elegante discurso de “cooperación bilateral” entre Estados Unidos y México, al intensificarse los llamados para continuar la militarización de la línea divisoria.

Ahora, todos los gobernadores de los estados fronterizos con México, con excepción de California, han solicitado que el gobierno federal envíe tropas de la Guardia Nacional y más agentes federales, después de la muerte de un prominente ranchero esta semana y la creciente e incesante ola de violencia al otro lado de la frontera, la cual recientemente incluyó dos víctimas estadunidenses ligadas al consulado de este país en Ciudad Juárez.

El gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, uno de los políticos latinos de mayor perfil en este país, ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a su frontera después del asesinato del ranchero Robert Krentz, cometido el pasado sábado.

Pese a que el rancho en que fue perpetrado el crimen está en Arizona, se ubica en la frontera con Nuevo México, y la víctima fue miembro de la Asociación de Rancheros de Nuevo México.

A su vez, la gobernadora de Arizona, y el senador John McCain, de ese estado, han solicitado al gobierno de Barack Obama enviar tropas de la Guardia Nacional. Hace dos semanas, el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó a Washington el despliegue de mil efectivos, lo cual le fue negado por ahora.

Denunciando la respuesta federal, Perry anunció que había activado la primera fase del “plan de contingencia de derrame de violencia”, con lo cual se dedican más recursos policiacos estatales al monitoreo fronterizo.

Pero con el homicidio de Krentz, la presión sobre Washington se intensificó. El ranchero fue asesinado en su propiedad, a unos 50 kilómetros del pueblo de Douglas, al otro lado de Agua Prieta. Los investigadores no han arrestado a nadie, ni dicen si cuentan con pruebas sobre la identidad del asesino o el motivo; lo único que tienen son huellas que siguieron desde la escena del crimen unos 30 kilómetros hacia la frontera con México, y con ello se especula que los responsables son contrabandistas o “inmigrantes ilegales”.

El gobierno de Obama se ha limitado a reiterar su cooperación con México para asegurar la línea divisoria y señalar que continuará evaluando la situación fronteriza. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna expresó su “indignación” ante el asesinato y anunció una recompensa de 25 mil dólares por información que lleve a los responsables del delito.

El gobernador Richardson comentó ayer en una entrevista con Fox News: “sí creo que necesitamos una presencia permanente, más Patrulla Fronteriza, más Guardia Nacional en la frontera. La guardia está haciendo básicamente trabajo de apoyo a la Patrulla Fronteriza”.
Aunque se reconoce el esfuerzo mayor del presidente Felipe Calderón, “desafortunadamente la violencia fronteriza no se ha abatido. Entonces, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.

A escala local, Michael Gomez, alcalde de Douglas, escribió esta semana a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sumándose al coro que pide tropas de la Guardia Nacional; expresó que muchos residentes ahora temen más por su seguridad, reportó Reuters. Mientras, en las tiendas de armas y municiones, las ventas se han elevado en estos días.

Varios legisladores, entre ellos los dos senadores demócratas en Nuevo México, han solicitado de Napolitano establecer una nueva base “de avance” de la Patrulla Fronteriza en el sur del estado y otras medidas para defender la “soberanía” y seguridad de ciudadanos estadunidenses.

Por otro lado, asociaciones de rancheros en varios estados también se han sumado al llamado por una mayor protección federal a sus colegas en zonas fronterizas.

Muchos de estos personajes apoyan relaciones de cooperación, promueven la reforma migratoria y son defensores de México, pero la dinámica política interna aquí los obliga a asumir algunas posiciones que en otro contexto serían casi impensables.

A la vez, todo lo anterior está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica contra los inmigrantes indocumentados y la violencia en México.

En un año electoral (comicios legislativos y algunas gubernaturas), este tema se vuelve parte de la guerra política aquí.

Hace un par de semanas, en la convención estatal del Partido Republicano de California, el candidato a la gubernatura Steve Poizner generó entusiasmo entre los asistentes al prometer no sólo negar todo servicio público a indocumentados, sino tomar medidas severas para evitar que crucen la frontera.

“Si lo tengo que hacer, enviaré a la Guardia Nacional a la frontera”, dijo. La promesa recibió la ovación del público.

Ante todo esto, se vuelve cada vez más difícil políticamente para el gobierno de Obama seguir limitándose a reiterar que la cooperación sin precedente con México es la solución.

Pero ceder ante esas presiones provocaría ira entre organizaciones latinas, de derechos humanos y otras que siempre están preocupadas por los intentos de militarizar la frontera.

Muchos comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre los dos países que insisten que son socios y aliados se construyen cada vez más muros y se despliegan cada vez más soldados.

RAYUELA

¿No será que más que estrategia de seguridad lo que los gobernadores gringos expresan es su ambición, sus más perversos deseos?

Gasolinazo a vacacionistas

México SA
El cuento de la “recuperación”

¿“Lo peor ya pasó”?

Gasolinazo a vacacionistas


Veracruz, Ver. Miles de turistas se dieron cita hoy Sábado de Gloria en las playas de este puerto. El estado de Veracruz reporta desde el miércoles una ocupación hotelera del cien por ciento. Notimex

Carlos Fernández-Vega

Sin ver el tiradero ni evaluar los destrozos, el inquilino de Los Pinos, micrófono en mano, alegremente asegura que la economía mexicana ha entrado en franca recuperación”, que “ya pasó lo peor” y que el paraíso está a la vuelta de la esquina. Pues bien, más allá de la flacidez de sus dichos, la pregunta obligada es ¿qué se recuperará?, ¿a qué edén regresarán los mexicanos?, porque en tres décadas la mediocridad, la falta de resultados tangibles y el deterioro de las condiciones de vida han sido las marcas del sistema.

En 2009 la economía mexicana vivió la crisis más profunda en ocho décadas, pero como en la lógica gubernamental eso sucedió el año pasado, entonces la versión oficial ahora promueve borrón y cuenta nueva, que aquí no ha pasado nada, cuando en los hechos el nuevo capítulo de la crisis sólo confirmó las deficiencias estructurales del modelito impuesto desde el régimen de Miguel de la Madrid, el mismo que enfrentó dos crisis económicas, aderezadas por un terremoto que sacudió más allá de ladrillos.

En la lógica, por llamarle de alguna manera, del inquilino de Los Pinos, ¿qué es “franca recuperación”? ¿Un crecimiento de 5 por ciento, que, en caso de alcanzarse, beneficiaría a los mismos de siempre, que no alcanzaría a cubrir el cráter de 2009 y que de ninguna manera garantizaría un reparto equitativo de los supuestos beneficios? ¿Retornar a más de lo mismo es garantía de que “lo peor ya pasó”? ¿En serio cree que “la verdad es que estamos dándole la vuelta a la adversidad económica”?

Considerados su desastroso primer trienio de Calderón en Los Pinos y su pronóstico para el cuarto año de estancia en la residencia oficial, aún con las cifras mágicas que maneja alegremente, el balance sólo arroja cifras negativas: en crecimiento económico, empleo, bienestar social, distribución del ingreso y la riqueza, por incluir sólo algunos elementos. ¿Cuál sería el “logro” en ese cuatrienio?: “crecimiento” de 0.75 por ciento como promedio anual, por abajo del crecimiento poblacional y el más raquítico para un periodo igual desde tiempos de Miguel de la Madrid que ya es decir), siempre y cuando se concreten las maravillosas cuentas por el difundidas.

Información estadística de la Cámara de Diputados revela que en los últimos 28 años la economía mexicana ha registrado seis crisis (reconocidas como tal), cada una de ellas de mayor impacto que la previa: 1982, con José López Portillo en la silla; 1985, con Miguel de la Madrid; 1992, con Carlos Salinas de Gortari; 1995, con Ernesto Zedillo; 2001, con Vicente Fox; y 2009, con Felipe Calderón (no se consideran la crisis de 1987 -crac de la Bolsa, devaluación del peso y Pacto-; 1994 (CSG; brutal “pérdida” de reservas internacionales e inclemente fuga de capitales, que obligaban a una devaluación-; 1996 (espeluznante caída del ingreso petrolero), entre otras. Así, seis sexenios, seis crisis, oficialmente, con una tasa anual promedio de “crecimiento” de 2 por ciento, en el mejor de los balances. ¿A eso retornará el país?

¿De qué tamaño es la “recuperación”? Pues bien, en campaña electoral Calderón prometió un crecimiento anual de 5 por ciento, idéntica proporción que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Ya sentado en Los Pinos, y por medio de los criterios generales de política económica para el citado cuatrienio, ofreció 3.32 por ciento anual, aunque en los hechos no pasaría, en el mejor de los casos, de 0.75 por ciento. Si en 2010 la economía crece 4 por ciento, entonces el promedio anual se reduce a 0.5 por ciento, y si es de 3 por ciento el promedio baja a 0.25.
Entonces, vale el recuento: para 2007, su primer año de inquilinaje, prometió 3.6 por ciento de crecimiento económico, pero en los hechos a duras penas llegó a 3.2 por ciento: en 2008 vaticinó un incremento de 3.7 por ciento en el PIB (incluida la que llamó “reforma fiscal”, que no fue otra cosa que el gasolinazo), y apenas libró 1.3 por ciento; ya en 2009, con la crisis encima –siempre por él negada– pronosticó 3 por ciento de “avance”, y en realidad se desplomó 6.5 por ciento, de acuerdo con las cifras oficiales. Para el presente año auguró 3 por ciento, pero ahora, ya en confianza, va por 5 por ciento.

La “sólida” economía mexicana empeora gobierno tras gobierno. Antes de que los neoliberales hicieran de Los Pinos su oficina particular y que convirtieran la Presidencia en gerencia de la República, la economía mexicana reportó un crecimiento a tasa anual promedio de 6.26 por ciento (de Lázaro Cárdenas a José López Portillo), considerando los primeros cuatro años de cada administración; con la tecnocracia en el poder, amante del Consenso de Washington, esa misma tasa se desplomó a 1.78 por ciento (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón), es decir, una diferencia en resultados de 3.5 tantos. Entonces, ¿a cuál “recuperación” se refiere?

Las cifras oficiales dan cuenta del comportamiento económico en los primeros cuatro años de los siguientes gobiernos (promedio anual): Lázaro Cárdenas, 5.1 por ciento; Manuel Avila Camacho, 6.8; Miguel Alemán Valdés, 5.72; Adolfo Ruiz Cortines, 6.4: Adolfo López Mateos, 5; el genocida Gustavo Díaz Ordaz, 6.9; Luis Echeverría (ídem), 6.4, y José López Portillo, 7.82. Y en el equipo contrario: Miguel de la Madrid, -0.24 por ciento; Carlos Salinas de Gortari, 4.26; Ernesto Zedillo, 2.65; Vicente Fox, 1.52, y Felipe Calderón, 0.75 (si se cumple aquello de crecer 5 por ciento en 2010).

Para no ir más lejos, en los primeros cuatro años del zedillato el crecimiento económico fue casi 40 por ciento menor al reportado por el inquilino anterior, Carlos Salinas; en igual lapso, pero con Vicente Fox en Los Pinos, tal crecimiento resultó 43 por ciento por abajo del registrado en tiempos de Ernesto Zedillo; y con Felipe Calderón el mismo indicador resulta 50 por ciento menor (siempre y cuando se cumpla el vaticinio para 2010) al alcanzado por el pregonero del “cambio”. Queda la duda, pues: ¿a qué llama “franca recuperación” y de dónde saca aquello de “lo peor ya pasó”?

Las rebanadas del pastel

Para su feliz regreso, el gobierno calderonista le regaló una flor a los vacacionistas: a partir de hoy, de nueva cuenta se incrementan los precios de las gasolinas y el diesel, de tal suerte que esperen aumentos en todos los productos, porque el saqueo a los contribuyentes y a los consumidores es parte de la “franca recuperación”.

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