Luis Hernández Navarro
Hace 29 años nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El encuentro fundacional se efectuó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre de 1979. Desde entonces, año con año, el movimiento magisterial democrático ha protagonizado importantes luchas en el ámbito laboral y político.
La CNTE se formó promovida por vigorosos movimientos regionales de maestros en estados como Chiapas, Tabasco, la Montaña de Guerrero y La Laguna. Demandó un aumento salarial de 30 por ciento, rezonificación por vida cara y democracia sindical. No fue producto de la iniciativa de algún partido o grupo político.
De hecho, las corrientes sindicales que actuaban en el interior del sindicato, incluyendo algunas con muchos años de actividad, quedaron relegadas ante el vertiginoso empuje de los profesores de base. Su nacimiento permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, extendieran la protesta a otros estados y se proyectaran a nivel nacional.
La Coordinadora se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), claramente diferenciada de Vanguardia Revolucionaria y los partidos políticos. Era una fuerza formada por los maestros de base organizados en consejos centrales de lucha (CCL), grupos promotores y corrientes sindicales.
Dominaba la dirección gremial desde 1972 Vanguardia Revolucionaria. Su dirigente, Carlos Jonguitud Barrios, controlaba el sindicato con mano de hierro, grupos de golpeadores y un sistema de canonjías a sus incondicionales, entre las que se encontraban las dobles plazas, las licencias sindicales con goce de sueldo, los créditos y los programas de vivienda. El SNTE formaba parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para “administrar la abundancia”. Pero lo salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacían aún más precarios. “País petrolero, maestro sin dinero”, coreaban los mentores en sus protestas.
Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían que esa legalización implicara que, a partir de ese momento, la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando al partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución de la lucha reivindicativa.
En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Así había pasado con los electricistas y los metalúrgicos. El entorno gremial en el que la CNTE desplegaba su lucha era desfavorable.
Han pasado 29 años desde entonces. Han gobernado al país seis presidentes de la República de dos partidos diferentes. Una y otra vez, mandatarios y funcionarios en turno, aliados con los charros sindicales, han tratado de acabar con la Coordinadora. Decenas de sus dirigentes ha sido asesinados, encarcelados o despedidos. Pero no han podido: el movimiento sigue. Con altas y bajas, transformándose y reinventándose en el camino, la CNTE ha sobrevivido y se conserva como una poderosa organización sindical.
En muchos lugares las organizaciones que la integran son una formidable escuela de democracia y ciudadanía. Son una isla en el mar de corrupción del sindicalismo nacional y una fuerza anticorporativa. Reivindican la dignidad del magisterio. Cuando han ganado las secciones sindicales del sindicato, su gestión ha sido, en lo esencial, honesta. En algunos estados se han convertido en sujeto pedagógico alternativo.
En el camino, una parte de sus dirigentes han formado, dirigido o asesorado organizaciones urbano populares y campesinas. Los maestros democráticos siguen comportándose, en las zonas rurales, como intelectuales orgánicos del campesinado. Otros se han incorporado a los principales partidos de izquierda. Unos cuantos han sido diputados y funcionarios públicos. Su compromiso, constancia y paciencia con la causa democrática y popular son asombrosos. La lucha de muchos sectores subalternos en el país sería incomprensible si no se contempla en su análisis el papel que han desempeñado en ellas los trabajadores de la educación democráticos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Algunos de ellos han sido cooptados, sobre todo a partir de 1989, por Elba Esther Gordillo. Otros han traicionado a sus compañeros y se han convertido en todo aquello contra lo que siempre lucharon. Algunos más hasta, como sucedió con Solidaridad campesino-magisterial de Chiapas, se volvieron paramilitares.
A lo largo de los últimos dos años la CNTE ha desempeñado un papel central en la resistencia contra la Ley del ISSSTE y en el rechazo a la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Sus integrantes fueron la columna vertebral en la oleada de amparos contra la reforma y para boicotear la afiliación al sistema de pensiones privado. Desde comienzos de este años escolar han estado en primera línea en la defensa de la educación pública y el normalismo.
A 29 años de formada, la Coordinadora está más viva que nunca. Ha superado la prueba del tiempo. Cuenta con una dirección estable y objetivos de lucha claros.
martes, diciembre 16, 2008
En este mundo
Quien lanza millares de bombas contra un pueblo, duerme en la Casa Blanca, quien lanza dos zapatos contra este individuo, está encarcelado.
Se cocina “aumento” de unos dos pesos diarios al salario ínfimo
Carlos Fernández-Vega
“La patronal no está dispuesta a sacrificar un solo centavo; que paguen los de siempre”
En el horno de la trinca infernal (gobierno, patrones y “líderes obreros”) se cocina el “aumento” al salario ínfimo correspondiente a 2009, el cual, todo indica, rondará los 2 pesos diarios, o si se prefiere 25 centavos de “incremento” por hora trabajada en una jornada laboral constitucional. Y en la envoltura del regalo navideño para la clase trabajadora se alcanza a leer: “la patronal no está dispuesta a sacrificar un solo centavo; que paguen los de siempre, que para eso están”.
La Coparmex, en voz de su presidente, adelantó su decisión: “el incremento salarial debe fijarse sobre la inflación estimada para 2009 (entre 3.8 y 4 por ciento), ya que un aumento mayor pondría en riesgo no sólo a los empleos, sino también a las empresas; un aumento fuera de lugar en los salarios mínimos no es la fórmula mágica para estimular la economía en estos momentos, tampoco la llave para que el grueso de los mexicanos prospere. La solución no va por ahí, aunque pueda ser popular”.
Según esa versión, la “solución” es el brutal aumento de precios y tarifas que se registra, y que continuará en 2009, pero el representante de los patrones, Ricardo González Sada, deja a un lado que el salario es un precio, de tal suerte que tendría que estar tan liberado como el del resto de productos y servicios. La patronal repercutió, repercute, en sus precios no sólo el alza inflacionaria, sino la devaluación del tipo de cambio. Lo que hasta octubre costaba un peso, ahora no se consigue por menos de 1.25, en el mejor de los casos. De ese tamaño es la “solución” de las empresas para sí mismas.
Otro gallo canta en la tienda de enfrente, la de los trabajadores, y en un terrible entorno de inflación pujante, dos enormes pesos por día sería la “solución” propuesta por la patronal, mientras los “líderes obreros” besan suelas y aceptan la migaja “por el bien del país”, con la sonrisa gubernamental. Un bello balance, sin duda, para la “Presidencia del empleo” (inexistente) que trabaja arduamente para que los mexicanos “vivan mejor”. Así, en la primera mitad del calderonato el “incremento” acumulado al salario mínimo sería cercano a cuatro pesos diarios, algo así como 30 centavos de dólar (al tipo de cambio actual).
En diciembre de 2007, la misma trinca infernal aprobó un “aumento” promedio de 2.11 pesos al salario ínfimo diario correspondiente a 2008, o lo que es lo mismo cerca de 4.3 por ciento. No concluye este agitadísimo año, y en noviembre la tasa oficial de inflación llegó a 6.23 por ciento anualizada, casi 50 por ciento mayor al “crecimiento” del salario mínimo.
Sucede lo mismo ahora. La patronal, de la mano del gobierno y de los “líderes obreros”, toman como válido el cálculo inflacionario que aparece en los criterios generales de política económica para 2009, una proyección totalmente rebasada por la realidad en tan sólo unas cuantas semanas: 3.8 por ciento, ergo, esa es la proporción de “aumento”, cuando es obvio que esa estimación no sirve ni para un mal chiste (remember el “catarrito”).
Las “soluciones” de la trinca son de cuento de hadas. Por ejemplo, el gobierno federal (con sus cinco máscaras desde 1982) y la patronal cada que pueden, y pueden seguido, aseguran que “para que la economía mexicana sea competitiva hay que aumentar los precios de productos y servicios al nivel de nuestro principal socio comercial” (Estados Unidos). Así lo han hecho con los relativos a las gasolinas y el diesel, y han sido tan aplicados que a estas alturas los combustibles mexicanos son más caros que los gringos.
Otra “solución” muy distinta se da cuando de salarios se trata (un precio en el mercado), y repite el estribillo, pero en sentido contrario: “para que la economía mexicana sea competitiva, hay que ofrecer mano de obra barata, mucho más barata que la de nuestro principal socio comercial” (ídem). Pues bien, el salario mínimo en Estados Unidos ronda los mil 500 dólares por mes (poco más de 20 mil pesos al tipo de cambio actual); en México, ya con la “solución” de la trinca infernal, no pasará de 118 dólares (mil 593 pesos), una diferencia cercana a 13 tantos.
En el vecino del norte quien gana el salario mínimo (mil 500 dólares) es considerado “pobre”, e incluso “muy pobre”; en México, quien obtiene hasta cinco veces el salario ínfimo (7 mil 980 pesos, ya con “solución” para 2009, y son los menos) es considerado “clase media”. Entonces, hay que afinar criterios, siempre con espíritu de equipararnos con “nuestros principales socios comerciales”: o es pobre 75 por ciento de la población ocupada en México (alrededor de 33 millones de personas con un ingreso que va de cero a cinco salarios mínimos), o los estadunidenses que ganan el mínimo en su país (4 por ciento de la población ocupada) son clase media pura (todo apunta a lo primero). Además, allá existe el seguro de desempleo y aquí ni sus luces.
Como previamente lo mencionamos en este espacio, la referencia anterior es útil para ubicar en su exacta dimensión el ingreso y la condición social de los mexicanos, y qué es “vivir por debajo de la línea de la pobreza”, y para actualizarnos qué es “para vivir mejor”. Por ejemplo, el Banco Mundial considera que todo aquel con un ingreso menor a dos dólares diarios es pobre a secas; si tiene un solo dólar, entonces en automático se convierte en miserable, una diferencia, para efectos prácticos, de 13.5 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual. En Estados Unidos, “nuestro principal socio”, quien obtiene 50 dólares por jornada laboral, sin lugar a dudas es considerado entre pobre y miserable. En México, por el contrario, 90 por ciento de la población podría ser ubicada como clase media (si se aplica el criterio del Banco Mundial) o viviendo por debajo de la línea de pobreza (versión estadunidense), porque esa es la proporción que obtiene un ingreso igual o inferior al salario mínimo del vecino del norte. Sólo 10 por ciento de los mexicanos ocupados abierta y categóricamente puede ser tipificado como clase premier, y en la cima el puñado de dueños del país.
En fin, por enésimo año consecutivo, los sonrientes patrones, gobierno y “líderes obreros” se ponen de acuerdo para violar el artículo 123 constitucional, que en su fracción VI precisa: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”
Las rebanadas del pastel
Paradojas de la vida: George W. Bush, invasor, violador del derecho internacional, causante de miles de muertes, guerrero primitivo, negociante de la muerte, goza de cabal libertad y protección. En cambio, Muntazer al-Zaidi, periodista iraquí que lanzó unos zapatos contra el inquilino de la Casa Blanca y le gritó: “¡ahí te va un beso de despedida, perro!”, terminó encarcelado, cuando lo único que al colega se le puede reclamar es su falta de puntería.
“La patronal no está dispuesta a sacrificar un solo centavo; que paguen los de siempre”
En el horno de la trinca infernal (gobierno, patrones y “líderes obreros”) se cocina el “aumento” al salario ínfimo correspondiente a 2009, el cual, todo indica, rondará los 2 pesos diarios, o si se prefiere 25 centavos de “incremento” por hora trabajada en una jornada laboral constitucional. Y en la envoltura del regalo navideño para la clase trabajadora se alcanza a leer: “la patronal no está dispuesta a sacrificar un solo centavo; que paguen los de siempre, que para eso están”.
La Coparmex, en voz de su presidente, adelantó su decisión: “el incremento salarial debe fijarse sobre la inflación estimada para 2009 (entre 3.8 y 4 por ciento), ya que un aumento mayor pondría en riesgo no sólo a los empleos, sino también a las empresas; un aumento fuera de lugar en los salarios mínimos no es la fórmula mágica para estimular la economía en estos momentos, tampoco la llave para que el grueso de los mexicanos prospere. La solución no va por ahí, aunque pueda ser popular”.
Según esa versión, la “solución” es el brutal aumento de precios y tarifas que se registra, y que continuará en 2009, pero el representante de los patrones, Ricardo González Sada, deja a un lado que el salario es un precio, de tal suerte que tendría que estar tan liberado como el del resto de productos y servicios. La patronal repercutió, repercute, en sus precios no sólo el alza inflacionaria, sino la devaluación del tipo de cambio. Lo que hasta octubre costaba un peso, ahora no se consigue por menos de 1.25, en el mejor de los casos. De ese tamaño es la “solución” de las empresas para sí mismas.
Otro gallo canta en la tienda de enfrente, la de los trabajadores, y en un terrible entorno de inflación pujante, dos enormes pesos por día sería la “solución” propuesta por la patronal, mientras los “líderes obreros” besan suelas y aceptan la migaja “por el bien del país”, con la sonrisa gubernamental. Un bello balance, sin duda, para la “Presidencia del empleo” (inexistente) que trabaja arduamente para que los mexicanos “vivan mejor”. Así, en la primera mitad del calderonato el “incremento” acumulado al salario mínimo sería cercano a cuatro pesos diarios, algo así como 30 centavos de dólar (al tipo de cambio actual).
En diciembre de 2007, la misma trinca infernal aprobó un “aumento” promedio de 2.11 pesos al salario ínfimo diario correspondiente a 2008, o lo que es lo mismo cerca de 4.3 por ciento. No concluye este agitadísimo año, y en noviembre la tasa oficial de inflación llegó a 6.23 por ciento anualizada, casi 50 por ciento mayor al “crecimiento” del salario mínimo.
Sucede lo mismo ahora. La patronal, de la mano del gobierno y de los “líderes obreros”, toman como válido el cálculo inflacionario que aparece en los criterios generales de política económica para 2009, una proyección totalmente rebasada por la realidad en tan sólo unas cuantas semanas: 3.8 por ciento, ergo, esa es la proporción de “aumento”, cuando es obvio que esa estimación no sirve ni para un mal chiste (remember el “catarrito”).
Las “soluciones” de la trinca son de cuento de hadas. Por ejemplo, el gobierno federal (con sus cinco máscaras desde 1982) y la patronal cada que pueden, y pueden seguido, aseguran que “para que la economía mexicana sea competitiva hay que aumentar los precios de productos y servicios al nivel de nuestro principal socio comercial” (Estados Unidos). Así lo han hecho con los relativos a las gasolinas y el diesel, y han sido tan aplicados que a estas alturas los combustibles mexicanos son más caros que los gringos.
Otra “solución” muy distinta se da cuando de salarios se trata (un precio en el mercado), y repite el estribillo, pero en sentido contrario: “para que la economía mexicana sea competitiva, hay que ofrecer mano de obra barata, mucho más barata que la de nuestro principal socio comercial” (ídem). Pues bien, el salario mínimo en Estados Unidos ronda los mil 500 dólares por mes (poco más de 20 mil pesos al tipo de cambio actual); en México, ya con la “solución” de la trinca infernal, no pasará de 118 dólares (mil 593 pesos), una diferencia cercana a 13 tantos.
En el vecino del norte quien gana el salario mínimo (mil 500 dólares) es considerado “pobre”, e incluso “muy pobre”; en México, quien obtiene hasta cinco veces el salario ínfimo (7 mil 980 pesos, ya con “solución” para 2009, y son los menos) es considerado “clase media”. Entonces, hay que afinar criterios, siempre con espíritu de equipararnos con “nuestros principales socios comerciales”: o es pobre 75 por ciento de la población ocupada en México (alrededor de 33 millones de personas con un ingreso que va de cero a cinco salarios mínimos), o los estadunidenses que ganan el mínimo en su país (4 por ciento de la población ocupada) son clase media pura (todo apunta a lo primero). Además, allá existe el seguro de desempleo y aquí ni sus luces.
Como previamente lo mencionamos en este espacio, la referencia anterior es útil para ubicar en su exacta dimensión el ingreso y la condición social de los mexicanos, y qué es “vivir por debajo de la línea de la pobreza”, y para actualizarnos qué es “para vivir mejor”. Por ejemplo, el Banco Mundial considera que todo aquel con un ingreso menor a dos dólares diarios es pobre a secas; si tiene un solo dólar, entonces en automático se convierte en miserable, una diferencia, para efectos prácticos, de 13.5 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual. En Estados Unidos, “nuestro principal socio”, quien obtiene 50 dólares por jornada laboral, sin lugar a dudas es considerado entre pobre y miserable. En México, por el contrario, 90 por ciento de la población podría ser ubicada como clase media (si se aplica el criterio del Banco Mundial) o viviendo por debajo de la línea de pobreza (versión estadunidense), porque esa es la proporción que obtiene un ingreso igual o inferior al salario mínimo del vecino del norte. Sólo 10 por ciento de los mexicanos ocupados abierta y categóricamente puede ser tipificado como clase premier, y en la cima el puñado de dueños del país.
En fin, por enésimo año consecutivo, los sonrientes patrones, gobierno y “líderes obreros” se ponen de acuerdo para violar el artículo 123 constitucional, que en su fracción VI precisa: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”
Las rebanadas del pastel
Paradojas de la vida: George W. Bush, invasor, violador del derecho internacional, causante de miles de muertes, guerrero primitivo, negociante de la muerte, goza de cabal libertad y protección. En cambio, Muntazer al-Zaidi, periodista iraquí que lanzó unos zapatos contra el inquilino de la Casa Blanca y le gritó: “¡ahí te va un beso de despedida, perro!”, terminó encarcelado, cuando lo único que al colega se le puede reclamar es su falta de puntería.
La injustificable destrucción del medio ambiente
Reflexiones de Fidel Castro:
¿Puede la sociedad capitalista evitarla? Las noticias que llegan sobre el tema no son alentadoras. En Poznan se analiza el proyecto que será presentado en diciembre del próximo año en Copenhague, donde se discutirá y aprobará el Convenio que sustituiría al de Kyoto. La Comisión que preside la elaboración del mismo está dirigida por Al Gore, el ex candidato presidencial de Estados Unidos que fue fraudulentamente derrotado por Bush en las elecciones de 2001. Los que lo elaboran ponen toda la esperanza en Barack Obama, cual si éste pudiera cambiar el curso de la historia.
Un ejemplo que ilustra procede de Canadá.
Un artículo de BBC Mundo titulado “Fiebre bituminosa en Canadá”, señala que “el área que se explota en estos momentos es de 420 km², pero que el gobierno de Alberta les cedió a las empresas petroleras casi 65 000 km². El área de reservas explotables es de 140 000 km²,
más o menos el tamaño del estado de la Florida.
“Desde el aire se ve cómo las minas han transformado el bosque en un paisaje lunar de cráteres y lagos con grandes columnas de humo, que crean enormes nubes en la atmósfera. Todo esto ocurre en una remota región de Alberta.”
En otra parte el artículo refiere: “...los principales actores en este momento son Suncor, Syncrude y un consorcio encabezado por Shell, pero hay cada vez más inversionistas extranjeros interesados en entrar al negocio.”
“...la falta de respuesta por parte del gobierno significa que no se ha hecho lo suficiente para contrarrestar los efectos en el ambiente.”
“...el Consejo del Cáncer de Alberta tiene previsto publicar un informe sobre el tema a principios de este año; 500 patos que llegaron a una poza de relave en Syncrude murieron... El gobierno abrió una investigación. Cualquiera que sea el resultado de estas investigaciones, parece que la oposición a la explotación de las arenas bituminosas va a seguir creciendo.”
El País, diario español, comunica que “...las estimaciones del organismo dependiente de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) toman como punto de partida las predicciones del FMI, que apuntan hacia una paulatina recuperación de la economía
global a partir del segundo semestre de 2009, cuando la producción mundial de petróleo alcanzará 86,3 millones de barriles diarios.”
El mismo órgano español de prensa publica que “el director del Departamento de Cambio Climático de China quiere dejar sentado que Beijing sólo limitará sus emisiones a cambio de mucha inversión y patentes de tecnología limpia. Su firma es imprescindible para que los 187 países reunidos en la ciudad polaca avancen en un protocolo que sustituya el de 1997. Obama retrasa 20 años la lucha contra el cambio climático.”
Otro cable de la agencia NOTIMEX, de fecha 13 de diciembre, explica que “...el colosal fraude de Wall Street llevado a cabo por el ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, causa pérdidas millonarias en España”, según destacó hoy el periódico Expansión, especializado en
asuntos económicos.
“...Este viernes uno de los mayores escándalos en Wall Street”, continúa el cable, “quedó al descubierto después que arrestaron al ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, por participar en un fraude con un fondo de inversión que puede alcanzar los 50 mil millones de dólares.”
“...Madoff, ex presidente fundador del Nasdaq Stock Market, fue detenido la noche del jueves después que su propio hijo denunció ante autoridades federales que su padre llevaba lo que calificó como ‘enorme fraude piramidal’.
“...Bajo este esquema, sólo los primeros inversionistas obtendrían dividendos de sus inversiones, dejando al resto con pérdidas que, de acuerdo con la Fiscalía Federal en Nueva York, podrían alcanzar la citada cifra.”
Otro despacho de la agencia Reuters, de la misma fecha, cita: “...El presidente electo de Estados Unidos Barack Obama está considerando un plan para reactivar la economía del país que podría tener un valor mucho mayor que las estimaciones previas..., dijo el sábado el Wall Street Journal.
“...Los asesores de Obama, que hasta hace dos semanas estaban analizando un paquete de 500 mil millones de dólares, ahora consideran 600 mil millones (por año) durante dos años ‘una estimación en el rango muy bajo’ de lo que se necesita, informó el diario.
“...El monto fiscal del plan sería un millón de millones de dólares durante ese período, dado el deterioro de la economía.
“...Miembros del equipo de Obama han evitado referirse a los artículos de prensa que especulan sobre el monto del eventual paquete que el demócrata lanzará una vez que el 20 de enero asuma la presidencia de Estados Unidos.”
El cuadro se ve aún peor cuando las noticias llegan a través de las agencias cablegráficas reportando todo tipo de problemas que van desde la quiebra de la industria automotriz derivada de la crisis financiera, hasta los desastres naturales, pasando por el costo creciente de los alimentos, el hambre, la guerra y otros muchos hechos.
El problema es que ya no existe espacio habitable en nuestro planeta para repartir. El último fue Australia, de la que el Reino Unido se apoderó el 19 de enero de 1788. El medio ambiente hace ya rato que está comprometido. ¿Podrá nuestra especie superar esa barrera?
Fidel Castro Ruz
Diciembre 15 de 2008
¿Puede la sociedad capitalista evitarla? Las noticias que llegan sobre el tema no son alentadoras. En Poznan se analiza el proyecto que será presentado en diciembre del próximo año en Copenhague, donde se discutirá y aprobará el Convenio que sustituiría al de Kyoto. La Comisión que preside la elaboración del mismo está dirigida por Al Gore, el ex candidato presidencial de Estados Unidos que fue fraudulentamente derrotado por Bush en las elecciones de 2001. Los que lo elaboran ponen toda la esperanza en Barack Obama, cual si éste pudiera cambiar el curso de la historia.
Un ejemplo que ilustra procede de Canadá.
Un artículo de BBC Mundo titulado “Fiebre bituminosa en Canadá”, señala que “el área que se explota en estos momentos es de 420 km², pero que el gobierno de Alberta les cedió a las empresas petroleras casi 65 000 km². El área de reservas explotables es de 140 000 km²,
más o menos el tamaño del estado de la Florida.
“Desde el aire se ve cómo las minas han transformado el bosque en un paisaje lunar de cráteres y lagos con grandes columnas de humo, que crean enormes nubes en la atmósfera. Todo esto ocurre en una remota región de Alberta.”
En otra parte el artículo refiere: “...los principales actores en este momento son Suncor, Syncrude y un consorcio encabezado por Shell, pero hay cada vez más inversionistas extranjeros interesados en entrar al negocio.”
“...la falta de respuesta por parte del gobierno significa que no se ha hecho lo suficiente para contrarrestar los efectos en el ambiente.”
“...el Consejo del Cáncer de Alberta tiene previsto publicar un informe sobre el tema a principios de este año; 500 patos que llegaron a una poza de relave en Syncrude murieron... El gobierno abrió una investigación. Cualquiera que sea el resultado de estas investigaciones, parece que la oposición a la explotación de las arenas bituminosas va a seguir creciendo.”
El País, diario español, comunica que “...las estimaciones del organismo dependiente de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) toman como punto de partida las predicciones del FMI, que apuntan hacia una paulatina recuperación de la economía
global a partir del segundo semestre de 2009, cuando la producción mundial de petróleo alcanzará 86,3 millones de barriles diarios.”
El mismo órgano español de prensa publica que “el director del Departamento de Cambio Climático de China quiere dejar sentado que Beijing sólo limitará sus emisiones a cambio de mucha inversión y patentes de tecnología limpia. Su firma es imprescindible para que los 187 países reunidos en la ciudad polaca avancen en un protocolo que sustituya el de 1997. Obama retrasa 20 años la lucha contra el cambio climático.”
Otro cable de la agencia NOTIMEX, de fecha 13 de diciembre, explica que “...el colosal fraude de Wall Street llevado a cabo por el ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, causa pérdidas millonarias en España”, según destacó hoy el periódico Expansión, especializado en
asuntos económicos.
“...Este viernes uno de los mayores escándalos en Wall Street”, continúa el cable, “quedó al descubierto después que arrestaron al ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, por participar en un fraude con un fondo de inversión que puede alcanzar los 50 mil millones de dólares.”
“...Madoff, ex presidente fundador del Nasdaq Stock Market, fue detenido la noche del jueves después que su propio hijo denunció ante autoridades federales que su padre llevaba lo que calificó como ‘enorme fraude piramidal’.
“...Bajo este esquema, sólo los primeros inversionistas obtendrían dividendos de sus inversiones, dejando al resto con pérdidas que, de acuerdo con la Fiscalía Federal en Nueva York, podrían alcanzar la citada cifra.”
Otro despacho de la agencia Reuters, de la misma fecha, cita: “...El presidente electo de Estados Unidos Barack Obama está considerando un plan para reactivar la economía del país que podría tener un valor mucho mayor que las estimaciones previas..., dijo el sábado el Wall Street Journal.
“...Los asesores de Obama, que hasta hace dos semanas estaban analizando un paquete de 500 mil millones de dólares, ahora consideran 600 mil millones (por año) durante dos años ‘una estimación en el rango muy bajo’ de lo que se necesita, informó el diario.
“...El monto fiscal del plan sería un millón de millones de dólares durante ese período, dado el deterioro de la economía.
“...Miembros del equipo de Obama han evitado referirse a los artículos de prensa que especulan sobre el monto del eventual paquete que el demócrata lanzará una vez que el 20 de enero asuma la presidencia de Estados Unidos.”
El cuadro se ve aún peor cuando las noticias llegan a través de las agencias cablegráficas reportando todo tipo de problemas que van desde la quiebra de la industria automotriz derivada de la crisis financiera, hasta los desastres naturales, pasando por el costo creciente de los alimentos, el hambre, la guerra y otros muchos hechos.
El problema es que ya no existe espacio habitable en nuestro planeta para repartir. El último fue Australia, de la que el Reino Unido se apoderó el 19 de enero de 1788. El medio ambiente hace ya rato que está comprometido. ¿Podrá nuestra especie superar esa barrera?
Fidel Castro Ruz
Diciembre 15 de 2008
Apoyo de sindicatos ante la represión de líderes mineros.
Cuando a un gremio de trabajadores, como a los mineros y sus dirigentes se les agrede de forma continua y sistemática durante tres años, incluyendo el encarcelamiento de líderes, la muerte y las heridas de algunos agremiados, por dos gobiernos, el de Fox y Calderón, a eso se le llama represión de Estado y uso faccioso del poder, porque violenta los derechos humanos fundamentales de primera, segunda y tercera generación de un grupo y organización social.
Nos congratulamos con la salida de prisión de Carlos Pavón Campos, pero ¿a qué costo? Además, aún sigue detenido el compañero Juan Linares y están vigentes las órdenes de aprehensión contra otros miembros de la dirección del sindicato minero.
Es constante la agresión del gobierno a los derechos de los trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes, al de huelga, el de uso exclusivo de los agremiados de sus recursos económicos y otros más.
Ante esta situación y con el peligro de que durante diciembre aumenten las acciones ilegales, abiertas o encubiertas del gobierno contra los mineros (como el asalto al local sindical de hace casi tres años), y sin renunciar al derecho mexicano ni a la protesta y solidaridad nacional, acudiremos, en apoyo de los mineros, a los tribunales y a la solidaridad internacional.
Llamamos a los trabajadores, organizaciones sociales y a la opinión pública a brindar la más amplia solidaridad a los mineros hasta lograr el respeto cabal de sus derechos tanto humanos como sindicales. Realizaremos el martes 16 de diciembre, a las 10 de la mañana, un acto de solidaridad con ellos en el edificio del sindicato minero, en Doctor Vértiz 668. Te esperamos.
SME y los sindicatos de Bomberos, Hospital Español, RTP, La Jornada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Tranviarios, así como de Cilas, ANAD, ALAL y otras organizaciones. Responsables: Óscar Alzaga y Lauro SolLas experiencias de resistencia civil de no pago de la energía eléctrica
Norma Iris Cacho Niño y Antoine Libert Amico - 11-Dec-2008 - num.569 CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Las contradicciones del sistema energético en México
El sistema de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en México está plagado de contradicciones. Datos de la Comisión Federal de Electricidad afirman que la demanda energética del país esta cubierta hasta el año 2017. Sin embargo, la CFE tiene un amplio portafolio de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica(1). Estos proyectos adicionales representan un aumento en la capacidad de generación de unos 25,000 MW (megawatts), prácticamente la mitad de la actual capacidad efectiva de generación que es de 51,000 MW.
Estos proyectos de generación que incluyen, entre otros, 25 nuevas represas hidroeléctricas y la creación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (unos 5,000 aerogeneradores), están amenazando los territorios de pueblos y comunidades que serían despojados de sus tierras y desplazados para su realización.
A pesar de que la Constitución Mexicana establece que la energía eléctrica sigue siendo un servicio público propiedad de la nación, buena parte de estos nuevos proyectos de generación estarán en manos de empresas privadas. El director general de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub reconoce que: "como 60 o 70 por ciento será de la CFE y una tercera parte más o menos de esa generación serán proyectos privados"(2). Es decir que, aproximadamente, un tercio de la generación de energía eléctrica para los próximos años, será exclusivo de empresas privadas. Esto es posible gracias a la promulgación en 1992 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue parte de
los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano ante las Instituciones Financieras Internacionales para entrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta ley permite que se otorguen permisos para la generación privada de energía eléctrica por parte de empresas privadas, lo que antes era prohibido por la Constitución.
Según las investigaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 35% del total de generación eléctrica instalada en México es controlado por empresas transnacionales, particularmente de origen español(3). Con base en la Ley del Servicio Público, el gobierno federal ha otorgado un total de 671 autorizaciones al capital privado para la generación de energía eléctrica, bajo las modalidades de permisos de generación privada en autoabastecimiento, permisos de co-generación y permisos de producción independiente.
Actualmente, la CFE se encuentra produciendo solamente al 60% de su capacidad total de generación. Por lo tanto, existe una reserva no utilizada de 40%. Irónicamente, esta reserva de generación corresponde precisamente a lo que generan las empresas privadas. Es decir, la CFE tiene la capacidad de cubrir el 100% de la demanda energética nacional, pero busca priorizar que las empresas privadas generen su propia energía. Esta situación denota claramente la tendencia privatizadora de los energéticos del país.
En cuanto al consumo de la energía generada, el sector doméstico, que representa el 88% de los clientes de la CFE, consume apenas el 26% de las ventas de la paraestatal. Contrariamente, el sector industrial, que constituye apenas el 1% de la clientela, consume más de la mitad de la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, debido a las diversas reformas hacendarias llevadas a cabo por Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector industrial recibe grandes subsidios en las tarifas eléctricas, mientras los/as consumidores domésticos siguen padeciendo el alza constante de los recibos de luz.
En este año, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) - órgano federal que establece las tarifas energéticas - dio a conocer un subsidio de 8 mil millones de pesos para las tarifas industriales y comerciales, lo que representa un descuento de hasta 50%. Incluso Felipe Calderón anunció el 1 de noviembre pasado, una tarifa preferencial para el sector industrial que consta de una cuota fija anual. En contraste, la tarifa doméstica no ha cesado de aumentar, particularmente desde que el ex presidente Fox decretó, en 2002, el fin de los subsidios a las tarifas residenciales, lo que generó un aumento promedio de 75% en las tarifas domésticas a nivel nacional. Mientras las grandes corporaciones reciben subsidios, las tarifas domésticas experimentan un alza mensual constante en relación a la inflación y el incremento en los precios de los combustibles. De esta manera, se han documentado aumentos de 200 e incluso 300% en el recibo de luz bimestral de usuarios/as en la Ciudad de México.
Estas contradicciones no son excepciones a la regla, sino que son las características mismas de un sistema. Un sistema que prioriza el beneficio de las empresas por encima del bienestar de los pueblos. Un sistema que busca producir masiva y constantemente sin tomar en cuenta las consecuencias para los pueblos, el medio ambiente y las generaciones futuras. En resumen, un sistema conocido como el sistema capitalista.
El descontento popular se organiza
Actualmente, estamos siendo testigos/as de numerosas expresiones de descontento; pequeños y grandes actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad. En las comunidades rurales los pueblos se organizan, en algunos casos, para exigir tarifas justas, y en otros, para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a las altas tarifas de la energía eléctrica. En las ciudades, ante los altos cobros de energía eléctrica en un contexto de crisis económica, una práctica cada vez más recurrente es buscar la forma de "puentear" los medidores de energía, añadiendo un cable al interior de los mismos para que la corriente vaya directamente al fusible sin pasar por el contador. Además, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año se presentan en la Ciudad de México, aproximadamente, 1300 quejas contra Luz y Fuerza del Centro, la mayoría por los altos cobros del servicio.
Así, los pueblos buscan de diferentes maneras, con lo que tienen a su alcance, resistir e insubordinarse ante las agresiones estructurales de un sistema que pauperiza cada vez más su entorno y hace imposible el acceso a los servicios más básicos. En algunas buscando únicamente solucionar la necesidad inmediata y en otras construyendo procesos organizativos regionales. De tal forma, son las contradicciones del sistema energético las que han generado movimientos amplios y diversos en rechazo al modelo neoliberal en México.
Uno de los ejemplos emblemáticos de las resistencias a los megaproyectos de la Comisión Federal de Electricidad, ha sido protagonizado por los ejidatarios/as del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quienes han conseguido frenar el megaproyecto hidroeléctrico en sus tierras. Tras cuatro años de resistencia, y aunque el proyecto de la represa no está aún definitivamente cancelado, han logrado defender y posicionar sus derechos como pueblos. Con su lucha y sus experiencias han sido la inspiración para la creación de diversos procesos de resistencia a los megaproyectos de la CFE y, particularmente, de diferentes iniciativas de coordinación entre estos movimientos.
De esta manera, durante el Encuentro de Resistencias desarrollado en mayo de 2007 en Oaxaca, la valiente resistencia del CECOP frente a las amenazas de represión gubernamental, fue la inspiración para la constitución de una Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, que se realizó del 13 al 20 de junio de 2007. Esta jornada no fue sólo una expresión de solidaridad con la digna lucha del CECOP, sino que también fue un espacio dónde las comunidades y organizaciones de diversas regiones expresaron sus propias demandas y exigencias ante las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad.
Durante la Jornada Nacional se realizaron marchas, mítines y pronunciamientos públicos en Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, siendo las principales exigencias: la cancelación de los megaproyectos hidroeléctricos y eoloeléctricos de la CFE, el alto a la privatización de los energéticos, el respeto a los movimientos de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica, el rechazo al Plan Puebla-Panamá y el cese a la represión contra los movimientos de resistencia civil.
La Jornada Nacional de Movilización contra la CFE se convirtió así en la precursora de los trabajos de coordinación y alianza nacional que actualmente están dando sus primeros frutos. Resultado de esta jornada y de necesidades concretas de articulación, los pueblos en resistencia a las políticas de la Comisión Federal de Electricidad, se encontraron en noviembre pasado en una comunidad con una larga e importante historia en la lucha contra el modelo neoliberal.
Encuentro Popular "Agua, Energía y Alternativas Energéticas": los pueblos en resistencia en la Parota
Del 6 al 8 de noviembre se llevó a cabo en Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, Guerrero, comunidad integrante del CECOP, el Encuentro Popular "Agua, Energía y Alternativas Energéticas". Más de 400 personas representantes de redes nacionales, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, se reunieron para compartir sus problemáticas y definir acciones coordinadas a nivel nacional.
Quizá por vez primera confluían comunidades en resistencia a la política energética privatizadora, en casi todas sus modalidades: megaproyectos (represas, parques eólicos, tendidos eléctricos de alta tensión), altas tarifas de energía eléctrica y minería, que fueron los ejes articuladores de los trabajos durante tres días.
El descontento y la inconformidad contra las altas tarifas de energía eléctrica empiezan ya a generalizarse en buena parte del país. En este encuentro se constató que cada vez hay más comunidades y municipios enteros que empiezan a organizarse y a repeler las embestidas de la Comisión Federal de Electricidad, quien, siguiendo los dictámenes de las Instituciones Financieras Internacionales, exporta energía a precio preferencial a otros países, principalmente Estados Unidos. En cambio a los pueblos se les han venido imponiendo tarifas estratosféricas, imposibles de pagar para las comunidades campesinas e indígenas del país. Como resultado, miles de usuarios/as de Campeche, Veracruz, Tabasco y Chiapas, se han declarado en Resistencia Civil a las altas tarifas de energía eléctrica, conformando un movimiento regional que se ha extendido a varios estados del norte del país, como Baja California y Chihuahua, así como a otras regiones, que parece convertirse ya en una resistencia nacional.
En el Encuentro Popular en la Parota, integrantes de la resistencia civil a las altas tarifas de energía eléctrica de Veracruz, Campeche, Guerrero, Oaxaca y Chiapas compartieron experiencias de lucha y organización. La presencia de los procesos organizativos tan diversos en formas, tiempos y prácticas, permitieron contar con una especie de radiografía desde la experiencia de los pueblos, en el difícil camino de la resistencia civil, de la insubordinación, del cuestionamiento a un sistema que les exige pagar por un servicio.
Un camino parece haberse seguido en buena parte de los procesos que se compartieron. En un inicio las comunidades en resistencia optaron por la negociación de los altos cobros de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. Fue un camino que se abandonó al poco tiempo tras la falta de interés e incompetencia de la CFE, las idas y vueltas, los condicionamientos, las promesas incumplidas, el ofrecimiento de "créditos" para, al final, terminar pagando más…
"No es el remedio llevar los recibos a CFE; si se puede negociar el recibo pero al semestre siguiente nos llegan más caros todavía… Nos cierran puertas; no nos toman en cuenta en la CFE, ni en ninguna parte si no estamos bien organizados, por esto no tenemos otra opción que ir al no pago" (Testimonio de un compañero del sur de Veracruz)
Otra experiencia interesante fue la de un ex trabajador de la CFE, quién explica: "López Mateos nacionalizó la energía eléctrica, la CFE nació sin fines de lucro, no para generar ganancias, para el beneficio de todos los mexicanos… las tarifas las pone la Secretaría de Hacienda, que no sabe nada de energía"
Uno de los momentos más significativos se dio cuando el proceso organizativo de las comunidades en resistencia a las altas tarifas de los estados de Campeche, Veracruz y Chiapas, que llevan varios años en el camino fortaleciéndose cada vez más, se encontró con la Montaña de Guerrero, dónde 27 comunidades han comenzado a gestar un proceso de resistencia a las altas tarifas de energía eléctrica. Ante el camino andado por las experiencias organizativas de Chiapas desde hace más de 10 años, así como los procesos de Veracruz con seis años y Campeche con dos años, los representantes de las comunidades de Guerrero cayeron en la cuenta de que son muchas las comunidades en resistencia al pago de las altas tarifas de la luz; comunidades que han tomando en sus manos el mantenimiento de las redes de energía eléctrica en defensa y reivindicación de su autonomía como pueblos; comunidades que están conformando movimientos estatales y regionales, y que aspiran a construir un movimiento nacional.
Y ese fue precisamente uno de los principales acuerdos del Encuentro Popular: la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Fruto de los andares de las resistencias y de las ansias por aglutinar y coordinar fuerzas, el nacimiento de esta Red Nacional significa la articulación de varios movimientos del país, que identifican un enemigo común: el sistema neoliberal que enriquece a algunos y empobrece la vida de otros/as…
Los agresiones gubernamentales no se hicieron esperar. Tan sólo unos días después de la realización de este Encuentro, compañeros y compañeras del Movimiento de Resistencia Civil del No pago a la Luz Eléctrica del municipio de Candelaria, Campeche, recibieron el aviso de una demanda penal en su contra. Demanda que se enmarca en la estrategia de represión e intimidación hacia aquellas personas que se atreven a levantar la voz y organizarse. Como dijo un compañero de la Montaña de Guerrero: "El resultado de las demandas de nuestros pueblos siempre han sido las órdenes de aprehensión"
El movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en el municipio de Candelaria, Campeche
El municipio de Candelaria se encuentra a 239 kilómetros de la capital del estado y colinda con Tabasco y Guatemala. Candelaria se conforma por aproximadamente 37,000 habitantes y es uno de los municipios del estado de Campeche con mayor porcentaje de analfabetismo. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio. El salario mínimo de la región es de 49.50 pesos diarios.
El movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en Candelaria, Campeche es un movimiento que inició en agosto de 2006, debido a las excesivas tarifas de energía eléctrica y al deficiente servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Su
exigencia ha sido el establecimiento de una tarifa justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región. Actualmente más de 30 comunidades se agrupan en este movimiento. Se identifican con una calcomanía pegada en el medidor que expresa "¡No a la privatización de la Energía Eléctrica!".
En un inicio el Movimiento de Resistencia Civil intentó negociar con la Comisión Federal de Electricidad en la exigencia de una tarifa justa. Ese camino no funcionó; los incumplimientos de los acuerdos firmados por los funcionarios, los constantes cortes al servicio eléctrico por parte de la CFE, así como las reacciones violentas de los funcionarios en las negociaciones, hicieron desistir al Movimiento de Resistencia de Candelaria. Amén de la fuerte presencia policíaca y militar que es una constante en todo el país, pero que en Campeche se ha recrudecido aún más bajo el pretexto y la justificación militarista de Calderón, en su "lucha contra el narcotráfico". Fue así como la Resistencia Civil de Candelaria decide tomar el camino de la autonomía y en ejercicio del legítimo derecho de los pueblos, dan por terminadas las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad y deciden agruparse en la "Otra Campaña", esfuerzo político organizativo que intenta construir "otra forma de hacer política", vinculando a pueblos indígenas y campesinos, organizaciones sociales y civiles, colectivos y personas. Comienzan entonces los esfuerzos organizativos autónomos, consistentes en cursos de capacitación sobre el manejo de energía eléctrica, con la finalidad de formarse en la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico.
Pero también comenzaron las intimidaciones, que han desembocado en una situación crítica para las compañeras y compañeros en resistencia de Candelaria, Campeche. Hace algunos meses empezaron los rumores acerca de que se llevarían a cabo operativos para desmantelar las instalaciones eléctricas de las familias en resistencia. En junio, las compañeras y compañeros recibieron la visita de una comisión "especial" de empleados de la CFE de la capital de Campeche. Apaciblemente les comunicaron que no se estaban planificando operativos de desmantelamiento, pero un mes después comenzaron las acciones. El primer operativo violento tuvo lugar el 9 de julio cuando varios empleados de la CFE iniciaron los cortes masivos de energía eléctrica en la cabecera municipal de Candelaria, dejando sin luz a doce personas. La comunidad se agrupó para resistir la intimidación, exigiendo la reinstalación de los cables y bajantes, logrando la reinstalación total hacia las 23:30 hrs. Posteriormente el 25 de septiembre en un operativo todavía más violento e intimidador, dónde participaron alrededor de 20 vehículos equipados de la CFE y tres patrullas de la policía municipal, se realizaron cortes masivos a las comunidades en resistencia de la cabecera municipal de Candelaria y la comunidad Francisco J. Mújica, logrando dejar sin energía eléctrica a 60 familias. En medio de las exigencias para la reinstalación del servicio, la resistencia civil de Candelaria se reunió con un representante de la CFE, quién se comprometió a respetar al movimiento e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.
El mencionado funcionario de la CFE cumplió su promesa e informó a las autoridades. Esto desembocó en una demanda penal contra Sara López y Joaquín Aguilar, dos de los más activos integrantes del Movimiento de Resistencia Civil de no Pago a la Luz Eléctrica. Actualmente enfrentan un proceso promovido por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, Joel Rafael Baeza, como presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento de la realización de un servicio público, integrándose la averiguación previa PGR/CAMP/ESC-1/103/2008. En los últimos días se ha tenido conocimiento de que existen, al menos, tres compañeros más implicados en la averiguación previa.
Este proceso penal parece ser promovido desde la jerarquía de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del superintendente de Campeche, Augusto Trejo Castro, quién bajo las órdenes de Jorge Humberto Gutiérrez Requejo, gerente de la División Peninsular de la CFE (con oficinas en Mérida, Yucatán) han venido instrumentado un operativo jurídico de desgaste, con la finalidad de debilitar el proceso político y organizativo de las compañeras y compañeros de la Resistencia Civil. Esta aseveración deviene de dos hechos fundamentales: por un lado, el caso ha sido turnado a la Agencia del Ministerio Público de Escárcega, a pesar de existir una oficina en la ciudad de Candelaria, citando en dos ocasiones de un día para otro, dificultando el traslado de las compañeras y compañeros del movimiento de Resistencia Civil, originando un desgaste anímico y monetario muy fuerte. Por otro lado, en lo que va del proceso han existido comentarios dudosos y sugestivos por parte de la abogada de oficio y funcionarios del Ministerio Público que lleva el caso, invitando a los compañeros a aceptar parte de la responsabilidad en los hechos, sugiriendo que "las órdenes vienen de arriba", teniendo pocas posibilidades de salir avantes en el proceso penal. Estas situaciones podrían vislumbrar la participación de funcionarios de mediano e inclusive alto nivel en el proceso que se sigue a las compañeras y compañeros del Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria, Campeche.
Cabe mencionar que las compañeras y compañeros de Campeche tuvieron una destacada participación en el Encuentro Popular "Agua, Energía y Alternativas Energéticas" celebrado recientemente en la Parota. En este encuentro se dieron cita las principales luchas y movimientos organizativos que enfrentan los embates de la Comisión Federal de Electricidad. La compañera Sara López expuso: "estamos en resistencia por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos. También estamos en resistencia porque las tarifas son injustas e impagables, con un salario mínimo de 49 pesos… El servicio eléctrico es del pueblo, no es de los legisladores ni del gobierno. El no pagar las tarifas injustas no es un fraude a la nación. El gobierno nunca nos ha consultado sobre las tarifas… No nos estamos negando al pago, pero hasta no tener una tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar…"
La estrategia de represión instrumentada por las instancias oficiales coincide con uno de los principales acuerdos del Encuentro Nacional en la Parota: la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Es evidente el temor de las instancias gubernamentales hacia un movimiento popular de descontento y cuestionamiento estructural que se extiende ya por varios estados del país. Parece ser una especie de advertencia para otros movimientos de resistencia civil que llevan años cuestionando y negándose al pago de las altas tarifas de energía eléctrica.
La demanda en contra de Sara López, Joaquín Aguilar y demás compañeros/as es un claro hecho de intimidación y persecución política, que está siendo disfrazada de procedimiento penal, con la finalidad de amedrentar al movimiento de Resistencia Civil de Candelaria que ha ido creciendo en número y cohesión de reivindicaciones. El Movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en Candelaria ha iniciado una estrategia de defensa jurídica y política que cuenta con el respaldo de los pueblos en resistencia de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, entre otros. La Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, deben saber que las resistencias no están aisladas y no van a responder de manera individual. Este es un movimiento que se aglutina y toma cada vez mayor fuerza. Si la estrategia gubernamental pretendía frenar y debilitar un movimiento, en las acciones de respuesta cobrará sentido, entonces, la sentida consigna: "Si golpean a uno/a nos golpean a todos/as"…
Notas:
1. Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017.
2. La Jornada, 2/02/2008.
3. Sindicato Mexicano de Electricistas, Las tres hermanas españolas se reparten el pastel de la generación de electricidad en México.
Juventud narca: Matar para vivir
GLORIA LETICIA DíAZA los habitantes de Ciudad Juárez ya se les torció la existencia. En su cruenta guerra por la plaza, La Línea y el cártel de Sinaloa reclutan como sicarios a menores de edad y destrozan cientos de vidas. Los reporteros de Proceso recorrieron las colonias más peligrosas para obtener el testimonio de algunos adolescentes que han aprendido a sobrevivir matando en el implacable mundo del narcotráfico.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- A los 12 años, J. enfrentó un juicio en el Tribunal para Menores debido a que portaba un arma de uso exclusivo del Ejército; después de un año de estar encerrado o "torcido", volvió a su colonia, de donde salió como uno de los pandilleros más temerarios. Tres años después, en una batalla callejera disparó contra un par de jóvenes iguales a él pero de otros barrios.J. siempre lo tiene presente. Eran las cuatro de la tarde. Los chavos contra los que usó su pistola tipo escuadra calibre .380 estaban en el suelo y pedían que los perdonara, pero al verlos tirados, con el terror en sus caras, los ejecutó. Todavía, cuando llega a dormir, sueña con esas caras, sobre todo con la de uno de ellos: ese tenía 16 años, acaba de llegar a Juárez y no tenía ningún conflicto con él. Lo detuvieron e iba a ingresar por segunda vez al Consejo Tutelar, pero fue rescatado antes por los narcos que controlan colonias de la zona Poniente de Ciudad Juárez. "Ahora trabajas para nosotros", le dijeron a J. Tenía que pagar su libertad. Ahora tiene 17 años y es uno de los sicarios de La Línea, uno de los cárteles que lucha por controlar el trasiego de droga por esta ciudad fronteriza. En el barrio se le mira tranquilo. Habla de futbol y a veces de música, pero de pronto recibe llamadas en su teléfono celular. "Vente, hay un 'evento'", le dicen. Y J. deja lo que está haciendo, oculta su escuadra entre la ropa y espera a que pasen por él para ir al "jale", a ejecutar a quien le indiquen, con la certeza de que, si la policía lo agarra otra vez, los jefes arreglarán su liberación para que él siga en deuda con ellos.Muchos menores de edad que viven en los barrios pobres de Ciudad Juárez tienen historias similares y en los últimos tres años han sido reclutados por las bandas del narcotráfico, que necesitan un ejército para librar la guerra interminable en las calles. Según un reporte de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, este año, del 1 de enero al 6 de diciembre la violencia ligada al narco ha cobrado mil 443 vidas en esta ciudad, casi el 30% de las poco más de 5 mil ejecuciones en todo el país. "Son la carne de cañón del crimen organizado", señala al respecto Teresa Almada Mijares, directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, que ha seguido con detalle cómo aumenta la participación de los jóvenes en delitos graves y, en consecuencia, cómo al menos en el último año y medio engrosan las cifras de fallecidos.De las mil 443 víctimas registradas por la procuraduría estatal, 742 tenían 30 años o menos; 18 de ellos eran menores de 15 años, 174 tenían de 15 a 20, y 279 estaban en el rango de 21 a 25 años.La dependencia detalla en su reporte que, en 119 de estas 742 muertes el móvil fue el narcomenudeo, y 273 se atribuyeron a otras modalidades de la delincuencia organizada.Dice Almada Mireles: "Se ha ido creando una condición muy favorable para que muchos jóvenes pobres en Ciudad Juárez sean vinculados a la delincuencia organizada. Es una población que a nadie le importa: provienen de familias en condiciones precarias, hijos de migrantes unos, y otros de madres solteras; (están) abandonados por el trabajo en la maquila, sin educación y sin alternativas."Las vidas de muchos de estos jóvenes transcurren entre la informalidad y la ilegalidad. Son un poco estudiantes, un poco delincuentes. Algunos alternan actividades, la hacen de polleros, de puchadores (distribuidores de droga) y ahora de sicarios. A eso hay que sumar que hay un consumo muy extendido de drogas y una debilidad en las instituciones políticas y sociales muy acusada".Ofrece datos preocupantes: en la zona poniente de Ciudad Juárez, donde se concentra el 42% de la población, sólo existen dos preparatorias. El 30% de la población de entre 12 y 15 años no estudia ni trabaja. En toda la ciudad, sólo tres de cada 10 adolescentes estudian, en tanto que existen por lo menos 380 pandillas, que ante el abandono se convierten en el único vehículo de socialización de los jóvenes: son su familia.
-¿Cómo se han ido integrando los chavos a la delincuencia organizada? -se le pregunta a V., de 16 años.
-En el barrio (la banda) uno anda en la calle sin hacer nada, porque en la escuela no nos quieren, que porque somos cholos, y ahí se van acercando esos batos, los que venden droga y controlan el punto (de distribución)."En mi colonia dan 200 pesos por seis u ocho horas, te dan la droga, piedra casi siempre, y a otro le dan un arma. Hay siempre otros dos, que les dicen postes, que son los que vigilan; ellos traen arma y también les dan 200 pesos. Si la cosa se pone fea, que vengan de otro barrio a echar bronca, llegan los sicarios a tirar bala. En mi colonia les dan mil pesos por semana, pero eso es porque ahí todo está seguro".Y es que en las principales avenidas y en el centro de la ciudad, donde la venta está más a la vista, los sicarios reciben de 3 mil a 5 mil pesos por semana, pues no sólo defienden el punto de venta, sino que también se encargan de la distribución.Otros, más especializados, cobran 20 mil pesos por ejecutar a personajes "pesados", sean policías o adversarios del patrón. En todo caso, las sumas que se manejan nada tienen que ver con el salario de la maquila: 600 pesos por semana.
"Todo está arreglado"
Con sus calles sin pavimento ni iluminación, casas de materiales precarios e incluso improvisadas con desechos industriales, las colonias del poniente de Ciudad Juárez son el campo de batalla de las bandas controladas por los cárteles que se disputan la plaza: La Línea y el cártel de Sinaloa.Por eso los juarenses viven en permanente zozobra. No hay día ni noche sin balacera. Casi no hay niños en las calles. Los parques, construidos por las comunidades ante el abandono gubernamental, ya son puntos de distribución de drogas.Por miedo, la gente no denuncia ni siquiera las lesiones que han sufrido en el fuego cruzado. Se siente la amenaza. De hecho, durante el recorrido de la reportera insistieron en que no se les identificara porque los capos pueden aplicar represalias.En el centro de la ciudad y en colonias como La Cima, la distribución de enervantes se lleva a cabo abiertamente, aunque los soldados patrullan continuamente. Los jóvenes vendedores ofrecen sus productos en las banquetas y esquinas de calles poco iluminadas: piedra, heroína, inhalantes y cocaína. La mariguana sólo a veces, porque en estas fechas escasea, según los vendedores "porque toda se entrega directo a Estados Unidos". La piedra es la droga que más consumen los juarenses en colonias populares. Por una dosis pagan 60 pesos. Ningún movimiento se les escapa a los cárteles. Jóvenes de entre 18 y 20 años patrullaban en carros sin placas y vigilaban los pasos de los reporteros, de día y de noche, cuando se acercaban a un punto de venta. "Son los que traen la merca, pero también traen armas", comenta un joven de estas colonias. Cuando esos vehículos llegaban a los puntos, creaban tensión entre los vendedores y sus clientes potenciales, pues, según dijeron varios de ellos, no podían prever lo que harían al ver periodistas.La Cima, donde la venta de enervantes las 24 horas ya es casi tradición, está a menos de 200 metros del Centro Deportivo Altavista, donde acampan soldados. Pero los encargados de los puntos de venta no les tienen miedo porque, dicen, "todo está arreglado".L. es un joven que atiende uno de estos sitios. "El narco te da pistola -asegura- y uno puede estar vendiendo sin problema. Si llega un policía puedes decirle que se vaya porque estás trabajando. Nomás le doy el nombre del patrón y aunque traiga armas no dicen nada. Pero si viene el Ejército o los federales, te van avisando por radio y escondes la merca y el fierro, y no pasa nada, nomás te revisan y ya."¿Drogas? No podemos consumirlas, está prohibido porque el patrón quiere que andes al tiro, alerta; si te agarra consumiendo, no te la acabas. Uno puede cuando termina el turno, pero la mayoría no le hacemos a eso."Algunos que le hacen a la sicariada, se meten pastillas cuando van a un 'evento' y se ponen bien locotes. Saben que los pueden matar, pero igual te matan en el punto. Por mil 200 pesos que dan a la semana por vender, no sabes cuándo te pueden llegar, o si te tuercen (detienen), tampoco sabes si te van a sacar", explica.La falta de garantías para salir vivo llevó a otro joven, identificado como M., a dejar esa actividad criminal.Chavo de barrio, que parece violento por naturaleza por su afición a disparar con facilidad, M. fue detenido dos veces por homicidio siendo menor de edad, pero nunca pisó el Consejo para Menores porque los hombres del narco lo evitaron.Como a muchos otros, lo llamaron para cobrarle los favores. Pero él sólo hizo tres trabajos como sicario, ya que pronto se enteró cómo trataban sus patrones a los que son buenos con el gatillo. El más pesado de los narcos le dio una orden: "Aquel salió muy bueno, ya se echó a 20. Mátalo". Tuvo que cumplirlo. Un sicario no puede saber tanto.Entonces M., que acaba de cumplir 18 años, se sinceró con sus patrones: "Ya pagué los paros (los favores por liberarlo), hasta aquí llegué", les dijo. Resultó, aunque sigue perteneciendo al barrio, porta armas y es uno de los más temidos.Sin expectativasEjercicios psicológicos realizados en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores (EMSM), que antes era el Consejo para Menores, demuestran que la muerte ronda siempre el pensamiento de estos jóvenes, al grado de que ni siquiera se imaginan cómo será su vida después de cinco años.Cristina Ramos, directora de la EMSM, resume cómo ha evolucionado la situación: "Antes los muchachos que venían por portación de arma provenían de pandillas, vivían al día y no se visualizaban más allá de cinco años. Ahora las cosas son peores. Los que están aquí vienen por delitos fuertes, vinculados a la delincuencia organizada. Hemos hecho ejercicios con ellos y lo más que llegan a visualizarse es en dos años, cinco años es mucho, porque saben que lo más seguro es que van a morir. Para ellos esa es su realidad, y aunque están aquí por otros delitos, cuando los escuchas hablar, porque alardean, te das cuenta que muchos andan en eso, en el sicariato".Por ejemplo A., un joven sicario, escuchó una charla en su colonia sobre el calentamiento global y los riesgos que implica para la humanidad. Y dio su opinión: "¿Para qué me preocupo, si en un año me van a matar?"Con todo, Cristina Ramos reconoce que la población que atiende en la EMSM no expresa por completo la realidad de la calle. El 1 de julio pasado entró en vigor en Chihuahua el nuevo sistema judicial para menores, que "da muchas facilidades para que los jóvenes salgan", porque sólo se aplican sanciones a menores de entre 14 y 17 años, aunque hay casos de adolescentes de 13 años que han cometido delitos graves, y a ellos no se les considera sujetos a proceso penal.En la EMSM actualmente hay 71 internos, dos son mujeres. De todos ellos, 55 cumplen sanciones impuestas con el anterior sistema judicial para menores y están sujetos a revisión.De estos internos, 27 cayeron por robo; siete por posesión de arma de fuego e igual número por delitos contra la salud y homicidio; cinco por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, y 6 por robo de vehículo. El 45% de los internos tienen 17 años y el 32% 16 años.Aunque las detenciones de menores son frecuentes, no todas se traducen en procesos y mucho menos en el envío a la EMSM. De acuerdo con la procuraduría estatal, en los primeros 11 meses de este año, 62 menores fueron enviados a la Unidad Especializada para Adolescentes Infractores. Como ejemplo del funcionamiento de la nueva legislación, de julio al 25 de octubre pasados la Unidad Especializada recibió 38 casos: 21 por la portación de arma de fuego y posesión de droga, 15 por robo con violencia, uno por homicidio y otro por lesiones. Sólo estos dos últimos fueron remitidos a la EMSM, los otros 36 están libres (El Diario, 25 de octubre).La participación de jóvenes en el crimen organizado, y específicamente en el narcotráfico, no es nueva ni exclusiva de Ciudad Juárez. Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, señala: "En estados como Michoacán, Sinaloa y Guerrero, productores de enervantes, los adolescentes y niños se dedican a la siembra como parte de las actividades de la comunidad, e incluso en el manejo de armas de fuego, pero ahora en un contexto de violencia extrema por la guerra contra el narcotráfico y la crisis económica. Los jóvenes ven que quienes ofrecen alternativas de manera inmediata son los narcos, y quienes reprimen son las policías y el Ejército, que además tienen una política criminalizante hacia los jóvenes".Sin embargo, sostiene Sauri, "aunque niños y niñas puedan ser involucrados como vendedores de droga o sicarios, siguen siendo víctimas de la violencia, están siendo empujados a ello porque no hay políticas públicas de contención... No se puede lanzar una política de esta magnitud de lucha contra el narcotráfico, que es fundamentalmente criminalizante, sin medir las consecuencias, porque le están pegando a toda la población". La organización Cauce Ciudadano trabaja con jóvenes "a los que nadie quiere atender, que por un lado llevan 20 mil pesos y por otro un arma", dice Carlos Cruz Santiago, su director general. "Tenemos casos de jóvenes de 14, 15 y 16 años en la zona poniente de la Ciudad de México que están siendo contratados para el sicariato, por 12 mil y hasta 16 mil pesos mensuales", afirma."Hace 20 años -prosigue- los chavos se involucraban en un tema de estos por estatus, después por un asunto económico y después por reconocimiento, pero lo que hoy estamos encontrando, tristemente, es que se están involucrando por pobreza, no hay qué hacer, no hay empleo".Agrega que, en varios estados de la República, desde hace año y medio los adolescentes son reclutados por el crimen organizado porque "no tienen capacidad económica".Alerta en que la actual crisis puede presionarlos aún más, si se considera que, según el Instituto Nacional de la Juventud, 8 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan.Además, dice Cruz Santiago, "ya empezamos a ver muertos de entre 15 y 20 años, el fenómeno de Colombia, con que allá batallaron por lo menos 10 años, lo tenemos ahorita y no lo podemos negar".Elena Azaola, autora del estudio Infancia robada, que aborda la explotación sexual infantil, y especialista en temas de adolescentes, advierte que 15% de los menores de edad del país son vulnerables ante la violencia que se ha desatado en la guerra contra el narcotráfico."Se olvida que los narcotraficantes son miembros de la comunidad, y cada ejecución implica una familia destrozada, porque además no se está haciendo justicia. ¿Qué va a pasar con los hijos de todas esas personas que están muriendo? Si esas muertes se estuvieran investigando, si se supiera la verdad, habría cierta manera de reparar (el daño social), pero son muertes que están quedando impunes y eso incita a cualquiera de los familiares a que el día de mañana tome venganza".Para atenuar tan desastrosos efectos, Azaola recomienda que las autoridades apliquen políticas enfocadas a los jóvenes como parte del combate al crimen organizado: "Lo que hace que los narcotraficantes que mueren hoy sean suplidos el día de mañana por gente cada vez más joven, es la falta de alternativas y de expectativas de vida".
Trasnacionales: El plan fuga
Ante el desmesurado incremento de la narcoviolencia y la inseguridad durante los primeros dos años del gobierno de Calderón, muchas empresas trasnacionales están pensando en irse del país o cancelando proyectos de inversión. La causa, de acuerdo con una firma estadunidense que asesora en el tema a unas 500 empresas extranjeras establecidas en México, es que ahora deben destinar mayores recursos a la seguridad de instalaciones, directivos y mercancías, con la agravante de que altos funcionarios del gobierno federal mexicano y numerosas autoridades locales se encuentran asociados a los delincuentes...
WASHINGTON.- El problema de la narcoviolencia y la inseguridad en México, que ha batido varios récords de criminalidad durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, está conduciendo a las empresas trasnacionales a considerar su salida del país o a reducir sus inversiones por falta de garantías y por los crecientes costos de sus programas de seguridad.Especialistas extranjeros dedicados a analizar la problemática del crimen organizado y la violencia advierten lo anterior, y uno de ellos, Tobias Friedl, analista de la región de América Latina de la empresa Intelligent Risk Systems (conocida por su logo iJET), encargado del tema en México para más de 500 trasnacionales, señala:"La situación de la inseguridad empeoró durante el gobierno de (Felipe) Calderón. Había más estabilidad y tranquilidad durante el sexenio del presidente Vicente Fox." iJET, un firma privada con sede en Washington dedicada a la asesoría sobre los problemas de riesgo en América Latina para ayudar a empresarios e inversionistas a garantizar la integridad de sus capitales, bienes y personal en otros países, es enfática en su diagnóstico relativo a los primeros dos años del sexenio de Calderón:
"Hay una confrontación abierta entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico, hecho que ha provocado un aumento de la violencia en todos sus aspectos, y es una situación que preocupa a los empresarios con intereses en México", resume el análisis general elaborado por Friedl.
El especialista de iJET, quien fue analista de la narcoviolencia en Colombia durante los años de dominio de Pablo Escobar Gaviria, aclara que la inseguridad en México que espanta a los empresarios extranjeros no se debe únicamente a la respuesta de los cárteles del narcotráfico a la guerra militarizada que les declaró Calderón. "Los índices de secuestros también han subido, y este problema no necesariamente está relacionado con el del narcotráfico. Aquí entra el tema de la ineficacia gubernamental para acabar con ese delito". Friedl refiere que sus clientes que piensan retirar o reducir sus capitales en México tienen sus bases de operación en la frontera norte del país, y puntualiza: "Ciudad Juárez y Tijuana son las dos ciudades de la frontera norte de México más afectadas por el retiro o salida de capital de las trasnacionales". Para iJET, las trasnacionales y sus funcionarios, además de correr el riesgo de ser víctimas de los ataques del crimen organizado o de simples criminales, están gastando varios millones de dólares en presupuestos especiales dedicados a la seguridad.Dichas empresas, continúa, se ven obligadas "a tener presupuestos especiales para el resguardo de mercancías durante su traslado por carreteras, para la compra de autos blindados y para el pago de salarios de guardias ejecutivos, entre otros muchos aspectos que se tienen que considerar en este rubro". Mientras tanto, el gobierno de Calderón, que ha intentado proyectar en México y en el mundo la idea de que la narcoviolencia es consecuencia del éxito de su campaña militarizada, enfrenta un reto adicional: convencer al Congreso de Estados Unidos y a Barack Obama de que lo deben seguir apoyando en su combate a las drogas, aunque no pocos de sus más altos funcionarios han sido descubiertos en complicidad o protección de los delincuentes. En las últimas dos semanas, periódicos de influencia nacional, como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, y cadenas de televisión, como CNN y PBS, no sólo han destacado las más de 4 mil 500 ejecuciones registradas este año, las constantes decapitaciones y desapariciones de personas, sino también la escandalosa corrupción por narcotráfico en los altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aunque el gobierno de Calderón intenta pintar las acusaciones derivadas del fenómeno como éxitos de su Operación Limpieza."No hay duda de que estos casos de corrupción y el aumento en el número de víctimas de la narcoviolencia serán un problema el próximo año para el gobierno de México y para la presidencia de Barack Obama, en sus intentos por conseguir que el Congreso (estadunidense) les apruebe el presupuesto de la Iniciativa Mérida para el año fiscal de 2009", declara a Proceso Maureen Meyer, coordinadora de Programas para México y Centroamérica de la Washington Office on Latin America (Wola), organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.En el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes ya se aprobó un presupuesto por 470 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida durante el año fiscal de 2009, pero en el Senado el presupuesto aprobado es de sólo 400 millones. Meyer considera que ninguna de estas dos cifras será la definitiva porque seguramente lo que está pasando en México, y la difusión que la prensa estadunidense está dando de la situación, provocarán cambios drásticos en lo que la presidencia de Obama podría destinar a México. "Mientras que los reportes de corrupción en México son una preocupación para el Congreso de Estados Unidos, hay mecanismos adecuados dentro de la Iniciativa Mérida para garantizar que los fondos y equipo militar que entreguemos a México no caigan en las manos equivocadas", manifiesta también en entrevista el representante demócrata Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. "La continuidad de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico es vital para los gobiernos de México y de Estados Unidos, sobre todo para acabar con la violencia inspirada por este problema", manifiesta Engel.Tanto en el Capitolio como entre los analistas de iJET se comenta que Arturo Sarukhán, el embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos, tiene en sus manos la difícil tarea de vender una imagen de su país distinta a la que presentan los medios de comunicación, para poder convencer al Congreso y a la presidencia de Obama de que el gobierno de Calderón está siendo exitoso en su lucha militarizada contra el narcotráfico.Tobias Friedl, quien se reserva los nombres de sus más de 500 clientes que operan en México, asegura que debido al aumento de la narcoviolencia los inversionistas extranjeros ya están cancelando algunos proyectos de negocios que tenían pactados en ciudades de la frontera norte."El gran temor, obviamente, es que ellos vayan a ser la próximas víctimas de la narcoviolencia", apunta, y subraya: "En la actualidad, nuestros clientes, alarmados por lo que leen en la prensa de Estados Unidos, nos preguntan sobre la efectividad verdadera de la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado. Nos dicen que si la lucha bilateral contra el narcotráfico fuera efectiva, entonces se puede esperar que los grupos criminales del tráfico de drogas se enfoquen en el secuestro de extranjeros para compensar sus pérdidas".
Corrupción, el mayor reto
Friedl entregó a este semanario una copia del tipo de reportes que se encarga de elaborar, así como de las recomendaciones que hace al respecto.Titulado Los cárteles de la droga atacan a civiles en Tijuana, el documento expone que, de acuerdo con las autoridades de ese municipio, los cárteles mexicanos de la droga han comenzado a atacar a civiles en sus esfuerzos por fortalecer su poder y control de la ciudad. Señala que, sólo desde octubre, ha habido decenas de asesinados -incluidos 10 niños- en lugares públicos como salas de cine y salones de billar, aparentemente durante balaceras indiscriminadas. "Funcionarios mexicanos sospechan que los responsables de esos asesinatos son integrantes del cártel de los Arellano Félix, quienes cumplen con la táctica de esta organización criminal de intimidar a las organizaciones policiales que han incrementado sus esfuerzos para contrarrestar a la organización".Una de las conclusiones de iJET sobre lo ocurre en México, que fue enviada a sus más de 500 clientes en el país, destaca: "La narcoviolencia ha plagado a ciudades de la frontera México-Estados Unidos debido a la batalla que tienen los cárteles entre ellos por apoderarse de las rutas del trasiego de las drogas. Más de 700 personas han sido ejecutadas este año en Tijuana, en operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos. Típicamente los cárteles están atacando a los integrantes de las bandas enemigas, pero el asesinato indiscriminado de civiles podría marcar un nuevo comportamiento de esos grupos."Esta tendencia -continúa- indica que está comenzando a ejercer presión sobre los cárteles la decisión del presidente Felipe Calderón de desplazar a casi 4 mil soldados para combatir el narcotráfico en todo el país, desde el año 2006. Pero, por encima de los esfuerzos del gobierno de Calderón, no cesa la violencia relacionada con el tráfico de drogas, y este problema es el responsable de la muerte de más de 5 mil 300 personas este año, lo cual significa un incremento de 117% respecto del número de asesinatos registrados el año anterior por la misma causa."El analista de iJET refiere que uno de sus problemas como asesor de riesgo de empresas extranjeras con capital y/o inversiones en México, es convencerlos de que deben confiar en las autoridades mexicanas para enfrentar el fenómeno."Eso siempre es complicado porque si es un caso criminal, se tiene que acudir a las autoridades locales, que regularmente están asociadas con el narco, pero lo más difícil es determinar si hay una amenaza real, y para ello nos basamos básicamente en los hechos concretos y no en los reportes del gobierno", abunda. l
Las "mentiras" de Luis Téllez
Lejos de aclarar las causas del desplome del Learjet en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) enturbia cada vez más las pesquisas. Y en su intento por culpar del siniestro al Centro de Servicios de Avia-ción Ejecutiva, la empresa que daba mantenimiento a la aeronave, la dependencia cayó en contradicciones. Ahora es el dueño de esa compañía, Jesús Rangel, quien asegura que Luis Téllez miente en su dictamen técnico y continúa poniendo obstáculos a las investigaciones. Jesús Rangel Quintero, dueño de la empresa que daba mantenimiento al avión en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, afirma categórico:
"Ese Learjet 45 sí tenía activada la caja negra con los datos aeronáuticos. No sé por qué las autoridades dicen que la caja estaba desconectada. No lo entiendo."Asegura Rangel que, a finales de octubre pasado -pocos días antes del siniestro-, el avión recibió su último mantenimiento en el taller de Standard Aéreo, localizado en el Aeropuerto Intercontinental de Houston, Texas. Fue ahí donde se revisó la caja negra."En ese taller les hicieron pruebas a las dos cajas negras -la de datos aeronáuticos y la de la grabadora de voz-. Y ambas salieron bien. Para inspeccionarlo, al avión lo desarmaron completamente. Le hicieron un servicio mayor. No podían dejarlo sin haberle revisado algo tan importante como esa caja negra. ¡Por supuesto que la revisaron!"Yo mismo, acompañado por un representante de la Secretaría de Gobernación, el ingeniero Jesús Hernández, viajé a Houston para recibir la aeronave el 23 de octubre. En ella nos regresamos a la Ciudad de México, al hangar de Gobernación. Realizamos el vuelo normalmente, sin detectarle ninguna falla."Rangel entrega a Proceso el reporte del mantenimiento realizado por Standard Aéreo, fechado el 21 de octubre. Ahí -en el apartado de "inspecciones especiales"- se señala que a la caja negra con la información aeronáutica se le hizo "la prueba funcional de localizador bajo agua del switch remoto, así como el reemplazo e inspección funcional de la batería de la Flight Data Recorder (FDR) (grabadora de datos de vuelo)".Agrega el reporte que "la próxima verificación (de esa caja negra) deberá realizarse en el año 2010, y el reemplazo del equipo hasta noviembre de 2014".Rangel -quien tradujo las abreviaturas técnicas escritas en inglés- explica:"Esta inspección certificó que el equipo estaba en perfectas condiciones, de lo contrario se hubiera cambiado."Indica que, incluso, en el taller de Houston se quedaron con los dos motores originales del Learjet para seguir revisándolos, por lo que la aeronave estaba funcionando con dos motores provisionales que le fueron "rentados" a Gobernación. Un motor contaba con 2 mil 165 horas y otro con 3.1 horas.De esta manera, Rangel desmiente rotundamente la versión dada a conocer por Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien entregó un informe el pasado 14 de noviembre en el que asegura que la caja negra estaba desactivada desde septiembre de 2006.
"¡No puede ser!"
De acuerdo con el informe de Téllez, "la grabadora de datos contenía aproximadamente 134 horas de información de datos de vuelo, pero los relacionados al vuelo investigado no se encontraban presentes. La información de posición contenida en la grabadora de datos fue comparada con los registros de la aeronave proporcionados por el operador. Se determinó que esos vuelos fueron realizados desde junio de 2006 hasta septiembre de 2006".Detalla el informe que esta caja negra era "marca L-3 Communications, modelo FA2100 128 Word Digital".A partir de entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha sostenido que la caja negra estaba desactivada cuando ocurrió el desplome del avión, el pasado 4 de noviembre. Y no sólo eso, ahora acusa a la empresa de Jesús Rangel, Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, de tener gran responsabilidad en el siniestro aéreo, por lo que el 25 de noviembre la dependencia le notificó que su empresa estaba suspendida.El empresario, quien ya interpuso un amparo para defenderse, comenta indignado:"Esta es una decisión totalmente arbitraria e ilegal, pues las autoridades aeronáuticas saben bien que el último mantenimiento al avión se le dio en Houston y no en mi taller, donde sólo le dábamos mantenimientos menores al Learjet. Nosotros no tocamos por última vez esa aeronave. Inclusive en el contrato que celebramos con la Secretaría de Gobernación estaba claramente estipulado que los mantenimientos mayores se realizarían en el extranjero."
-¿A qué atribuye entonces la sanción contra su empresa?
-¡No lo sé! ¡No lo sé! Pero primero culparon a mis pilotos que operaban ese avión. Los acusan de torpes e inexpertos porque ya están muertos y no pueden defenderse. Y ahora van contra mi empresa, a la que acaban de castigar injustamente.Señala que, todavía el pasado 24 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la SCT, revalidó el permiso de su taller mediante un documento en el que textualmente señala que éste "cumple con todos los requerimientos" que marca la ley."De manera que en septiembre estaba trabajando muy bien. Tenía todo el aval de las autoridades aeronáuticas. Pero después ocurre el desplome del avión y resulta que ahora hasta soy el responsable de las muertes que dejó ese accidente. ¡No puede ser!", se queja Rangel.Efectivamente, en un documento fechado el pasado 25 de noviembre, la SCT ordenó "la suspensión de las actividades del Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva", ya que "las deficiencias graves" de la empresa ocasionaron "la pérdida de otras vidas humanas, diversas de los pilotos, así como daños en el patrimonio a terceros".Ahí también se ordena "la suspensión del permiso" del taller de la empresa, que tiene el número 139.La SCT menciona en su resolutivo las irregularidades que encontró en las operaciones de la empresa:En primer lugar, señala que no tenía "autorizaciones" para prestar los "servicios de despacho y control de vuelos", ni tampoco los permisos para proveer de "piloto, copiloto y sobrecargo" a la Secretaría de Gobernación.De esta tripulación -prosigue el resolutivo- "se desconoce si estaba debidamente calificada con los adiestramientos iniciales y periódicos, tanto teóricos como prácticos", por lo que "se pudieron haber producido riesgos que comprometieran la condición de aeronavegabilidad del equipo de vuelo por falta de habilidad o destreza".Respecto de los servicios que la empresa de Rangel dio a la aeronave, la SCT señala:"No se pudo garantizar que estos servicios se hayan efectuado conforme a los lineamientos establecidos por el fabricante... desconociéndose además el procedimiento utilizado para el cálculo del peso, balance y centro de gravedad de la aeronave, lo cual pudo haberse realizado fuera de los márgenes de seguridad establecidos para este tipo de aeronaves, poniendo en riesgo la seguridad operacional y de aeronavegabilidad del equipo Learjet 45 referido."
El amparo
Ante este desfavorable fallo, Rangel interpuso un recurso de revisión, que le fue negado por la SCT el jueves 4. De ahí que ese mismo día haya recurrido al amparo.El abogado del empresario, Víctor Montes Martínez, asegura a Proceso:"Es totalmente ilegal esta suspensión impuesta por las autoridades aeronáuticas, sobre todo porque la ley marca que, cuando hay de por medio la investigación de un accidente aéreo, las sanciones no deben imponerse hasta que la investigación haya concluido y determinado las causas del accidente.
Y aquí las pesquisas apenas se inician."El abogado remite a la Ley de Aviación Civil, cuyo artículo 81 estipula textualmente: "Corresponde a la secretaría la investigación de los accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles. Concluida la investigación, que se llevará a cabo con audiencia de los interesados, determinará la causa probable de los mismos y, en su caso, impondrá las sanciones."Montes Martínez indica que en la Ley de Aviación Civil ni siquiera figura la "suspensión" como castigo a un taller aeronáutico. "En suma, la SCT no respetó la ley", arguye.
-¿Realmente pudo haber sido un mal mantenimiento realizado por el Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva lo que provocó la caída del Learjet?
-Las autoridades saben bien que nosotros no le dimos el último servicio al avión. No lo tocamos para nada. Además, el mismo señor Téllez ha señalado que su desplome no se debió a una falla mecánica, sino a la turbulencia que provocó el pesado avión que iba adelante del Learjet. Hay en el fondo una gran contradicción.
-La SCT argumenta que también los sanciona porque la tripulación del avión no contaba con permisos, ni tampoco el personal administrativo.-No se requiere de ningún permiso para la asignación de la tripulación ni del personal administrativo. Y no lo decimos nosotros, sino el artículo 11 de la propia Ley de Aviación Civil, donde se estipula que los únicos que requieren autorización o permiso son los talleres y los centros de capacitación."Sin embargo, el pasado 23 de junio nosotros le enviamos a la DGAC el contrato que celebramos con la Secretaría de Gobernación. Sometimos a su consideración todo lo que tuvo que ver con el mantenimiento, la administración y la asignación de la tripulación, ya que todos los contratos deben ser registrados y controlados por esa dirección."Al mes siguiente, el 9 de julio, la DGAC nos contestó que no tenía ningún inconveniente por lo que respecta al mantenimiento. Y agregó que no tenía competencia para resolver respecto a la administración y a la tripulación de la aeronave, pues son rubros que no requieren de su autorización. Tenemos todos estos documentos. Por eso nos extraña que ahora nos digan que incumplimos con cosas que sí cumplimos."
-¿Y que hay de que sus pilotos estaban mal capacitados?
-Pues ellos nos presentaron sus capacitaciones avaladas por la propia DGAC, y realizadas en centros de capacitación también avalados por la autoridad. Nosotros somos una empresa privada, que quede bien claro. No tenemos facultad para cuestionar documentos públicos.Jesús Rangel lo secunda:"Ahora resulta que la DGAC desconocía si los pilotos estaban debidamente calificados con los adiestramientos iniciales y periódicos, tanto teóricos como prácticos, cuando fue esa misma dependencia la que les expidió las licencias."Explica que al momento de su fallecimiento, el piloto Martín Oliva tenía acumuladas 4 mil 488 horas de vuelo en aviones tipo jet, 88 de ellas a bordo del Learjet 45. Por su parte, el copiloto Álvaro Sánchez, de sus 11 mil 862 horas de vuelo registradas, la mitad las voló en jet, y concretamente operó 53 horas el Learjet de Gobernación."Que ahora me digan que mis pilotos no conocían la aeronave. ¡Por favor! ¡Tenían toda la capacidad del mundo!", exclama molesto Rangel.-¿Los dos tomaron cursos en la renombrada escuela estadunidense Flight Safety?
-Sólo Martín. Álvaro estaba certificado por escuelas mexicanas autorizadas por la DGAC. Pero independientemente de sus certificaciones, ambos tenían la preparación técnica y la experiencia para volar el Learjet 45.
-Después del siniestro del 4 de noviembre, ¿usted tuvo contacto con funcionarios de la DGAC?-Sólo una vez. Fue pocos días después del accidente, cuando Gobernación y la SCT me pidieron documentación, los currículums y licencias de los pilotos. Todo se los entregué, pues el que nada debe nada teme.Formado como mecánico en aviación en la Fuerza Aérea Mexicana, desde 1992 Rangel es propietario del Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, una de las dos únicas empresas que existen en México para dar mantenimiento a los Learjets, según reconoce la compañía fabricante de estos aviones, la canadiense Bombardier. Aparte de los Learjets 45, Rangel da servicio a los Learjets 20, 30, 40 y 60. Además de los Challenger 601, 604 y 300.Comenta el empresario: "Conmigo trabajan 11 mecánicos altamente capacitados. Y mis clientes son instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales, así como empresas privadas. Jamás tuve problemas en los 16 años que llevo dando servicio a este tipo de aeronaves, ninguna reclamación ni llamada de atención, mucho menos una sanción".La empresa ganó la licitación para darle servicio al Learjet de Gobernación en 2006, y nuevamente en 2008. Actualmente tiene 19 convenios, avalados todos por la DGAC.Señala Rangel que sus clientes se verán afectados con la sanción: "Las autoridades no reconocerán los servicios que pudiéramos darles a las aeronaves de nuestros clientes, ya que quedan registrados en las bitácoras de vuelo. Ahora, ellos se ven obligados a mandar sus aeronaves a Estados Unidos. Por eso están muy molestos, al grado de que algunos ya están interesados en apoyarme en el amparo, como terceros perjudicados".El amparo -número 2014/2008- fue interpuesto el jueves 4 ante el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.
En él se dice que la suspensión está basada en una "imputación falsa" y en la "mala fe" de las autoridades aeronáuticas, por lo que se pide la "protección de la justicia federal".
-¿Considera probable que les concedan el amparo? -se le pregunta al abogado Víctor Montes.
-Bueno, sólo reitero que la suspensión es completamente ilegal. Tenemos audiencia constitucional el próximo 8 de enero. Esperamos que ese mismo día nos otorguen el amparo.
México según Forbes: un país "fundido"
México se encamina hacia el "caos criminal y econó-mico". La razón: es presa del narcotráfico y del crimen organizado que controla vastas regiones del país y que ha infiltrado a las "altas esferas" del sistema de seguridad y de justicia. El estado de violencia y terror que sufren los mexicanos será acompañado por la zozobra económica, pues los efectos de la recesión en Estados Unidos serán particularmente severos el año próximo. Tal es el diagnóstico que sobre el país hace Forbes, la revista estadunidense especializada en finanzas y negocios que sigue puntualmente los avatares de las fortunas de los hombres más ricos del mundo.Atenazado por el narcotráfico y el crimen organizado, y víctima de los efectos de la recesión en Estados Unidos, México se dirige hacia "el caos criminal y económico". Tal es la tesis que expone la revista estadunidense Forbes -especializada en negocios y finanzas-, cuya edición del próximo 22 de diciembre se ocupa casi en su totalidad de la "preocupante" situación en México, país que, sugiere, podría convertirse en un "Estado fallido".
Dirigida a empresarios y financieros, escaparate de los hombres del dinero -cada año publica la lista de los 500 hombres más ricos del mundo-, la publicación resalta la tesis del caos desde su portada: México fundido, reza el titular, tras del cual aparece en primer plano el rostro de un joven mestizo que, embozado con la bandera de México, mira desafiante a la cámara. El título de su reportaje principal tampoco deja lugar a dudas: El próximo desastre. Firmado por los periodistas Jesse Bogan, Kerry A. Dolan, Christopher Herman y Nathan Vardi, dicho texto describe el poder de los cárteles de la droga, su infiltración en las altas esferas del sistema de seguridad y justicia mexicano; la violencia y el terror que "penetran en todos los segmentos de la vida" del país, y los esfuerzos insuficientes del gobierno de Felipe Calderón por ganar la guerra al narcotráfico.Más aún, enfatiza que todo ello ocurre justo en el país vecino y que ello afecta la seguridad de Estados Unidos. Retoma la opinión de expertos y funcionarios estadunidenses que muestran su preocupación por esta "potencial amenaza estratégica". Fred Burton, exfuncionario en materia de antiterrorismo del Departamento de Estado y actual vicepresidente de la consultora Stratfor, dice: "Nosotros estamos arreglando Irak y Afganistán pero, desde una perspectiva de seguridad nacional, ¿no es más importante lo que está pasando aquí, en nuestra propia frontera?".Y John Walters, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, conocido como el zar antidrogas, afirma: "Las consecuencias para nuestras dos naciones en el futuro cercano y no tan cercano pudieran no ser muy buenas (...) Si el presidente Calderón y las instituciones del gobierno fallan (en su lucha contra el narcotráfico), al menos la parte norte de su país será controlada por mafias terroristas".Y agrega: "Estamos preocupados por la ingobernabilidad en lugares lejanos de Estados Unidos, pero esto sucede justo en la puerta de a lado".
"Estado fallido"
De entrada, el reportaje de Forbes recuerda el desplome del avión Learjet 45 en que murieron, entre otros, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y "mano derecha" de Calderón, y José Luis Santiago Vasconcelos, "quien encabezó la persecución contra los poderosos cárteles de la droga".Apunta: "horas después del desastre, los rumores se dispararon a través de la ciudad capital como descarga de armas automáticas: el accidente fue realizado por narcotraficantes, mostrando quién es el jefe en esta nación de 110 millones de almas. Un informe preeliminar no encontró evidencias de explosivos y sugirió de manera enfática que se debió a un error del piloto cometido en condiciones de turbulencia. Sin embargo, Larry N. Holifield, exjefe de la oficina de la DEA en la Ciudad de México, dice que 'la gente no creerá que fue un accidente. Ellos (los mexicanos) consideran que en cada cosa que sucede existe una conspiración, porque la mitad de las veces es cierto'".Forbes recoge las palabras de Guadalupe Rodríguez, asistente de una firma de abogados, quien fue testigo de la caída del Learjet: "Los narcos están diciendo: 'Aquí estamos y nadie va a deshacerse de nosotros'".La revista neoyorquina ofrece cifras que muestran el poder del crimen organizado: la muerte de más de 4 mil 300 personas de enero a noviembre de 2008, entre ellas algunos importantes mandos policiacos. Y apunta: "Los narcotraficantes han infiltrado los más altos niveles del sistema de justicia, incluyendo, supuestamente, al principal contacto mexicano con Interpol y su exzar antidrogas". "Ésta ha sido una matanza feroz", dice a Forbes Felipe González, exgobernador de Aguascalientes y actual presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. "Nosotros tenemos más muertos que ustedes (los estadunidenses) en Irak", añade.Forbes pregunta: "¿México está cayendo en un caos criminal y económico?"El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, contesta: "¿Un Estado fallido? Esa es una observación irresponsable". Y argumenta: "El reto de la corrupción es asumido. Estamos extirpando a la gente que ha sido infiltrada. Mire el papel del sector privado mexicano y de la sociedad civil. Allí puede ver signos de que no existe nada semejante a un Estado fallido".Es entonces cuando la revista señala la "preocupación" de Washington por el avance del narcotráfico al sur de su frontera y cita a Walters, quien afirma que "si Calderón falla (...) al menos la parte norte de su país, será controlada por mafias terroristas". Forbes recuerda que, en la llamada Iniciativa Mérida, Washington ha comprometido mil 400 millones de dólares en equipo militar para apoyar a México en la lucha contra los cárteles de la droga. Sin embargo, apunta, hasta noviembre último ninguna transferencia significativa de esos fondos se había realizado.La revista señala, así mismo, que la violencia relacionada con las drogas "penetra todos los segmentos de la vida en México". Recuerda que los "señores de la droga" operan en la mayor parte del país. La publicación muestra un mapa del territorio mexicano que aparece dividido en regiones bajo control de distintos cárteles: el del Golfo, el de Sinaloa, el de Tijuana y el de Juárez; también se destacan varías "zonas en disputa" que abarcan la parte centro norte del país (Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas); la región occidental (Jalisco, Michoacán y Guerrero), y casi todo el sur de la República (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).Recuerda que el gobierno mexicano ha enviado más de 25 mil soldados a la frontera con Estados Unidos y a otros "lugares calientes", como el estado de Sinaloa. Señala que ello ha permitido que Calderón "se haya anotado pocas victorias en los titulares" de los periódicos mexicanos, como las detenciones de Alfredo Beltrán Leyva, alias el El Mochomo; y de Eduardo Arellano Félix, El Doctor, del cártel de Tijuana. Sin embargo, subraya, "la mayoría de los mexicanos cree que los cárteles están ganando la guerra".Sostiene que las acciones de Calderón han "trastornado los negocios de los cárteles en Estados Unidos" y que ello se refleja en el precio de la cocaína, el cual se ha incrementado: 123 dólares el gramo en las calles de Estados Unidos, un aumento de 27% respecto de lo que costaba a comienzos de 2007. Sin embargo, el precio de la cocaína pura bajó 16%.Señala que "el crónico temor a los secuestros, o a algo peor, ha conducido a cada vez más mexicanos a cambiar su residencia a Estados Unidos. Pone dos ejemplos: Alejandro Junco, propietario del diario El Norte, "se mudó recientemente junto con su familia a Texas"; y Pablo Jacobo Suneson Bautista, dueño de la tienda de arte y artesanías Marti's de Nuevo Laredo, no permite que sus hijos crucen la frontera hacia México para trabajar en su negocio. "De ninguna manera -dice Suneson-, tengo miedo de que puedan ser asesinados o víctimas de un secuestro".Forbes señala que "nadie conoce cuántos mexicanos están huyendo" de su país, pero dice que Arturo Rolland, un corredor de la firma Latin Credit Mortage & Realty, estima que "posiblemente 100 familias al mes se están mudando de Tijuana al área de Chula Vista, en San Diego, en busca de seguridad".
En las entrañas del monstruo
Forbes afirma que los narcotraficantes mexicanos han encontrado la oportunidad de operar en Estados Unidos. Señala que así como Pablo Escobar, el último señor de las drogas colombiano, tuvo esa oportunidad en Miami, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, la tiene en Atlanta, ciudad que "ha llegado a ser el centro de distribución de cocaína y otras drogas para la Costa Este".Precisa que Atlanta permite tener acceso a carreteras interestatales importantes, como la l-95 y la l-85, lo que la hace "un centro perfecto para mover cocaína y mariguana" y llevar de regreso a México grandes cantidades de dinero en efectivo. Así mismo, comenta que en el noroeste de Georgia hay almacenes de droga e inmuebles en los que se maneja dinero sucio. Desde allí, asegura, "la cocaína es trasladada a Nueva York, Pittsburgh, Washington D.C., Miami y Chicago". Expone un caso que refleja cómo el cártel del Golfo "ha clavado sus garras en el área de Atlanta": De acuerdo con una acusación federal de septiembre pasado, 34 miembros de ese cártel integraban células de transporte y distribución de drogas. Su líder, Édgar Rodríguez Alejandro, de 20 años de edad, "recibía órdenes de los más altos niveles de cártel del Golfo, hasta que fue arrestado en mayo pasado con 12 kilos de cocaína y 7 millones 700 mil dólares (...)".Forbes recuerda que, en julio pasado, un distribuidor de Rhode Island que debía 300 mil dólares al cártel del Golfo fue llamado a Atlanta, donde tres miembros de esa organización lo detuvieron y torturaron. Lo rescató Rodney Benson, agente especial de la DEA asignado en Atlanta, quien señala: "Mi preocupación número uno es que, si no golpeamos a esas organizaciones, podría haber un incremento de la violencia".¿Cómo podría ayudar en esto la Iniciativa Mérida?", pregunta Forbes.Y da la palabra a Ted Roe, congresista republicano por Texas, quien señala: "El dinero va hacia el lado equivocado de la frontera. Con la infiltración en el sistema judicial y tantos funcionarios corruptos en México, no queremos que el equipo (de la Iniciativa Mérida) sea usado en contra nuestra".
El desastre económico
Forbes subraya que "la explosión del narcoterror viene acompañada de una precipitada caída de los precios del petróleo y los demoledores efectos de una profunda recesión en Estados Unidos"."Después de crecer 3.2% en 2007 (900 mil millones de dólares), el Producto Interno Bruto de México tendrá un lento crecimiento de 1.5% en este año y caerá entre 0 y 0.7% en 2009, pronostica Raúl Feliz, economista del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)". Comenta que "una parte de la escasa expansión" económica podrá provenir de los estímulos del gobierno. Sin embargo, señala que éste tiene "las manos fuertemente amarradas". La razón: Petróleos Mexicanos (Pemex), "la empresa estatal que monopoliza el petróleo, contribuye con 37% (80 mil millones de dólares) de los ingresos federales". Al mismo tiempo, dice que el desempleo -actualmente de 4.1%- podría dispararse hasta 10%, aunque el economista Feliz estima que podría alcanzar 12%.La revista neoyorquina anota que expertos y funcionarios mexicanos argumentan que la economía mexicana está en mejores condiciones para enfrentar la crisis económica que hace 14 años, cuando Washington intervino para rescatar al peso mexicano. Concede: "algo de ello es cierto". Y señala, por ejemplo, que el déficit en las cuentas del gobierno está por abajo de 0.2% del PIB; que la inflación, la cual sitúa en 5.8%, es manejable, y que varías "empresas sólidas" -como Wal-Mart, American Móvil, Pepsico y Bombardier Aerospace- mantienen sus inversiones y sus planes de expansión en México.Sin embargo, señala que esas inversiones tendrán poco efecto en el comportamiento del conjunto de la economía mexicana. Y apunta que los tres sectores líderes de la economía decrecerán: el de servicios caerá a 2.8% en 2008 y a 0.91% en 2009; el de la agricultura, a 0.48% en 2008 y a 0.08% en 2009, y el industrial, a 0.3% en 2008 y en 2009 tendrá un crecimiento negativo: -0.19%. Forbes agrega a ello la caída de ingresos de México por concepto de remesas: 10% menos en 2008 y hasta 25% menos para 2009. Recuerda que 60% de los cerca de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos enviaban dinero a sus hogares en México. "Quizá unos 150 mil habrían perdido su empleo desde junio", dice Manuel Orozco, analista de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington. Según Orozco, entre 3% y 7% de los migrantes regresará a México el próximo año.Enfatiza que esto puede hacer más difícil la situación de los mexicanos durante 2009, cuando desaparezcan algunos de los subsidios del gobierno y cuando el país resienta el "doble golpe" petrolero, producto de la caída de la producción del crudo y el descenso de sus precios en el mercado internacional.
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