En la arena legislativa se libran fragorosos combates para imponer reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Todos los partidos llevan agua a su molino pero al final de cuentas las modificaciones planteadas sólo beneficiarían al duopolio televisivo, a los poderosos grupos radiofónicos y al propio gobierno. En la iniciativa impulsada por el PAN se pretende incluso la desaparición de la Cofetel, que sería sustituida por un órgano sin ninguna independencia respecto del Ejecutivo.
El intento más reciente para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones ocurrió el jueves 8 de abril, con la presentación ante el Legislativo de dos iniciativas de reforma al ordenamiento jurídico en la materia: una promovida por el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y la otra por el diputado panista Javier Corral y el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero.
Ambas tienen el mismo vicio de origen: presentan firmas digitales de dos instancias extralegislativas. La primera, presentada por Sotelo, vino con la firma digital de Televisa, tal como lo reveló el periódico Reforma el viernes 9; Proceso confirmó, por otro lado, que la iniciativa del PAN tiene la firma digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como las iniciales “iarcemun” como presunto autor del texto. Este hecho evidencia los intereses que se encuentran en juego, así como los alcances y limitaciones de esas iniciativas.
Los cabildeos realizados desde Los Pinos, la SCT y la Secretaría de Gobernación para impulsar la iniciativa panista sólo se comparan con las presiones ejercidas por los asesores y especialistas jurídicos de Televisa, de TV Azteca y de las radiodifusoras para que se apruebe una reforma mínima, también conocida como “reforma parcial”.
Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien presentó otra propuesta de reformas constitucionales a los artículos 6, 7, 27 y 73, es claro que al no modificarse la Constitución se está evitando un debate de fondo.
Crítico de ambas iniciativas, pero en especial de la impulsada por Corral y Madero, Muñoz Ledo advierte que “se trata de una nueva Ley Televisa, pero ‘pinuda’, porque fue elaborada desde Los Pinos”. Y asegura que al consorcio televisivo le favorece una ley sin fundamento constitucional.
Las diferencias más debatidas, por ahora, se concentran en dos temas: el primero se refiere a los “refrendos administrativos” para que una concesión se renueve sin necesidad de licitación, como lo plantea la propuesta de Sotelo, apoyada por el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. El segundo tiene que ver con la iniciativa panista que plantea la creación de un nuevo órgano, sin autonomía jurídica y “desconcentrado” de la SCT, que actuaría como regulador de radio, televisión, telecomunicaciones y contenidos audiovisuales.
Las críticas al alcance de este nuevo órgano regulador provienen del propio Sotelo, del PRI y de un sector del PAN en el Senado. Los señalamientos más incisivos son los de Beltrones, quien advirtió que su bancada sólo participará siempre y cuando “exista un órgano del Estado mexicano –y no del gobierno mexicano en turno– que sea normativo, autónomo e independiente; sin injerencia del Ejecutivo”.
De manera más sutil, el senador panista Santiago Creel, quien presentó el 23 de marzo de 2009 una propuesta para darle mayor autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), expresó: “Nos interesa ver una autoridad con plena autonomía, que permita ser la reguladora para que pueda cumplir debidamente su misión y, sobre todo, poder superar la doble ventanilla”.
El miércoles 14 se había programado un debate en el Canal del Congreso entre Corral y Sotelo, conducido por el periodista Javier Solórzano. Tras una larga reunión entre Corral y los senadores del PAN y un encuentro con el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, el debate se pospuso y ambos partidos acordaron retomar la idea de una “reforma integral” y no una “reforma parcial” a la ley de medios.
La tarde del jueves 15, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes sesionaron para iniciar el proceso de dictaminación, pero los legisladores del PRI no se presentaron. Horas antes, Beltrones propuso que se abriera una ronda de consultas con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión.
Luego de la sesión, Sotelo afirmó que primero debe resolverse el tema pendiente de los refrendos, en especial para la industria de la radio. Se calcula que son casi 100 los refrendos pendientes. Por su parte, Creel prepara una propuesta para elaborar un transitorio constitucional que resuelva este asunto.
“Falso debate”
Entrevistado por este semanario, Porfirio Muñoz Ledo afirma que la sombra de una nueva Ley Televisa estará presente si no se reforma la Constitución a fin de darle plenas facultades al Congreso para legislar en materia de radio, televisión y telecomunicaciones y conferirle autonomía plena al órgano regulador.
“¿Qué pasó con la Ley Televisa? Todos los candidatos cedieron ante esta ley, pero tenían un plan. El plan que le vendieron a Calderón es apruébala y vemos luego cómo fortalecemos a la Presidencia. La fórmula es que la Ley Televisa le pasó todas las canicas a las compañías y la Suprema Corte se las devolvió al gobierno, porque hubo un acuerdo con Los Pinos”, explica el legislador.
La actual iniciativa del PAN “es una segunda Ley Televisa que trata de equilibrar el poder de Los Pinos con el de las compañías televisivas, y sabemos quién va a ganar a la postre, porque están dejando fuera a la sociedad”.
“El cambio fundamental debe ser involucrar la ley de medios como un derecho ciudadano. El titular de las concesiones es la sociedad, no el Estado. Ninguno de los objetivos se cumple si no hay una reforma constitucional. Sólo prolongaríamos la relación incestuosa entre el Ejecutivo y los concesionarios”, explica.
–¿Y las diferencias existentes sobre los refrendos automáticos o ahora llamados administrativos? –se le pregunta.
–Ese es un falso debate que se acaba con la definición constitucional. Todos los involucrados están eludiendo el debate de fondo. Antes de las elecciones hay que hacer un órgano constitucional autónomo, de representación ciudadana, en donde puedan estar técnicos, especialistas, organizaciones civiles. Esta es la reforma política fundamental del país.
El legislador comenta que desde 1969 ha participado en este debate con un objetivo fundamental: “quitarle al Ejecutivo la facultad omnímoda de dar concesiones, porque ese es el origen de la relación perversa entre Televisa y Los Pinos”.
Los múltiples intentos por hacer una reforma constitucional han sido bloqueados desde que se estableció la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. En 1977, cuando Muñoz Ledo era secretario de Educación propuso una reforma al artículo 3 constitucional para que desde ahí se rigieran los contenidos de radio y televisión. La propuesta fue frenada por la Secretaría de Gobernación.
El diputado petista dice que en la Comisión para la Reforma del Estado, formada en esta legislatura, se volvieron a plantear reformas a los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales, las cuales tampoco avanzaron. Su iniciativa presentada en la Cámara de Diputados retoma estas propuestas.
“Antes, la televisión era un apéndice de Los Pinos y ahora Los Pinos son un anexo de Televisa. La relación perversa se estableció porque en este juego de mutuo chantaje, quien ha perdido gradualmente fuerza ha sido el gobierno”, remata Muñoz Ledo y aclara que este mismo asunto lo ha discutido varias veces con Corral y con Creel.
Este último, revela, ha estado de acuerdo con una reforma al artículo 73 constitucional a fin de darle facultades al Congreso para legislar en materia de radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico.
En su propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, Muñoz Ledo plantea la adición de dos párrafos con el siguiente contenido:
“El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible; podrán acceder, en igualdad de condiciones, a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias; ninguna de ellas podrá concentrar más del 25 por ciento de las frecuencias.
“La administración y vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión.”
Afán de control
Desde que el 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales seis artículos fundamentales de la Ley Televisa, el Senado no prosiguió con la elaboración de una nueva ley de medios. El máximo tribunal decretó inconstitucionales los mecanismos del “refrendo automático” de las concesiones, así como la apropiación del espectro sobrante para dar servicios digitales y de telecomunicaciones, entre otros puntos.
Durante 2007 y buena parte de 2008, en el Senado se integró un grupo plural para elaborar una nueva ley de medios. A última hora, el PRI se salió del acuerdo y sólo el PRD y el PAN mantuvieron el compromiso de impulsar lo que denominaron una “reforma integral”.
Los trabajos se empantanaron ante la reforma energética, discutida durante todo 2008, y por la airada reacción de las televisoras y principales grupos radiofónicos a la reforma electoral que prohibió la compra-venta de tiempo aire durante las campañas.
En abril de ese año, a nombre de un grupo de senadores del PRI, Beltrones presentó una iniciativa para otorgarles a los concesionarios de radio en AM una frecuencia “combo” en FM. La iniciativa parcial adicionaba un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
En respuesta a esa iniciativa, que generó nuevas críticas en el seno del PAN y del PRD, el Ejecutivo emitió un decreto el 15 de septiembre de 2008. En éste se condicionó el otorgamiento de una frecuencia en FM al visto bueno de la Secretaría de Gobernación. Como respuesta, en octubre de ese año el PRD y el PRI presentaron otra iniciativa parcial de reforma que buscaba responder al reclamo de los concesionarios de radio.
Otro decreto de Felipe Calderón ocasionó nuevas diferencias en el seno de las bancadas. El 8 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento de la SCT que le otorgaba al titular de la dependencia atribuciones para definir el futuro de las concesiones, así como de los refrendos y las tarifas en materia de telecomunicaciones. Este instrumento se dio a conocer en el marco de la intensa batalla que libraban el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y el secretario Luis Téllez (Proceso 1681).
La renuncia de Téllez a la SCT y la resolución de la SCJN echaron abajo aspectos fundamentales de este decreto y no se resolvió el problema permanente de la disputa entre los órganos reguladores y la presunta “captura” de la Cofetel por parte de los entes regulados.
En diciembre de 2009 y con el apoyo de la bancada del PRI en el Senado, Sotelo pretendió acelerar el dictamen de una reforma parcial. El intento fue bloqueado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio al calificarla de “reforma chavista” que impulsaba el reconocimiento de los medios comunitarios. El PAN y un sector del PRD también se opusieron, por considerar que la figura de los “refrendos administrativos” iba en contra de la sentencia de la Corte. Ante la polémica, el PRI se hizo a un lado.
Desde finales de marzo pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas y la subsecretaria Gabriela Hernández, comenzaron a perfilar una nueva iniciativa para crear un órgano regulador con alcances similares a los establecidos en el reglamento presidencial de la SCT. El anteproyecto perfiló la creación de un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, como “órgano administrativo desconcentrado” de la dependencia.
Con esta nueva figura y otros avances sustanciales como el reconocimiento a los medios públicos, a los derechos de las audiencias, la regulación de contenidos y de los servicios de must carrier –que hacen obligatoria la retransmisión de todas las señales de televisión concesionada o permisionada en las empresas de televisión restringida–, Corral y Madero presentaron la iniciativa, sin consulta previa con los senadores de su propio partido que habían trabajado en las comisiones.
El jueves 8, Sotelo aceleró la dictaminación de la reforma parcial en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Para ello, contó con el apoyo de los legisladores del PRI. Los panistas se abstuvieron. En esa sesión estuvo presente, casi al final, el director de Análisis de Televisa, Javier Tejado Dondé.
En los próximos días, el debate fundamental se enfocará ya no sólo en los refrendos automáticos o en los “combos” para la transición de las estaciones de AM a FM. Los puntos más polémicos serán los que se abrieron con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia: la independencia del órgano regulador, los derechos ciudadanos incorporados a la legislación de medios y la autorización para que la participación de capital extranjero en la radio y la televisión concesionadas sea hasta de 25%.
En medio del debate también saldrá a relucir otro polémico decreto que Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación para crear un organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Este nuevo organismo, con recursos presupuestales y sin autonomía, tendrá como funciones la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, así como “instalar y operar estaciones de radiodifusión”. Un grupo de senadores del PRI ya calificó como “bodrio” y “electorero” a este organismo. Mientras, el PAN y el PRD guardan silencio.
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