Medios: la tiranía de los propietarios y comentario

Federico Arreola

... "existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos hechos que 'no deben' mencionarse. Esto es fácil de entender mientras la prensa siga tal como está: muy centralizada y propiedad, en su mayor parte, de unos pocos hombres adinerados que tienen muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes". Esto no lo dijo López Obrador en el Zócalo. Ni son palabras de los críticos del lamentable papel desempeñado por un número elevado de periodistas mexicanos desde el 2 de julio. Tampoco es un diagnóstico, aunque podría serlo, del cerco informativo que se levantó contra la resistencia civil de la izquierda. Ni es un análisis de la cobertura periodística que se le ha dado al conflicto de Oaxaca. El párrafo citado corresponde a otro país y a otra época: Inglaterra en la primera mitad del siglo XX. Su autor es George Orwell. ¿Ha habido en México un acuerdo entre la mayor parte de los propietarios de medios para sacarle la vuelta a algunos hechos que "no deban" mencionarse? Muchos pensamos que sí.

El peruano Alejandro Miró Quesada, accionista del más importante grupo de periódicos de Perú, que además tiene intereses económicos en el principal canal de televisión de ese país, pronunció en 2005, en la Sociedad Interamericana de Prensa, un discurso acerca de la pérdida de valores periodísticos que ha llevado a una disminución de la credibilidad en los diarios de todo el mundo: "No requerimos incidir en lo grave que es perder credibilidad... La credibilidad nos da lectoría y la lectoría atrae publicidad, la publicidad crea rentabilidad, la rentabilidad permite independencia editorial y la independencia genera credibilidad". Para el editor limeño la crisis de credibilidad es una consecuencia del deterioro de los valores periodísticos: "Se publican informaciones sin observar el rigor necesario. Solemos dar prioridad a la agenda de nuestros periódicos, especialmente en temas políticos, y dejamos de atender adecuadamente lo que nos pide el ciudadano". Parece una fotografía del tratamiento que la mayor parte de los medios ha dado a la protesta de López Obrador y a la crisis oaxaqueña.

Lo anterior hace impostergable, dijo Miró Quesada, que la prensa entienda que llegó el momento de hablar no sólo de derechos, sino también de deberes. Los empresarios más prósperos de México tienen el derecho de adquirir o fundar periódicos o cadenas de radio y televisión concesionadas por el Estado. Pero al hacerlo tendrían que cumplir al menos con una obligación: informar sin faltar a la verdad, de tal forma de servir al público y no a los intereses de los propietarios de los medios de comunicación. Esto dejará de ser una utopía cuando el Estado establezca regulaciones que disminuyan la concentración excesiva de medios en unas pocas manos. Emilio Azcárraga Jean posee cuatro cadenas nacionales de televisión, el sistema de cable de la ciudad de México, un grupo de revistas, la mitad de una cadena nacional de radio y el monopolio de la televisión satelital en el país. Ricardo Salinas Pliego, menos afortunado, se conforma con dos cadenas de televisión nacionales.

Francisco González es propietario de 40 estaciones de radio y ocho canales de televisión en el noreste de México, del sistema de televisión por cable de Monterrey y de los periódicos Milenio. Y Olegario Vázquez Raña controla la red radiofónica nacional Imagen, el Canal 28 de la ciudad de México y el diario Excélsior.

La concentración excesiva de medios beneficia a unos cuantos empresarios, pero perjudica al público y a los periodistas profesionales. A los consumidores de información les afecta negativamente que los criterios editoriales en los medios los determinen cada día menos personas, todas éstas competentes para fabricar dinero, pero poco comprometidas con el deber básico del periodismo: informar sin faltar a la verdad y sin defender intereses particulares. A los periodistas eso les hace daño porque, al reducirse el universo de sus patrones, disminuyen las opciones de trabajo.

En su discurso de 2005 ante la Sociedad Interamericana de Prensa, Miró Quesada mencionó la soga en la casa del ahorcado al hablar de la independencia de la sala de redacción: "Y cuando hablo de independencia me refiero no sólo a la tradicional: frente a poderes políticos, militares, económicos, mafiosos. Me refiero a la independencia de la sala de redacción, incluso, frente a la propia empresa".

En México son excepción los periodistas capaces de oponerse a los dictados de los empresarios que los han contratado, y éste es un problema mayor, ya que daña la principal de las virtudes que un informador debe poseer: autonomía, potestad para decidir por sí mismo, capacidad de pensar con entera libertad.

El periodismo en México necesita liberarse de la dictadura de los propietarios. Además de medidas para evitar la concentración monopólica en los medios, tendría que reformarse la legislación laboral para proteger el trabajo de los periodistas, por ejemplo para crear la "cláusula de conciencia", que en Europa existe desde hace décadas. Esta cláusula significa que el periodista podrá proceder a la rescisión de su contrato laboral, recibiendo una indemnización de la empresa, cuando sea obvio que el medio en el que colabora ha cambiado su línea editorial o cuando los propietarios pretendan imponer condiciones de trabajo contrarias a la ética periodística.

El periodista mexicano ha aprendido a resistir las presiones de los gobernantes y de las mafias, pero no cuenta con recursos legales para liberarse de la tiranía de sus patrones. Hay aquí una explicación de la mediocridad de nuestra prensa.

Sólo me gustaría agregar a este magnífico artículo que la prensa mexicana, en general, ha optado por hacerse cómplice de los señores del dinero, en muchos casos por cuidar su fuente de trabajo y en otros porque su ideología personal casa más con la tendencia de la derecha, lo cuál es lícito, cada quien debe expresarse de acuerdo con su forma de pensamiento respecto de los acontecimientos, pero no se vale mentir respecto a éstos. Porque no es sólo el silencio sobre cuestiones de interés nacional sino que también está la mentira y la falsa información. Resulta verdaderamente indignante observar casos como la entrevista que le hace Loret de Mola a Flavio Sosa en la que insiste en la declaración de la APPO sobre replegarse, resistir pacifícamente y no presentar una ofensiva y le echa en cara que los manifestantes no hayan cumplido su promesa porque utilizaron piedras, palos y bombas molotov contra la PFP, lo cuál dice "no es precisamente pacífico". Este "periodista" pretendía que ante las tanquetas, el bombardeo de gases lacrimóginos, los toletazos, los chorros de agua con sustancias químicas y las armas de alto poder que tenía la PFP, lo cual está debidamente documentado en múltiples videos y en las razones por las cuales varios murieron incluyendo a Brad Will, el pueblo de Oaxaca no se defendiera; no menciona el compromiso de Gobernación de no utilizar la violencia, no menciona los muertos, ni los heridos, ni los desaparecidos, ni los detenidos. Quizás este individuo, aún sin la menor sensibilidad ante el sufrimiento de un pueblo, no vio las imágenes de niños, ancianos y mujeres que se enfrentaban a los robocops que envió el gobierno federal y que existen por cientos, lo cual deja mucho que desear sobre su labor de investigación, porque no se puede explicar de otra manera que conociendo este material se atreva a llamarlos agresivos. La labor periodística de Loret de Mola es despreciable, el daño que le está haciendo a los mexicanos a través de su complicidad con quienes quieren que el pueblo oaxaqueño aparezca como revoltoso y violento sólo porque quiere la salida de un gobernador asesino y ladrón es enorme. Impunemente influye en una opinión pública carente de información y le inyecta una distorsión de los hechos que conlleva al atraso y a la falta de humanismo y sensibilidad para entender las justas demandas de gente que ha sido maltratada, vejada, robada y asesinada durante siglos. La nueva Constitución debería de prever, además de los recursos legales para que el periodista pueda defenderse de la tiranía de los patrones, el delito de distorsión y/o falsedad de la información, no puede ser que un individuo sin ética tome el micrófono para mentirle a la ciudadanía y no haya una sanción penal. Una cosa es el derecho a la libertad de expresión y otra cosa es expresarse ventajosamente mediante un micrófono con cobertura nacional con mentiras y distorsiones sobre la realidad de los hechos.