Si la mierda que hay Pemex fuera petróleo seríamos el productor número 1

Nada frena la llegada del barco FPSO
Contrato estipula un costo de 750 md
Corrupción en el tren Chiapas-Mayab

Hace un par de semanas me referí a la grave corrupción que ahoga a Petróleos Mexicanos y di algunos nombres de servidores públicos, ex funcionarios y empresas privadas que se han asociado para defraudar a la principal empresa del Estado. Sin embargo, en las secretarías de la Función Pública y de Energía, así como en la Dirección General de Pemex, ahora encabezada por el novato Jesús Reyes Heroles, no quieren saber nada de la administración anterior y mucho menos si se trata de acusaciones de corrupción, pues las órdenes que han recibido es ocultar cualquier expediente que involucre a funcionarios del gobierno de Vicente Fox, porque ese fue el pacto asumido por Felipe Calderón para heredar la Presidencia de la República.
En la información anterior señalamos al ex coordinador de asesores de los tres últimos directores generales de Pemex antes de que Reyes Heroles asumiera el cargo, Antonio Juan Marcos, quien con su yerno Juan Reynoso Durand y el hermano de éste de nombre Alfredo, han operado al interior de Pemex a través de tres empresas privadas: Subtec, Arrendadora Ocean y Blue Marin, para la obtención de contratos petroleros multimillonarios y, en algunos casos, triangularlos a otras empresas extranjeras y nacionales que pagan por dicho servicio de intermediación.

Antonio Juan Marcos se desempeñó durante el sexenio de Ernesto Zedillo como coordinador de asesores del entonces director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, quien enfrentó un proceso penal por desvío de recursos públicos. También fungió como asesor de los ex directores de Pemex en el gobierno de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, de quienes obtuvo su beneplácito para la asignación de contratos mediante dudosas licitaciones públicas internacionales.

Nueva información sobre la asignación de un contrato en 2005 relativo al arrendamiento de un buque tanque para el almacenamiento y descarga de petróleo crudo, conocido como FPSO, a la empresa noruega Bergensen y en cuya operación están involucrados Antonio Juan Marcos y su yerno Juan Reynoso Durand, revela que la nave fue rentada por un periodo de 15 años a partir de marzo de 2007 a un costo de 750 millones de dólares, cifra que por el tipo de convenio podría rebasar los mil millones de dólares, lo que significaría para Pemex atar las dos próximas administraciones federales, hasta el año 222, al uso obligatorio de dicho barco o, de no hacerlo, simplemente haber invertido poco más de 8 mil millones de pesos en arrendar un buque inservible, pues nadie puede asegurar cuál será el futuro que depare a la industria petrolera mexicana en los próximos 15 año, y mucho menos con los vaivenes de estos gobiernos panistas que todo quieren privatizar.

Uno de los primeros grandes buques petroleros contratados por Petróleos Mexicanos para su actividad marítima petrolera fue el Takuntah (o Ta´Kuntah). Durante más de una década la renta mensual pagada por la paraestatal al barco propiedad de la empresa japonesa Mitsui Ocean Development & Engineering Co. fue de 36 millones de dólares. La crítica al final para Pemex era inevitable: el gobierno federal pudo haber comprado dichos activos y no enviar esos recursos a gasto corriente. Es decir, un gasto innecesario, pues la asignación de dicho contrato también estuvo sujeta al escrutinio debido a que las bases de la licitación parecían más que dirigidas a un proveedor a cambio de cuantiosas comisiones para funcionarios petroleros.
En el mundo, especialistas en transporte marítimo si bien reconocen que son muy pocos los barcos FPSO con estas características, también alertan sobre la necesidad de establecer criterios que impidan prácticas de corrupción, como parece ser el caso de este nuevo contrato establecido por Pemex desde el 2005, cuando el director general de la empresa petrolera mexicana era Luis Ramírez Corzo, con quien Antonio Juan Marcos se entendía muy bien.
Durante los últimos años, la contratación de los buques flotantes para almacenamiento y descarga, conocidos como FPSO, también han estado sometidos a la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mejore las instalaciones portuarias que atiendan el comercio exterior del petróleo y de los combustibles que necesita el país.
Hace dos años, en cambio, un decreto presidencial declaró puerto marítimo al barco Takuntah. Así, hasta ahora, ni mejoran las condiciones de los puertos mexicanos ni se transparentan las licitaciones de millonarios contratos con empresas extranjeras y sus representantes en México, quienes década tras década cabildean los contratos dirigidos.

En un amplio reportaje de Nancy Flores que está por publicarse en el próximo número de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, se documenta la red de complicidades creadas en torno a la renovación del contrato con la empresa noruega Bergesen que, en esta ocasión, proveerá no sólo un buque tipo FPSO, sino que dará los servicios año con año.

Pero esa red de complicidades podría comenzar con el mismo presidente de la empresa transnacional noruega Bergensen, ganadora de la licitación, Svein Moxnes Harfjeld, quien era el presidente de la empresa Mitsui Ocean Devolpment & Enginnering Co. cuando se contrato el primer barco Takuntah. Aún más grave, el dato demuestra que las licitaciones de los megabuques petroleros de Pemex han venido beneficiando década tras década a los mismos grupos empresariales vinculados con directivos de la paraestatal, en algo más parecido a una mafia gubernamental que ha creado redes de corrupción para enriquecer a todos sus miembros.

Pero esta investigación periodística apenas empieza, así que observaremos muy de cerca qué hace el gobierno panista de Felipe Calderón para primero transparentar las licitaciones y después combatir los fraudes y el desvío de recursos públicos que tanto han sangrado las finanzas públicas del país y de los mexicanos.

¿Por qué oculta Pemex la información?

Algunos de los datos que dará a conocer ampliamente la revista Fortuna, Negocios y Finanzas en su portada, revelan que la cifra del costo de dicho buque FPSO que asciende a 758 millones de dólares aparece públicamente en los estados financieros de la noruega Bergensen Worldwide Offshore Limited correspondientes al ejercicio de 2006, en donde se explica que el contrato es a 15 años, mientras que en la paraestatal Pemex, cuya actividad debería de ser completamente pública porque es una empresa del Estado, la información de la contratación del barco se mantiene oculta como si se tratara de encubrir un grave acto de corrupción.

Pemex ha omitido hacer público este contrato a pesar de la obligatoriedad impuesta por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Además, un ex funcionario de nombre Iván Enrique Rosenberg Vitorica, quien participó directamente en la traducción de cláusulas del contrato, en contacto directo con los directivos de la trasnacional, revela que el monto de dicho contrato ascendería a mil 150 millones de dólares.

El contrato

La historia de este controvertido convenio se signó el 13 de julio de 2005, cuando el director general de Pemex era Luis Ramírez Corzo. Ese día, Pemex Exploración y Producción (PEP) adjudicó a la compañía Bergesen Worldwide el contrato de arrendamiento del barco tipo FPSO. Se espera que la embarcación llegue a aguas mexicanas en marzo. El buque tanque será utilizado para la producción temprana de petróleo crudo.

La contratación de este barco se hizo mediante un concurso internacional que, según denuncian trabajadores de la paraestatal que han pedido el anonimato, se logró mediante tráfico de influencias, abuso de poder, fraude, soborno y un cuantioso daño patrimonial en perjuicio del erario público.

Y es que, dicen los servidores públicos de primer nivel, el director de Administración de la empresa paraestatal, Rafael Bracho, organizó la contratación de dicho barco con un presupuesto de 300 millones de dólares. Agregan que las abundantes restricciones en las bases de licitación dejaron fuera a varias empresas extranjeras y nacionales, por lo que sólo concursaron el grupo japonés Model, filial del poderoso consorcio Mitsui y que cuenta con buques de tales características, y la empresa noruega Bergesen.

De los 300 millones de dólares que se habían presupuestado en Pemex para solventar dicho contrato de arrendamiento en 2005, la paraestatal petrolera elevó el costo hasta rebasar los mil millones de dólares.

Para los trabajadores de la petrolera mexicana resulta extraño que Bergesen trasnacional que mantiene relaciones muy cercanas con Arrendadora Ocean, propiedad de Luis Juan Reynoso Durand, especialista en operaciones financieras de la paraestatal, y Juan Antonio Marcos, quien ha trabajado con los últimos tres directores generales de Pemex ganara la licitación.
Las fuentes indican que Arrendadora Ocean es la administradora del millonario contrato otorgado a Bergesen, función que le permitirá obtener una ganancia de hasta 225 millones de dólares.

Corrupción en el tren Chiapas-Mayab

Este domingo nos amanecimos con la grave noticia en el diario La Jornada de la violenta redada en contra de indocumentados centroamericanos ocurrida en el sur del país y que dejó heridos, golpeados y encarceladas más de 100 personas a manos de policías federales y del Instituto Nacional de Migración, quienes interceptaron un ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab, el cual es utilizado por centroamericanos para tratar de cruzar territorio mexicano hasta su punto final los Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que sucede este tipo de agresiones y violencia en contra de personas que tratan de cruzar de un país a otro en busca de una mejor condición de vida, en una auténtica cruzada por sobrevivir, a los mexicanos migrantes les sucede lo mismo en la frontera norte cuando tratan de pasar hacia Estados Unidos, pero en esta ocasión hay responsabilidad de los propietarios de la empresa estadounidense Genesee & Wyoming Inc., la cual transgrede las normas de seguridad que le obliga la concesión para operar el ferrocarril Chiapas-Mayab y que según investigaciones periodísticas es la promotora, cómplice y encubridora de múltiples delitos que se cometen a diario en sus trenes.

Un amplio reportaje de Ana Lilia Pérez y publicado en junio de 2005 en la revista Contralínea, da cuenta de cómo en la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en septiembre de 1999, el gobierno federal concesionó el tren al consorcio estadounidense de ferrocarriles Genesee & Wyoming Inc. a través de su filial Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, que opera en Mérida, Yucatán.

Por incumplir las normas de seguridad estipuladas en la concesión, la Compañía Chiapas-Mayab ha sido investigada como promotora, cómplice y encubridora de los múltiples delitos: asaltos, violaciones, homicidios y mutilaciones que ocurren en el interior de los vagones, amparada en la negligencia y omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la corrupción de autoridades de la Procuraduría General de la República, de efectivos militares y de trabajadores del Instituto Nacional de Migración.

Autoridades de Chiapas aseguran que el alarmante incremento de todos estos ilícitos es producto de la falta de vigilancia de la empresa y que el incumplimiento es motivo para que la SCT cancele la autorización para operar el tren. Lo cual no ha ocurrido a pesar de las violaciones al contrato de concesión y a los múltiples abusos que han ocasionado la pérdida de vidas. Esto ha desatado el enfrentamiento entre los dueños de la empresa y las autoridades de Chiapas, en donde éstas se quejan de la negligente actuación de la SCT, la cual se niega por extraños motivos ha cancelar la concesión.

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter, reconoce que el gobierno de Chiapas ha denunciado las ilegalidades de la empresa Chiapas-Mayab, pero el funcionario se limita a decir que “estamos en pláticas con la empresa”. Sin embargo, las autoridades del sureño estado se quejan de la falta de interés de los funcionarios federales en el asunto, y sólo por presiones del fiscal general de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salavati, Dychter sostuvo reuniones con los representantes legales de la empresa, pero esas negociaciones se mantienen congeladas desde octubre pasado, según afirma el secretario de Seguridad Pública del estado, Horacio Schoeder Bejarano.

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