11/9: Afganistán, Irak, ¿Irán?

John Saxe-Fernández

Con los neoconservadores en el poder en Estados Unidos se detecta un intenso uso y abuso de la ''palanca militar''. Existe una propensión histórica de la rama ejecutiva por usurpar funciones legislativas y judiciales, recurriendo, entre otros mecanismos, a operativos militares en el exterior, y lo que hoy se conoce como ''operaciones clandestinas''.

Daniel Ellsberg en los Documentos del Pentágono, comprobó una de ellas, cuando Johnson, por medio de la Ley del Golfo de Tonkín (1964), logró ''poderes de guerra'' usando operativos de provocación desplegados por la Marina y atribuidos a Vietnam del Norte. Que algo semejante haya ocurrido el 11/9 es una hipótesis plausible a raíz de recientes investigaciones sobre la actuación y los ''diversos y simultáneos simulacros'' ahora detectados en las diversas instancias militares encargadas de la defensa del espacio aéreo, y que dejaron al país inexplicablemente indefenso, precisamente en ''el espacio temporal'' de esos ataques.

El primero de febrero el ex asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, advirtió al Senado sobre un escenario análogo al notar, primero, que en el caso de Irán podría ocurrir ''un acto terrorista en Estados Unidos, atribuido a Irán, que culminaría en acciones militares ''defensivas'' contra ese país. La prensa decidió censurar a Brzezinski, quizá porque indicó que este tipo de ''manejos'' no son ajenos al aparato de seguridad nacional. Lo cierto es que el 11/9 se usó para justificar la petroguerra contra Afganistán e Irak. El escenario es distinto a la operación del Golfo de Tonkín, porque procede desde ''adentro'' hacia ultramar, tratándose entonces de un ''putch'', american style.

Un análisis detallado de las decisiones tomadas después de los ataques del 11/9 muestra, en segundo lugar, que se le utilizó a la manera nazi, ''como una máquina para la manufactura de poder'', como expuso Golo Man cuando escribió sobre el incendio del Reichstag (febrero 1933). Atribuido a Marinus van der Lubbe, el incendio del Parlamento alemán se usó como excusa para reprimir con violencia a la oposición. En marzo de ese año, 20 mil comunistas habían sido arrestados, y pocos meses después el número, incluyendo a decenas de miles de socialdemócratas, llegaba a 100 mil prisioneros. Las cifras oficiales de los opositores muertos ''bajo custodia'' se elevó a 600, y fueron miles los torturados. La noche después de esos hechos, por medio de un ''decreto del incendio'' (Fire Decree) se suspendieron las libertades civiles, incluyendo el habeas corpus y, pocas horas después, por medio de la ''Ley de atribuciones'' (Enabling Act) aprobada por el Parlamento al calor de la indignación del incendio, se otorgaron poderes al gabinete de Hitler para gobernar por medio de decretos, sin requerir autorización del Parlamento o del presidente.

Esta ''ley'' de excepción, junto con el Decreto del incendio, dice Richard J. Evans (The Third Reich in Power, Londres, Penguin 2005), ''proporcionaron el pretexto legal para la creación de una dictadura''.

Menciono el caso alemán porque en su declaración ante el Senado, Brzezinski notó que a diferencia de la Alemania de Hitler ''todavía'' el Congreso de Estados Unidos tiene capacidad para controlar al Ejecutivo.

Antes del 11/9 el gobierno de Bush mostró hostilidad hacia los derechos civiles y políticos, estorbando la aplicación de la Ley de libertad de información. Poco después de los ataques, Bush contaba con ''poderes de guerra'', la USA Patriot Act y la Homeland Security Act, que cancelan derechos constitucionales básicos.

Pero Bush y John Ashcroft, entonces fiscal general, querían más poderes de excepción. En noviembre de 2003 Ashcroft firmó una orden ejecutiva autorizando a agentes del FBI a entregar evidencias a las policías locales, facilitando la ''custodia'' de ''individuos sospechosos'', es decir, ciudadanos, no-ciudadanos, extranjeros legales e inmigrantes ilegales.

Miles de inmigrantes son detenidos y deportados con cualquier excusa, mientras el gobierno logró la aprobación de una Ley marcial (2006) que le permite al presidente declarar un estado de ''emergencia pública'' y usar tropas en territorio estadunidense, tomando además bajo su control la Guardia Nacional. Por medio de un dispositivo de la Administración Federal de Emergencias (FEMA) denominado Rex 84, planteado ante un hipotético ''éxodo masivo de mexicanos'' o de ilegales, se les detendría rápidamente y, según datos ofrecidos por Allen Roland (globalresearch.ca) serían enviados a campos de detención operados por FEMA, algunos de ellos contratados a Kellog Brown and Root, la subsidiaria de Halliburton, empresa cercana a Cheney y que Fox metió en Pemex. La Ley marcial estipula que se operaría contra ''extranjeros ilegales'', ''terroristas potenciales'' y otros ''indeseables'', es decir, disidentes dentro o fuera del gobierno y su aparato de seguridad. ¿Son disposiciones por si Bush ataca a Irán y se originaran protestas callejeras o ''dentro'' del gobierno? Fuentes de inteligencia dicen que altos generales y almirantes ''están preparados para renunciar si Bush procede contra Irán''.