La abogada Alicia Pérez Duarte prefirió renunciar a la Fiscalía para delitos contra mujeres de la PGR y no ser cómplice de la pederastía protegida desde el gobierno, cuando el procurador Medina Mora le ordenó no encausar a judiciales que torturaron a Lydia Cacho.Por Alfredo Méndez
Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que su ex jefe Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado, ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado, ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.
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