Pedro Miguel
El gobierno de Felipe Calderón miente por sistema, por hábito heredado del foxismo y por necesidad. Emplea el término bienestar para encubrir la miseria, llama empleo al desempleo, invoca la seguridad para justificar la multiplicación de la inseguridad que ha tenido lugar durante los 16 meses y medio que llevamos padeciéndolo. Pretende hacer pasar las inmundicias contractuales de Juan Camilo Mouriño como actos de honestidad. Dice estado de derecho para designar al atropello, la impunidad y la injusticia. Habla de austeridad mientras reparte entre sus altos funcionarios sueldos de 200 mil pesos o de más. Califica de instrumento contra la delincuencia a reformas legales que son, en cambio, graves márgenes de discrecionalidad para cuerpos policiales de vocación represiva y delincuencial. Su discurso convierte la inacción en acción, los fracasos en logros, las violaciones homicidas en gastritis crónicas, la corrupción en transparencia, el servilismo a Washington en ejercicio de soberanía nacional. Pronuncia normalidad en un entorno institucional dislocado y envilecido por quienes se encuentran en su cúspide.
Para consumar su propósito de entregar los hidrocarburos nacionales a las corporaciones extranjeras (con el consiguiente cobro de comisiones bajo el agua), el calderonato debe empeñarse a fondo en la mentira. Comenzó por afirmar que no existían tales propósitos y acabó por urdir un embuste televisivo para justificarlo: el “tesoro escondido” de los yacimientos en aguas profundas; para extraerlo, se dice, “México puede aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo en aguas profundas”. El espot se sirve con una guarnición de ataques mediáticos contra quienes se oponen a la privatización y se decora con la cabeza parlante de Cuauhtémoc Cárdenas, exhibida por la secretaria de Energía, justificando –en vísperas del aniversario de la expropiación, qué vergüenza– la urgencia oficial de empezar los trabajos en aguas profundas. A todo eso recurre el grupo encaramado en el poder, y a más, con tal de no decir la verdad, que es la siguiente: quiere abrir la industria petrolera a las corporaciones trasnacionales para cumplir compromisos inconfesables y para quedarse con una buena tajada de los contratos que resulten.
¿Y si no? ¿Y si se desarrolla tecnología nacional para succionar el crudo submarino? ¿Y si se renta o compra esa tecnología con los recursos multimillonarios que Pemex genera, en dólares, y que se malgastan en los lujos de un gobierno que no le sirve al pueblo para maldita la cosa? ¿Y si se reorienta la economía nacional para que pueda prescindir de su adicción a los recursos petroleros, y se deja que los yacimientos profundos duerman tranquilos por unas décadas más? ¿Y si en vez de gastar 100 en la aparatosa militarización del país se invierte 10 en desarrollo, creación de empleos, educación, salud y tratamiento de las adicciones? ¿Y si se empieza por ahorrar los dineros invertidos en la cooptación de voluntades y en la edición y posproducción de mentiras? ¿Hay alguien en la línea que pueda responder a estas y muchísimas otras preguntas?
Los integrantes del régimen están obligados a mentir, porque no pueden decirle a la sociedad “queremos cambiar la Constitución y la ley reglamentaria para privatizar los hidrocarburos, porque necesitamos pagar favores y hacernos más ricos de lo que ya somos”. O quién sabe: ya Mouriño aceptó, como si nada, que las firmas eran suyas, y sigue, pese a todo, presentándose en Cobián.
El petróleo de México debe preservarse a toda costa de los zopilotes privatizadores. Pero hoy, 18 de marzo, hay que movilizarse además en defensa de un intangible igualmente valioso: la verdad.
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