El Justo Reclamo

Libertad, equidad, representatividad

Denise Dresser

Para: Héctor Aguilar Camín, Fabián Aguinaco, Luis de la Barreda, Jorge Castañeda, Gerardo Estrada, Teodoro González de León, Ángeles Mastretta, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, Sergio Sarmiento, Isabel Turrent, Leo Zuckermann, et al.Asunto: Preguntas para el debate sobre la reforma electoral y el amparo que ustedes han promovido ante ella.
I. El tema de la libertad de expresión
–¿La libertad de expresión es el valor fundamental y absoluto que debe ser protegido, por encima de cualquier otro y a cualquier precio? De ser así, ¿por qué hay otros países que dan prioridad a valores distintos? ¿Por qué democracias desarrolladas como Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania y Australia tienen leyes o han firmado tratados internacionales que limitan la libertad de expresión, prohibiendo –por ejemplo– el llamado hate speech? ¿Acaso las autoridades que aplican estas leyes que restringen en cierta medida la libertad de expresión son “censoras” o “inquisidoras”?
–¿Cómo explicarían los promotores del amparo que en numerosos gobiernos occidentales la promoción de la armonía social a través de la regulación de la opinión es considerada una acción plausible?
–Ustedes apoyan un modelo de libertad de expresión irrestricto y de competencia electoral en el que cualquiera puede contratar publicidad. Ese modelo –con sus vicios y virtudes– es el que existe en Estados Unidos hoy, pero no es el único ni necesariamente el mejor. ¿Por qué piensan que es el que debería prevalecer en México si existen otras opciones menos caras, menos desgastantes, menos polarizantes?
–Si tanto les preocupaba el elemento de la reforma que obliga a los partidos a abstenerse de denigrar a sus adversarios, ¿por qué lo dejaron de lado? ¿Por qué no se centraron en el problema principal que contiene la reforma electoral: esa norma resbalosa y discrecional que, en efecto, ha generado un sistema complicado y proclive a la sobrerregulación discrecional?
II. El tema de la equidad
en la contienda
–¿No sería bueno que los promotores del amparo recordaran lo que ocurrió en el proceso electoral de 2006: más de 700 mil spots de campaña transmitidos en radio y televisión; más de 2 millones de horas de ataques y contraataques monitoreadas por el IFE; más de 2 mil millones de pesos desembolsados por los candidatos para aparecer en la pantalla y promocionarse desde allí; más de 280 mil spots de más, no reportados a la autoridad electoral y que nadie sabe quién pagó? ¿No era crucial encarar una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de excesos e irregularidades pagadas con el dinero de los contribuyentes? ¿No era imperativo reformar un modelo de competencia electoral que en aras de la equidad promovió el abuso, el chantaje y la discrecionalidad? ¿No era urgente reformar las reglas del andamiaje electoral para recobrar la confiabilidad a la cual tenemos derecho? ¿Y no es cierto que la única forma de hacerlo era a través de la prohibición estricta de publicidad, incluso por particulares?
–¿No es cierto que el modelo anterior había creado partidos dependientes, pero no de los electores, sino de los medios electrónicos, en particular las televisoras? ¿No se volvió políticamente problemático que dos cadenas de televisión recibieran 80% de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas? ¿No condujo esa acumulación indebida de poder a que tanto Televisa como TV Azteca tuvieran la capacidad para doblegar a las instituciones representativas, como ocurrió con la Ley Televisa?
–Los promotores del amparo consideran que la prohibición de contratar spots de radio y televisión es una mala solución. ¿No será que la perciben así porque no comprenden el objetivo sustantivo detrás de ella, que era precisamente quitarle a la clase política la pistola que los medios le ponían en la sien durante cada contienda electoral? ¿No será que minimizan la forma como las televisoras presionaron a Felipe Calderón –entre tantos más– y lo obligaron a apoyar una ley a modo, entre tantos otros ejemplos? ¿Qué solución proponen entonces para resolver ese problema medular del sistema político?
III. El tema de la representatividad del sistema político–Luis Rubio pregunta: “¿Queremos una democracia representativa en la que los ciudadanos podamos ver a nuestros diputados y senadores como voces y representantes de nuestros intereses, o una democracia ‘dirigida’ al servicio de los partidos?”. ¿No será que antes de la reforma electoral aprobada ya vivíamos en una democracia “dirigida”, pero por los medios de comunicación, en especial las televisoras, que habían acumulado el poder suficiente para chantajear candidatos, doblegar instituciones, obtener leyes a modo, diluir la representatividad de la democracia? ¿Por qué a la mayor parte de los promotores del amparo no les ha preocupado tanto esa amenaza real al sistema democrático?
–Los promotores del amparo argumentan que con la reforma electoral la clase política consolida su control sobre el país. Y es cierto, pero el objetivo de la reforma electoral era precisamente ese: devolver a los políticos una porción del poder que los medios les habían arrebatado. En un mundo imperfecto, donde en política prevalece lo que Michael Ignatieff ha llamado The Lesser Evil (el mal menor), ¿no es preferible el dominio de los partidos –con cierta representatividad– al dominio de los oligarcas televisivos que no representan más intereses que los suyos? ¿No será que la lucha pendiente que la clase intelectual debe librar es la democratización de los partidos y no la perpetuación del imperio de los medios?
–Jaime Sánchez Susarrey pregunta: “¿Con qué derecho la partidocracia confisca el debate político e intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos?”. ¿No sería bueno también preguntar con qué derecho TV Azteca y Televisa hacen lo mismo, distorsionando y manipulando la información y la cobertura según convenga a sus intereses?
–Si la reforma al artículo 41 constitucional es “una violación estalinista a la libertad de expresión”, ¿por qué han sido tan aisladas o inexistentes las denuncias de los promotores del amparo a otras violaciones a la libertad de expresión, cometidas por quienes controlan los medios?
–Luis Rubio tiene razón: La democracia mexicana nació coja porque no se modificó el régimen político, sino sólo el componente electoral. Y en efecto, el ciudadano es el dañado porque sigue siendo una parte marginal de la vida política. ¿Pero realmente la prohibición para comprar spots es la razón principal de ese problema? ¿Permitir que los particulares lo hagan es el mejor instrumento para garantizar la ciudadanización? ¿No sería mejor que el Grupo de los 15 canalizara su energía, su talento y su inteligencia a criticar y desmantelar los obstáculos estructurales –incluyendo la concentración mediática– que impiden la democratización profunda del país?
–Leo Zuckermann escribe que él no controla el espacio de las televisoras y por ello no puede garantizar que el debate en torno a esos temas se dé allí. ¿Pero acaso no tiene libertad absoluta para seleccionar a los invitados y los temas en el programa Entre Tres que conduce en TV Azteca? Y si ese no es el caso, ¿no preocupa a él y a los otros promotores del amparo el déficit de deliberación pública y ciudadana sobre la reforma electoral en los espacios televisivos? ¿No es sintomático el veto persistente a defensores de la reforma electoral?
–Héctor Aguilar Camín argumenta que no se deben restringir libertades para igualar derechos. ¿Pero acaso se vale abusar de libertades –como han hecho los medios– para cercenar derechos, incluyendo el de la libertad de expresión? l