El Partido Popular (PP) de España montó un show mediático en el Parlamento Europeo (PE). Ésta iniciativa de la derecha fue organizada por los medios privados de Venezuela (El Nacional y GLOBOVISIÓN), con el auspicio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a principios de octubre 2008, en ella además participó además Leopoldo López, alcalde del Municipio de Chaco en Venezuela. L a resolución adoptada el día jueves 23 de octubre por un sector minoritario del Parlamento Europeo de condenar a Venezuela por las inhabilitaciones administrativas de candidatos y la expulsión de miembros de la organización Human Rights Watch carece de legitimidad, ya que fue adoptada por sólo 51 parlamentarios, de un total de 785 eurodiputados.
Nuevamente la derecha y los medios privados venezolanos acuden a instancias internacionales para dirimir asuntos internos. Es bueno señalar que la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no es una figura nueva en la legislación venezolana, esta disposición ha estado presente en la Ley de Contraloría desde 1975 desde hace más de 30 años y conservada en todas las reformas posteriores. Pero se usa una mentira como argumento, ya que no es potestad del presidente de la República ejercer las inhabilitaciones, como tampoco que este proceso administrativo fue incorporado en la última reforma constitucional 1999, ya existía en los gobiernos de quienes hoy la adversan internacionalmente.
Las instituciones venezolanas rechazan esta decisión arbitraria e ilegal
El primer vicepresidente de la AN, diputado Saúl Ortega, fue el encargado de colocar el punto para ser debatido por los parlamentarios venezolanos.
En el acuerdo de la AN aprobado se expresa:
1.- Rechazar tajantemente y en forma más enérgica la Resolución del Parlamento Europeo del 23 de octubre del 2008, donde consideran que las inhabilitaciones administrativas son sanciones políticas dirigidas a la oposición y cuestiona la decisión soberana de expulsar del territorio nacional a los miembros de la organización Human Rights Watch.
2.- Condenar la intromisión de los parlamentarios de la derecha y de la extrema derecha del Parlamento Europeo en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, pues con su conocida insolencia tergiversan la realidad sobre las inhabilitaciones administrativas y sobre la expulsión de miembros de la organización Human Rights Watch.
3.- Reafirmar la legalidad, legitimidad y constitucionalidad de las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela a ciudadanos que independientemente de su afiliación política incurrieron en actos de corrupción y malversación de fondos.
4.- Felicitar a la Contraloría General de la República por honrar los compromisos internacionales adquiridos por la República en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, y al Gobierno Nacional que hace valer la dignidad del pueblo venezolano frente a aquellos miembros de ONG, que valiéndose de la plena libertad de expresión que impera en nuestro país y encubriéndose en la figura de defensores de los derechos humanos intentan con mentiras, vulnerar la soberanía desde nuestro propio territorio.
5.- Reiterar a los eurodiputados de derecha y de extrema derecha que las inhabilitaciones administrativas fueron impuestas por la Contraloría General, un órgano del Poder Ciudadano independiente del Poder Ejecutivo, y que las sanciones impuestas fueron objeto de revisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
6.- Recordar a los eurodiputados de derecha y de extrema derecha que la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas no es una figura nueva en la legislación venezolana, esta disposición ha estado presente en la Ley de Contraloría desde 1975, hace más de 30 años y conservada en todas las reformas posteriores.
7.- Llamar la atención de que los eurodiputados de derecha consideren irregular que una sanción administrativa puede inhabilitar temporalmente a un ciudadano para ejercer funciones públicas y, en ese sentido, exhortar a dichos eurodiputados a revisar su decisión sobre la directiva de retorno en materia migratoria, la cual representa un ejemplo de cómo una sanción administrativa puede privar de su libertad a una persona que no ha cometido ningún crimen por un lapso de hasta 18 meses, en Venezuela las sanciones administrativas no privan a los ciudadanos de su libertad y de ningún otro derecho civil o político.
8.- Resaltar la hipocresía de los parlamentarios de derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo quienes con el propósito de atacar a un gobierno respetuoso de los derechos humanos prefieren ocultar que las inhabilitaciones administrativas son el producto de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Venezuela, sin emitir ningún pronunciamiento contra el Gobierno de los Estados Unidos que ha autorizado la tortura, que ha sido el principal responsable de violaciones masivas de los derechos humanos en países como Irán y Afganistán.
9. - Condenar la posición de la derecha y la extrema derecha del Parlamento Europeo que considera que la decisión soberana del gobierno revolucionario de expulsar a miembros de la organización Human Rights Watch es arbitraria y violatoria de la libertad, y ratificar el apoyo de la Asamblea Nacional a la medida de expulsión de los miembros de dicha organización, quienes violaron la Constitución Nacional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana e inmiscuyéndose abusivamente en los asuntos internos de nuestro país.
10. - Reprobar el hecho de que los parlamentarios de derecha y extrema derecha hayan llevado al Parlamento Europeo a constituirse en una tribuna de la organización Human Rights Watch, la cual recibe financiamiento del gobierno estadounidense, autor de la más larga lista de violaciones a los derechos humanos en el mundo, asimismo instar a los mencionados europarlamentarios que pretenden evaluar a Venezuela en materia de derechos humanos y libertades a pronunciarse sobre la violación permanente de los derechos humanos de los miles de inmigrantes que van a Europa a contribuir con el desarrollo de sus economías.
11. - Denunciar ante la comunidad internacional que la derecha y la extrema derecha del Parlamento Europeo en alianza con la oposición venezolana han impulsado una resolución injerencista sobre Venezuela en plena campaña electoral, resolución que había sido rechazada por la Conferencia de los presidentes de los Grupos Políticos del Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, lo cual resta credibilidad a esa institución de la Unión Europea.
12. – Recordar a los eurodiputados de derecha y de extrema derecha que el asesinato del estudiante Julio Soto fue enérgicamente condenado por el Gobierno nacional, y que el caso se encuentra en manos de la justicia venezolana, la cual, como ya lo ha demostrado, actúa sin descanso para solucionar los asuntos de su competencia.
13. – Ratificar la defensa de la soberanía de la revolución bolivariana y del gobierno bolivariano que en ejercicio de la democracia participativa y protagónica el pueblo venezolano escogió.
También el Parlatino fijo su posición ante este ataque arbitrario
El presidente del Grupo Parlamentario venezolano del Parlatino Víctor Chirinos, subrayó que la decisión de los eurodiputados carece de legitimidad o legalidad.
Las inhabilitaciones administrativas certificadas por la Contraloría son totalmente lícitas porque castigan a personas que tienen una deuda moral con el pueblo y cometieron delitos de corrupción, explicó.
Son individuos que de verdad no pueden ejercer cargos públicos debido a su deshonestidad. El Parlamento Europeo se incluye así en la emisión y la guerra de mentiras contra Venezuela, señaló el legislador.
Por su parte, el presidente alterno del Parlatino, Amílcar Figueroa, subrayó que la entidad del llamado “Viejo Continente” demostró tener muy poca seriedad al sancionar el fallo contra Caracas sólo contando con una porción ínfima del plenario.
Voces en el parlamento Europeo desestiman acción de Eurocámara sobre Venezuela
El Partido Socialista Europeo (PSE), la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes decidieron no acudir a la votación sobre la resolución adoptada el día jueves por un sector minoritario del Parlamento Europeo de condenar a Venezuela por las inhabilitaciones administrativas.
Tanto los Verdes, como el PSE y la Izquierda Unitaria Europea, señalaron que no asistieron al evento por considerarlo un acto de intromisión que “ridiculiza al Parlamento Europeo, además de ser un intento de desestabilización de un Estado Soberano”. Sólo 51 (6%) de un total de 785 eurodiputados aprobaron una resolución sobre Venezuela que resulta ilegítima y apoya los casos de corrupción que la Contraloría General de la República ha sancionado de manera administrativa.
La única voz de la izquierda presente, el eurodiputado portugués de la Izquierda Unitaria Europea Pedro Guerreiro, criticó con dureza la resolución, que calificó de “maniobra inaceptable y despreciable de injerencia del Parlamento Europeo” e “intento de desestabilización de un Estado soberano”.
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