viernes, abril 24, 2009

Columna Asimetrias¿Hacia el Estado Totalitario?



24 abril 2009



“La historia nos ofrece sus moralejas: mientras más severas son las crisis, mayor es la represión”.

Engelberto Anaya Gómez.

I

El pensamiento del caro leyente Anaya Gómez --consignado en el epígrafe de la entrega de hoy-- antojaríase atinente dados ciertos sucedidos recientes en el contexto de la descomposición, al parecer ya imparable, del poder político del Estado mexicano, cuyas conductas han derivado en crisis económica, política, social y cultural asaz graves.

Véase:

El Presidente de Facto, jefe espurio de la vertiente ejecutiva del poder político del Estado mexicano, Felipe Calderón, envió el martes pasado al Senado de la República –otra de las ramass del mismo poder político del Estado-- varias iniciativas de ley para legalizar una realidad ilegal: la militarización de la vida política y social de México.

Esa militarización en los hechos le otorga a las fuerzas armadas un papel cuya representación va a contrapelo, por un lado, de la experiencia histórica posrevolucionaria y, por otro, la esencia constitucional misma de las fuerzas armadas, que es la de velar por el pueblo. Contradice, asimismo, el origen popular vero de las instituciones armadas. Éstas combaten al pueblo.

Así, las propuestas del Espuriato calderonista distorsionan y desvirtúan la naturaleza moral de las fuerzas armadas, en particular dos de sus tres armas --Ejército y Marina--, que se sustenta sobre su origen histórico y garante de los intereses tangibles e intangibles del pueblo; éste último es el elemento constitutivo central del Estado mexicano, por lo menos en la teoría.

Más no sólo eso. Con esas iniciativas, el señor Calderón se propone destruir la mística de las fuerzas armadas, que era –sí, era-- la del respeto a los derechos civiles a la discrepancia, la disidencia, la oposición, la resistencia, ejercidos ora en lo individual, ora en lo colectivo –o social-- . Señálese que la pérdida de esa mística ha sido constante desde hace algunos sexenios.

Esa erosión paulatina de la mística ha llevado a los miembros de la más alta jerarquía de las fuerzas armadas a no discernir los aspectos morales y éticos é incluso ilegales y, ergo, criminales, de las órdenes giradas por el mando supremo, que es civil. Ello explicaría los continuos atentados castrenses en agravio de la ciudadanía. Por añadidura, esos atentados son impunes.

Así, de la coadyuvancia parcial en ciertas tareas con las autoridades coactivas del Poder Ejecutivo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le autoriza a las fuerzas armadas se ha transitado a un protagonismo central. Hoy, los coadyuvantes no son el Ejército ni la Marina, sino los policías y procuradores de justicia (los agentes del Ministerio Público).

II

Temeríase que pronto serán también coadyuvantes de las fuerzas armadas los impartidores de justicia –jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia-- , faltando únicamente que las instituciones castrenses se erijan igualmente en legisladores, meta que presúmese viable por las sospechas del financiamiento del narco a campañas electorales.

¿Son esos temores exagerados? No. Esos temores se sustentan sobre una amplia y honda base de experiencias históricas, incluyendo las recientes –las que se remontan al fraude electoral de 2006 y sus secuelas-- y las tendencias inequívocas advertidas y registradas en la conducta del Presidente de Facto para criminalizar el derecho a la protesta social por la situación prevaleciente.-

El propósito es legalizar la represión militar y policiaca de las manifestaciones organizadas de descontento en amplios estratos de la sociedad y otras acciones, también devenidas de esfuerzos organizadores que preconizan el cambio de estructuras y superestructuras, y orientados a alcanzar ese objetivo al margen de las estrechas avenidas del régimen de partidos políticos.

Si las iniciativas de ley del Espuriato fueren aprobadas tras andar por el camino legislativo, la consecuencia sería terrible, pues implicaría establecer un régimen político de laya policiaca; es decir, un régimen totalitario, de uniformidad y pensamiento único, de alcance no distintos a los del fascismo y el nazismo.

Un régimen así –como el que se propone en las iniciativas presidenciales-- sería criminalizar además la diversidad y pluralidad ideológica y política que distingue al pueblo de México y que al conservadurismo mexicano le representa un desafío solo superable mediante la coacción y la represión. Para el conservadurismo, el pensamiento único tiene plusvalía estratégica.

El telón de fondo de esas intenciones enunciadas en las propuestas legislativas de carácter represivo del señor Calderón está conformado, al modo de ver las cosas de no pocos mexicanos conscientes de la realidad, por lo siguiente:

Uno, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2009 espera una contracción de la economía de México del orden del 3.7 por ciento, el doble del promedio en los países de Nuestra América. Contradictoriamente, el FMI acaba de de autorizar créditos al Estado mexicano por 47 mil millones de dólares.

III

Y, otro, las proyecciones de que habrá más descontento social debido a un mayor desempleo e inseguridad, consecuencia de la contracción en la economía de México.

Componentes adicionales de ese telón de fondo son la desigualdad social y cultural y socioeconómica y la injusticia general --manifestaciones de formas de organización económica y política cada día más inviables-- que se ceba más que nada en las mujeres y los indígenas. El modelo político se sustenta sobre premisas de la simulación de la democracia.

A las mujeres y los indígenas –la inmensa mayoría de la población-- se les escamotean derechos pseudolegalmente. Se han promulgado leyes contra la población femenina en Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora. En otras entidades federativas hay visos de promulgación de leyes contrarias a los intereses y derechos de las mujeres.

Un escamoteo evidente de los derechos de las mujeres y los indígenas se nos ofrece en lo laboral y en las candidaturas a renovar la Cámara de Diputados. Siendo las mujeres mayoría demográfica en México, las candidaturas no reflejan dicha realidad. En general, en el poder político del Estado son muy pocas las mujeres en puestos prominentes.

Otros componentes del telón de fondo es de carácter psicológico. Los personeros panistas del poder político del Estado mexicano quieren asegurarse que a ellos no les estallará en las manos el proverbial cohete social, el cual, a la luz de la intensidad de la agitación prevaleciente en México, tiene la mecha encendida. Por ello, las leyes draconianas.

El cohete del descontento y la inconformidad sociales tiene, en realidad, no una, sino varias mechas doquiera el territorio nacional. En el norte --en Sonora-- se repite el mismo fenómeno de 1906, que detonó la Revolución Mexicana; en el sur –en Chiapas-- , igual. En los otros puntos cardinales del país las expresiones de descontento están cada vez más extendidas.

La legalización de la militarización del país emprendida por el señor Calderón es, en realidad, un apresto previo para reprimir violentamente estallidos reivindicatorios sociales bajo la guisa de combatir a una faceta del crimen organizado, mientras consolida su proyecto de país. Éste sólo ha beneficiado a los ricos y endeudado y saqueado el patrimonio de los mexicanos.

ffponte@gmail.com

www.faustofernandezponte.com

Glosario:

Atinente: tocante o perteneciente.

Estructuras (de la sociedad): en sociología, conjunto de relaciones internas y estables que articulan a los diferentes elementos de una totalidad concreta.

Superestructuras (de la sociedad): en sociología, conjunto de instituciones cuya función es la de cohesionar a una sociedad y la cultura en torno a la base económica, y de asegurar la reproducción de ésta.

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