Editorial. La Peligrosa Militarización de México

Año 6, número 2582

Viernes 24, abril del año 2009

La militarización aguda de la vida social --y diríase también que la política— de México es un proceso ocurrente de hecho, aunque no de derecho, pues en realidad violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de que las fuerzas armadas realizan tareas ajenas a las fijadas por la ley.

Empero, esa militarización tiene antecedentes en el uso político de las fuerzas armadas por los comandantes supremos civiles de cada sexenio desde que se tiene memoria. Carlos Salinas, por ejemplo, utilizó al Ejército para hacer caer a un adversario político, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, como líder sindical de los trabajadores petroleros. Y usó soldados para requisar puertos.

Antes, el Ejército fue utilizado también en la represión a estudiantes en 1968 –el comandante supremo entonces era Gustavio Díaz Ordaz— y en la de 1971 y la “guerra sucia” contras jóvenes estudiantes (desaparecidos, torturados, prisioneros políticos) por otro comandante supremo civil, Luis Echeverría, a quien se le exoneró de la comisión del delito de genocidio.

Antes de Díaz Ordaz, otros comandantes supremos civiles (Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortínes y Miguel Alemán Valdés) utilizaron a las fuerzas armadas para reprimir conatos reivindicatorios (y, por lo mismo, políticos) de descontento social. Pero si bien esas acciones fueron realizadas por el Ejército, en el fondo no representaron una militarización de la vida social.

Pero son antecedentes a lo que ocurre hoy bajo el mando del comandante supremo civil Felipe Calderón, a quien se le cuestiona, para empezar, la reprsentatividad y legitimidad moral de su investidura como Presidente de la República y, conjuntamente, jefe del poder político del Estado mexicano y de la vertiente ejecutiva (o gobierno) del mismo.

El señor Calderón --considerado por millones de sus conciudadanos un mandatario de facto, por espurio, devenido de un fraude electoral, aunque otros millones lo ven cual “su” Presidente constitucional-- -- parece empeñado en legitimar su presidencialado mediante el despliegue de fuerza militar para combatir cierta vertiente de la delincuencia organizada.

Esa cierta vertiente es la conformada por las organizaciones e individuos dedicados all tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos –alucinógenos muchos de éstos-- , que es sin duda la más violenta, aunque existen otros entes del crimen organizado de mayor corrosividad societal y acción antisocial, como los bancos, casas bursátiles y financieras, etcétera, las de “cuello blanco”.

Esa vertiente de “cuello blanco” del crimen organizado ha sido intocada por el poder político calderonista y panista-priísta del Estado mexicano. Las razones son obvias: ese poder sirve a los banqueros, financieros, corredores de bolsa y especuladores --empresarios de comercio— mexicanos y extranjeros en la intermediación y abasto de bienes y servicios.

Siendo así las cosas, el señor Calderón no podía desatar las hordas militares contra esa vertiente del crimen organizado, tipificado como tal dados los paradigmas de la moral y la ética. Por ello escogió al narcotráfico. Al iniciarse el sexenio el “narco” no representaba un peligro real para sociedad mexicana, pues su quehacer era controlable e incluso neutralizable.

Pero la guerra contra el narco devino en un peligro verdadero, pues estimuló el desarrollo del tráfico y multiplicó sus secuelas execrables: la zozobra societal rayana en crispación, la inseguridad pública, la desviación y desperdicio de recursos financieros y humanos, la inestabilidad sociopolítica, la ingobernabilidad de vastas regiones geográficas del país, etcétera.

Pero el resultado de mayor consecuencia negativa en todos sentidos es el uso de las fuerzas armadas –el Ejército y la Marina de Guerra-- para combatir a esa vertiente del crimen organizado, pues ha implicado la militarización de la vida social (los cárteles son los principales empleadores de mano de obra en el país) y política e incluso económica y cultural.

El Ejército pesquisa, incluso, a políticos y agrupaciones políticas sospechosas de financiar sus campañas de proselitismo electoral y otras actividades conexas con recursos provenientes del narcotráfico. De hecho, el partido (de) Acción Nacional ha acusasdo al Revolucionario Institucional y al de la Revolución Democrático de recibir esos financiamientos.

La militarización ha estado ocurriendo al margen de lo que establece la Carta Magna. Al señor Calderón se la ha ocurrido que esa militarización sería más efectiva si fuese legal, lo cual es dudoso. Al error terrible de usar las fuerzas armadas sumaríase otro yerro aun mayor, el de legalizar su empleo. Insistir en subsanar o revertir ese error ampliándolo con otro es demencial.

Hoy, a 28 meses del presidencialado de don Felipe, los resultados identifican que ese yerro de colosales proporciones en lo estratégico y en lo táctico no tenía por objetivo central al narcotráfico, sino otro, distinto, disuadir a la población civil, descontenta, políticamente agitada e impaciente por los efectos de la crisis económica y, por lo mismo, política. Ese es el blanco real.

La crisis exhibe la inviabilidad social del modelo económico-político prevaleciente, el cual el poder político del Estado defiende a ultranza, incluso con el empleo del Ejército y la Marina de Guerra, utilizados como vectores disuasivos de cualesquier empeño reivindicador organizado de los mexicanos o, de plano, para reprimirlos. Soldados y marinos armados atemorizan.

Y aterrorizan, pues existe una infinidad de casos verificados y documentados de agresiones de los militares a civiles inocentes. Ha habido muchos muertos y heridos de autoría material de los soldados. Al terror que causa a la ciudadanía la inseguridad pública aúnase el que provocan las acciones militares en las calles.