viernes, mayo 15, 2009

Lugo: paternidad irresponsable


A un año de las elecciones que lo convirtieron en presidente de Paraguay, las implicaciones de la escandalosa paternidad de Fernando Lugo están en el centro del debate político. Cuando Lugo, que fue obispo en una de las regiones más pobres de su país, aceptó públicamente el hijo que se le imputaba, saltó otra denuncia, que todavía no ha sido aclarada. ¿Qué significa que un obispo haya seducido a dos jovencitas, las haya embarazado y se haya desentendido del asunto? De entrada, en un país donde la irresponsabilidad paterna es el pan de cada día (aparentemente se inscribe a 7 de cada 10 criaturas como: de “padre desconocido”), a pocos toma por sorpresa lo ocurrido. La actitud de otro sacerdote al exclamar “¡esas cosas pasan!” representa el sentir de un amplio sector de la población. Lugo, ser humano a fin de cuentas, transgredió un mandato imposible de cumplir, lo que pone en evidencia lo absurda que es la regla de castidad impuesta por la Iglesia católica. En su momento, la reacción del ahora presidente ante el “desliz” fue ocultarlo en lugar de encarar sus consecuencias. ¿Cómo alguien a quien la injusticia social le preocupa no tuvo el mínimo gesto de responsabilidad con las madres de sus hijos? Hoy Lugo se deslinda de la imputación de “abuso sexual” que varios miembros de su Iglesia han vuelto famosa, y afirma que –en el primer caso– se trató de una “historia de amor”. Del segundo asegura que no hubo “relación sentimental”. Los enemigos políticos de Lugo plantean que la edad de la chica cuando inició la relación implica que hubo estupro, que en el Código Penal de Paraguay se define como la conducta del “hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujer de 14 a 16 años”. Incluso diputados del Partido Colorado trataron de iniciar un juicio político en su contra y muchos adversarios políticos han soltado discursos sobre el abuso contra estas mujeres, exigiendo que las feministas –que lo apoyaron en su campaña– ahora condenen al exobispo. No obstante la diversidad de este movimiento social en Paraguay, las organizaciones y mujeres feministas se han pronunciado unánimemente señalando que, como ciudadano paraguayo, Lugo no está por encima de las leyes y debe cumplir con sus deberes de reconocimiento, cuidado y alimentación de quienes resulten ser sus hijos. Pero también insisten en que lo sustantivo es hacer cambios decisivos en la legislación. La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), una red de 10 organizaciones que lleva 22 años trabajando por los derechos de las mujeres, ha señalado que no se trata de un “asunto privado” y que, si bien el caso tiene carácter político, no debe ser utilizado hipócritamente por quienes tradicionalmente se han opuesto a las reivindicaciones de la lucha de las mujeres. Agregan que si Lugo fuera culpable de estupro, según lo previsto por el Código Penal (al que califican de machista y discriminatorio), tendría que pagar una multa y asunto terminado. Y denuncian la hipocresía y el oportunismo de políticos que desde sus cargos legislativos no atendieron el reclamo feminista sobre la modificación del Código Penal, ni sobre la aprobación de una ley de protección a víctimas de delitos contra la autonomía sexual, y que ahora exigen que las feministas hablen en contra de Lugo y su gobierno. La CMP, que repudia la actitud irresponsable y machista del presidente Fernando Lugo y exige que asuma y repare sus errores, plantea que además deben promoverse cambios legislativos y políticas públicas. Para la CMP hay que colocar en el centro de la gestión pública los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia, junto con la paternidad responsable. Antes de la prueba del ADN, los hombres podían evadir la responsabilidad paterna, cargando a las mujeres todo el costo –emocional y económico– de la crianza. Hoy ganar el juicio por filiación obliga al “reconocimiento” de las criaturas, que sirve no sólo para paliar los gastos de manutención, sino también para garantizar el derecho a la identidad que tienen todas las personas. Y aunque solventar gastos no es suficiente para el desarrollo integral de una criatura, que requiere recibir amor y cuidados, es un avance indudable. Lugo, quien renunció a su salario presidencial y lo donó al Instituto del Indígena, tendrá que solicitarlo de regreso para pagar la(s) pensión(es) alimentaria(s) correspondiente(s). La(s) paternidad(es) de Fernando Lugo se ha(n) vuelto un asunto público, no sólo por quién es el protagonista, sino por el escabroso contenido que rodea al caso: un obispo maduro que enamora a jovencitas y las abandona cuando quedan embarazadas, desentendiéndose de la(s) criatura(s) resultante(s). Y pese a que es mucho lo condenable, esto no significa que la apuesta política que encabeza sea por completo inválida. Lo que sí es un hecho es que para que su terrible incongruencia ética, avalada por la cultura patriarcal católica, no descalifique la totalidad de su proyecto político, es imprescindible que la rectificación de Lugo vaya más allá de un acto de contrición y se traduzca en políticas públicas que impulsen un cambio, orientado hacia la plena corresponsabilidad de mujeres y hombres en la procreación y la crianza. Hechos son amores, y no buenas razones.

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