El jueves en la madrugada fue asesinado de un balazo en el pecho el doctor en derecho Jorge Kristian Bernal Moreno, de 34 años de edad. Se presume que fue víctima de un asalto, probablemente para robarle el vehículo que conducía y en el cual pudo llegar a un hospital en la colonia Roma Sur de la ciudad de México. Estaba malherido, sin embargo, y murió apenas llegó al sitio donde buscó auxilio. Hasta ayer, la averiguación previa no había logrado establecer las circunstancias en que se produjo la agresión a Bernal Moreno, profesor de la Facultad de Derecho, cuyos alumnos han expresado su consternación por el deceso.
También lo hizo el Comité conciudadano para la reforma electoral al que pertenecía el joven académico, que se había especializado en los temas concernientes a las preocupaciones de esa entidad civil, creado en 2007 como un espacio para la observación electoral. El comité pasó después a formular propuestas sobre la reforma respectiva y a seguir paso a paso los ajustes constitucionales y su consecuencia, la reforma al código sustantivo y a las leyes procesales correspondientes.
Luego de graduarse en la Facultad de Derecho de la UNAM, Bernal Moreno obtuvo una beca del Conacyt para doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó exactamente un año antes de su muerte. También cursó estudios en la Universidad Carlos III de la propia capital española. Fue secretario particular de dos secretarios generales de la Facultad de Derecho, donde obtuvo la titularidad de una plaza de tiempo completo. En un tiempo fue también asesor del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Edmundo Jacobo Molina.
Se perfilaba como un autor asiduo sobre temas de derecho público. En la colección de Estudios Jurídicos de su facultad publicó “El paradigma del presidencialismo en las relaciones y el equilibrio entre los poderes en el sistema político mexicano actual” y “La nacionalización de las campañas mediáticas. El modelo francés para México”. Participó con un estudio sobre “La reforma al artículo 134 constitucional y su interpretación durante el proceso electoral 2009”, en el libro Democracia sin garantes, Las autoridades vs la reforma electoral, coordinado por Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. En el prólogo a esa obra el doctor Jorge Carpizo refiere que Bernal Moreno “analiza otro de los temas más polémicos de la actuación de los órganos electorales en su tarea de intérpretes e instrumentadores de las normas que se introdujeron en la última reforma electoral: el de la regulación de la prohibición que establece el artículo 134 de la Constitución federal al uso político de la propaganda gubernamental y a la personalización mediante la utilización del nombre, la imagen y la voz de los servidores públicos. Se trata de un tema complejo, debido a que es uno de los ámbitos de la reforma en los que el legislador no terminó su tarea normativa al no expedir la ley reglamentaria. Eso provocó que la regulación quedara en manos del IFE y del Tribunal Electoral”.
El lamentablemente fallecido Bernal Moreno emprendió su ensayo desde una perspectiva crítica. Si bien partió de calificar como “encomiable propósito” el del reformador constitucional, lamentó el que la reforma quedara “inacabada”, inconclusa, pues el legislador “no expidió una serie de disposiciones para hacer efectiva” la adición constitucional, salvo la reconfiguración del Cofipe. Por ello, “el Instituto Federal Electoral se erigió como la única autoridad de este nivel de gobierno con posibilidad de aplicar las normas relacionadas con la propaganda gubernamental…” De allí se deriva el hecho de que “cualquier propaganda gubernamental que no tenga carácter institucional o que promueva la imagen de los servidores públicos es ilegal, pero no en todos los casos es competencia del IFE.
Tras examinar tres sentencias de la justicia electoral sobre la materia, el autor deploró “la incierta y a veces contradictoria glosa” de las disposiciones aplicables. En esos fallos, concluyó, “desafortunadamente han naufragado los propósitos originales del legislador”. También criticó el que en diciembre de 2008 el consejo general del IFE, fundándose en las sentencias del tribunal, desechara 117 quejas relacionadas con presuntas violaciones en materia de propaganda personalizada de los servidores públicos”. De allí que en su “reflexión final” censure al Congreso por haber dejado “huecos en la ley tan evidentes que generan dudas razonables sobre su labor” y haga notar que “en la práctica administrativa y judicial tampoco haya sido posible aplicar con todo rigor estos principios a causa de interpretaciones de la autoridad electoral, o muy laxas o muy rígidas, pero siempre contradictorias” Bernal Moreno no pudo leer impreso su artículo póstumo, aparecido en “El Universal” el jueves pasado, horas después de la muerte de su autor. Bajo el título “Sancionar al PVEM”, el joven profesor ahora muerto puso en cuestión el sistema punitivo electoral, consistente en multas cuyos montos por altos que sean alientan la infracción legal, que se vuelve así muy rentable. Por eso concluyó proponiendo que un nuevo régimen sancionador establezca “un esquema que indefectiblemente conduzca al partido político a la pérdida de su registro, si éste se empeña en hacer de la ilegalidad un modus para cumplir sus objetivos. Debemos erradicar la ecuación del costo-beneficio, tan arraigada en el ámbito mercantil como lejana del interés público”.— México, D.F.
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