933 hectáreas... ¿para qué?

Además de que se quedó sin refinería, Guanajuato enfrenta los problemas de los ejidatarios que ahora reclaman al gobierno del panista Juan Manuel Oliva por haberlos engañado para que vendieran sus tierras. Colaboradores del mandatario estatal aseguran que aun cuando fue encandilado por los ultraconservadores del PAN en este asunto, Oliva terminó por comprar el proyecto, y ahora que tiene un polígono de 933 hectáreas no sabe qué hacer con él.

VERóNICA ESPINOSA

VILLAGRÁN, GTO.- Mediante engaños de autoridades del estado y corredores de bienes raíces, los ejidatarios de éste y otros municipios aledaños se quedaron sin sus tierras luego de que el gobierno estatal se apropió de un polígono de 933 hectáreas para proponer a Petróleos Mexicanos que la refinería del Bicentenario se erigiera en ese espacio. Pero hace un mes la paraestatal decidió que la obra se construyera en Hidalgo.Sin esperanzas ni refinería ni tierras, y con unos pesos que se van esfumando poco a poco, los ejidatarios se preguntan: ¿y ahora qué?Cuando Pemex lanzó la convocatoria, ninguno de los estados gobernados por el PAN se apuntó; además, la dependencia federal dejó fuera a Salamanca por considerar esa zona como de alta contaminación. Pero en el seno de ese partido los ultraconservadores forzaron la entrada de Guanajuato, El propósito: que la refinería se instalara en las cercanías de la que funciona actualmente en Salamanca.Y si bien el gobierno federal también intentó aprovechar la coyuntura, los resultados electorales del 5 de julio, adversos al PAN, terminaron por sepultar el sueño del mandatario guanajuatense, Juan Manuel Oliva Ramírez. A partir del 6 de julio, los apoyos oficiales de panistas como Germán Martínez, quien todavía estaba al frente de ese partido, así como el de la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, se convirtieron en desaire.El polígono de 933 hectáreas adquirido por el gobierno de Guanajuato se ubica entre los municipios de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas. Está rodeado por la carretera Salamanca-Celaya y la de cuota Irapuato-Querétaro.Oliva Ramírez se niega a informar cuánto pagó por esos terrenos que, según explican algunos de los antiguos propietarios, les fueron comprados a precios de ganga por las autoridades, que también adquirieron propiedades de empresarios, entre éstas las de la familia de Javier Usabiaga Arroyo, quien fue titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en el gobierno de Vicente Fox, como lo denunció el 19 de agosto el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya.El 24 de julio, en una conferencia de prensa conjunta con el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, anunció que en la “segunda etapa” de la construcción de la nueva refinería los gobiernos de Hidalgo y Guanajuato se disputaban la sede.Escobar Prieto dijo que Guanajuato estaba en proceso de adquirir y regularizar por lo menos 211 parcelas en los ejidos de San Isidro, Cerro Gordo, Mexicanos, Sarabia y colonia 18 de Marzo; incluso mencionó la compra de poco más de 166 hectáreas de propiedad privada.Y cuando se le preguntó sobre el monto de la inversión, el funcionario admitió que no tenía el dato: “Es una información que no nos han proporcionado, pero en general están comprándolos a un precio muy superior al que dicen los avalúos”. Ante la demanda de información de los medios locales, Oliva Ramírez determinó que todo lo concerniente a la compra de las 933 hectáreas estaría bajo reserva durante los próximos cinco años. Finalmente, el martes 8, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Héctor López Santillana, declaró a dos medios locales que el gobierno invirtió mil 602 millones de pesos en la compra de las 933 hectáreas.

La rebelión
Un empleado del gobierno consultado por la reportera, quien pide omitir su nombre, sostiene que fue Germán Martínez quien encandiló al gobernador Oliva Ramírez para que le entrara al concurso de la nueva refinería. Y él tomó muy en serio el asunto. Tanto, explica, que cuando vio que Hidalgo tenía más posibilidades, y pese a la advertencia de algunos de sus colaboradores, Oliva Ramírez se empecinó y dijo que sus correligionarios panistas en el gabinete y algunos integrantes del consejo de Pemex le ayudarían a ganar.El gobernador desoyó también el exhorto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien le dijo que la refinería no se podía construir en Guanajuato. Según el entrevistado, Oliva Ramírez acordó con el gobierno federal para que éste le resarciera parte de los más de mil 400 millones de pesos invertidos en la adquisición de las hectáreas del polígono; así mismo, la administración calderonista invertiría alrededor de 3 mil millones de dólares para la reconfiguración de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor o para un proyecto de desarrollo en esa zona.Sin embargo, el escenario económico y los anuncios alarmistas de Calderón y del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hacen dudar desde ahora sobre la viabilidad de esos acuerdos.Entrevistado al respecto, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Héctor López Santillana, insiste: “Quedó claro que tenemos condiciones para la instalación de empresas del sector energético en Guanajuato. No estábamos de acuerdo en que nos desecharan”.Y explica: “Hicimos un planteamiento demostrando que no solamente abatiríamos déficit de esta región (en materia energética), sino que lograríamos ahorros muy importantes en la distribución de refinados. Mercados como Aguascalientes, Zacatecas y San Luis se abastecen actualmente mediante el transporte de los refinados, como lo expresa la propia gente de Pemex”.
–¿Ganó la decisión técnica o la política?
–Lo que puedo decirte es que nuestro trabajo estuvo orientado a la parte técnica y cumplimos.
–En el fallo se explica que en Salamanca la inversión sería mayor.
–Si el mercado objetivo es el Distrito Federal, sí sería mayor la transportación; pero nuestro proyecto estaba enfocado a otro mercado, que serviría para dejar que Tula abasteciera al Distrito Federal. Nosotros podíamos abastecer a los mercados actuales y a unos mercados adicionales.
En todo caso, agrega López Santillana, es responsabilidad de Pemex priorizar sus mercados. Y remarca: “La propuesta de Guanajuato llevaba implícita una descen­tralización, una desconcentración de la actividad económica fuera del Distrito Federal. Si la pregunta es cuál queremos que crezca, eso es otra cosa. Nuestra propuesta era dejar de concentrar geográficamente tantos recursos e instalaciones.También justifica la estrategia empleada por el gobierno de Oliva Ramírez para adquirir los predios a través de la empresa Pastas y Cereales: “Fue la correcta, cumplió con el propósito que nos fijamos de no empalmar ese asunto con los tiempos electorales. Y si la condición (de reserva de la información durante cinco años) permanece, es para evitar la especulación con los valores de la tierra”.Y cuando se le pregunta a López Santillana sobre la posibilidad de que, ante el fallo de Pemex a favor de Hidalgo, algunos de los ejidatarios puedan deshacer la venta, responde de inmediato: “Si me devuelven el dinero, con mucho gusto les entrego sus tierras.”

Un proceso tendencioso
El senador leonés Humberto Andrade Quesada, del PAN, quien acompañó en muchas de las gestiones al gobernador Oliva Ramírez y a sus colaboradores en el caso de la refinería, asegura que desde el principio advirtió que el proceso estaba “muy cargado”. “Era muy tendencioso, muy parcial por parte de Pemex. Siempre quisieron desa­creditar a Salamanca”, dice el legislador. Y agrega: “En el camino, el director de Pemex (Jesús Reyes Heroles, quien fue relevado del cargo el lunes 7) le comentó en varias ocasiones que Guanajuato presentaba inconsistencias.”Según Andrade Quesada, una vez que los gobernadores aceptaron las condiciones de Pemex para participar en los foros, “al único estado que se le pusieron objeciones fue a Guanajuato, y aún así llegó a la recta final. La propia paraestatal marcó un plazo de 100 días y después dijo que los dos estados (Hidalgo y Guanajuato) estaban obligados a cumplir. Eso es absurdo”.Para el panista, es evidente que aunque la paraestatal debía cumplir con una conducción técnica y objetiva en ese proceso, “queda muy clara la parcialidad del director de Pemex”, quien siempre se inclinó por Hidalgo. Todavía unos días antes de los comicios del 5 de julio, gente cercana a Felipe Calderón, como Jordi Herrera, quien trabaja en la paraestatal, sugería en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que la participación de Guanajuato debía replantearse “porque sentía que se estaba desvirtuando”.El 24 de julio, el presidente del comité estatal del PAN, Fernando Torres Graciano, dejó entrever la desesperación del partido por una batalla que ya se sabía perdida. Y cuestionó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles:
“Hay una tendencia: todos conocemos que el señor es militante priista, me parece que hay una tendencia de querer mandar la refinería a Hidalgo.”“Ya estamos fregados, ya qué…”Hoy, en la zona del polígono destinado a la refinería la incertidumbre envuelve a las familias que se refugian en sus precarias viviendas y observan con nostalgia los predios donde sembraban sorgo y maíz. Muchos predios son vigilados por sus antiguos dueños.Hay tristeza, tensión, enojo. La mayoría se sienten humillados pues ahora son jornaleros de las tierras que eran suyas, o las rentan al gobierno para la siembra.En un recorrido por la zona, Proceso entrevistó a varios de los afectados, como los hermanos Tovar, de San Isidro, quienes vendieron sus 11 hectáreas. Ahora se quejan: “De plano, el campo ya no da. Estamos de la jodida; nadie iba a dar más por estas tierras”, dice uno de ellos. Ejidatarios de la colonia 18 de Marzo comienzan a organizarse para solicitar formalmente a Oliva Ramírez que les rente las 933 hectáreas. Piensan utilizarlas para sembrar sorgo y maíz. “Somos 100, nos tocarían de a nueve hectáreas a cada uno. Sí podemos”, dice Juan Benito Lerma, representante del comisariado ejidal.Sin embargo, la mayoría muestra su enojo porque, dice, se descubrió que los corredores entregaron cheques con diferentes denominaciones por hectárea.Algunos entrevistados sostienen que a ellos se les pagó a 800 mil pesos por hectárea, pero otros recibieron 3 millones de pesos. “Si no nos emparejan la paga, se puede venir la guerra”, declara uno de los ejidatarios.Y ante la indefinición del gobierno sobre el uso que le dará a las tierras, aseguran que no permitirán que en la región se asiente ninguna empresa o fábrica; tampoco, arguyen, permitirán invasiones de predios, a pesar de que saben que ya no son suyos. No se resignan a dejar las tierras, como don Onésimo, quien todavía va a regar las casi tres hectáreas de sorgo que vendió hace unos meses –“por pendejismo”, confiesa– y a espantar a las bandadas de pájaros que atacan los sembradíos.Y aclara: “Si nos hubieran dicho que (la tierra) era para el gobierno, no vendemos, pero nos agarraron de golpe. No acabamos de creer, hasta nos enfermamos de los nervios.
Semos muchísimos los que vendimos a 800 (mil pesos la hectárea).”
–¿Los presionaron?
–Nos decían que iban a expropiar, pero no cuando estábamos todos juntos. Tocaban en las casas, andaban a todas horas, nos agarraban donde estuviéramos…Don Onésimo dice que recibió su cheque del banco Santander. Entregó su certificado en una notaría de Salamanca y los representantes de la falsa empresa Pastas y Cereales quedaron de avisarle para que fuera a recoger el contrato, cuyos detalles no recuerda. “Ni me fijé. Está uno bien menso”, relata.Camino a San Isidro, el viejo ejidatario observa desde la vera del camino el trajín de los ejecutivos que desfilan por las tierras que él aún cuida, aun cuando ya no le pertenecen. A regañadientes acepta posar para el fotógrafo con su vieja carabina al hombro, imitando a los soldados, y estira la mano para mostrar a la reportera los estragos de los pájaros en las matas de sorgo.
Dice: “Estoy re’ burro porque no aprendí nada. No juí a la escuela. Sí conozco las letras, nomás que no las sé juntar…”.