La cédula de identidad ya murió”, confirma Juan Guerra, exdiputado, asesor de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
En cambio, el analista político José Antonio Crespo considera que “Gobernación no se ha rendido, no ha claudicado. No se ha muerto el proyecto de la cédula”. Lo que vemos, dice, es una lucha de fuerzas entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Congreso, y entre la Segob y el Instituto Federal Electoral (IFE). Este último, por cierto, no quiere que se expida la Cédula de Identidad (Cedi) porque asegura que se vendría abajo la columna vertebral del sistema ciudadano de elecciones, que es el padrón de electores.
Refiere que el IFE y la Segob defienden su propia postura y su propia credencial. Gobernación, estima Crespo, va a conseguir recursos para iniciar el proyecto de la cédula y en este 2010 tratará de obligar al Congreso a que le dé recursos para que no se quede inconcluso.
?¿Habrá una imposición de la cédula?
?Si tiene el apoyo del Congreso, no se puede decir que sea imposición.
?Pero no lo tiene.
?Pues entonces sí.
Silvia Gómez Tagle, profesora del doctorado en ciencias sociales del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, recuerda que la Secretaría de Gobernación sigue siendo una dependencia que responde al mandato del presidente de la república.
“Bueno –dice– sepa usted quién nos toca en turno de presidente…. Ellos pueden tomar decisiones que no están discutidas públicamente ni sometidas a un escrutinio social. Estoy de acuerdo, pero no con las cédulas de identidad de los ciudadanos”.
Refiere que “hay experiencias de muchos países en donde se instauró el fascismo, por ejemplo en Europa, en donde las credenciales de identidad evidentemente tuvieron un uso político muy negativo. Yo creo que en México no queremos acercarnos a ese riesgo”.
A la Secretaría de Gobernación, recuerda, llegaron personas como Patrocinio González Garrido, quien desde este cargo y antes como gobernador de Chiapas “fue un represor tremendo de los movimientos sociales de la entidad, a tal extremo que motivó el levantamiento zapatista”.
Por tanto, continúa, “nada garantiza que no pueda volver a haber otro secretario de este tipo”.
Con el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien lo ligan con el panista Diego Fernández de Cevallos y, por tanto, con Carlos Salinas de Gortari, “podría ser peor”, señala.
La Segob estudia con el IFE la posibilidad de hacer una nueva credencial de elector, a la que se le incorporarían los datos de la Clave Única de Registro de Población y los biométricos, de manera que funcione como documento único de identificación.
Parece más una simulación, en virtud de que la Segob no puede delegar a otra institución su responsabilidad de expedir la cédula a todos los mexicanos y porque el IFE sólo atiende a los ciudadanos mayores de 18 años y está impedido por ley a compartir su base de datos para fines distintos a los electorales.
Además, Gobernación concluyó la licitación de los aparatos biométricos –fotografía, 10 huellas dactilares y la imagen del iris– para la cédula, aunque el ganador resultó impugnado por supuesta corrupción.
La Segob dista mucho de alcanzar la confianza ciudadana que requiere el documento de identidad que pretende aplicar.
Pese a su disposición de acatar las recomendaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para garantizar la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, aún no contrata a un agente español para realizar el estudio respectivo. Se trata de José Luis Piñar, quien en su reciente visita a México aseguró que ningún país recaba la imagen de iris para su cédula de identidad.
“El estudio dirá si se cumple con el principio fundamental de la seguridad de los datos, es decir, que no anden volando por aquí y por allá”, asegura Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI.
El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión del Registro Federal Electoral del IFE, participa en las negociaciones con funcionarios de la Segob, encabezados por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré.
En esas reuniones, Nacif ha observado que, en efecto, hay apremio en Gobernación por concretar un documento de identidad nacional: “Ellos nos han hecho ver que tienen un compromiso con el Acuerdo para la Seguridad y la Legalidad, firmado hace unos meses, y que eso les establece una serie de metas que quieren realizarlas en los plazos que ahí se contemplan. Hay, además, un marco jurídico, una legislación, que les impone responsabilidades; les da atribuciones que quieren cumplir”.
Benito Nacif no está de acuerdo con la prisa de la Segob: “Si se aspira a una política de Estado que garantice el derecho a la identidad y se genere el consenso político necesario y la confianza, la certeza y la credibilidad en estos nuevos instrumentos, se requiere que vayamos más lentamente, pues tendremos qué avanzar así, porque lo importante es conseguir el propósito”.
Desconoce qué solución le va a dar la Secretaría de Gobernación al registro de los ciudadanos menores de 18 años de edad. “El presupuesto les autoriza enrolarlos en el Registro Nacional de Menores, pero no hay recursos autorizados para expedirles la cédula de identidad”.
A Benito Nacif le parece que sería el peor de los mundos si existiera la Cedi, porque “la credencial de elector pierde su validez como documento de identidad, por lo tanto se empezarían a generar problemas serios en términos de cobertura y actualización del padrón, porque el incentivo para inscribirse en él desaparece”.
Aparte del IFE, continúa, “sale perdiendo el ciudadano, porque va a tener que hacer dos trámites para obtener un instrumento para identificarse y otro para votar, y sale perdiendo el erario porque dos documentos es gasto doble”.
En suma, dice, “saldría perdiendo la democracia, porque la calidad de nuestros instrumentos electorales, como el padrón y la lista nominal, va a ir hacia abajo, y ése es nuestro sistema ciudadano de elecciones”.
De por sí, asegura, el padrón electoral tiene problemas de desactualización, ocasionados por las defunciones, la migración hacia el exterior, el cambio de domicilio y la no inscripción de los nuevos ciudadanos al Registro Federal de Electores.
Sin el acuerdo del IFE con Gobernación, enfatiza, “lo que ahora son problemas, se convertirán en pesadillas, y probablemente terminaremos administrando un documento decadente”.
Por otra parte, María Marván, comisionada del IFAI, piensa que la Cedi no debería ligarse jurídicamente con el Centro de Inteligencia de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “La información que está en un centro no deberá pasar a estar en los servidores de Gobernación”. En cambio, continúa, la SSP podría pedir la cédula a una persona que quiera ser policía, para verificar su identidad; es decir, podría servir para identificar a todas las policías municipales, estatales y federales.
“Ésa sería la relación evidente que debería existir. Cualquier otra comunicación tendría que establecerse vía ley”, precisa.
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