Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México. Álvaro Delgado
A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.
Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.
Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:
“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.
Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.
Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.
“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.
“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”
Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.
–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?
–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.
“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al 2012.”
Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.
–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.
–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.
Todo para el mexiquense
La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.
Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.
“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año 2012.”
En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico 2010 a cambio de impedir alianzas del PAN con otros partidos.
“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”
Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.
Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”
Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.
“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”
–Salvo a los grandes grupos empresariales.
–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.
Recuerda:
“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”
Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.
–A confesión de parte, relevo de pruebas.
–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.
Calderón lo permitió
En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.
La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…
Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.
Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.
A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.
Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”
Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.
“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”
Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.
“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- A Enrique Peña Nieto le gusta firmar todo, aunque sean documentos clandestinos. Firmó los cheques de la administración de Arturo Montiel, especializada en corromper a opositores, empresarios y colaboradores. Firmó con TV Promo, empresa intermediaria de Televisa, un contrato multimillonario para que desde 2005 a la fecha lo llevaran a la Presidencia de la República, a costa de comprar con dinero del erario, sin fiscalización, más de 3 mil millones de pesos en espots, entrevistas a modo y hasta noviazgos tele-producidos.
En octubre de 2009, sagaz como suelen ser los Golden Boys, Peña Nieto le ordenó a su secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, que firmara como “testigo de honor” en las oficinas de Bucareli, donde despacha aún Fernando Gómez Mont, un documento en el cual se comprometen los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, a no realizar alianzas electorales en el 2011 que despeinaran al copete más caro del país y que le permitieran a la dinastía política que encabeza continuar gobernando el Estado de México como si fuera un casino Caliente.
Tres de las seis cláusulas del ahora multicitado “convenio de colaboración” constituyen una verdadera joya de la infamia política contemporánea:
“Tercera. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar (sic) la imagen de su contraparte ante la opinión pública.”
¿Qué entendían “las partes” como descalificación personal? ¿Acaso se trata de que el PAN no criticara más los convenios secretos y multimillonarios de Peña Nieto con los medios electrónicos, para que, a su vez, los priistas no atacaran al gobierno de Felipe Calderón con el mismo argumento? No se sabe. Quizá fue una cláusula que se le ocurrió al señor Alejandro Quintero, accionista de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa.
“Cuarta. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos, cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.”
Esta es una verdad de Perogrullo. ¿Qué partido firmaría una coalición que viole sus documentos básicos? El astuto Peña Nieto quería de esta manera “amarrar” al PAN para que en el 2011, el año de la sucesión en el Estado de México, ninguno de sus aspirantes a sucederlo (Alfredo del Mazo Maza, Luis Enrique Miranda Nava o a quien se le ocurriera) tuviera que enfrentar una alianza opositora que pusiera en riesgo toda la millonaria operación de compra-venta y coacción del voto para garantizar la “absoluta mayoría” del PRI en esa entidad.
La sexta cláusula le da sentido a todo el documento: “El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011”. Es decir, el convenio culmina justo cuando el señor Peña Nieto, siempre tan precavido, se pretendiera lanzar como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.
La ilegalidad fundamental de toda esta alianza radica en sus dos condiciones: ser un pacto secreto, ajeno al escrutinio público, con un adéndum que hasta ahora se conoce a medias. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se comprometen a todo esto, a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara de Diputados –dominada ampliamente por la bancada del Estado de México y sus coaligados priistas-- y que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibiera carretadas de dinero, más de 50 mil millones de pesos, como el cobro por la factura de sacar adelante la Ley de Ingresos de Felipe Calderón.
A pesar de la existencia de este documento, el señor Peña Nieto se sintió molesto porque el PAN de César Nava y una parte del PRD, de Jesús Ortega, comenzaron a articular una serie de alianzas estatales que muy pronto pusieron en jaque el buen año electoral que preveía el PRI para este 2010.
Vino la renuncia de Gómez Mont a una “militancia cachirul” en el PAN como acto escenográfico para que el “testigo de honor” calmara las ansias del heredero y sobrino de Arturo Montiel, quien al parecer vuelve por sus fueros a tomar el control de la política en Toluca. Le siguieron las reiteradas declaraciones de César Nava negando que él formara parte de pacto alguno, y el cinismo transexenal de Beatriz Paredes, que acusó de “chaqueteros” a los panistas.
Como nada de esto bastó, Peña Nieto decidió contraatacar a su estilo: con frases crípiticas y entrevistas a modo en Televisa para hacer valer lo acordado. El 24 de febrero dio un adelanto de lo que ya estaba tramando:
“No es que estén prohibidas las alianzas, sino que hay que dejarle muy en claro a la ciudadanía cuál es la razón de éstas, y aquí no veo otra que no sea buscar el poder por el poder. La ambición del poder parece que deja de lado ideologías y las propuestas que se hacen a la ciudadanía”, le declaró Peña Nieto a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
El joven de Atlacomulco, que se preocupa más por sus portadas en revistas de espectáculos y que un día sí y otro, también humilla a sus colaboradores más cercanos, habla ahora en contra de la “ambición de poder”. No se mordió la lengua porque eso nunca estará en el guión.
El 2 de marzo, con Adela Micha en Televisa, Peña Nieto lanzó el último dardo: reveló que existía un pacto firmado por César Nava y Beatriz Paredes para que no se hicieran alianzas “contra natura”. Y ardió Troya.
Quizá se sintió más abusado que sus adversarios inmediatos, incluidos los otros precandidatos priistas (la propia Beatriz Paredes y Manlio Fabio, su adversario más peligroso). Lo que en realidad operó Peña Nieto fue el inicio de un suicidio político que puede arrastrar a su partido al desastre.
En el caso del PAN, las mentiras de César Nava lo han llevado a un callejón sin más salida que la renuncia a la dirigencia de su partido, y a Fernando Gómez Mont lo ha colocado como un insigne representante de la “concertacesión” más grotesca del gobierno de Felipe Calderón. Ahora quieren salvarse con argumentos tan contradictorios que logran el efecto inverso a lo que pretenden: en lugar de defender a su jefe sólo lo exhiben como iluso, desinformado, en el mejor de los casos, o como parte de un trueque que le está costando al bolsillo de millones de mexicanos.
Pero el problema fundamental está en el palacio de gobierno de Toluca. Peña Nieto buscó un efecto mediático y le regresó un boomerang político que puede llegar a ser judicial. Por más que sus plumas rentadas insistan en decir que él salió ileso de este escándalo, la realidad es que aquí comenzó el descarrilamiento de un ambicioso retorno a la Presidencia de la República. No hay vuelta a la página sin copete despeinado.
La perversidad del jefe político de la campaña de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, pudo más que la ansiedad del gobernador de los informerciales.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
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