Carta abierta a Insulza

San Pedro Sula, D.C., Honduras, 3 de junio de 2010

Dr. José Miguel Insulza

Secretario General

Organización de los Estados Americanos

Ref.: Despido jueces y magistrada hondureños

Distinguido señor Secretario General:

Reciba un cordial saludo de la Asociación de Jueces por la Democracia de la República de Honduras y por este medio, nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento nuestras preocupaciones respecto al despido arbitrario e ilegal de los jueces Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez y la suscrita, Tirza Flores, Magistrada de la Corte de Apelaciones Penal, todos de la ciudad de San Pedro Sula.

La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.

La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumimos una posición de condena al golpe de Estado, implicándonos en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales y a obtener el retorno del orden constitucional.

Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone y a la suscrita, las autoridades nos abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resueltos el día miércoles 5 de mayo, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados. Asimismo, el 1 de junio y al arribar los jueces Luis Chévez y Guillermo López a 17 días de huelga de hambre, la CSJ decidió desestimar una solicitud de reconsideración y en un acto cruel y prepotente, ratificó nuevamente los despidos.

La ratificación de las sanciones impuestas a los tres jueces y la magistrada despedidos, se convierte en un mensaje a la comunidad internacional, en el sentido de hacerles saber que la reversión del golpe de Estado en Honduras no entra en la agenda de la CSJ y de la oligarquía, por el contrario, estos sectores se proponen desde las estructuras del sistema de justicia (Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público), fortalecer sus posiciones y cerrar los espacios para cualquier intento de reconciliación nacional, importándoles poco o nada el reconocimiento internacional, del mismo modo, la protección y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía.

Los despidos de tres jueces y una magistrada por oponerse al golpe de estado y defender la Constitución, representan una herida mortal a la independencia judicial, debiendo entenderse que en el poder judicial está prohibido pensar distinto y expresarse de forma contraria a lo que sostienen los magistrados de la CSJ, aun cuando aquellos cometan flagrantes violaciones a la ley, al orden constitucional y a la institucionalidad democrática, asimismo, se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociación de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje de que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.

Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.

Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, le solicita, Señor Secretario General de la OEA, que previo a cualquier reconocimiento o a la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, se exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que asuma un compromiso verdadero de promoción y defensa de los derechos humanos que incluye:

1.- Que el Estado hondureño asuma su responsabilidad por todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado, lo que implica el castigo para todos los responsables de estos crímenes y la reparación de las víctimas y sus familiares. Siendo condición indispensable para que exista justicia, verdad y reparación, que las autoridades estatales se comprometan públicamente a desterrar el clima de impunidad que hoy hunde a nuestra sociedad.

2.- Que se produzca una reorganización de todo el sistema de justicia, para lo cual es necesario que de inmediato se realice una profunda reforma del Poder Judicial y del Ministerio Publico, lo cual pasa necesariamente por la revisión del marco legal de estas instituciones, de su organización interna y de las actuaciones de sus autoridades.

3.- Que se proceda al reintegro de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone y a la magistrada Tirza del Carmen Flores a sus cargos, pues sus despidos no tienen fundamento legal y son un acto de persecución política que pone en precario la independencia del Poder Judicial.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración

(*) ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA