Por Fausto Fernández Ponte
30 julio 2010
ffponte@gmail.com
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“Pase lo que pase con la Ley SB 1070), el odio (racial) ya está en Arizona”.
Elvira Arellano.
I
Habría que elogiar a Barack Obama y a la juez federal estadunidense Susan Bolton por sus actuaciones respectivas en la suspensión de algunas de las disposiciones más racistas de la llamada Ley Arizona. Empero, sus actuaciones no resuelven el problema.
Además, la suspensión que se comenta del citado ordenamiento –en la taxonomía legislativa identificada como SB 1070-- fue resuelta en vísperas de su entrada en vigor, pero solamente pospone una solución de fondo a problema tan complejo.
A su vez, esa solución –que muchos calificaron de “salomónica”— tendrá secuelas predecibles: mayor antagonismo y, ergo, hostilidad, de un segmento importante de la población del Estado de Arizona, opuesto polarmente a otro, también denso y grueso.
De hecho, presúmese en ciertos cenáculos del poder político, en estamentos de la defensa de los derechos humanos –incluidos los civiles--, en los de vanguardia de la lucha por la igualdad y la justicia y el ámbito académico, la polarización es peligrosa.
El peligro reside precisamente en una realidad insoslayable: el fuego del racismo estadunidense es atizado facciosamente por intereses político-electorales que así agravan un temor a los migrandos mexicanos y el entorno de incertidumbre económica.
II
Si bien el problema es colosal en lo moral y lo político para el gobierno que preside el señor Obama, lo es aun más para los millones de mexicanos inmigrados con o sin visa de trabajo en EU y para el propio gobierno y el Estado mexicanos.
¿Por qué el fallo de la juez Bolton sólo pospone la solución del problema? A esa interrogante adhiérese la siguiente: ¿Pudo el señor Obama hace mucho más que llevar a los tribunales la Ley Arizona? ¿O qué más puede hacer hoy el mandatario de EU?
Es obvio que don Barack no puede hacer mucho, pues no tiene un Legislativo afín (incluso algunos de sus compañeros de partido se oponen a una reforma amplia en materia de migración) y su acción política se circunscribe a lo constitucional.
Esto nos lleva a identificar y analizar la causa del problema: la emigración de mexicanos a EU que, al llegar a ese país, se convierten en inmigrados, lo cual representa una segunda faceta --tan dramática como la primera-- del mismo problema.
Sin duda. Esto también nos lleva a determinar las causas reales de la emigración: el desempleo, la incertidumbre, la estratificación de la forma de organización económica prevaleciente y el atributo cada día más antisocial –antipueblo-- de ésta.
Eso conforma el llamado factor de empuje o de impulso (“the push factor”), por el cual los mexicanos desempleados de centros urbanos y rurales principalmente deciden abandonar el terruño e ir en pos de una utopía, el llamado “sueño americano”.
III
En México, el Estado ha demostrado su incapacidad de largo tiempo –desde 1982, en el presidencialado de Miguel de la Madrid— para crear condiciones socioeconómicas y sociales (laborales y educativas, sobre todo) para desincentivar la emigración a EU.
Sin presente y, por lo mismo, sin futuro, el mexicano del campo y la ciudad –en atroz marginación, la de lumpen proletariado-- emigra a EU. En ese país enfrenta racismo e inenarrables condiciones laborales. Se les explota tanto o más que en México.
Por extensión, los centroamericanos en EU padecen los mismos problemas que los mexicanos. Los empuja el desempleo y la incertidumbre laboral y los atrae las cuentas de vidrio del estilo de vida estadunidense. Su aislamiento y marginación son ínsulas.
En esas ínsulas, los mexicanos y centroamericanos y, en general, también los demás latinoamericanos sufren el racismo de la sociedad estadunidense, agudizado hoy por el temor histérico a perder el empleo en manos de algún inmigrante indocumentado.
Pero en México no existe voluntad de modificar ese statu quo, pues beneficia groseramente a una élite –la Mafia del Poder, como la identifica Andrés Manuel López Obrador— que, por lo mismo, se opone a todo cambio cualitativo en México.
ffponte@gmail.com
Elvira Arellano.
I
Habría que elogiar a Barack Obama y a la juez federal estadunidense Susan Bolton por sus actuaciones respectivas en la suspensión de algunas de las disposiciones más racistas de la llamada Ley Arizona. Empero, sus actuaciones no resuelven el problema.
Además, la suspensión que se comenta del citado ordenamiento –en la taxonomía legislativa identificada como SB 1070-- fue resuelta en vísperas de su entrada en vigor, pero solamente pospone una solución de fondo a problema tan complejo.
A su vez, esa solución –que muchos calificaron de “salomónica”— tendrá secuelas predecibles: mayor antagonismo y, ergo, hostilidad, de un segmento importante de la población del Estado de Arizona, opuesto polarmente a otro, también denso y grueso.
De hecho, presúmese en ciertos cenáculos del poder político, en estamentos de la defensa de los derechos humanos –incluidos los civiles--, en los de vanguardia de la lucha por la igualdad y la justicia y el ámbito académico, la polarización es peligrosa.
El peligro reside precisamente en una realidad insoslayable: el fuego del racismo estadunidense es atizado facciosamente por intereses político-electorales que así agravan un temor a los migrandos mexicanos y el entorno de incertidumbre económica.
II
Si bien el problema es colosal en lo moral y lo político para el gobierno que preside el señor Obama, lo es aun más para los millones de mexicanos inmigrados con o sin visa de trabajo en EU y para el propio gobierno y el Estado mexicanos.
¿Por qué el fallo de la juez Bolton sólo pospone la solución del problema? A esa interrogante adhiérese la siguiente: ¿Pudo el señor Obama hace mucho más que llevar a los tribunales la Ley Arizona? ¿O qué más puede hacer hoy el mandatario de EU?
Es obvio que don Barack no puede hacer mucho, pues no tiene un Legislativo afín (incluso algunos de sus compañeros de partido se oponen a una reforma amplia en materia de migración) y su acción política se circunscribe a lo constitucional.
Esto nos lleva a identificar y analizar la causa del problema: la emigración de mexicanos a EU que, al llegar a ese país, se convierten en inmigrados, lo cual representa una segunda faceta --tan dramática como la primera-- del mismo problema.
Sin duda. Esto también nos lleva a determinar las causas reales de la emigración: el desempleo, la incertidumbre, la estratificación de la forma de organización económica prevaleciente y el atributo cada día más antisocial –antipueblo-- de ésta.
Eso conforma el llamado factor de empuje o de impulso (“the push factor”), por el cual los mexicanos desempleados de centros urbanos y rurales principalmente deciden abandonar el terruño e ir en pos de una utopía, el llamado “sueño americano”.
III
En México, el Estado ha demostrado su incapacidad de largo tiempo –desde 1982, en el presidencialado de Miguel de la Madrid— para crear condiciones socioeconómicas y sociales (laborales y educativas, sobre todo) para desincentivar la emigración a EU.
Sin presente y, por lo mismo, sin futuro, el mexicano del campo y la ciudad –en atroz marginación, la de lumpen proletariado-- emigra a EU. En ese país enfrenta racismo e inenarrables condiciones laborales. Se les explota tanto o más que en México.
Por extensión, los centroamericanos en EU padecen los mismos problemas que los mexicanos. Los empuja el desempleo y la incertidumbre laboral y los atrae las cuentas de vidrio del estilo de vida estadunidense. Su aislamiento y marginación son ínsulas.
En esas ínsulas, los mexicanos y centroamericanos y, en general, también los demás latinoamericanos sufren el racismo de la sociedad estadunidense, agudizado hoy por el temor histérico a perder el empleo en manos de algún inmigrante indocumentado.
Pero en México no existe voluntad de modificar ese statu quo, pues beneficia groseramente a una élite –la Mafia del Poder, como la identifica Andrés Manuel López Obrador— que, por lo mismo, se opone a todo cambio cualitativo en México.
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