El gobierno de Calderón no ha recuperado un solo territorio controlado por los cárteles de la droga. Además de propiciar los más de 24 mil civiles ejecutados y unas 982 zonas de terror, la “guerra” antinarcóticos consolida el poderío del cártel de Sinaloa. En esta última entrega, Contralínea publica la radiografía de un país en manos de la delincuencia organizada
Nancy Flores / Octava parte y última
Sumido en la violencia, México pierde a diario el control de su territorio y de sus instituciones. A pesar del despliegue de 94 mil 540 efectivos del Ejército –en nombre de la “guerra” del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa–, los criminales afianzan su poder.
En la actualidad, siete cárteles de la droga controlan dos terceras partes del país y se disputan el resto, se desprende del reporte Mexican drug cartels: two wars and a look southward, elaborado por el centro de inteligencia Stratfor. Éstos son Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez.
En entrevista, el doctor Edgardo Buscaglia explica que unos 982 bolsones territoriales están bajo el mando de grupos criminales, que imponen su ley y sus impuestos a la sociedad. Se trata de poco menos de 1 mil regiones de Estado fallido en toda la república mexicana. El caso más dramático es Ciudad Juárez, Chihuahua.
La “farsa mediática” –como Buscaglia califica a la “guerra” de Calderón– no sólo ha sido incapaz de recuperar las zonas de influencia del narcotráfico, sino que ha cedido más del doble de espacios a los criminales.
De acuerdo con el experto en seguridad, asesor de la Organización de las Naciones Unidas y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el control territorial de los delincuentes ha ido en aumento: mientras que en 2007 había 353 áreas con una ausencia total del Estado, ahora hay 982.
El crimen organizado manda lo mismo en el Norte, que en el Centro y en el Sur de este país. Según Stratfor, todas las entidades federativas han sido tocadas por algún cártel. La disputa es ahora por las regiones y rutas “sin dueño”, localizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Campeche.
Los territorios cedidos a la criminalidad carecen de autoridades civiles, policiales y militares. En esas zonas, los cárteles mantienen una estructura operativa permanente, indican datos de consultoras en materia de seguridad e inteligencia.
Al frente se encuentra un pequeño grupo de expertos o dirección que negocia y hace trabajo de elite (interviene comunicaciones de empresarios, autoridades y delincuentes para su toma de decisiones).
En el siguiente peldaño se ubican los informantes: civiles encargados de recabar información de primera mano relacionada con la zona, los negocios y las personas que ahí se ubican (por residencia o por estancia).
En un tercer escalón, y con una relación endeble en la estructura, se localizan los jóvenes que vigilan puntos de venta de drogas o casas de seguridad. La cadena operativa culmina con los sicarios.
Bolsillos de los capos, intactos
La “guerra” antidrogas tampoco ha dado resultados en el ámbito económico. De diciembre de 2006 a junio de 2010, los narcotraficantes han lavado 1.3 billones de pesos, que representan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida.
La tercera parte de ese dinero se habría legalizado en el circuito financiero, según “sospecha” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el delito se encuentra totalmente impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y 53 personas sentenciadas por blanquear capitales sucios. Al tiempo, los bancos han sido sancionados por apenas 1 millón 560 mil pesos.
Pese a que el dinero es lo que le da capacidad de operación, de fuego y de corrupción a los cárteles de la droga, las incautaciones hechas por el gobierno federal representan el 0.39 por ciento de los recursos lavados.
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