Felipe Calderón, titular del Ejecutivo. MÉXICO, D.F., 12 de septiembre.- Julio César Godoy Toscano fue elegido diputado federal en ausencia el 2 de julio de 2009. Se había librado en su contra orden de aprehensión el 16 de junio anterior, para eludir la cual no se presentó al cierre de campaña ni acudió a las urnas del puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo alcalde con licencia era. Pero los votantes le dieron su representación.
Acusado de ser parte de la estructura de La Familia michoacana –la banda local con alcances cada vez mayores fuera de la entidad–, Godoy Toscano perdió su lucha por rendir protesta como legislador, pero ha triunfado en el resto de los recursos legales que sus defensores han presentado ante la justicia de amparo. Ganó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, y en ese mismo tenor ha vencido en dos ocasiones más al Ministerio Público Federal, como lo ha hecho otras tres veces ante los tribunales de segunda instancia.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República insiste en ponerlo en la sombra. En la última semana de agosto y la primera de septiembre ha buscado inútilmente, en tres juzgados federales distintos, nuevas órdenes de aprehensión que en todos los casos han sido negadas por los jueces, ante la insuficiencia de indicios. No es casual que así ocurra, porque la persecución de Godoy Toscano ha sido planteada como parte de la embestida del Ministerio Público Federal contra decenas de alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, iniciada a finales de mayo de 2009, que ha resultado un colosal fracaso: casi todos los detenidos en operaciones escandalosas y peligrosas (agentes federales encapuchados y con armas largas detuvieron a personas con mando de fuerza pública que, creyéndose víctimas de un asalto delictuoso, pudieron haberla utilizado en su defensa) han salido libres, por la precariedad de las acusaciones ministeriales.
Godoy Toscano es hermano de Leonel Godoy Rangel, quien resintió aquella magna maniobra, incluida la persecución contra su hermano, como una agresión política federal. Por su papel en la vida michoacana, se ha abstenido de promover jurídica y políticamente la exoneración de su hermano, que resulta víctima indirecta de la agria relación entre el gobernador y el presidente.
Por ello, ha correspondido a dos hermanas del diputado electo pero no en ejercicio dar a conocer la situación de Julio César, que ellas –Xóchitl y Guadalupe Godoy Toscano– calificaron de “acoso”, y añadieron que “casi cada tercer día” se ha buscado el mandamiento judicial que permita a la PGR procesar a su hermano. Hasta ahora la acusación ha fallado porque es artificial. Por ejemplo, se pretende probar la relación del exalcalde de Lázaro Cárdenas mediante el testimonio de agentes federales que vieron a una persona con las características de Godoy Toscano subir a un vehículo al que también entró una persona identificada como miembro de una banda. El testimonio incluye la descripción de la camioneta, su color y el número de su placa. Guadalupe Godoy explica, sin embargo, que “la camioneta sí era propiedad de Julio César, pero le había sido robada no días antes, sino años antes”, según consta en la denuncia respectiva.
Agrega que para detener a los presidentes municipales y funcionarios privados de su libertad el 26 de mayo se utilizó una especie de nómina presuntamente incautada a una banda de hampones. En ella no figuraba el nombre de Godoy Toscano, que se añadió a la lista semanas después, para justificar la acusación, fallida hasta ahora como ha ocurrido con la de casi todas las víctimas del “michoacanazo”, como se identificó a esta maniobra que, emprendida en vísperas electorales, parece haber sido diseñada con fines políticos. Un testigo que ya había declarado, en abril, respecto de los alcaldes detenidos, fue convocado de nuevo en junio para apuntalar el señalamiento contra Godoy Toscano. Pero era un testigo de oídas: “me platicaron”, “me dijeron”, es su modo de referir los hechos que se supone atestiguó.
Las hermanas Godoy Toscano denunciaron también en entrevista periodística que “agentes federales catearon la casa de su madre, de 76 años de edad, y de un hermano con parálisis cerebral”. (Reforma, 8 de septiembre.)
La conmovedora solidaridad fraterna de Xóchitl y Guadalupe respecto de Julio César es una forma de relación familiar en un grupo atribulado. Una forma distinta se observa en el seno de la familia Calderón Hinojosa.
La madre de Felipe de Jesús, presidente de la República, doña Carmen, y sus hermanos Luisa María de Guadalupe y Juan Luis, viven en Morelia. Como secretaria de Elecciones del Comité Estatal, y actuando en los hechos como coordinadora de las delegaciones federales, la hermana mayor de Felipe viaja por todo el estado y participa en lo que algunos de sus adversarios juzgan actos anticipados de campaña, con miras a los comicios del año próximo en que se elegirá a quien suceda al gobernador Godoy Rangel. El propio Ejecutivo local ha reprochado al hermano menor de Cocoa, como se la llama en familia, ese activismo que, en su opinión, estorba la relación entre los dos órdenes de gobierno.
Mientras llega el momento en que declare si aspira o no a la candidatura, la exsenadora se convirtió hace unos días en virtual organizadora del proceso interno, al menos en lo que respecta a quienes intervendrán en él. Definió que el elenco de los aspirantes, en el cual no se incluyó, está formado por los senadores José González Morfín (recién nombrado coordinador de su bancada en Xicoténcatl) y Marko Antonio Cortés Mendoza (el único de los listados distante del círculo proximísimo al presidente); los secretarios de Estado Salvador Vega Casillas (Función Pública) y Juan Rafael Elvira (Medio Ambiente), y los dirigentes del PAN Germán Martínez y César Nava.
La exdiputada federal, nacida en el Distrito Federal según su biografía oficial y establecida en Morelia hace menos de tres años (después de vivir en Barcelona durante 2007), reivindica su autonomía y el derecho que tiene, aunque no ha declarado si lo ejercerá o no, a ser la candidata de su partido, como en 1995 lo fue su hermano menor, él sí michoacano de nacimiento.
Tiene razón en reivindicar su autonomía respecto de su hermano que, como recordó ante Reporte Digital –una revista informática local–, era aún estudiante de derecho cuando ella ocupaba ya una curul en la legislatura michoacana (de 1983 a 1986). Fue después diputada federal y senadora, amén de secretaria de Acción Ciudadana en el Comité Nacional del PAN.
Como integrante de la bancada panista senatorial entre 2000 y 2006, su independencia se manifestó indudablemente cuando presentó una iniciativa para impedir el tráfico de influencias de los legisladores que al mismo tiempo realizaban tareas profesionales en la abogacía. El proyecto era un traje a la medida de Diego Fernández de Cevallos, quien coordinaba la fracción a la que pertenecía la promovente. Acaso por ello la iniciativa no tuvo curso, pero la denuncia de un comportamiento contrario a la ética –diputados y senadores litigando contra el Estado del que forman parte–, más que el antagonismo con una persona, la retrató cabalmente como propugnadora del bien común.
En la coyuntura michoacana, Luisa María Calderón enfrenta un riesgo semejante al que tocó para su infortunio al senador Fernando Elizondo en Nuevo León, el año pasado. Era, con mucho, el mejor entre los aspirantes y era indudable que los militantes panistas lo elegirían candidato. Pero el presidente quiso tomar para sí esa decisión, y la misma afectó para mal, dentro del PAN, a Elizondo, que no contó con el apoyo unánime de su partido, lo cual fue uno de los factores que lo condujeron a la derrota.
Resulta así que la aspirante michoacana tiene, paradójicamente, un hermano incómodo, que puede dañar la unidad del partido en su tierra si pretende imponer a quien naturalmente resultaría candidata, aunque también encara el riesgo de que desde Los Pinos se pida a la exsenadora dejar su lugar a alguno de los favoritos de la Presidencia, como Martínez, Nava o Vega.
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