Por Ricardo Rocha
21 octubre 2010
La iniciativa presidencial es una gran cortina de humo. Aparentar que algo se hace luego de tantos abusos y crímenes uniformados de verde. Pero en el fondo no es más que un espejismo que no cuestiona ni molesta mínimamente al Ejército mexicano que, por su poderío, sigue siendo intocable.
Por partes: para empezar, la propuesta de exención de fuero sólo se refiere a los delitos de violación, desaparición forzada y tortura; abominables, pero nada más tres; deja en cambio dentro del fuero al homicidio, al genocidio, las lesiones, el robo y muchos otros documentados en más de cuatro mil quejas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tan sólo en los cuatro años recientes. En otras palabras, los soldados podrán seguir matando; por ejemplo, a los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, más tarde acosar a su familia y luego investigarse y juzgarse ellos mismos.
Pero hay algo mucho peor en la letra chiquita de la propuesta. Aun en los casos de violación, desaparición forzada y tortura, lo que se conoce como “competencia primaria” seguirá correspondiendo a la Procuraduría de Justicia Militar, que iniciaría las investigaciones y, sólo si así lo decide, las turnaría a un tribunal civil. O sea, una excepción a la excepción. O, dicho de otro modo, un gran engaño.
Y para quienes duden del proteccionismo oficial al Ejército, ahí está lo ocurrido apenas el martes 4 de septiembre, cuando la Suprema Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro José Ramón Cossío, que planteaba acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla, desaparecido por militares en Atoyac, Guerrero, en 1974 durante la guerra sucia. Lo que significaba, ni más ni menos, que revisar la constitucionalidad del fuero militar. Por lo que con el ministro Sergio Aguirre Anguiano al frente del ala derecha de la Corte, le echaron montón al dictamen de Cossío por ocho votos contra tres. Así se “protege” al Ejército en este país.
Por cierto, no se trata de denostar sistemáticamente a nuestras Fuerzas Armadas, sino de pugnar por los derechos humanos de sus víctimas, lo que no significa que todos los soldados sean asesinos infames e impunes, pero es un hecho incontrovertible que muchos de ellos han cometido esos crímenes. Ahí están los datos duros y los expedientes.
Yo soy de los que creen que si hay que preservar el honor del Ejército, se le debería relevar de tareas para las que no está preparado, y en el peor de los casos, que responda con ese mismo honor a las acusaciones en su contra. Pero eso sí, en tribunales civiles y no en el ámbito privilegiado del fuero militar, sería lo mejor para una institución respetable. Por lo pronto, en el Senado habría que abrir la convocatoria para un gran debate nacional. El asunto lo merece.
Yo siempre he sido animal de asfalto, pero recuerdo las visitas al rancho de mis primos jaliscienses. Y la lección aquella de los chivos abusivos que al mismo tiempo querían mamar y dar de topes.
Por partes: para empezar, la propuesta de exención de fuero sólo se refiere a los delitos de violación, desaparición forzada y tortura; abominables, pero nada más tres; deja en cambio dentro del fuero al homicidio, al genocidio, las lesiones, el robo y muchos otros documentados en más de cuatro mil quejas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tan sólo en los cuatro años recientes. En otras palabras, los soldados podrán seguir matando; por ejemplo, a los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, más tarde acosar a su familia y luego investigarse y juzgarse ellos mismos.
Pero hay algo mucho peor en la letra chiquita de la propuesta. Aun en los casos de violación, desaparición forzada y tortura, lo que se conoce como “competencia primaria” seguirá correspondiendo a la Procuraduría de Justicia Militar, que iniciaría las investigaciones y, sólo si así lo decide, las turnaría a un tribunal civil. O sea, una excepción a la excepción. O, dicho de otro modo, un gran engaño.
Y para quienes duden del proteccionismo oficial al Ejército, ahí está lo ocurrido apenas el martes 4 de septiembre, cuando la Suprema Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro José Ramón Cossío, que planteaba acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla, desaparecido por militares en Atoyac, Guerrero, en 1974 durante la guerra sucia. Lo que significaba, ni más ni menos, que revisar la constitucionalidad del fuero militar. Por lo que con el ministro Sergio Aguirre Anguiano al frente del ala derecha de la Corte, le echaron montón al dictamen de Cossío por ocho votos contra tres. Así se “protege” al Ejército en este país.
Por cierto, no se trata de denostar sistemáticamente a nuestras Fuerzas Armadas, sino de pugnar por los derechos humanos de sus víctimas, lo que no significa que todos los soldados sean asesinos infames e impunes, pero es un hecho incontrovertible que muchos de ellos han cometido esos crímenes. Ahí están los datos duros y los expedientes.
Yo soy de los que creen que si hay que preservar el honor del Ejército, se le debería relevar de tareas para las que no está preparado, y en el peor de los casos, que responda con ese mismo honor a las acusaciones en su contra. Pero eso sí, en tribunales civiles y no en el ámbito privilegiado del fuero militar, sería lo mejor para una institución respetable. Por lo pronto, en el Senado habría que abrir la convocatoria para un gran debate nacional. El asunto lo merece.
Yo siempre he sido animal de asfalto, pero recuerdo las visitas al rancho de mis primos jaliscienses. Y la lección aquella de los chivos abusivos que al mismo tiempo querían mamar y dar de topes.
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