Por Miguel Angel Granados Chapa
21 octubre 2010
ma@granadoschapa.com
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El acto de gobierno por excelencia -porque de su naturaleza y de su alcance dependen todos los demás- es el de fijar impuestos, que se estipulan en la Ley de Ingresos de la Federación, que conforme a la ley debe ser aprobada hoy a más tardar en la Cámara de Diputados.
La fijación de las contribuciones es de suyo un asunto polémico. Casi todos los renglones del ingreso público tienen un haz y un envés, por lo que el respectivo dilema tiene que ser resuelto por el Ejecutivo al proponerlo y el Congreso al decidirlo, considerando factores más allá de los meramente fiscales. El caso típico, que los diputados tendrán que encarar hoy es el de un gravamen al tabaco, que se inscribe en dos esferas públicas: por un lado es un instrumento recaudatorio de importancia creciente; y por otro lado es herramienta de la política de salud pública. Dada la índole de ese producto, y dicho en términos resumidos, que atienden a la médula de la cuestión, el tratamiento fiscal del consumo de tabaco es cuestión de vida o muerte, de respeto a las personas que lo consumen y a su entorno.
Las empresas tabacaleras expusieron sus argumentos contra un incremento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) en un mensaje publicado el lunes. Y el martes el sector salud dio adecuada respuesta a sus alegatos (adecuada en general, salvo por la cláusula final, impropia de una autoridad respecto de sus gobernados, pues se exige a las tabacaleras "actuar de manera responsable y dejar de emitir comunicados con argumentos falsos o tendenciosos que confunden a los mexicanos". Cuando oficinas gubernamentales exigen a particulares una determinada conducta no fundada en una base legal se aproximan, así sea verbalmente, al autoritarismo que niega o limita desmesuradamente las libertades.
El cultivo, transformación y comercio del tabaco es manejado en todo el mundo por un puñado de empresas poderosísimas, en permanente defensa de su negocio, expuesto desde hace no mucho tiempo al escrutinio público que demanda respeto a la vida y ha conseguido avances en la regulación de esa adicción o hábito, regulación que debe practicarse por vías indirectas, pues nadie admitiría una ley que prohibiera el consumo de tabaco, aunque se generaliza la aceptación de que ese consumo sea regulado y acotado en los espacios públicos.
Las tabacaleras, algunos de cuyos personeros carecen de escrúpulos, suelen cabildear (es decir, tratar de moldear el criterio de las autoridades) no sólo con argumentos sino a menudo con dinero y en más de una ocasión con amenazas y aun su concreción. El año pasado tal cabildeo resultó exitoso, pues el Congreso estableció un incremento gradual del IEPS para los próximos tres años, que las empresas destinatarias demandan mantener ante las iniciativas que buscan incrementar ahora el monto de ese impuesto. Las afectadas, y los legisladores que las beneficiaron pasaron por alto el carácter estrictamente anual de la legislación concerniente a los ingresos y los egresos públicos. Las tabacaleras aprecian el gesto de las cámaras hace un año, y lo consideran un "esquema que brinda a nuestra industria, por primera vez, las condiciones necesarias para desarrollar planes de inversión y de crecimiento a largo plazo en toda la cadena productiva".
La industria tabacalera piensa el asunto en términos económicos. Piensa en la bolsa, no en la vida. Crea "cerca de 5,000 empleos directos y más de 30,000 empleos entre agricultores y jornaleros. Cuenta con más de 7,000 hectáreas plantadas y genera una derrama económica anual en el campo mexicano por más de 420 millones de pesos". Aduce esa industria ser "el contribuyente privado de IEPS más grande de México", aportar "el 44% del total de impuestos especiales, poco más de 13,000 millones de pesos", y estima que "para el cierre del año aporte a las finanzas públicas más de 23,500 millones de pesos. Del precio de venta de cada cajetilla, 13 de cada cigarros son impuestos". Y dice que modificar el esquema trianual que los complace "genera incertidumbre jurídica y comercial que amenaza nuestros empleos y la recaudación". En sentido contrario, "este verano más de 2,500 productores se comprometieron a cultivar tabaco.alentados por la certeza jurídica en material fiscal".
Aludiendo a una de las motivaciones del aumento que ayer debió decidirse, alega que "incrementos bruscos en los impuestos no desalientan el consumo y no aumentan la recaudación" y en cambio "favorecen la aparición del comercio ilegal".
El martes mismo respondieron los institutos nacionales de salud y algunas organizaciones profesionales y civiles como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Su argumento principal a favor de un más riguroso tratamiento fiscal se funda en el respeto a la vida, y lo promueve: "El consumo de productos de tabaco provoca la muerte prematura y una serie de enfermedades que restan calidad de vida a sus consumidores y a quienes los rodean. En México, se estima que provoca la muerte de 60,000 mexicanos cada año". De manera secundaria razona también en función del costo financiero del consumo de ese producto nocivo para la salud: el sistema nacional correspondiente gasta aproximadamente 45,000 millones de pesos anuales en atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y sobre la base de que "la manera más efectiva de disminuir el consumo de tabaco es aumentando el precio mediante impuestos", solicita que se eleve el IEPS. Los diputados deben atender este pedido.- Ciudad de México, Distrito Federal.
karina_md2003@yahoo.com.mx
La fijación de las contribuciones es de suyo un asunto polémico. Casi todos los renglones del ingreso público tienen un haz y un envés, por lo que el respectivo dilema tiene que ser resuelto por el Ejecutivo al proponerlo y el Congreso al decidirlo, considerando factores más allá de los meramente fiscales. El caso típico, que los diputados tendrán que encarar hoy es el de un gravamen al tabaco, que se inscribe en dos esferas públicas: por un lado es un instrumento recaudatorio de importancia creciente; y por otro lado es herramienta de la política de salud pública. Dada la índole de ese producto, y dicho en términos resumidos, que atienden a la médula de la cuestión, el tratamiento fiscal del consumo de tabaco es cuestión de vida o muerte, de respeto a las personas que lo consumen y a su entorno.
Las empresas tabacaleras expusieron sus argumentos contra un incremento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) en un mensaje publicado el lunes. Y el martes el sector salud dio adecuada respuesta a sus alegatos (adecuada en general, salvo por la cláusula final, impropia de una autoridad respecto de sus gobernados, pues se exige a las tabacaleras "actuar de manera responsable y dejar de emitir comunicados con argumentos falsos o tendenciosos que confunden a los mexicanos". Cuando oficinas gubernamentales exigen a particulares una determinada conducta no fundada en una base legal se aproximan, así sea verbalmente, al autoritarismo que niega o limita desmesuradamente las libertades.
El cultivo, transformación y comercio del tabaco es manejado en todo el mundo por un puñado de empresas poderosísimas, en permanente defensa de su negocio, expuesto desde hace no mucho tiempo al escrutinio público que demanda respeto a la vida y ha conseguido avances en la regulación de esa adicción o hábito, regulación que debe practicarse por vías indirectas, pues nadie admitiría una ley que prohibiera el consumo de tabaco, aunque se generaliza la aceptación de que ese consumo sea regulado y acotado en los espacios públicos.
Las tabacaleras, algunos de cuyos personeros carecen de escrúpulos, suelen cabildear (es decir, tratar de moldear el criterio de las autoridades) no sólo con argumentos sino a menudo con dinero y en más de una ocasión con amenazas y aun su concreción. El año pasado tal cabildeo resultó exitoso, pues el Congreso estableció un incremento gradual del IEPS para los próximos tres años, que las empresas destinatarias demandan mantener ante las iniciativas que buscan incrementar ahora el monto de ese impuesto. Las afectadas, y los legisladores que las beneficiaron pasaron por alto el carácter estrictamente anual de la legislación concerniente a los ingresos y los egresos públicos. Las tabacaleras aprecian el gesto de las cámaras hace un año, y lo consideran un "esquema que brinda a nuestra industria, por primera vez, las condiciones necesarias para desarrollar planes de inversión y de crecimiento a largo plazo en toda la cadena productiva".
La industria tabacalera piensa el asunto en términos económicos. Piensa en la bolsa, no en la vida. Crea "cerca de 5,000 empleos directos y más de 30,000 empleos entre agricultores y jornaleros. Cuenta con más de 7,000 hectáreas plantadas y genera una derrama económica anual en el campo mexicano por más de 420 millones de pesos". Aduce esa industria ser "el contribuyente privado de IEPS más grande de México", aportar "el 44% del total de impuestos especiales, poco más de 13,000 millones de pesos", y estima que "para el cierre del año aporte a las finanzas públicas más de 23,500 millones de pesos. Del precio de venta de cada cajetilla, 13 de cada cigarros son impuestos". Y dice que modificar el esquema trianual que los complace "genera incertidumbre jurídica y comercial que amenaza nuestros empleos y la recaudación". En sentido contrario, "este verano más de 2,500 productores se comprometieron a cultivar tabaco.alentados por la certeza jurídica en material fiscal".
Aludiendo a una de las motivaciones del aumento que ayer debió decidirse, alega que "incrementos bruscos en los impuestos no desalientan el consumo y no aumentan la recaudación" y en cambio "favorecen la aparición del comercio ilegal".
El martes mismo respondieron los institutos nacionales de salud y algunas organizaciones profesionales y civiles como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. Su argumento principal a favor de un más riguroso tratamiento fiscal se funda en el respeto a la vida, y lo promueve: "El consumo de productos de tabaco provoca la muerte prematura y una serie de enfermedades que restan calidad de vida a sus consumidores y a quienes los rodean. En México, se estima que provoca la muerte de 60,000 mexicanos cada año". De manera secundaria razona también en función del costo financiero del consumo de ese producto nocivo para la salud: el sistema nacional correspondiente gasta aproximadamente 45,000 millones de pesos anuales en atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y sobre la base de que "la manera más efectiva de disminuir el consumo de tabaco es aumentando el precio mediante impuestos", solicita que se eleve el IEPS. Los diputados deben atender este pedido.- Ciudad de México, Distrito Federal.
karina_md2003@yahoo.com.mx
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