sábado, octubre 30, 2010

Masacres juveniles, réquiem por el gobierno

Funerales de los jóvenes masacrados en Juárez

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con saña la historia de una masacre de jóvenes en centros de recuperación. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo León, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un “genocidio de jóvenes”, especialmente en Juárez. Uno no sabe si duele más saber que la mayoría de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 años, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean también adolescentes que han perdido cualquier noción de presente y de vida.
Había una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 años, fue acribillada. Dejó seis hijos huérfanos. Uno de sus vástagos era el festejado, muerto también.
Los sicarios forman parte de un comando que entró a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kilómetros de Salvárcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un número similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las crónicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 años llegó hasta el centro de la concurrencia. Gritó quién era el propietario de un automóvil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sacó de sus ropas una pistola y comenzó a disparar a diestra y siniestra. “¡Acaben con ellos!”, ordenó.
Fue la señal para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron después.
Entre las pocas víctimas fotografiadas está un joven que intentó huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 años, yace en el suelo. La expresión lo dice todo. Es la síntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Juárez. “Los mocosos muertos”, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron más de 20 minutos en llegar, según diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuchó. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Juárez ignoraron a un convoy de siete vehículos que huyó en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompaña cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. Más de cien muertos, el 80% menores de 18 años.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Juárez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calderón saturó a Juárez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Juárez, después de los sucesos en Salvárcar. Prometió que vigilarían las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situación es peor. En Ciudad Juárez ya hay más muertos que efectivos estadunidenses caídos en la guerra de Irak.
Los “hombres de ley” también ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Juárez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ahí murió el régimen de Porfirio Díaz. ¿Será en este mismo sitio donde esté muriendo un régimen incapaz de defender con un mínimo de eficacia a sus ciudadanos? ¿Se atreverán a volvernos a decir que se tratan de “ajustes de cuentas” entre pandilleros?
Calderón y el gobernador César Duarte pronuncian frases huecas. “Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Ciudad Juárez”, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. ¿Repudio? ¿Indignación? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ¿A qué se compromete? ¿Qué medida va a tomar? ¿Volverá a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su “guerra” infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
“El periodista puede morir por cometer un error…
“Eso es porque hay dos Méxicos.
“Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente está peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ejército Mexicano. Este México tiene periódicos, tribunales, leyes y es considerado una república humana por el gobierno de Estados Unidos.
“Esto no existe.
“Hay un segundo México, donde la guerra es para las drogas, donde la policía y el Ejército pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la línea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido…
“Hay dos maneras de perder la cordura en Juárez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de cárteles. La otra es la pretensión de comprender qué hay detrás de cada asesinato. Lo único cierto es que diversos grupos –las pandillas, el Ejército, la policía de la ciudad, la policía estatal, la Policía Federal-- están matando a personas en Juárez como resultado de las ganancias de la droga”.
Apenas hace tres días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, anunció --con todo el despliegue mediático que acostumbra-- la detención de 13 presuntos integrantes de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, y se ufanó de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba “prácticamente desmantelada”.
Y ahora todo quedó en los términos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Juárez. La violencia es el pase automático, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero también en Reynosa, en Matamoros y cada vez más en Monterrey.
Si hace unos cinco años el nombre de Juárez era mundialmente conocido por los crímenes de más de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama “un nuevo campo de exterminio de la economía global”.
Del feminicidio al juvenicidio. ¿O debemos decir el Juaricidio? ¿Quieren matar una ciudad, una civilización, un enclave fronterizo?
En Juárez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo único que unifica “el poder” de soldados, pandilleros, policías, sicarios, narcos, psicópatas, juniors con poder.
El fácil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o más que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Juárez es el epicentro de una economía de la violencia. Y Washington sólo se indigna o cierra su consulado.
www.jenarovillamil.wordpress.com

Réquiem
Jóvenes ejecutados en Tepic

José Gil Olmos

MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como “bajas colaterales”, es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una “lucha por la seguridad pública”, pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.

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