MÉXICO, D.F., 26 de octubre (Proceso).- Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
A primera vista, este argumento parece lógico y aceptable. Si la razón para hacer partícipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es que las autoridades civiles han sido rebasadas, sería contradictorio obligar a los militares a cumplir órdenes de las mismas autoridades fallidas.
El único problema es que tal situación nos colocaría en una abierta violación a la Carta Magna. El artículo 129 es contundente: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que el artículo 89 fracción VI indica que el Poder Ejecutivo Federal “dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy explícita al señalar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino únicamente participar en su “auxilio”. (Tesis 38/2000.)
De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendrían que seguir órdenes de una corporación policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotráfico, pero sí de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente de la República. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser “coordinadores responsables”, da la impresión de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposición actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democráticamente elegidas. Ello llevaría a poner en riesgo la médula misma de nuestro sistema democrático. .
Pero más allá de la redacción específica de la norma, en los hechos México ya vive bajo un estado de excepción en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen “una exacta conexión con la disciplina militar”. Hoy los militares funcionan igual como policías preventivos y agentes del Ministerio Público que como médicos a cargo de campañas de vacunación. Tal como lo ha señalado Raúl Benítez Manaut, esta situación coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situación de abierta superioridad en relación con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como “comentaristas” en las principales cadenas de televisión, es también un botón de muestra de la expansión de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.
En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calderón la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparición forzada, violación y tortura es una abierta simulación que de ninguna manera someterá a las Fuerzas Armadas a un régimen apropiado de rendición de cuentas. Tal y como lo han señalado las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y aún para los casos mencionados deja la investigación inicial y la integración de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Serán entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cuáles casos se remitirán a la justicia ordinaria y cuáles se quedarán en casa.
Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habría que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de países, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que México pronto pierda su “excepcionalismo” y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente. l
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