MÉXICO, D.F. (apro).- De acuerdo con el semanario financiero londinense The Economist, los legisladores mexicanos son los mejor pagados de toda América Latina después de los brasileños y también son los que trabajan menos días: sólo 195 al año.
Un artículo de la versión impresa de esa publicación indica que en los últimos seis años diputados y senadores se han caracterizado por su negativa a aprobar reformas cruciales para el país, lo cual contrasta con los salarios privilegiados que perciben: 11 mil 200 dólares mensuales.
“Aun cuando exista consenso, el Congreso se las ingenia para estar en desacuerdo (…) las reformas languidecen mientras los legisladores subtrabajan”, señala The Economist en su artículo titulado La siesta del Congreso, la legislatura de no hacer nada.
Agrega que el rechazo a las propuestas de reformas impulsadas por el presidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN), se debe en gran parte –según lo consideró el semanario– a que “los congresistas están casados con sus partidos”.
También destaca: “Después de una quincena de fiestas navideñas, los mexicanos volvieron a trabajar hace dos semanas. O más bien, la mayoría de ellos lo hizo. Los 500 diputados y 128 senadores terminarán sus vacaciones en febrero”.
Afirma que en el Senado “muchos legisladores del PRI tienen deudas políticas con el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y éste no quiere dar al PAN ninguna victoria antes de las elecciones de julio”.
Y remata: “Cuando votan, lo hacen más para bloquear a los rivales que para aprobar reformas”.
“El estancamiento en San Lázaro explica en parte por qué la presidencia de Felipe Calderón, que termina en diciembre, ahora se ve como pólvora mojada de seis años. Calderón ha identificado muchos de los cuellos de botella en México pero la mayoría de sus propuestas han fracasado en el Congreso. Una modesta reforma fiscal aprobada en 2007 sólo se facilitó a cambio de una ley electoral favorable a la oposición”, refiere.
The Economist cita igualmente la reforma laboral, que el PRI rechazó en 2010 “para proponer una similar después, así como el retraso de 14 meses en el nombramiento de tres consejeros electorales, mientras que para elegir un ministro de la Suprema Corte de Justicia, los diputados se tardaron ‘sólo’ 15 meses”.
“El futuro de México es incierto, pero sus legisladores tienen mucho tiempo para reflexionar en sus vacaciones de verano, que comienzan en abril”, señala el semanario.
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Del Senado de la República llegaron a la Cámara de Diputados tres reformas fundamentales para el país, debido a los tiempos sociales, violentos y electorales que vivimos. Y ninguna ellas ha sido aprobada.
La primera minuta en llegar a la Cámara fue la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en abril de 2010. Durante meses, los diputados federales la mantuvieron en la congeladora; luego, la urgencia de los mandos militares y los acuerdos con el PRI hicieron que se discutiera en ‘petit comité’.
El trabajo de quien estuvo al frente, el diputado Alfonso Navarrete, fue impecable; sin embargo, tuvo un pequeño problema: no se socializó entre las siete fracciones que integran la Cámara.
Lo anterior dio pie a que, al hacerse público el documento considerado ya como la base de la minuta, recibiera duras críticas, debido a que el resto de los partidos se sintió excluido; pero sobre todo sirvió para que la sociedad alzara su voz, ya que nunca fue consultada sobre un tema tan sensible como la legalización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
La polémica reforma nunca fue discutida como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados: en comisiones con la participación de todos lo partidos. En lugar de ello, el PRI intentó hacer los cambios entre unos cuantos que fuera aprobada el 29 de abril, ¡un día antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones!
Las marchas en pro de un pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, el reclamo contra la persistente violencia y el rechazo al baño de sangre en que se ha convertido el país, fueron el acicate para que, ahora sí, los principales partidos en la Cámara de Diputados declaren una y otra vez que urge un periodo extra para aprobar dicha ley, y dar así un poco de coherencia en el combate al narcotráfico.
La posición resulta ser un simple oportunismo debido a que los posicionamientos de los partidos sólo buscan quedar bien con la sociedad civil que los increpó duramente; un engaño, porque si no hay un dictamen --y en este caso apenas definieron el plan de trabajo para discutir la minuta del Senado--, no se puede convocar a un periodo extraordinario y cínico, porque durante un mes nunca se atrevieron o propusieron sacar del cajón de la congeladora el controvertido proyecto.
Una ley más. El lavado de dinero. Es otra minuta que llegó del Senado, aunque ciertamente en las últimas horas del cierre del periodo ordinario.
Lo absurdo de la actitud de los diputados federales es que todos demandan un periodo extra para aprobar esta ley que, aunque limitada es mejor de lo que hoy existe para intentar poner un dique al objetivo que mueve a los grupos criminales: la obtención de la riqueza.
Es absurdo que hagan esta demanda porque, peor aún que en el anterior caso, la comisión que tiene en su poder la minuta no se ha reunido ni una sola vez para discutirla. Por lo tanto, tampoco hay dictamen que discutir en un periodo extraordinario.
Y finalmente, la reforma política. Es cierto que el Senado la aprobó en los últimos días del periodo, pero al ser un tema menos complicado, pero no por ello de menor trascendencia para el país, e incluso, al introducirse figuras de participación política por la que la mayoría de los partidos han estado pugnando, resulta cínico que los priistas llamen a un periodo extraordinario cuando han sido ellos quienes se oponen rotundamente a la creación de estas nuevas formas de participación política.
Por todo esto resulta cínico, oportunista y un total engaño que PRI, PAN y PRD hayan estado machacando durante los últimos 20 días que desean un periodo extraordinario cuando ni siquiera lo pueden hacer, pues carecen de dictámenes para discutir. Y un periodo extra se establece sólo cuando se cuenta con materia, es decir, dictámenes que aprobar.
Los diputados federales se han exhibido como unos verdaderos oportunistas y mentirosos. Demandan algo cuando ellos mismos, en los hechos, se niegan con empezar a trabajar. Y luego se preguntan por qué es que los legisladores son percibidos entre la sociedad como unos mentirosos.
La posibilidad de que ocurra un periodo extraordinario para avalar estas leyes siempre está abierta, pero para que ello ocurra se requiere voluntad política, deseos de servir y un verdadero deseo de ayudar a que este país y sus habitantes puedan vivir con paz y seguridad.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Gobernantes, funcionarios e incluso legisladores promocionan su imagen con el presupuesto público de manera impune; para ellos, no existe un catálogo de sanciones. Éste debería incluirse en el reglamento del artículo 134 de la Constitución, que hasta ahora los congresistas no han emitido.
Cuando en noviembre de 2007 se publicó el decreto que adicionaba el artículo 134 constitucional para prohibir la promoción personalizada de los servidores públicos, se estableció que la ley respectiva estaría lista 30 días después. Eso no ocurrió. Por ello, diputados y senadores se encuentran en falta legislativa.
No fue un olvido del legislador, sino un acto premeditado. Así lo reconoció el Instituto Federal Electoral (IFE) en su resolución CG543/2009:
“Fue voluntad del legislador el colocar a las autoridades o los servidores públicos (…) en un ámbito especial dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues respecto de estos entes, el Instituto tiene atribuciones para investigar y analizar si algunas de las conductas desplegadas resultan contrarias a derecho; sin embargo, no previó la posibilidad de que éste, en forma directa, impusiera alguna sanción por tales conductas.”
Diputados y senadores tienen hasta el 4 de julio para cumplir con el mandato constitucional y crear esa legislación. Después de esta fecha, están impedidos por ley a hacer modificaciones a las normas, pues el proceso electoral de 2012 arranca el próximo octubre para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión. El próximo año, habrá, además, 13 elecciones locales.
De no hacerlo, el modelo electoral se mantendrá vulnerable frente a fenómenos graves, como la injerencia de los poderes públicos en la competencia por el voto, además de provocar un mayor desencanto de los ciudadanos en su democracia.
“El IFE ha resuelto muchos asuntos que se han tornado polémicos por lo difícil que ha sido explicar el porqué no se ha sancionado a los gobernantes y funcionarios infractores; para la opinión pública, eso es impunidad”, asegura el diputado Agustín Castilla Marroquín, representante legislativo del Partido Acción Nacional ante el IFE.
La gama de servidores públicos es muy amplia. Además de los gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, directores de paraestatales y de órganos autónomos y descentralizados, jueces y legisladores, está el presidente de la República, que en los últimos años ha multiplicado el gasto en comunicación social y publicidad de manera excesiva y discrecional.
Según el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública respectivos, para el ejercicio 2007 se presupuestaron 643 millones de pesos y se ejercieron 1 mil 771 millones; en 2008, pasaron de 998 millones autorizados a 3 mil 461 millones aplicados, y en 2009, de 2 mil 112 millones a 5 mil183 millones de pesos, respectivamente. La recesión no lo ha impedido.
En 2006, último año de la administración de Vicente Fox, se presupuestaron 806 millones y se ejercieron 860 millones; tres años después, en 2009, el gasto en comunicación social y publicidad de la Presidencia de Felipe Calderón aumentó 501 por ciento.
Hasta ahora, los diputados y senadores han sido incapaces de llegar a acuerdos. Al desconfiar entre sí, mantienen el mismo estado de cosas
El priista César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, asegura, en entrevista, que las propuestas electorales de Felipe Calderón son ocurrencias y éste no tiene voluntad de discutir las iniciativas de los legisladores. Por estas razones, sostiene, “el proceso de dictaminación tiene que ser muy tardado, muy penoso. El presidente de la República no tiene otro objetivo que ver cómo pierde el PRI (Partido Revolucionario Institucional). No busca la salud de la legislación y del sistema electorales”.
Además, el diputado priista no cree necesaria la reglamentación del artículo 134 constitucional. “O seguimos pensando en antivalores, como la desconfianza y la persecución, o hacemos un sistema que esté sustentado en la confianza y en la no persecución de la gente”.
Iniciativas sin discutir
La reglamentación del artículo 134 constitucional es uno de los asuntos más reclamados por el IFE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la promoción personalizada es una de las faltas que más comenten los servidores públicos. El tema no se discute en el Congreso, a pesar de que hay iniciativas al respecto.
En diciembre de 2009, el diputado panista Agustín Castilla Marroquín presentó una iniciativa no para reglamentar el artículo 134 constitucional, sino para hacer una adición al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la misma finalidad.
Si bien el legislador, en 2007, contempló oportunamente un cuadro de infracciones en las que pueden incurrir las autoridades o los servidores públicos, omitió el respectivo catálogo de sanciones, comenta en la exposición de motivos.
Las infracciones se centran en faltar al principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 134 de la Constitución, cuando se afecta la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los aspirantes, precandidatos o candidatos, difundiendo propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social, y utilizando programas sociales y recursos del ámbito federal, estatal, municipal o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
El Cofipe establece sanciones específicas para partidos y agrupaciones políticas; aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos; cualquier persona física o moral; observadores u organizaciones electorales; concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y organizaciones de ciudadanos, sindicales, laborales o patronales. Van de la amonestación pública, multas económicas y reducción del financiamiento, a la cancelación del registro, entre otras.
Pero el Cofipe no toca a los servidores públicos. “Esta laguna jurídica origina que cualquier conducta infractora de la ley comicial simplemente quedará sin correctivo, es decir impune”, señala el documento.
Por tal motivo, el diputado Castilla Marroquín propone en su iniciativa que se penalice al servidor público infractor con amonestación pública, o bien con una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal: 274 mil pesos.
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En la Cámara de Diputados, las bancadas de los partidos mayoritarios –Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– llegaron a un acuerdo para modificar la Iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado el 27 de abril de 2010. Los líderes de las fracciones partidistas acordaron integrar las demandas del Ejército Mexicano a la minuta para que legalmente las Fuerzas Armadas de México puedan realizar intervención de comunicaciones, cateos, operaciones encubiertas, recopilación de información en lugares públicos y detención de delincuentes en flagrancia.
Ante la polémica que el tema genera, los legisladores acordaron no hablar de la iniciativa y mantener las negociaciones en sigilo. “La [reforma a la] Ley de Seguridad Nacional se presentará en el pleno el penúltimo o el último día del periodo de sesiones y se votará sin mayor discusión”, señala un legislador que participa en las negociaciones y que solicitó no ser identificado. Así, la nueva ley podría aprobarse en cualquiera de las dos últimas sesiones del mes: 26 o 28 de abril.
El diputado agrega que las bancadas partidistas han reconocido que las exigencias de los militares son “atendibles”. Especialmente, el Ejército Mexicano no aceptará que de nueva cuenta se le deje fuera, como ocurrió con la vigente Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.
La legislación vigente regula de manera exclusiva las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación fuera el único encargado de preservar la seguridad nacional. “Y los militares deben realizar sus actividades en el filo de la legalidad o, incluso, de manera ilegal”, explica el legislador.
En efecto, la ley que rige actualmente las actividades de inteligencia prevé por primera vez la intervención de comunicaciones (cuentas de correo por internet y teléfonos), pero facultó para ello exclusivamente al Cisen. Incluso, en la legislación se le dedica un capítulo completo, el segundo, al Centro.
“Los militares están encabronados. Los dejaron fuera de la ley pasada y se sienten relegados. La legislación fue acaparada por el Cisen. Todo lo hizo a su modo y, hasta la fecha, sigue bloqueando la participación de las Fuerzas Armadas en la elaboración de una nueva ley de seguridad nacional”, agrega el diputado federal.
El cabildeo del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados ha estado encabezado por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta la fecha, la ley no faculta a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar actividades de seguridad pública y, por lo tanto, no existen protocolos que rijan las actividades de la “lucha” contra el narcotráfico.
Fuerzas Armadas y labores de inteligencia
En entrevistas por separado, los diputados federales que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional coinciden en que se debe establecer un sistema único que norme las actividades de todas las secretarías, instituciones y dependencias que realizan actividades de inteligencia. Así, se incorporarían al marco jurídico las actividades que ya realizan el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se les incorporaría en esferas que hasta la fecha no son de su competencia.
Reacios a hablar del tema, los diputados terminan por confirmar a Contralínea que existe “una posibilidad” de que una nueva ley de seguridad nacional, que abrogue la actual, se apruebe antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura (el 30 de abril de 2011).
Antes de pedir licencia como diputado federal y coordinador de la bancada del PRD –para buscar la postulación de su partido como candidato al gobierno del Estado de México–, Alejandro Encinas presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. La propuesta confirmó los acuerdos: “Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional”, explica luego de bajar de tribuna el único perredista de la presente Legislatura que ha ocupado una secretaría en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
—Es decir, se incorporarán en la ley las actividades de espionaje que realizan el Ejército y la Armada –se le inquiere.
—Sí. Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional. Se requieren labores de inteligencia que reúnan actividades civiles y militares en materia de obtención de información. Aquí hay que entender que las labores de inteligencia no son de espionaje: son de la construcción de información suficiente para garantizar el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Rogelio Cerda, señala que lo que busca la nueva ley es “mejorar en sustento la capacidad procedimental para que quienes tienen que desarrollar funciones en el marco de la seguridad nacional del país tengan soporte legal”.
Cerda, del grupo parlamentario del PRI y quien asumió la presidencia de la Comisión de Defensa luego de que Ardelio Vargas pidiera licencia para separarse del cargo como legislador e incorporarse al gobierno de Puebla, señala que el debate no se centra en el espionaje. En la nueva legislación, explica, se establece que la seguridad nacional “es mucho más compleja que sólo aquello que tiene que ver con conspiración, sabotaje, asonada; el tema es mucho más amplio y más arduo”.
El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Gustavo González Hernández, está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas “están dando una lucha importante en el tema de la principal amenaza de México; y sí es interesante el diálogo cívico-militar que se está dando de cuál debe ser el mejor esquema para que ellos (los militares) también tengan la salvaguarda de que están actuando conforme a derecho”.
De la seguridad pública a la seguridad nacional
Alejandro Encinas explica que la “gradualidad” definirá una situación de riesgo: “Sabremos cuándo un asunto de seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior, y cuándo se convierte en un problema de seguridad nacional; con ello, también se establecerá cuáles son los momentos de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles corresponden a la autoridad civil”.
Agrega que en este tema “fundamental” todavía no se llega a un acuerdo definitivo. “Pero estamos tratando de construirlo y estamos muy cerca”.
A este respecto, Rogelio Cerda explica que el acuerdo para que exista el concepto de “gradualidad” en la Ley de Seguridad Nacional ha sido alcanzado ya. Sin embargo, reconoce que aún se trabaja para establecer en qué consistirá con puntualidad. “Estamos realizando ejercicios, en el marco de la minuta, gradualizando los riesgos que tiene el país, para que en la función del incremento del riesgo se vayan incorporando el número de oficinas, departamentos y secretarías que se involucren en los temas. Vamos de menor a mayor”.
El legislador por el PAN Gustavo Hernández González señala que, actualmente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, en materia de seguridad pública, en dos situaciones: “Coadyuvando con una autoridad administrativa en casos aislados y a petición de las autoridades administrativas, y cuando hay una afectación de más largo alcance tanto temporal como geográficamente; en este caso tiene que haber un procedimiento de declaratoria para que intervenga el Ejército y se restablezca el orden jurídico constitucional”. Agrega que lo que se busca con la nueva ley es “fortalecer jurídicamente estas atribuciones e incorporar otras en la ley que no han sido reconocidas explícitamente”.
Sobre si habrá una nueva ley antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones, Rogelio Cerda señala: “Estamos trabajando; pronto ya vamos a tener una postura oficial. La conclusión del estudio que estamos realizando sí se dará en este periodo. No sé si alcance el tiempo para discutirla; pero estamos trabajando a tambor batiente”.
- Acuerdos para una nueva ley de seguridad nacional
- Regulación de las actividades de inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas
- Incorporación de las Fuerzas Armadas a algunas labores de seguridad pública
- “Gradualización” y tipificación de amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional
LOS MIERDAS de La dirigente priísta Beatriz Paredes dialoga en San Lázaro con integrantes de la bancada panista, con la cercanía de César Nava, presidente nacional del blanquiazul.
Los priístas en San Lázaro MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- Los diferendos en el PRI sobre el combate al narcotráfico afloraron en la discusión del Presupuesto para el próximo año, así como la demanda de 13 mil millones de pesos que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, solicitó para la creación de 18 batallones.
Con el pretexto de que la mayoría de los legisladores priistas quiere ofrecer en sus estados proyectos carreteros y que el sector campesino demandaba 300 mil millones de pesos, de manera oficial se decidió eliminar el dinero que solicitó el general Galván.
Así, todo el trabajo de cabildeo que realizó durante más de dos meses Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y el trabajo de consenso que logró el propio Galván, fue anulado de un plumazo.
Sin embargo, la Sedena no se quedará sin recursos. Si Felipe Calderón mantiene su estrategia de acabar con el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene que entregar los recursos solicitados.
Y ese parece haber sido el acuerdo que Calderón hizo con Galván: seguirlo apoyando, pero fuera del presupuesto.
Para sustentar lo anterior, basta recordar que hace 15 días, elementos del Ejército afinaron la creación de los batallones que atacarán el crimen organizado en zonas urbanas.
El 29 de septiembre, Galván pidió a los legisladores un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos. La Comisión de Defensa Nacional fue magnánima con él: autorizó un recurso adicional por 13 mil 900 millones de pesos.
El dinero es para la creación de 18 batallones con 600 elementos cada uno, los cuales se instalarán en “zonas de alta delincuencia y podrían actuar directamente en la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, se indica en un documento de la Sedena.
Además, en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, “donde hay muchas bandas extorsionando y en crecimiento”, y en Chihuahua y Durango, “donde es el mayor número de ejecuciones y extorsiones a la ciudadanía”.
Tambbién se piensa instalar batallones en el sur de Veracruz y en Tabasco “en las zonas rurales, donde incluso actúan `maras` y gente de otros estados”, y en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, “donde hay nuevas luchas entre grupos de delincuentes”.
Finalmente, en Guerrero, Michoacán y sur del estado de México, “también son afectados por grupos delincuenciales que buscan asentarse en la región”.
De acuerdo con el Ejército, estas unidades son necesarias para “terminar de acotar y capturar a los delincuentes en las áreas y ciudades presas de la delincuencia. Serán de rápido despliegue y acción a corto plazo”.
En su justificación, el Ejército establece que los militares tienen una gran carga de trabajo. Sostienen que antes actuaban en las sierras contra la siembra y trafico de drogas, “y ahora se patrulla en ciudades y poblados de zonas conflictivas, donde los delincuentes amenazan a autoridades y policías municipales”.
Pero además, esos mismos elementos que combaten el narcotráfico tienen que ayudar cuando se declara el Plan DN-III en los estados afectados por los huracanes.
Galván aceptó hacer público su no aceptación del dinero que, dicho sea de paso, fue solicitado con conocimiento y autorización de Felipe Calderón.
Sin embargo los diferendos al interior del PRI hicieron que Calderón obligara Galván a recular. A cambio, le dará el dinero fuera del presupuesto y, hasta donde se sabe, se le entregará al Ejército 9 mil 750 millones de pesos, suficientes para armar los 18 batallones, la compra de los terreros donde se instalarán, la adquisición de armamento y la compra de cuando menos 20 aparatos escáner, que detectan armas, droga, personas o dinero del crimen organizado.
Con esta maniobra, Calderón queda bien con el PRI y con las Fuerzas Armadas y, de paso, hace pensar a la opinión pública que el PRI abandonó al Ejército dándole con esto un golpe con efecto electoral.
Como en otras ocasiones, el ausentismo privó ayer en la Cámara de DiputadosMÉXICO, DF, 15 de octubre (apro).- De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “en México se lavan 25 mil millones de dólares al año, esta cantidad nos habla de la capacidad que tiene el crimen organizado para comprar carros, casas, aviones y ahora para involucrarse en campañas electorales, para buscar compromisos con candidatos y posteriormente con diputados, con alcaldes, con senadores, con gobernadores”.
La declaración no es del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ni del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El personaje que habló sobre el tema, sobre la narcopolítica, fue justamente un diputado federal, el panista José Luis Ovando Patrón, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Por supuesto que se refería al caso del perredista Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la PGR de mantener vínculos con el grupo delictivo La Familia michoacana.
Este viernes, Ovando no descartó que el crimen organizado busque establecer compromisos con políticos, lo que lo llevó a pensar que “ante esta realidad, yo no dudo que en dos años alguna banda de criminales quiera también poner a un Presidente de la República que no le dé la pelea, que no le dé la batalla, que no los combata”.
¿Graves las declaraciones del panista? No. Se tratan de un simple reflejo de lo que ocurre en el país y que muchos niegan: que el narcotráfico ha permeado en los círculos del poder, aunque aún no sabemos en qué grado.
Quizá por eso el mismo diputado del PAN habla de “la necesidad de revisar los discursos políticos, sobre todo aquellos que se oponen al combate del crimen organizado”
Cuando Proceso realizó justo eso, revisar parte del historial de los políticos y de integrantes del Congreso de la Unión, e incluso lo publicó el 12 de junio pasado bajo el título, “El narco en el Congreso”, todos reclamaron el atrevimiento.
La Junta de Coordinación Política, integrada por PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal, acusó a la revista de “demeritar” al Congreso de la Unión.
Más todavía, los señalados en Proceso, tanto de PRI como de PAN y PRD, enviaron cartas aclaratorias en las que sostienen que nunca han realizado actividades ilícitas. Incluso se llegó a decir que todo era una estrategia publicitaria para vender más.
Ahora que el propio Congreso se encuentra inmerso en una discusión y análisis de documentos para determinar si uno de sus miembros, si un diputado federal, tiene vínculos o no con el narcotráfico, van más allá y aceptan que el narco puede llegar hasta a imponer gobernadores, e incluso no descartan que en unos años pueda imponer al Presidente de la
República.
Aquel 12 de junio, Proceso en ningún momento acusó a legislador alguno de ser narcotraficante o de tener vínculos con cárteles, sólo se limitó a detallar averiguaciones previas en donde se les mencionaba; en otros casos, cuando se les había mandado llamar para testificar y, en algunos más, cuando incluso han sido amenazados por grupos criminales.
De aquello han pasado apenas cuatro meses y ahora el tema está de nuevo instalado en el Congreso, abordado por sus propios miembros, quienes ahora sí tienen dudas y quieren indagar sobre algunas acciones o discursos de los legisladores.
Desde hace varios sexenios, la relación narco-política ha sido tema en círculos de poder y en medios de información. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como por ejemplo, el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien hoy está preso en Estados Unidos.
Recientemente, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aceptó que temas como la narcopolítica o los narcoempresarios ya no son novedosos.
Y es cierto. Ahora, en la lucha por el poder, ante la falta de un control y de alianzas diversas, y entre niveles políticos distintos, hay cabos que han quedado sueltos.
Es difícil pensar qué grupos de narcotraficantes logren tal lavado de dinero, adquieran tantas propiedades, abran tantos negocios lícitos o diversifiquen a tal grado su actividad con el simple poder de las armas.
Sin duda, el poder del Estado, a distintos niveles, ha acudido en su auxilio en algunos momentos, o incluso han convivido juntos por conveniencias mutuas, aunque no necesariamente sean socios.
En el Ejército lo saben, incluso sostienen como hipótesis que los partidos los quieren fuera de las calles en su lucha contra el crimen organizado, pero no porque les interese realmente la protección de los derechos humanos o evitar abusos contra la población civil, sino más bien porque no quieren seguir siendo descubiertos. No quieren que los militares interfieran en sus negociaciones con grupos delictivos.
Hay quien piensa en el sector castrense que los que los políticos no quieren que los militares investiguen y combatan el crimen organizado porque las cabezas a las que han llegado han sido justamente personajes de la política.
Y esté vinculado o no el diputado Julio César Godoy Toscano con el crimen organizado, o se trate de una treta del gobierno calderonista con fuertes impactos mediáticos y manipulaciones de parte de la PGR, la verdad es que el caso ha generado preocupación entre algunos políticos, al grado de que ya buscan revisar la actuación de sus colegas.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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