En los poblados de los municipios de Actopan y Alto Lucero –aledaños a la nucleoeléctrica de Laguna Verde– se incrementan los casos de cáncer entre los jóvenes. Además, aumentan los casos de desnutrición infantil, se agudiza la pobreza extrema y escalan la extorsión y el secuestro. Pero sobre miles de pobladores de esa región pende otra amenaza: la destrucción de manantiales y de la biodiversidad a causa del plan minero Caballo Blanco.
Alto Lucero, Veracruz. Abel, Santiago y Camila son primos y viven en el Ensueño. Ése es el nombre idílico de un caserío veracruzano situado entre el Golfo de México y la carretera federal que limita al Norte con Tamaulipas y Texas, Estados Unidos, y al Sur con Oaxaca. A 14 kilómetros hacia el Sureste, opera la nucleoeléctrica de Laguna Verde. La noche del 5 de agosto del año pasado, la unidad uno del reactor tuvo una falla de arranque y se dio la alerta de evacuación para los habitantes de Alto Lucero y Actopan, los municipios más cercanos. Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegurara que los sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente, los pobladores volvieron a su vida cotidiana.
La radiación que genera la primera planta nuclear del país podría ser la causa del incremento en casos de jóvenes que enferman y mueren por cáncer en 15 municipios de la zona aledaña. El cáncer cervicouterino, de piel, tiroides y en pulmones se manifiesta con más intensidad en las comunidades que se ubican en un radio de cero a 18 kilómetros alrededor de la nucleoeléctrica.
Hace dos años, hubo 17 casos en la comunidad del Cedro, municipio de Actopan. Recientemente, en Buena Vista, municipio Emiliano Zapata, otras 18 personas manifestaron ese mal. “Hay malformaciones y muertes”, replicaban los representantes de 40 mil familias de esa zona a Rafael Vega Lara, subgerente de Vinculación y Coordinación de la nucleoeléctrica.
El encuentro del 15 de septiembre pasado entre representantes civiles y personal de la nucleoeléctrica se centró en dos ejes: que la CFE “ahora sí” cumpla con el compromiso que asumió hace dos años de enviar a la zona un equipo médico que valore el origen de esa incidencia de cáncer y cumpla con dar mantenimiento a las rutas de evacuación en Alto Lucero en caso de emergencia radioactiva.
Se trata de vías muy deterioradas, laberínticas y sin salida, imposibles de transitar cuando se ordene la evacuación de miles de habitantes de la zona aledaña a la planta. Recuerdan los asistentes a esa reunión que ésta se desbordó cuando Vega Lara sostuvo que no existe peligro de radioactividad, pues él vive con su familia en el Farallón y no han tenido ningún problema.
Los ánimos se caldearon pues nadie los representaba –sus diputados de distrito, Silvio Lagos y Karime Aguilera, no asistieron– ni obtuvieron las garantías de la CFE que esperaban. En el ambiente, flotaba el recuerdo de lo ocurrido apenas un mes atrás, cuando falló el arranque de la unidad uno del reactor.
Veneno nuclear
El funcionamiento de la primera planta nuclear del país siempre ha suscitado polémica por el temor a una fuga de radiación. Su objetivo, desde que se construyó en 1976, fue aumentar la producción de electricidad del país. Ahora genera el 3.6 por ciento de la electricidad del país
La preocupación por los efectos de la radioactividad en la salud de niños, como Abel, Santiago y Camila, se incrementa cuando se conoce el resultado de una investigación que realizó el físico matemático Bernardo Salas Mar sobre la existencia de radionúclidos antropogénicos en aguas del Golfo de México. Esos átomos inestables de cobalto-60 y cesio-137, que producen las plantas nucleares y la medicina nuclear, pueden causar envenenamiento o contaminación en los seres vivos si estuvieron expuestos por largo tiempo o en grandes cantidades.
El estudio de Salas Mar encontró radionúclidos antropogénicos frente a la nucleoeléctrica Laguna Verde y esto tiene efectos en la salud, ya que ambos son agentes cancerígenos, destaca Leslie Cristina Campos, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tesis Los movimientos ambientalistas contemporáneos: el caso del grupo antinuclear de madres veracruzanas.
En la entrevista que Campos sostuvo con Salas Mar, en noviembre de 2010, el experto sostiene que él y su equipo sí encontraron radionúclidos antropogénicos en las muestras recabadas en arena y agua de mar en Villa Rica y Chachalacas. Sobre todo, en las muestras de Laguna del Llano (a 5 kilómetros de la planta).
Cuando pretendieron tomar muestras a menos de 1.5 kilómetros, los límites de la nucleoeléctrica, se los impidió el teniente de fragata Víctor Ochoa Monroy, pues es zona federal bajo custodia de la Armada de México. El oficial sólo permitió tomar muestras a una distancia más lejana.
Bernardo Salas Mar, crítico de la corrupción y los manejos turbios en la nucleoeléctrica, describe que, como suele ocurrir periódicamente, en la segunda mitad de 2010 repotenciaron los reactores de Laguna Verde. A ese proceso, los habitantes del Ensueño y Palma Sola lo conocen como “la recarga” y trae aparejada una temporada de derrama económica en la región que todos festejan sin profundizar en el significado y riesgos del mismo.
El físico matemático describe que, en esta ocasión, “el costo de la repotenciación fue de 800 millones de dólares”. El objetivo era aumentar 20 por ciento la capacidad del reactor. Subraya que, en cambio, el mismo proceso en la planta estadunidense de Vermont Yankee costó “sólo 120 millones de dólares”.
La diferencia radica en que la licitación para realizar la recarga no la obtuvo General Electric –fabricante de ambos reactores–, sino Iberdrola, “donde es un alto ejecutivo Rafael Fernández Murrieta, hijo de Rafael Fernández de la Garza”. La investigación de Salas Mar, divulgada en congresos de energía nuclear en España, Perú y Portugal, es poco conocida en México.
Oro y devastación
Sobre los habitantes de los municipios del centro y Norte de Veracruz, pende otra amenaza: la degradación ambiental que traerá consigo la operación del plan minero Caballo Blanco, de la empresa canadiense Goldgroup Mining. El objetivo es extraer oro y cobre de los cerros de los Metates y los Atlixcos, situados a unos 3 kilómetros de la planta Laguna Verde y a unos 4 kilómetros de Palma Sola, municipio de Alto Lucero.
Aunque las excavaciones prospectivas en la zona comenzaron desde 1996, se mantuvieron lejos del conocimiento público. Sin embargo, en noviembre de 2010, días antes de concluir su gestión como gobernador, Fidel Herrera Beltrán se reunió con Francisco Escandón Valle, director de esa empresa en México. El clima de ese encuentro se ilustra en una fotografía que publicó un medio local donde el exejecutivo estatal hace una caravana al representante de la multinacional.
Los caminos de terracería se comenzaron a abrir en 1996 y por ahí llegaron después quienes elaboraron los mapeos geológicos, los que hicieron barrenación exploratoria, levantaron las muestras geoquímicas y realizaron estudios geofísicos. Los opositores a este plan de la minera citan que estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hablan de “trabajos de exploración minera con base en la NOM-120 Semarnat, Registro y Supervisión Sistemática de 2007 a la fecha”.
El 6 de enero de 2007, en un informe interno, la empresa (entonces era Almaden) reportó su “complacencia” por el resultado de las exploraciones de la víspera: se encontró oro a 33.6 metros de profundidad. En la copia de ese documento –del que Contralínea tiene copia–, se lee el lema de esa firma: “Invertir en nuestras ideas, beneficio por su potencial”.
De acuerdo con datos de la empresa propietaria, en marzo de 2010 Goldgroup compró la firma NGEx’s (anteriormente Canadian Gold Hunter Corporation) con opción de adquirir el 70 por ciento de sus intereses en el proyecto Caballo Blanco. Las excavaciones se extenderán a lo largo de 15 kilómetros, entre el Cerro la Cruz y el Cerro la Paila.
A lo largo de 14 años, la minera obtuvo 18 concesiones para explotar 19 mil 344 hectáreas. Ahora se sabe que por cada tonelada de tierra que remueva, la empresa canadiense apenas extraerá 1.5 gramos de oro. Esa operación requerirá el empleo de sustancias tóxicas (mercurio y cianuro de sodio), así como constantes explosiones, cuyas vibraciones –asegura la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz– representan un peligro para “la inestable” operación de la nucleoeléctrica Laguna Verde.
La extracción de oro a cielo abierto representa un riesgo ambiental para las comunidades el Viejón, Tinajitas, Farallón y Palmas de Abajo, del municipio de Actopan. La remoción de grandes cantidades de tierra, árboles, pastizales, cultivos de todo tipo y potreros privará de su hábitat natural a las especies endémicas de flora y fauna.
De igual forma, resultará afectada la biodiversidad de las rancherías de Boca Andrea, Arroyo Agrio, Yerbabuena, el Ojital y la Luz, del municipio de Alto Lucero. Las zonas arqueológicas de Zempoala y Quiahuiztlán también sufrirán por el impacto de las explosiones.
El oro que la minera trasnacional extraiga de suelo veracruzano no servirá para construir las escuelas que necesitan los niños de los municipios pobres de Alto Lucero y Actopan; tampoco se utilizará para dotar de clínicas de primer nivel a las comunidades. Este metal viajará los países desarrollados bajo el modelo económico imperante del capitalismo en su vertiente extractiva.
Foco rojo social
A pesar del permanente riesgo de una fuga de radioactividad en Laguna Verde, ningún habitante del Ensueño o Palma Sola –a sólo 7 kilómetros de la única planta nuclear del país y con mayor población de la zona– ha participado, en los últimos años, en simulacros de emergencia radiológica ni se le ha practicado pruebas de contaminación. La mayor preocupación de estos hombres y mujeres es el cobro excesivo de luz, emplearse, aunque sea como peones y sirvientas, y que, en la próxima temporada de calor, sus hijos sufrirán los cíclicos ataques de dengue, difteria, gripes o diarreas hemorrágicas.
El Ensueño pertenece a Alto Lucero, uno de los 212 municipios de Veracruz. De acuerdo con el censo de 2005 (único dato oficial vigente), ese ayuntamiento –de 25 mil 893 habitantes– tiene un índice “alto” de marginalidad. La mayor parte de las casas tiene piso de tierra; persiste la desnutrición y el analfabetismo entre los menores; los jóvenes están desempleados. Las autoridades se muestran incapaces de hacer frente a la escalada de la delincuencia.
Cada vez son más comunes los casos de extorsiones a comerciantes, secuestros y robos a pasajeros de autobuses que recorren el tramo Palma Sola-Santa Ana. Ningún delito se denuncia porque se presume la complicidad entre infractores y autoridades. “Sólo cuando se voltea un carro, ahí sí van corriendo los federales”, afirma sonriente Ernesto García, un antiguo campesino que ahora trabaja para los ganaderos.
Palma Sola tiene la mayor población de la zona y está a 7 kilómetros de la planta nuclear. Su actividad comercial es intensa y ahí los hombres del Ensueño hacen la compra de víveres y después beben alcohol de baja calidad en los burros (burdeles) y consiguen mujer para un rato. Así toleran el calor de unos 28 grados centígrados que, en promedio, tiene ese lugar.
Ese pueblo creció al lado de la carretera federal hace cuatro décadas. Ahora, el paisaje se llena con decenas de tráileres de doble caja estacionados anárquicamente sobre la vía pública, así como camiones repartidores y una que otra flamante camioneta de la CFE que transporta a “los ingenieros” de la planta nuclear cuando se dirigen a comer.
No hay banquetas y los peatones transitan por la tierra para evadir a los autos y las enormes pozas de agua estancada que se formaron desde septiembre por el paso del huracán Karl. Nadie limpia, sacude o barre; ahí predomina la indolencia.
No hay un solo parque, cine, cafetería o lugar de recreación para jóvenes o familias. Además de una clínica para consulta externa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la única obra de infraestructura pública es el Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal, que se construyó en 2008 y que costó 61 millones de pesos, según informó Fidel Herrera Beltrán en su Informe de gobierno de ese año.
Luego de que se inauguró este centro, se observó el arribo masivo a Palma Sola de familiares de los internos; decidían vivir ahí para estar más cerca de ellos. La primera reacción fue de rechazo: “¿Qué vienen a hacer acá? Les enseñaron a robar”. Aunque luego triunfó la visión comercial, ya que eran clientes potenciales para las fondas, hoteluchos, tendajones y para los burros.
En Palma Sola hay tres negocios prósperos: el de materiales para construcción con dos locales sobre la “calle principal”; el de las grúas, que creció por los constantes accidentes –frecuentemente mortales?, que ocurren en la curva de Corralillo, a unos 7 kilómetros. Para imponer el orden (o disputar el botín de los accidentados, se burlan los pobladores del Ensueño), hace unos años que se instaló junto a las grúas un destacamento de la Policía Federal.
Otra empresa boyante es la práctica médica particular. Aunque la clínica del IMSS presta sus servicios desde hace dos décadas, los habitantes de Palma Sola y las comunidades cercanas prefieren a los doctores privados, cuya consulta es muy cara y no siempre atinada, además de que son propietarios de la mayoría de las farmacias locales.
En Alto Lucero, el municipio al que pertenece Palma Sola, la delincuencia actúa de forma organizada y certera. El 21 de diciembre de 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió que el oleoducto de 24 pulgadas del tramo Nuevo Teapa-Cadereyta, en el kilómetro 335, fue objeto de robo. En la zona conocida como rancho Monte Calvario, del ejido Boca de Loma, se localizaron niples, válvulas de cierre rápido y 10 metros de manguera de alta presión; todas, piezas de la instalación.
Insalubridad más pobreza
Hace unos 15 años, cuadrillas de trabajadores sanitarios visitaban periódicamente ése y otros poblados rodeados de potreros. Orientaban a sus habitantes para construir letrinas, encalar las paredes de sus chozas y así contener la proliferación de garrapatas, mosquitos y otros insectos transmisores de enfermedades. Pasantes de la Universidad Veracruzana los instruyeron para crear compostas. Nada perdura ahora de ese conocimiento.
Para no gastar sus magros ingresos en gas, algunas mujeres cocen el nixtamal con leña y deciden cortar árboles sanos. Los hombres, desempleados o, en su mayoría, peones de los ganaderos locales arremeten contra las palmas para techar palapas “turísticas” y ganarse así el alimento.
A la falta de esos programas de prevención sanitaria y protección ambiental efectiva, se suma la apatía de la propia población. Lo que fue un rico y generoso ecosistema se transforma en tierras baldías y basureros.
Los padres de Abel, Santiago y Camila pertenecen a una generación de veracruzanos que sintetiza las contradicciones sociales de una entidad que hace 25 años no mostraba signos de retraso como ahora, según el seguimiento del investigador Adolfo Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas, a la transformación económica y social del país.
Esa evolución socioeconómica se manifiesta en el tejido social del Ensueño. Estela es la madre de Abel; lo tuvo cuando ella tenía 13 años. Ahora, a sus 15 años, es la mujer de un desempleado de 21 años que aspira a ser soldado o elemento de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), porque, según su cuñado Esteban, “ahí es bien fácil tener dinero y ya no te ven menos”.
Alba, madre de Santiago, estudió bachillerato abierto en Palma Sola; en Veracruz, aprendió mecanografía. Nunca encontró un trabajo en el que le fueran útiles sus estudios, ni en el poblado ni en la nucleoeléctrica Laguna Verde. Intentó poner una lonchería, pero no pudo pagar la renta tan alta, por lo que se empleó como niñera con uno de los principales ganaderos de la zona. Tiempo después, se embarazó. Su expectativa de vida es que llegue el fin de semana para encontrarse con el padre de su hijo –un longevo y rico exfuncionario gubernamental– y recibir la magra ayuda que le da.
Julia es la madre de Camila y también estudió bachillerato. Quiso ser maestra del Consejo Nacional de Fomento Educativo y con el esfuerzo económico de sus padres, tomó algunos cursos en Ciudad Cardel, pero enfermó de apendicitis; fue operada y perdió la posibilidad de ingresar al sistema. Sus padres quedaron tan gastados que ella los ayudó trabajando como mesera, hasta que conoció a Esteban y se embarazó. Vive en el Ensueño, el nombre con el que su abuelo bautizó a esta franja de tierra en la que habitan peones de pudientes ganaderos, hombres que fueron campesinos y hoy son albañiles y construyen, a unos 1 mil metros de su caserío, un exclusivo centro recreativo.
La palapa que aloja la escuela primaria del Ensueño sólo recibe a un puñado de alumnos. La mayoría de los niños y niñas de ese caserío prefiere colegios religiosos, como los de Santa Ana o Vega de Alatorre, donde los profesores piden cuotas por todo. A Marisa le pidieron 250 pesos en su práctica de cómputo por una memoria USB para que grabara un archivo en Word La premisa de educación laica y gratuita cada vez se aplica menos en esta entidad.
Peones, albañiles, sirvientas, niñeras o meseras son las únicas ofertas de trabajo digno que tienen los habitantes del Ensueño. No importa su grado escolar o capacitación laboral, no hay otras opciones. Sólo quienes tienen más suerte o alguna recomendación se colocan como dependientes de tiendas en los poblados cercanos. Ninguno de esos oficios les concede derechos laborales como servicio médico, día de descanso, vacaciones, aguinaldos o prima vacacional. En el caso de las mujeres que sirven en las fincas y ranchos, son constantes los acosos sexuales.
El mar como cloaca
Al Sur del caserío, languidece la Laguna de Corralillo, un cuerpo de agua dulce que antaño albergó mojarras, tilapias, ostiones, cangrejos ermitaños y que era la fuente del recurso para los miles de aves que emigran hacia tierras más cálidas en el invierno. Desde que aumentó la población del Ensueño, esta laguna comenzó a sufrir el deterioro por el constante desgaste de su fauna y del flujo acuático.
Mangueras negras de unos 30 centímetros de diámetro que provienen de algunas casas del poblado descargan las aguas negras en esta, otrora, laguna limpia. En los últimos dos años, su potencial se redujo hasta 30 por ciento, y ahora es común que la mayor parte del año los desechos domésticos cierren su salida al mar.
A 100 metros al Sur de esa laguna, se construye lo que algunos vecinos describen como “centro de recreación para unos cuantos”. Entraron aplanadoras que derribaron decenas de robustos árboles que eran refugio de aves (águilas, pájaros carpinteros, guineas y gorriones). Ninguna autoridad municipal o estatal da cuenta de esta depredación, a pesar de que, a unos metros, se sitúa una casa que construyó el Programa de Protección para la Tortuga Marina de la Semarnat. Esa casa vacía simboliza el abandono del Estado.
Infancia desnutrida
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en México se incrementó la pobreza. Uno de sus efectos más notorios fue que las familias no tuvieron acceso a todos los productos de la canasta básica.
La investigación, difundida el 25 de octubre de 2010, refiere que, en México, 4 millones 480 mil 100 niños menores de cinco años presentaron algún grado de desnutrición y de ellos, 800 mil –que equivalen al 25.2 por ciento– ya presentaban desnutrición de alto riesgo. También destaca que las entidades con mayor pobreza presentan mayor incidencia en desnutrición infantil: Chiapas, con 142 mil 561 casos, y Veracruz, con 110 mil 608.
El Reloj de la Desnutrición en México, de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, reportó, en 2010, que esa situación se presenta en los municipios de Actopan, 33; la Antigua; Juchique de Ferrer, 98; Papantla, 2 mil 220, y Paso de Ovejas, 101.
Los doctores Abelardo Ávila Curiel, Adolfo Chávez Villasana, el biólogo Marco Antonio Ávila Arcos y la nutrióloga Marlén García Meza señalan en su evaluación que los municipios de Alto Lucero, Nautla, Úrsulo Galván y Cuitláhuac no registraron casos de desnutrición infantil. En su opinión, esto podría ser porque las remesas contribuyeron a mejorar la alimentación de los niños.
En la década de 1970, se registró un 42 por ciento de pobres en Veracruz; 38 años después, especialistas del Coneval y Consejo Nacional de Población detectaron que 50 por ciento de la población carece de ingresos dignos y acceso a servicios de salud, educación y agua potable, particularmente los indígenas que habitan en zonas rurales.
“La pobreza sigue creciendo”, afirmaron economistas de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo, que examinaron la información en la mesa de diálogo Desigualdad y Pobreza, del Coloquio Veracruz 2010.
Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011
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