ENSENADA, BC., 18 de marzo (Proceso).- Su operación fue rechazada en Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar en Baja California, pero la regasificadora Sempra Energy sigue funcionando aquí gracias al tráfico de influencias, a sus vínculos con políticos panistas y al presunto pago de sobornos a las autoridades federales.
Y la empresa opera pese a que se han documentado sus deficientes medidas de seguridad, lo que conlleva el riesgo de que en sus instalaciones ocurra una explosión o una fuga que, a su vez, cause una intoxicación masiva.
En 2003, luego de que en Estados Unidos la compañía fue rechazada por ser considerada un riesgo, los principales impulsores del Consorcio Costa Azul –operador de Sempra Energy–, entre ellos Donald Sefinger, Gerardo Guanero Push y Ricardo Moreno Tapia, establecieron contacto con el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien les consiguió los permisos para trabajar en Baja California.
Informes de la consultora estadunidense Interior INC revelan que Elorduy Walther combinaba los negocios con la política y se enriqueció en su etapa como gobernador cuando sus hijos y sus amigos cercanos se relacionaron con el negocio del gas. El arranque de las operaciones de Sempra fue la oportunidad de Elorduy para hacer negocios con otros empresarios ligados a la política y al ramo gasero.
Según el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y el abogado Enrique Acosta, Elorduy pidió a los dueños de Sempra que Gastón Luken Garza, actual diputado federal panista, construyera el gasoducto que va de la zona de Bajamar (donde están las instalaciones de la gasera) a California.
Luego el estado construyó el Bulevar 2000, una autopista bajo la cual pasa toda la red de ductos que mantiene en riesgo constante a pobladores de al menos tres demarcaciones: Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.
Los intereses de la familia Elorduy crecieron en Sempra. La hija del exgobernador, Érika Elorduy Blackaller, aparece como propietaria de las empresas CMI de México Internacional, Seguridad del Norte de Mexicali y Wyman Gordon de México, todas vinculadas con la gasera y que se encargan de la explotación y transmisión de gas a Estados Unidos, donde está la mayoría de sus clientes.
Según denuncias del ayuntamiento de Ensenada, otro personaje clave en la obtención de permisos y compras de terrenos para Sempra, y vinculado con Gastón Luken Aguilar (padre de Gastón Luken Garza), es el empresario Francisco Molina Robles, asociado a las empresas Distribuidora de Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada. Éstas participan también en la conducción de gas.
Bernardo Padilla, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, y Benito Reyes, quien fue secretario particular del entonces gobernador, son ahora funcionarios de la gasera.
En la ilegalidad
El 12 de agosto de 2003 Sempra obtuvo un permiso –expediente Sempra/U32/1/03, oficio 00583/Vlll/03– de uso de suelo y construcción que firmó el entonces alcalde de Ensenada, Antonio Catalán Sosa. De acuerdo con la autoridad actual del municipio, el permiso no fue avalado por el cabildo, por lo que es ilegal.
La planta –con una capacidad de almacenaje de 320 mil metros cúbicos de gas y cuya producción se envía a Estados Unidos– levantó sus instalaciones en el kilómetro 80 de la carretera Tijuana-Ensenada –donde un terreno de una hectárea puede costar hasta 200 mil dólares–, una zona de explotación turística, no industrial.
No es todo: para construir lo que se conoce como zona de amortiguamiento, Sempra se interesó en un terreno de 100 hectáreas cuya propiedad estaba en disputa. Según Enrique Acosta, abogado de Ramón Sánchez Ritchie, quien se asume como legítimo propietario del terreno, a su cliente le giraron una orden de aprehensión por presunto despojo, y de esa manera los dueños de la gasera le compraron el terreno a otra persona: Elodia Gómez Castañón.
Pero según Acosta, la operación de compra-venta del terreno se hizo cuando la señora Gómez tenía dos años de haber fallecido. Y afirma que si bien su cliente demostró ser el dueño del terreno, éste no ha podido cerrar la operación y tuvo que irse a Estados Unidos debido a los acosos y amenazas que recibió de los dueños de Sempra.
Dentro del abanico de irregularidades detectadas a Sempra, las autoridades de Ensenada también encontraron que, a pesar de que la empresa procesa y vende gas a compañías de Estados Unidos, en México está registrada en el Servicio de Administración Tributaria como maquiladora de plásticos.
La polémica clausura
El presidente municipal de Ensenada, el priista Enrique Pelayo, dice a Proceso que luego de revisar la documentación que ampara las operaciones de Sempra en el municipio, se detectó que la autorización que se le otorgó en 2003 es ilegal.
Explica: “Fue una autorización que no está avalada por el cabildo (...); el entonces presidente municipal, Antonio Catalán (panista fallecido el 4 de enero de 2008), otorgó la autorización en forma unilateral, sin que la empresa justificara el giro de su negocio, los riesgos y las medidas de seguridad indispensables para establecerse.
“Hallamos que el proyecto gasero viola el reglamento de uso de suelo, pues la zona donde se instaló es (...) turística y no industrial. Además no tiene plan de riesgo. Su operación afectó ya a muchas empresas comercializadoras de terrenos: sus ventas han caído (...) pues nadie quiere comprar para construir una vivienda cerca de una bomba de tiempo.”
El alcalde incluso menciona un presunto soborno pagado a funcionarios federales del sector energético.
Con base en las irregularidades detectadas, las autoridades municipales encontraron fundamentos legales para cerrar Sempra Energy. El pasado 11 de febrero, Enrique Pelayo ordenó a la Policía Municipal clausurar las operaciones de la compañía gasera.
Para ello se organizó un operativo que encabezó el general Florencio Cuevas Salgado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien con decenas de agentes fue a las instalaciones de Sempra y notificó a sus directivos que la empresa estaba clausurada. Acto seguido se colocaron sellos en todas las puertas y áreas de acceso.
Dos horas después estalló el conflicto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, telefoneó a Cuevas Salgado y le ordenó que retirara a los policías de la empresa.
–Yo sólo recibo órdenes del presidente municipal –respondió Cuevas.
Blake llamó entonces al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar, quien atendió la orden. Él y el secretario de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Cardona, retiraron a los policías municipales, rompieron los sellos y reactivaron las operaciones de Sempra alegando que el ayuntamiento de Ensenada no tiene facultades para efectuar la clausura.
El pasado 24 de febrero, el caso Sempra confrontó a diputados panistas y priistas en el Congreso federal, cuando los segundos presentaron un punto de acuerdo para apoyar la clausura de Sempra, el cual fue boicoteado por los panistas –que no votaron y se retiraron de la sesión–, en particular por el diputado Luken Garza, quien defendió a la empresa.
Sin embargo, el pasado martes 1 el punto de acuerdo fue votado en San Lázaro, con la oposición panista.
En sus puntos medulares la resolución apoyó la clausura de la compañía, emitió un extrañamiento al gobernador de Baja California para que respete la autonomía del municipio, se pidió a Felipe Calderón que no use al Ejército como fuerza para este caso y se le pidió al Congreso estatal que siga investigando los riesgos ecológicos que generan las operaciones de la gasera.
Los riesgos de Sempra
A un lado de la carretera Tijuana-Ensenada hay dos enormes tanques de almacenamiento que en cualquier momento podrían explotar debido a que la zona donde fueron construidos es sísmica y la empresa Sempra carece de un plan para prevenir una catástrofe, según establece un estudio elaborado por expertos de la consultora ambiental Servicios Integrales en Capacitación Ambiental (Sicap).
El análisis –copia del cual tiene Proceso– advierte que el terreno donde se asienta la planta tiene fallas y fracturas que aumentan el riesgo para las ciudades colindantes (Ensenada, Tijuana y Rosarito), ya que “el fallamiento se presenta en la zona y confiere a ésta un carácter de riesgo inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su momento de diferentes maneras, como sismos, deslizamientos y derrumbes”.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y los análisis realizados por el ayuntamiento de Ensenada, la operación de Sempra “está propiciando un desequilibrio ecológico: la destrucción de las especies de flora y fauna marinas.
“En sus procesos productivos, Energía Costa Azul está empleando diariamente millones de litros de agua de mar y regresándolos al océano contaminados con salmueras, cloro y a una mayor temperatura, lo que para nada preserva ni restaura el equilibrio ecológico…”
El riesgo de una explosión no está descartado. Dice el estudio: “En caso de incendio y posterior explosión, la conformación del triángulo de fuego se tiene que tomar en cuenta de manera muy significativa, en primer lugar por los volúmenes de GNL (gas natural licuado) almacenados, del orden de 150 mil a 200 mil metros cúbicos.
“Para la conformación del triángulo de fuego falta una chispa que desencadene el incendio, la cual se puede generar por cualquier fricción de metales, estática, generación de calor por esfuerzo de metales, corto eléctrico durante sismos (muy frecuentes en esta zona), rayos, expansión de nube de derrame de GNL a una distancia suficiente para que exista una chispa.”
El estudio advierte que este tipo de gas es más denso por su estado de temperatura ambiente, lo que quiere decir “que no se dispersará por la atmósfera; en cambio, correrá por la superficie del suelo y en cualquier momento puede tocar una superficie caliente y elevar la temperatura hasta en más de 200 grados.
“En caso de prenderse el gas, éste arderá o se propagará el fuego hasta llegar al tanque, el cual podría arder y posteriormente explotar.”
A lo largo de casi 100 páginas del estudio sobre los riesgos que representa la operación de Sempra Energy para Baja California, se hace hincapié en otros colapsos que pueden ocurrir:
“La empresa presenta riesgo de explosión en grado 8. Según la jerarquización de riesgos, esto significa que dentro de los próximos 20 años sucederá un siniestro que, por las estadísticas de derrames a nivel mundial, podría ser letal o fatal para vidas humanas y construcciones dentro de un radio de dos kilómetros.
“No se descartan quemaduras de segundo grado y daño estructural en casas en un radio de 2.7 kilómetros y ruptura de vidrios en casas, así como lastimaduras en oídos y cuerpo a cuatro kilómetros de distancia. Los predios que se encuentran dentro de estos radios de afectación, que tengan uso habitacional o turístico, o que tengan personal laborando, están expuestos a estos riesgos.
“La explosión de un solo tanque traerá como consecuencia la explosión del tanque adjunto; el efecto no es directamente acumulativo de afectación, pero sí se crearán al menos dos efectos iguales de la onda de choque y bola de fuego uno tras otro, y por tanto los efectos ya descritos para un tanque sobre el entorno sucederán dos veces con diferencia de segundos. Las personas que habiten cerca de la planta morirían inmediatamente en caso de una explosión.”
Hasta ahora, y pese a la clausura ordenada por las autoridades de Ensenada, la empresa Sempra Energy no ha presentado la documentación que avala la seguridad de sus operaciones.
Según el alcalde Enrique Pelayo, en el expediente de la empresa “ni siquiera pudimos encontrar el mapa de la red de ductos, los cuales atraviesan tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana), cuyos habitantes pueden estar asentados sobre una bomba de tiempo”.
Aún más: el pasado martes 8, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que ya realiza una inspección en la planta de Sempra para verificar si cumple con los estándares de seguridad e impacto ambiental.
Esta revisión –la primera que se le hace– es consecuencia de las denuncias que hizo Rodolfo Michelón, excontralor de la trasnacional, quien dijo que la planta opera al margen de la ley.
Ya desde 2004 Greenpeace denunció que la planta de gas natural licuado de Costa Azul representaba un grave riesgo para la población de Ensenada y el ecosistema de la región por su alto nivel de explosividad.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario