El campamento de la familia Reyes en Juárez. MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En poco más de un año, cinco miembros de la familia Reyes Salazar han sido asesinados y ninguna autoridad ha investigado a fondo los casos para dar con los responsables, entre los que podrían estar miembros del Ejército y del crimen organizado.
La historia trágica de esta familia de Chihuahua inicia la tarde del 21 de agosto del 2009, cuando miembros del Ejército detienen a Miguel Ángel Reyes Salazar, de 26 años, mientras se encontraban lavando un automóvil en el Valle de Juárez. Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, lo dejaron libre, pero el 4 de septiembre lo detuvieron nuevamente acusándolo de formar parte de una banda de sicarios conocida como Los Escajeda.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicaba que en un patrullaje por Nuevo Casas Grandes habían sido detenidos un grupo de individuos a bordo de vehículos blindados, quienes estaban encabezados por Rodolfo Escajeda, El Riquín, acusado de trabajar para el cártel del Golfo.
El boletín de la Sedena decía que Escajeda estaba vinculado “con los hechos suscitados el 23 de enero del 2006, cuando a las orillas del río Bravo se registró un enfrentamiento entre policías de Estados Unidos y hombres armados, vestidos con ropa militar que arribaron en un vehículo Hummer y descargaron paquetes de mariguana de una camioneta que se había atascado a mitad del río, a la cual prendieron fuego después; esto después de una persecución que se había iniciado en territorio norteamericano por alguaciles del condado de Hudspeth, Texas”.
Sin embargo, nada decía de Miguel Ángel, salvo que lo identificaban como El Sapo y que en su declaración ubicó a Escajeda “como una persona dedicada al tráfico y trasiego de drogas”. Sólo eso. A partir de entonces el primer miembro de la familia Reyes quedó detenido sin prueba alguna.
Josefina, su madre, se dedicó a pedir su liberación. Iba con todas las autoridades, incluidas las castrenses, preguntando por Miguel Ángel sin que le dieran informes de su situación. Ante el silencio oficial, empezó a realizar diversas protestas e incluso una huelga de hambre. De nada le sirvió esto.
El 3 de enero del 2010, Josefina Reyes Salazar, que para entonces ya había creado una organización de derechos humanos en Valle de Juárez, fue asesinada a mansalva en un expendio de comida ubicado en la carretera Juárez-Porvenir.
Antes de ser ejecutada a tiros, Josefina ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
En las exequias, los hermanos de Josefina denunciaron que toda la familia tuvo que abandonar sus casas y trabajo por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. Tampoco les hicieron caso.
En agosto del 2010, un nuevo miembro de la familia fue ultimado. Rubén Reyes Salazar, de 49 años, fue ejecutado. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de Guadalupe, "con huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en toda la superficie corporal", señaló la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).
Cada vez que encontraban ultimado a un miembro de la familia, las autoridades difundían historias sin corroborar acusándolos de ser miembros de algún grupo del crimen organizado.
En realidad, la familia Salazar tiene un largo historial en la lucha social de Chihuahua, a través de los Comités de Defensa Popular que desde hace décadas pugnan por la autogestión y la defensa de las colonias en el norte del país. Desde entonces se enfrentaron a los abusos de las autoridades y fueron hostigados por éstas, quienes los señalaron de estar vinculados a la lucha armada.
El 7 de febrero de este año, tres integrantes más de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Valle de Guadalupe: Malú y Elías Reyes Salazar, hermanos de la activista Josefina, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron levantados y desaparecidos.
Casi al mismo tiempo, otro grupo de hombres armados incendió con bombas molotov la casa de doña Sara, la cabeza de la familia, por lo cual tuvieron que huir de Valle de Juárez.
A partir del nuevo atentado, los hermanos Olga Lidia, Marisela y Ángel Reyes Salazar comenzaron a protestar exigiendo medidas de protección y la aparición con vida de sus familiares. Marisela se declaró en huelga de hambre, la cual tuvo que suspender a los 19 días porque su estado de salud era delicado.
Una vez más no tuvieron respuesta. El 26 de febrero de este año fueron encontrados muertos Malú y Elías Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto. Supuestamente tenían un mensaje de un grupo de narcotraficantes, pero no se confirmó.
Lo único cierto es que Jorge González Nicolás, fiscal de la Zona Norte, informó que los cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, sobre la carretera Juárez-Porvenir, y tenían evidencias de haber sido exhumados. Es decir, los habían ejecutado y enterrado en una fosa clandestina.
El caso de la familia Reyes Salazar ya traspasó las fronteras, y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron al gobierno mexicano que le brindara medidas de seguridad. Pero todo fue en vano.
Cinco miembros de la familia Reyes Salazar ya fueron asesinados y su caso es otro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción de las autoridades han dado pie a más violencia, al desamparo de la sociedad y, sobre todo, al crecimiento del crimen organizado, fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades haciendo del terror su principal arma de control ilimitado.
MÉXICO, D.F., 1 de marzo (apro).- No habrá honores oficiales para los cuatro hijos, el nieto y la nuera de doña Sara Salazar, asesinados en Ciudad Juárez en menos de tres años. Tampoco una palabra de aliento o de condolencia del primer mandatario, Felipe Calderón. Mucho menos coberturas especiales en las dos grandes televisoras, como lo hacen cuando se trata de armar linchamientos para ganar rating.
Y el PRD ni siquiera se ha dado por enterado de que esta familia de activistas insumisos pertenecía al instituto político que se desgarra por los restos que dejan los Chuchos a su paso.
Sin embargo, a pesar de la indolencia gubernamental y partidista, la foto de la agencia AP, tomada durante el funeral del pasado sábado 26 de febrero, quedará grabada para siempre como símbolo imborrable del dolor, la ira y la indignación que rodean a los juarenses y a la familia Reyes Salazar. Esa imagen sintetiza la tragedia, por un lado, y la resistencia que se han enraizado en Ciudad Juárez, por el otro.
En esta instantánea que recorrió el mundo, se observa a doña Sara Salazar viuda de Reyes con los brazos extendidos. Tiene los ojos cubiertos por unos lentes oscuros. Su pelo blanco ondea en el aire. Un grito de dolor es ahogado con el trasfondo de un cielo gris, tan gris como el desierto de la frontera.
Tres féretros coronan la tragedia de esta familia que en los últimos cinco años perdió a cinco de sus integrantes, pero no ha dejado de denunciar los abusos cometidos durante los operativos militares.
Otras fotos ilustran que más de 500 efectivos militares custodiaron el sepelio, pero ninguno de ellos ayudó a cavar la fosa. ¿A quiénes protegían realmente estos soldados: a la institución involucrada en las denuncias o a la familia que ha resistido todo tipo de amenazas y crímenes, incluyendo el incendio de sus propiedades y la eliminación selectiva, al estilo de una guerra sucia?
Tan sólo Josefina Reyes Salazar, ejecutada el 3 de enero de 2010, documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal de las fuerzas armadas en contra de la población juarense en los últimos dos años. Su hermano Rubén padeció la persecución y el allanamiento de su casa, antes de ser asesinado, y su hijo Julio César Reyes, ultimado en noviembre de 2008, también acompañó en la organización de las denuncias.
El 7 de febrero de este año, en el nuevo gobierno de viejas impunidades encabezado por el priista César Duarte, desaparecieron Malena y Elías Reyes Salazar, al igual que su esposa, Luisa Ornelas.
En protesta, doña Sara Salazar inició el 9 de febrero una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, a pesar de su edad avanzada y del agudo deterioro de su salud. Estuvo acompañada de su hija Marisela Reyes, quien ha tomado la estafeta del activismo de la familia.
Marisela no se anduvo con eufemismos cuando le informaron que sus parientes habían sido asesinados, al igual que Josefina, Rubén y Julio César, y exigió que el gobierno de Calderón “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”.
Esas palabras nunca fueron transmitidas en Canal 2 ni en Canal 13. Se ocultaron en las crónicas de los medios impresos, pero reverberaron con una fuerza inusitada en los medios internacionales y en las redes sociales.
Cinco países les han ofrecido asilo a los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar: Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Venezuela. Doña Sara Salazar analiza irse a España, pero antes continuará el plantón que inició hace casi un mes para denunciar la impunidad, la guerra de odio que se ha desatado contra los activistas en Juárez.
Este sábado 5 de marzo, ellos se convertirán en el eje de una marcha de protesta e indignación que nunca encuentra tranquilidad en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el epicentro de los feminicidios impunes dese 1993, el sitio de tránsito entre las drogas, la maquila y las armas, la plaza disputada por los cárteles más violentos que desafían día con día la ineficaz guerra desatada por el gobierno federal, y también el sitio desde donde se construyen los expedientes de abusos militares y policiacos que le costarán al calderonismo su pase a la historia de la infamia.
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